El Ministerio de Defensa adjudicó a dedo 100 contratos menores –por importe inferior a 18.000 euros– al empresario canario Miguel Ángel Ramírez desde el pasado mes de febrero hasta la actualidad. En total, el departamento que encabeza María Dolores de Cospedal le ha pagado 1,32 millones de euros por estos contratos, concedidos a la empresa Seguridad Integral Canaria, que fue la adjudicataria durante 2015 y 2016 de la vigilancia de las instalaciones de Defensa repartidas por toda España.
Al término de ese macrocontrato, el ministerio sacó de nuevo a concurso el servicio. Lo ganó Marsegur, una empresa vinculada con Ramírez, por 16 millones de euros, la misma cantidad por la que se lo llevó Seguridad Integral Canaria dos años antes. Pero otro de los participantes en la licitación, Sureste Seguridad, presentó un recurso ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, dependiente del Ministerio de Hacienda. Mientras éste resolvía –y no lo hizo hasta el 31 de marzo, confirmando la adjudicación– Defensa encomendó la vigilancia de todas sus instalaciones a Seguridad Integral Canaria mediante ese centenar de contratos menores. Aún sigue haciéndolo, de hecho, porque Marsegur empezó a prestar el servicio el pasado día 1, pero no en todas las instalaciones de Defensa. El pasado 27 de abril adjudicó nuevos contratos a Seguridad Integral Canaria para que vigile hasta finales de este mes el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y el Centro Militar Veterinario de la Defensa, ambos en Madrid, así como las clínicas militares de Cartagena, Ceuta y Melilla.
Para que los contratos no superaran los 18.000 euros que marca la ley, Defensa los ha fraccionado por quincenas o incluso por semanas en la mayoría de los casos. Sólo ocho de ellos licitaban el servicio “hasta la entrada en vigor del nuevo Acuerdo Marco”. Pero incluso los contratos para vigilar una misma instalación se trocearon por servicios. En concreto, los que afectan a los 27 vigilantes destinados en el Hospital Central de la Defensa de Madrid. En este caso, el ministerio adjudicó 21 contratos a Seguridad Integral Canaria desde febrero, no sólo por semanas, sino también por servicios: uno para las urgencias, otro para la maternidad, un tercero para el control de accesos, el siguiente para el aparcamiento, uno más para la vigilancia nocturna, para los días festivos… La mayoría de ellos tiene un importe de 17.458 euros.
En algún servicio, el contrato se ha valorado exactamente en 17.999,99 euros, como la seguridad de las clínicas militares de Cartagena y Melilla entre el 1 y el 18 de marzo, y la del Centro Militar de Veterinaria. Defensa no ha respondido a las preguntas que le ha formulado infoLibre sobre el fraccionamiento de los contratos.
Las relaciones de Miguel Ángel Ramírez con Defensa van más allá de las meramente contractuales. En 2010 el ministerio le concedió la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco por haber prestado “servicios meritorios a la Defensa Nacional”. Reconocía así sus “trabajos con los estamentos militares en Canarias”. El empresario también es Legionario de Honor.
Sin convenio, con un 30% menos de sueldo
La concesión de contratos públicos a Seguridad Integral Canaria, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, todas ellas vinculadas con el empresario canario, es doblemente problemática.
Marsegur llevaba sólo cinco días vigilando los cuarteles, oficinas y polvorines del Ministerio de Defensa repartidos por toda España cuando la Audiencia Nacional anuló su convenio colectivo. La empresa canaria es conocida por las precarias condiciones laborales que impone a sus trabajadores, con salarios al menos un 30% por debajo de los establecidos en el convenio estatal del sector. Además, es la segunda vez que la Audiencia Nacional declara nulo su convenio colectivo. De hecho, el tribunal le reprocha su “reincidencia” en el “contumaz incumplimiento de la ley” –negoció un convenio a la carta únicamente con los mandos intermedios de la empresa– por lo que la multa por su “mala fe y temeridad” con 6.000 euros más el pago de las costas.
Pese a que, como recuerda la Audiencia Nacional, la ley establece que la sentencia que anula un convenio es “ejecutiva desde el momento que se dicte”, aunque no sea firme, Marsegur va a aplicar el convenio anulado a los 500 trabajadores que vigilan las instalaciones de Defensa. Y que, por tanto, perderán unos 300 euros de sus sueldos mensuales. Así lo ha confirmado a infoLibre el gerente de la empresa, Antonio Redondo, quien también anuncia la presentación de un recurso ante el Tribunal Supremo. “Están vulnerando nuestros derechos y tenemos que defendernos de lo que ha dictado la Audiencia Nacional con un recurso de casación”, explica.
Por el contrario, el sindicato USO va a exigir a la Audiencia Nacional la ejecución inmediata de la sentencia, según indica el secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada, Basilio Febles, para obligar a Marsegur a aplicar a los vigilantes el convenio estatal y mantener así sus sueldos.
Impago de nóminas
El Ministerio de Defensa, por su parte, se mantiene ajeno a las condiciones laborales de los 500 trabajadores que vigilan sus instalaciones. “El convenio colectivo aplicable será el que así resulte legalmente”, responde por escrito un portavoz. El departamento que dirige María Dolores de Cospedal ha elevado consultas tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como a su propia asesoría jurídica sobre la posible inclusión de “criterios de carácter social” –como el cumplimiento del convenio estatal– a la hora de valorar las ofertas de las empresas que se presentan a sus concursos.
La CNMC le ha contestado que “la contratación pública no es el instrumento correcto para el cumplimiento de los objetivos sociales”, puesto que existen otros “más apropiados y menos distorsionadores de la competencia”, como las exenciones fiscales o las modificaciones regulatorias. Por el contrario, el organismo regulador asegura que utilizar la contratación pública para “alcanzar objetivos políticos secundarios” puede tener “efectos negativos sobre la eficiencia en el gasto y la competencia”.
Apoyándose en estos argumentos, Defensa dice que analizará “caso por caso” si incluye esos criterios sociales en sus licitaciones, pero siempre que no generen distorsiones en la competencia.
Tampoco afecta al ministerio que los vigilantes no hayan cobrado aún del anterior adjudicatario, Seguridad Integral Canaria, los finiquitos que les corresponden –unos 3.000 euros por trabajador– antes de ser subrogados, ni que su última nómina, del mes de abril, no se la hayan abonado hasta el pasado día 19. Lo mismo había ocurrido con la nómina del mes del marzo. “Los retrasos en el cobro de esta empresa son habituales en Canarias, hasta ahora no lo eran en la Península”, asegura Basilio Febles, quien recuerda que Seguridad Integral Canaria fue multada por la Inspección de Trabajo con 25.000 euros por no pagar en plazo a sus trabajadores en el archipiélago. En el resto de España se han sucedido las denuncias a la Inspección por el mismo motivo. Los trabajadores terminaron reclamando sus sueldos a las puertas de la delegación de la empresa en Las Rozas (Madrid) la semana pasada. Al tiempo, los vigilantes de Seguridad Integral Canaria en el Metro de Madrid llevaron a cabo cuatro días de huelga en protesta por el impago de sus salarios. Para el 6 de junio han convocado otros cuatro días de huelga por idéntico motivo.
Empresario investigado y condenado
Seguridad Integral Canaria es una de las enseñas de Miguel Ángel Ramírez, empresario canario donante del PP que fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy tras ser condenado a tres años de cárcel por un delito urbanístico. Además, es el empresario a quien investigó por fraude fiscal y a la Seguridad Social la exjueza Victoria Rosell, que se presentó a diputada en las listas de Podemos. Y quien grabó sus conversaciones con el juez que la sustituyó, Salvador Alba. Desde 2005 preside también la Unión Deportiva Las Palmas.
Ambos investigaban si Ramírez paga a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas. De esa forma, evita tributar a Hacienda y cotizar a la Seguridad Social. Las dietas no sólo están exentas de pago por ambos conceptos, sino que también son deducibles en el impuesto de sociedades. Así, el fraude puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo que a la Seguridad Social se refiere. USO eleva la cifra hasta los 40 millones.
Los sindicatos, enfrentados a Miguel Ángel Ramírez por las condiciones low cost en sus empresas, observan desde hace tiempo un posible trasvase de recursos desde Seguridad Integral Canaria hasta las que consideran sus marcas blancas: Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur. En total, cerca de 4.000 trabajadores. “Cada vez se presenta menos [a los concursos públicos] con Seguridad Integral y más con las otras dos empresas”, detallan. En Sinergias figuró hasta el pasado agosto como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece aún como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas.
También rebajas en el convenio estatal
Empleo sigue siendo el principal adjudicador de las empresas 'low cost' de seguridad en contra de pactos sectoriales y sentencias
Pese a los tropiezos legales de las tres empresas, cuyos convenios y descuelgues han sido anulados por la Justicia, su política laboral low cost ha terminado por contagiar al resto del sector. Los vigilantes ya han comenzado a protestar en la calle por las propuestas que las patronales Aproser y FES han presentado en la negociación del nuevo convenio estatal. Alegan que, mientras las empresas que cumplen ese convenio llevan años en pérdidas, las que no lo hacen ganan dinero. También aseguran que el 50% de los contratos de seguridad con las administraciones públicas los firman estas compañías pirataspiratas, que incumplen las normas laborales, fiscales o de Seguridad Social. Y como calculan que las empresas asumen “más del 90% de los costes laborales definidos por el convenio colectivo”, las patronales piden una “reforma profunda” del texto.
Así, quieren eliminar la antigüedad, reducir los pluses, elevar la jornada hasta los límites fijados en el Estatuto de los Trabajadores y limitar el pago de la Incapacidad Temporal. Tanto los sindicatos sentados a la mesa de negociación –UGT, CCOO, USO y CIG– como los minoritarios Sindicato Libre de Seguridad (SLS) y Alternativa Sindical consideran la propuesta “un insulto”: rechazan que, para competir con las empresas piratas, haya que aceptar las condiciones que éstas aplican a sus plantillas. “Las propuestas de Aproser y FES son inasumibles”, resume Basilio Febles.
Para hacerse una idea de las condiciones salariales que se están negociando, basta con recordar que el salario base de un vigilante, según el convenio estatal, asciende a 908,24 euros. En el convenio anulado de Marsegur es sólo de 726 euros, y de 660 euros en el de Sinergias de Vigilancia y Seguridad. El plus de nocturnidad en Marsegur es de sólo 10 céntimos la hora, 11 veces por debajo del fijado en el convenio estatal. En Sinergias baja a seis céntimos la hora, 18 veces menos que el convenio. Por trabajar en Nochebuena o Nochevieja Sinergias abona un plus de 12 euros, frente a los 65,94 euros del convenio sectorial.
El Ministerio de Defensa adjudicó a dedo 100 contratos menores –por importe inferior a 18.000 euros– al empresario canario Miguel Ángel Ramírez desde el pasado mes de febrero hasta la actualidad. En total, el departamento que encabeza María Dolores de Cospedal le ha pagado 1,32 millones de euros por estos contratos, concedidos a la empresa Seguridad Integral Canaria, que fue la adjudicataria durante 2015 y 2016 de la vigilancia de las instalaciones de Defensa repartidas por toda España.