Buena parte de la culpa de que José Manuel Villarejo lleve siete años entrando y saliendo de los juzgados, y haya pasado la mitad de ese tiempo en prisión, puede echársela a Cándido Nsué Okomo, cuñado del dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema y ex director general de la petrolera estatal Gepetrol. Según la Fiscalía Anticorrupción, Okomo fue quien contrató a Villarejo para reunir información que perjudicara a Gabriel Mbega Obiang, uno de los hijos del dictador, además de ministro de Minas e Hidrocarburos, en beneficio de su hermanastro y competidor en la sucesión presidencial, Teodoro Nguema Obiang, Teodorín.
El que se bautizó como Proyecto King le costó a Cándido Nsué nada menos que 5,3 millones de euros. Fue el intermediario en esta transacción, Francisco Menéndez, abogado y empresario, quien denunció en 2017 ante la Fiscalía los negocios ilícitos en España de un puñado de altos cargos guineanos. Hace menos de un mes, la Audiencia Nacional ha condenado a Menéndez a tres meses de prisión por cohecho activo, tras pactar con el fiscal y atenuar así la pena.
Este es sólo uno de los múltiples casos judiciales que rodean al excomisario Villarejo, ya condenado a 19 años de cárcel el pasado julio por revelación de secretos y falsedad documental. El caso Tándem incluye decenas de líneas de investigación que van a tener ocupados a los tribunales durante mucho tiempo. Pero la chispa que prendió el incendio Villarejo saltó cuando los guineanos inundaron de regalos –desde Porsches hasta relojes y palcos en el Bernabéu– al comisario de Barajas para que los dejara entrar en España cargados con maletas llenas de dinero, sin ningún tipo de control.
Ellos también están siendo investigados por los jueces españoles. La fiscalía les acusa de invertir en España fondos procedentes de negocios ilícitos, “prevaliéndose de puestos de alta dirección y gestión en la empresa pública guineana Gepetrol”. Uno de ellos es Cándido Nsué Okomo. Otro, Crispín Edu Tomo Maye, sobrino de la esposa de Teodoro Obiang. Según el ministerio público, desviaban esos fondos dudosos a empresas radicadas en paraísos fiscales para hacerlos llegar luego a países de la UE, utilizando empresas pantalla y testaferros. Entonces los invertían, sobre todo, en inmuebles.
Pero no sólo en España y otros países europeos. También en Dubái, donde el control sobre la procedencia del dinero es mínimo. Cándido Nsué Okomo posee en el emirato cinco propiedades, de gran lujo: tres pisos, que tiene alquilados, un estudio y una villa.
Estos son algunos de los inmuebles localizados por Dubai Unlocked, un proyecto de investigación del consorcio de medios OCCRP, al que pertenece infoLibre, y el periódico financiero noruego E24, basado en datos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), una organización sin ánimo de lucro que investiga la delincuencia y los conflictos internacionales. En la investigación han participado 74 medios de todo el mundo. Los datos filtrados ofrecen una visión detallada de cientos de miles de inmuebles en Dubái e información sobre su propiedad y uso desde 2020 y 2022.
OCCRP ha intentado ponerse en contacto con Cándido Nsué Okomo para preguntarle por estas propiedades y el origen de los fondos con los que las compró, así como por sus litigios judiciales en España. Pero no ha conseguido respuesta alguna por su parte.
Además, según los datos sobre propiedades y transacciones inmobiliarias obtenidos por OCCRP, el cuñado de Obiang ha alquilado uno de sus apartamentos a Dženis Kadrić, lugarteniente del capo bosnio de la droga Edin Gačanin, uno de los seis narcos de un supercártel internacional detenidos en noviembre de 2022 en Dubái en la Operación Desert Light. Se trata de un piso de 187 metros cuadrados y dos habitaciones situado en Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, de 828 metros de altura y 162 plantas. Lo adquirió el guineano en 2016 por 1,7 millones de euros. En ese edificio, el metro cuadrado cuesta 29.551,75 dírhams emiratíes, unos 7.456 euros, según los cálculos que ha hecho OCCRP. El metro cuadrado en La Moraleja, la urbanización más exclusiva de Madrid, sale a 5.466 euros, según Idealista.
Desde entonces Cándido Nsué Okomo ha ingresado en concepto de alquiler por el apartamento unos 426.000 euros, de acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso OCCRP. Dženis Kadrić es su inquilino desde 2021. Le ha pagado 133.800 euros en alquiler en estos tres años. En Dubái, los contratos deben renovarse cada año. El bosnio tiene contrato hasta el próximo mes de julio.
Como Villarejo, Dženis Kadrić también fue policía. Nacido en Sarajevo en 1989, era agente de la Policía Federal de Bosnia hasta que conoció a Gačanin y empezó a trabajar para él. Se encargaba de su seguridad personal. Y con él se trasladó a Dubái.
Cuando en febrero de este año regresó a Bosnia, fue detenido en la Operación Consigliere. La fiscalía le acusa de pertenencia a organización criminal y blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. De momento, sigue en la cárcel en su país a la espera de juicio.
En total, Cándido Nsué Okomo posee en Dubái inmuebles por valor de casi 59 millones de dírhams emiratíes, unos 15 millones de euros. Además, por los tres apartamentos que tiene alquilados, ha cobrado 1,42 millones de euros desde 2014. Las cinco propiedades se encuentran en las zonas más caras del emirato: dos en la torre Burj Khalifa, uno en una torre próxima, en el Bulevar 29, y dos en Palm Jumeirah, la isla artificial en forma de palmera donde se ha construido un área residencial de superlujo. Allí se encuentra la villa de 650 metros cuadrados, y seis dormitorios que no ha puesto en alquiler y que está valorada en 7,6 millones de euros. Tampoco alquila un estudio de 52 metros cuadrados en el mismo Palm Jumeirah, valorado en casi un cuarto de millón de euros.
En la torre más alta del mundo, el cuñado de Obiang posee un segundo apartamento, de 426,98 metros cuadrados y cuatro habitaciones, que le ha proporcionado en alquileres casi un millón de euros desde 2014, según los datos inmobiliarios obtenidos por OCCRP.
Cleptocracia guineana
La corrupción es uno de los principales problemas de Guinea Ecuatorial. Desde que en 1995 se descubrió petróleo, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país –con cifras de 2022–, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía, que han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.
A través de empresas que operan en todos los sectores económicos del país, el régimen ecuatoguineano desvía gran parte de los fondos públicos procedentes de los recursos naturales a cuentas bancarias en el extranjero, que luego sirven para comprar inmuebles, tal y como está investigando la Audiencia Nacional. También es habitual el cobro de comisiones a las empresas petrolíferas a cambio de la adjudicación de contratos.
Cándido Nsué Okomo está bajo investigación por blanqueo de capitales en la pieza 20 del caso Tándem, a cargo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón. Según los documentos a los que ha tenido acceso Diario Rombe –miembro de OCCRP–, tanto el ex director de Gepetrol como Crispín Edu Tomo Maye pagaron una fianza de tres millones de euros cada uno en abril de 2023. Declararon ante el juez en junio y se encuentran en libertad provisional. García Castellón incluso había dictado una orden internacional de busca y captura contra ambos, en cumplimiento de la cual Cándido Nsué fue detenido en los Emiratos Árabes Unidos en enero de 2021 y luego puesto en libertad.
“Llevo 30 años haciendo maldades y no me han pillado todavía”. El 7 de marzo de 2012, el excomisario español José Manuel Villarejo insertó esa frase dos veces en la conversación que aquel día mantuvo con Francisco Menéndez, el abogado que le había contratado para desprestigiar a Gabriel Mbega Obiang Lima, uno de los hijos del dictador ecuatoguineano Teodoro Obiang, en favor de otro, Teodorín. Menéndez era entonces el representante legal de la petrolera estatal guineana, Gepetrol, que dirigió Cándido Nsué Nkomo.
Grabada por el mismo Villarejo y hallada durante los registros que siguieron a su arresto en noviembre de 2017, esa conversación no sólo ofreció datos de interés sobre el Proyecto King –relacionado con Guinea Ecuatorial, que incluía grabaciones telefónicas, datos bancarios y otros datos privados de Gabriel Mbega–, sino también sobre “la estabilidad en el tiempo de las ilícitas actividades” del excomisario. Y sobre el volumen del patrimonio acumulado por Villarejo gracias a los negocios que compaginaba con su cargo en la Policía. Es más, dio el pistoletazo de salida de la Operación Tándem, el caso que terminó destapando las cloacas en que se habían convertido algunos estamentos del Ministerio del Interior.
“Nosotros [le dice a su interlocutor en un momento de la charla] somos un grupo de 125, 150 millones de euros”. Todo ello constaba en un informe de la unidad de Asuntos Internos unido a las actuaciones de la Operación Tándem y al que infoLibre tuvo acceso.
A través del entramado societario que capitaneaba su empresa, Cenyt, el hombre que hoy se ha convertido en el rostro visible de las llamadas cloacas del Estado preveía ingresar 5,3 millones de euros por el contrato de espionaje y desprestigio contra Gabriel Mbega Obiang, en beneficio del predilecto de su padre, su hermanastro Teodoro Nguema Obiang, conocido como Teodorín.
La transcripción indica también que Villarejo se sentía orgulloso de su resistencia para llevar décadas compaginando los negocios privados con su puesto como funcionario público. “Llevo 30 años haciendo maldades y cobrando y pagando en todos los países del mundo...”, repite en otro pasaje de la conversación. La referencia expresa a sus cobros y pagos en todos los países del mundo no era un farol. Como mínimo, Villarejo utilizó tres países –Panamá, Uruguay, Reino Unido– para percibir los ingresos procedentes de la facción guineana afín a Teodoro Nguema Obiang.
Policía, agente encubierto, espía
Desde su detención, en noviembre de 2017, Villarejo ha sostenido que el Proyecto King fue un encargo del CNI, el servicio secreto español, a cuyo director, Félix Sanz, acusa de haber emprendido una cacería contra él tras años de servicios prestados al Estado como “agente encubierto”.
El excomisario, que regresó al cuerpo de Policía en 1993 tras 10 años de excedencia, fue amasando un ingente volumen de información que, supuestamente y a tenor de los indicios, empleó como arma de chantaje. Detenido en noviembre de 2017 por la campaña contra Gabriel Mbega Obiang, permaneció en prisión hsta marzo de 2021 y fue condenado en julio de 2023 a 19 años de prisión por los delitos de revelación de secretos y falsedad documental.
La Operación Tándem se inició por un anónimo enviado a la Fiscalía Anticorrupción, que condujo hasta Francisco Menéndez. El representante de Gepetrol acaba de ser condenado a tres meses de prisión por cohecho: sobornó con regalos –un Porsche Panamera, relojes de lujo…– al comisario responsable de la seguridad en el aeropuerto de Barajas para introducir ilegalmente en España, sin ningún tipo de control, a altos directivos de Gepetrol y empresarios guineanos.
Del BBVA a la Operación Cataluña pasando por Corina
Pero el periplo de Villarejo por los tribunales de justicia está lejos de acabar. El excomisario aún tiene pendiente el juicio por su implicación en el espionaje a políticos, empresarios y periodistas que le encargó el BBVA a cambio de 13 millones de euros.
De forma que Villarejo lleva una década en las portadas de los periódicos y en el banquillo de los acusados. Ha aparecido como protagonista en muchos de los más sonados y turbios casos judiciales abiertos en España. Empresarios, millonarios y políticos de todo tipo acudían a él para solucionar sus problemas más embarazosos.
Ya antes de que estallara el caso Tándem, en 2014, su nombre había surgido en el litigio por el supuesto acoso de un ejecutivo de OHL a una doctora que fue apuñalada en la calle, también en los intentos del expresidente de Madrid Ignacio González por ocultar la propiedad de un ático en la Costa del Sol, producto de un supuesto soborno, o en la llamada Operación Cataluña, las maniobras ilegales orquestadas desde la Dirección General de la Policía para frenar el proceso independentista catalán.
Incluso grabó las conversaciones que mantuvo con Corina Larsen, la amante del rey emérito, en la que ésta aseguraba que Juan Carlos I regresaba a España de sus viajes por los países árabes con maletas llenas de dinero.