El Ministerio de Defensa celebró 2.267 contratos en 2016, el 65,4% de los que convocaron y firmaron los seis departamentos que integran el área político-administrativa del Estado –junto con Asuntos Exteriores, Educación, Interior, Justicia y Presidencia–. También es el que mayor volumen de dinero movió contratando: 650,68 millones de euros, el 58,5% del importe gastado por el área al completo.
Pero también es el ministerio que más contratos oculta al Tribunal de Cuentas. Al menos es lo que ocurrió con los celebrados en 2016 que fueron fiscalizados por el órgano de control. Según el informe resultado de esa supervisión, los seis ministerios citados no remitieron al Tribunal de Cuentas 330 contratos correspondientes a ese año, pese a estar obligados a ello. De ellos, 311 deberían haber sido enviados por el Ministerio de Defensa. El 94,2% de los contratos ocultados al tribunal habían sido celebrados por el departamento que entonces encabezaba Pedro Morenés.
De hecho, incluso fueron más los contratos que quedaron en sus cajones que los que envió al órgano de control: 273. En total, los seis ministerios mandaron 500 contratos al Tribunal de Cuentas. Es decir, más de la mitad procedían de Defensa. Le sigue, a considerable distancia, el Ministerio de Interior, con 119 contratos. El 71% de esos 500 contratos son de servicios y el 42%, negociados sin publicidad.
El Tribunal de Cuentas no los ha verificado todos, sino que seleccionó una muestra de 130, por importe de 370,2 millones de euros: el 26% de los contratos y el 54% del importe de la contratación. Así, de los 273 enviados por Defensa, sólo ha fiscalizado 71, el 26%, aunque representan el 67% del dinero gastado por el ministerio –261,94 millones de euros–. De Interior comprobó 30, de Educación 11, de Justicia ocho, y de Exteriores y Presidencia, cinco.
Negociado sin publicidad
Además, el 95% de los 311 contratos no enviados al órgano de control se convocaron mediante un procedimiento negociado sin publicidad. Únicamente 15 fueron adjudicados en concursos abiertos. La ley obliga a utilizar el procedimiento negociado sin publicidad sólo de forma excepcional y limitada. Por ejemplo, cuando el contrato haya sido declarado secreto o reservado, no se presente ninguna oferta, sólo puedan ser encomendados a un determinado empresario –la compra de una obra de arte– o se dé una “imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles”. Entonces, el órgano de contratación designa a un mínimo de tres empresas, de las que selecciona a una tras consultar y negociar con ellas las condiciones. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Contratos del Sector Público, en noviembre de 2017 –que lo suprimió para obras y servicios complementarios en un intento por aumentar la transparencia– sólo podía utilizarse el procedimiento negociado sin anuncio público para adjudicar servicios y suministros con un importe inferior a 60.000 euros y obras de menos de 200.000 euros.
Entre los contratos que Defensa si remitió al Tribunal de Cuentas, sólo 23 fueron adjudicados en concursos abiertos. Uno fue adjudicado directamente –el servicio de limpieza de los centros sanitarios dependientes del ministerio–, por importe de 1,34 millones de euros; otro fue negociado con publicidad, y el resto, 57, sin publicidad: el 70,3%. Estos porcentajes superan con creces la media de toda el área a la que pertenece el departamento de Defensa. De los 500 contratos enviados al órgano de control, 209 fueron negociados sin publicidad, el 41,8%. En cualquier caso, son el segundo tipo de contrato más habitual en este área del Estado, tras los 240 concursos abiertos. La Administración pública, por tanto, tiene una especial inclinación por este procedimiento pese a que limita la concurrencia y la publicidadpublicidad. De los contratos finalmente fiscalizados –130–, 62 fueron negociados sin publicidad, por 61 abiertos.
Sin justificar el precio ni la necesidad del contrato
Entre las deficiencias que el Tribunal de Cuentas ha encontrado en su examen, el informe destaca la ausencia en un número muy extenso de concursos del estudio económico que justifique el precio del contrato, pese a que está obligado por ley. Ese estudio debe garantizar que el presupuesto del contrato se ha calculado conforme a los precios habituales en el mercado. Sin embargo, en 79 contratos de los 130 analizados, casi el 61%, no se había hecho ese cálculo. De esos 79, 50 corresponden al Ministerio de Defensa.
Tampoco es muy dado este departamento a explicar de forma “razonada” y convincente la “necesidad” del contrato. La ley exige que el órgano contratante debe “determinar con precisión” tanto “la naturaleza y extensión de las necesidades que pretenden cubrirse mediante el contrato” como “la idoneidad de su objeto y contenido para satisfacerlas”. Por el contrario, en 12 contratos Defensa no explica por qué hace falta gastar dinero público en ellos. Lo mismo ha encontrado el tribunal en un contrato del Ministerio de Presidencia. En otros 10 contratos de Defensa, la justificación que se hace de la necesidad del gasto es para el Tribunal de Cuentas “excesivamente genérica”, una deficiencia que el órgano de control sólo ha encontrado también en un contrato del Ministerio de Educación.
Igualmente fallan los ministerios a la hora de justificar la “imperiosa urgencia” que les obliga a recurrir al procedimiento negociado sin publicidad. El tribunal critica a Defensa, en concreto, por no haber aplicado “una mayor diligencia en la planificación” de las prestaciones objeto de los contratos para evitar el abuso de este tipo de procedimiento, sólo justificado cuando hay una “necesidad inaplazable” o deba acelerarse una adjudicación “por razones de interés público”. Aunque no es el único departamento reprendido por esta práctica. Educación, por ejemplo, utilizó la tramitación de urgencia para licitar los servicios de alojamiento y hostelería de los auxiliares de conversación extranjeros en España. “Una diligente tramitación del procedimiento con la suficiente antelación habría evitado dicha declaración”, advierte.
Además, el Tribunal de Cuentas menciona otros ocho contratos donde no constan las puntuaciones obtenidas por cada una de las empresas que se presentaron a los respectivos concursos. Por tanto, el tribunal no ha podido verificar que el contrato fuera adjudicado a la oferta económicamente más ventajosa. De esos ocho contratos, seis son del Ministerio de Defensa.
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Bajas desproporcionadas y modificaciones prohibidas
El Tribunal de Cuentas también fiscalizó la ejecución de 33 contratos. Y encontró nuevas irregularidades. Por ejemplo, en el concurso convocado por el Ministerio de Interior para rehabilitar las fachadas del complejo policial de Lonzas, en A Coruña, el informe de la mesa de contratación señalaba que tres de las empresas candidatas incurrían en baja desproporcionada, por lo que fueron excluidas. Sin embargo, el órgano de control asegura que otras dos empresas también presentaron bajas ilegales del precio del contrato. Y una de éstas, Dragados, fue de hecho la que resultó ganadora del concurso. El contrato tenía un importe de 2,55 millones de euros y fue adjudicado por 1,52 millones.
En otro caso, la prestación de los servicios de asistencia técnica al mantenimiento de aeronaves del Ejército del Aire, el ministerio no sólo aprobó una modificación del contrato –de 1,52 millones de euros– pese a que el pliego no permitía hacerla, sino que, además ésta superaba casi el 25% del precio de adjudicación, cuando una alteración de este tipo sólo puede alcanzar el 10% de ese importe, según la ley.
El Ministerio de Defensa celebró 2.267 contratos en 2016, el 65,4% de los que convocaron y firmaron los seis departamentos que integran el área político-administrativa del Estado –junto con Asuntos Exteriores, Educación, Interior, Justicia y Presidencia–. También es el que mayor volumen de dinero movió contratando: 650,68 millones de euros, el 58,5% del importe gastado por el área al completo.