Los vigilantes de Marsegur asignados a las instalaciones del Ministerio de Defensa en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cantabria, Lugo y Aragón llevan desde mayo trabajando sin armas por irregularidades en la documentación y el depósito de los revólveres. Marsegur, una de las empresas low cost de seguridad denunciadas por pagar salarios por debajo del convenio sectorial, acumula por este motivo, y otros, hasta 170 actas de infracción del propio ministerio, según denuncia el sindicato USO, que va a poner las irregularidades en conocimiento del Ministerio del Interior a través de la Unidad Central de Seguridad Privada.
Marsegur comenzó a prestar servicio el pasado mes de mayo en las instalaciones que el Ministerio de Defensa posee en toda España, desde oficinas y hospitales militares hasta acuartelamientos y polvorines. Se hizo con un macrocontrato por importe de 16 millones de euros y un año de duración que hasta ese momento ejecutaba Seguridad Integral Canaria, propiedad del empresario canario Miguel Ángel Ramírez. Y desde el primer momento de la transición se han sucedido los problemas. Seguridad Integral Canaria no ha pagado a los trabajadores, unos 500, la última nómina ni el finiquito. Esos vigilantes han sido subrogados y siguen prestando el mismo servicio, pero para Marsegur, que paga sueldos un 30% por debajo del resto del sector, aplicando un convenio de empresa que ha sido anulado por la Audiencia Nacional.
Según explica USO, Defensa dio a Marsegur un mes de plazo para poner en regla la documentación sobre las armas que deben portar los vigilantes de buena parte de estas instalaciones. El plazo fue prorrogado otro mes más, pero la empresa, continúa el sindicato, sigue aún hoy sin poner al día los papeles y los armeros, donde los revólveres deben quedar depositados una vez que el vigilante acaba su turno. En algunos casos, la Guardia Civil, responsable de vigilar el cumplimiento de las normas sobre las armas, se las ha retirado a los vigilantes.
Los revólveres cuentan con una guía de pertenencia, que documenta quién es el propietario y está expedida a nombre de la empresa. En el caso de Defensa, muchas de estas armas siguen aún a nombre de Seguridad Integral Canaria. Cuando no se utilizan, los revólveres y la munición quedan depositados en sus correspondientes armeros, que deben reunir unas determinadas condiciones de seguridad. Según USO, la Guardia Civil ha cerrado también algunos de estos depósitos. Además, Marsegur ha contratado a vigilantes sin licencia de armas, que por tanto no pueden prestar el servicio por el que el ministerio está pagando a la empresa –los trabajadores cobran un plus si tienen este permiso–.
Soldados para sustituir vigilantes privados
Ésta es la situación en el aeródromo de Las Rozas (Lugo), el Museo del Ejército en Toledo, los acuartelamientos Capitán Arenas de Guadalajara y de Santoña (Cantabria), así como el Gobierno militar de Barcelona, entre otras instalaciones. El sindicato recuerda que el país se encuentra en alerta antiterrorista de nivel cuatro. Y que en muchos casos se está prestando un servicio sin armas que por ley es obligatorio que se preste armado. Las instalaciones estratégicas de Defensa, como el propio ministerio o los cuarteles generales, son custodiadas por personal militar.
Al cierre de esta información, el Ministerio de Defensa no ha contestado a las preguntas de infoLibre sobre Marsegur. El director general de la empresa, Antonio Redondo, dice no estar al tanto las 170 actas de infracción levantadas por Defensa –“Eso lo lleva el departamento jurídico”– y asegura que en el traspaso del contrato sólo se han producido “los problemas naturales cuando una empresa se hace cargo de un servicio de esa envergadura”. “Todo está regularizado”, zanja.
USO también denuncia otras irregularidades. Por ejemplo, Defensa ha suplido con soldados bajas que Marsegur no ha podido cubrir por falta de vigilantes. “Todos son incumplimientos del pliego del concurso, por lo que la empresa debería ser sancionada e incluso se le debería rescindir el contrato”, resaltan fuentes del sindicato.
Los vigilantes se movilizan
Los vigilantes privados han sido convocados este jueves por USO a manifestarse en toda España en protesta contra las empresas low cost y para presionar en la negociación del convenio colectivo del sector. La reunión para reanudar las conversaciones, prevista para el pasado martes, fue suspendida a la espera de que se constituya el próximo día 11 el grupo de trabajo sobre seguridad privada pactado por Fomento con los sindicatos y la patronal tras la huelga de los vigilantes de Eulen en el aeropuerto de El Prat.
Además, en Canarias, tanto USO como el resto de los sindicatos, desde UGT, CCOO y CSI-F hasta los minoritarios, han llamado a la huelga a los trabajadores de las empresas de Miguel Ángel Ramírez, polémico empresario condenado por el Tribunal Supremo, indultado por el Gobierno del PP y denunciado por los sindicatos por los bajos salarios que paga a sus trabajadores. La Delegación del Gobierno de Canarias ha impuesto a los vigilantes unos servicios mínimos que el comité de huelga ha condenado por abusivos. Excepto en Correos y en los centros públicos, con un 50%, el resto de los servicios son del 100% de la plantilla.
La huelga ha sido convocada tanto en Seguridad Integral Canaria como en Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, también vinculadas a Miguel Ángel Ramírez. Aunque él niega cualquier relación con estas dos últimas, en Sinergias figuró como apoderado hasta agosto de 2016 su padre, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas y son miembros de Acosepri, una patronal integrada también por Seguridad Integral Canaria y PowerSIC, empresa igualmente del Grupo Ralons, propiedad de Miguel Ángel Ramírez.
Los vigilantes de la 'low cost' Marsegur vuelven a convocar huelgas por impago de nóminas
Ramírez sólo quiere blindados y alarmas
Hace una semana el empresario canario anunció que abandona los servicios de vigilancia privada para concentrarse en los de transportes de fondos y sistemas de alarmas. Su plan es ceder los contratos de este tipo, tanto públicos como privados, a otras empresas antes del 1 de octubre. Y quedarse con 1.000 de sus 4.000 vigilantes. Muchos de ellos llevan meses sufriendo problemas para cobrar sus nóminas. Es lo que ha pasado con los vigilantes del Metro de Madrid, que llegaron a convocar paros en protesta por el retraso en el pago de sus sueldos. Lo mismo ha ocurrido con los trabajadores del grupo Ralons –el grupo de servicios propiedad de Miguel Ángel Ramírez– en Canarias o de Adif en Andalucía. Según fuentes sindicales, la empresa no garantiza a los trabajadores el pago de las nóminas en plazo, sólo dependiendo de que tengan liquidez.
Los sindicatos vigilan ahora el traspaso de esos contratos de vigilancia, pues temen que las empresas beneficiarias sean las marcas blancas de Ramírez, Marsegur y Sinergias. En Seguridad Integral Canaria, el empresario intentó aplicar un descuelgue de las tablas salariales del convenio sectorial, que fue anulado por el Tribunal Supremo. El motivo fue el mismo por que la Audiencia Nacional ha declarado nulos los convenios de Marsegur y Sinergias: fueron negociados de forma irregular, sentando a la mesa sólo a un puñado de delegados de personal –normalmente mandos intermedios de la empresa– que no representaban a toda la plantilla y a todos los centros de trabajo. Por consiguiente, en Seguridad Integral Ramírez paga los salarios del convenio. En las otras dos, apenas superan los 800 euros al mes.
Los vigilantes de Marsegur asignados a las instalaciones del Ministerio de Defensa en Madrid, Toledo, Guadalajara, Cantabria, Lugo y Aragón llevan desde mayo trabajando sin armas por irregularidades en la documentación y el depósito de los revólveres. Marsegur, una de las empresas low cost de seguridad denunciadas por pagar salarios por debajo del convenio sectorial, acumula por este motivo, y otros, hasta 170 actas de infracción del propio ministerio, según denuncia el sindicato USO, que va a poner las irregularidades en conocimiento del Ministerio del Interior a través de la Unidad Central de Seguridad Privada.