CCOO y UGT reprochan al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que rechace subidas salariales para no dañar sus posibilidades de ser reelegido al frente de la CEOE. El 23 de noviembre se reunirá la asamblea electoral que decidirá quién dirige a los empresarios los próximos cuatro años. De momento, sólo se ha presentado un candidato, el propio Garamendi, pero el plazo para que se presenten rivales se extiende hasta el 8 de noviembre. Y durante todo el año las conjeturas sobre posibles movimientos internos para armar una candidatura alternativa han sido múltiples. La patronal de los empresarios jóvenes Ceaje, la de concesionarios Ganvam, los autónomos de ATA, Confemetal y Cepyme no han tardado en hacer público su apoyo a Garamendi. Entre las territoriales, la patronal de Castilla y León también respalda al vasco, que antes fue presidente de los jóvenes empresarios, tesorero de Confemetal y presidente de Cepyme, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas empresas.
Pero aún está por ver si los recelos de la patronal agrícola Asaja, del automóvil Anfac, la madrileña CEIM y la catalana Foment del Treball Nacional, que se tradujeron en cuatro abstenciones durante la junta directiva que aprobó la reforma laboral el pasado diciembre, se convierten en oposición con nombres y apellidos. En definitiva, si las organizaciones que han criticado a Garamendi por haber sido demasiado blando y pacífico en las sucesivas negociaciones con el Gobierno y los sindicatos en materia laboral durante los dos últimos años consiguen armar una candidatura alternativa.
Sólo esa eventualidad sería todo un acontecimiento en la CEOE, acostumbrada al sosiego de que sus presidentes resulten elegidos por aclamación. Únicamente en dos ocasiones anteriores hubo competición: en 2010, entre Juan Rosell y el presidente de la patronal andaluza CEA, Santiago Herrero, y en 2014 entre Juan Rosell y el propio Garamendi, que perdió pero fue nombrado vicepresidente por el vencedor.
Pero no sólo la CEOE terminará 2022 en campaña electoral, sino que también los sindicatos se encuentran ya velando armas antes de pasar el próximo año pendiente de las urnas. Porque en 2023, además de comicios generales y autonómicos –en todas las comunidades menos en las históricas–, se celebrarán elecciones sindicales sin descanso. Las plantillas de empresas con más de cinco trabajadores, unos 14,3 millones de asalariados, están llamadas a elegir 158.248 delegados, el 57% de los 280.000 representantes sindicales existentes.
Desde 1994, CCOO es el primer sindicato de España con 101.500 delegados y miembros de comité de empresa. Ese año dio el sorpasso a UGT, que ahora cuenta con 87.152 representantes en las empresas y las administraciones. El tercero es USO, a considerable distancia, con 11.000 delegados. Le sigue CSIF, la central de los empleados públicos, con 10.000 representantes. Los dos primeros ostentan la condición de sindicatos más representativos, al poseer más del 10% de los delegados en todo el país. También lo son, pero en sus comunidades autónomas, la CIG en Galicia y ELA-STV en el País Vasco.
Subvenciones
Según esa representatividad, reciben subvenciones del Estado. En el caso de UGT, fueron 4,7 millones de euros en 2021 y 5,28 millones en el de CCOO –56,34 euros por cada representante sindical, aclara el sindicato en su página de transparencia–. También reciben subvenciones públicas por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Empleo –como la Fundación Tripartita para la Formación den el Empleo–, 677.727 euros UGT y 649.237 CCOO. A CEOE se le asignaron 1,29 millones de euros. Por sentarse en el Consejo Económico y Social (CES), la patronal percibe 232.400 euros al año, mientras que CCOO y GTT cobran 104.580 euros cada uno.
Además, en 2021 el Ministerio de Educación concedió a UGT 10,2 millones para impartir cursos de digitalización a trabajadores y desempleados. A CEOE les otorgó 15,3 millones y a Cepyme 5,1 millones. CCOO renunció a 7,5 millones que en principio se le habían asignado. Y USO presentó un recurso contencioso-administrativo porque se hizo una concesión directa sin concurso. Además, sindicatos y patronal se reparten otros 10,5 millones de euros para formar a sus cuadros en materia de negociación colectiva. De ellos, 1,66 millones fueron para la CEOE en 2021.
El año pasado CCOO también percibió 34.200 euros del Instituto de la Juventud y 100.140 euros del Plan Nacional sobre Drogas por la realización de programas sobre adicciones, así como 12.058 euros por su participación en organismos del Ministerio de Transición Ecológica. UGT, por su parte, consiguió 255.000 euros del Ayuntamiento, la Diputación Provincial y la Generalitat valencianas por la celebración del 43º congreso del sindicato en la ciudad de Valencia. Finalmente, la CEOE ha firmado un convenio con el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) que se traduce en 100.000 euros anuales para apoyar la internacionalización de las empresas españolas.
Beneficios, impuestos, sueldos
Aparte, destacan todos ellos, se sitúan las cantidades que les son concedidas para programas finalistas, que se gastan en cursos, atención a migrantes u orientación al empleo, por ejemplo. Según precisa CCOO, la cuantía que el sindicato recibe sumando subvenciones por su representación asciende a 10 millones de euros y a 23 millones las ayudas para programas finalistas: el 19% de los 173 millones de euros que ingresa cada año. De ellos, 134,5 millones proceden de las cuotas de su casi millón de afiliados, tal y como explicó el secretario general de CCOO, Unai Sordo, a los periodistas al anunciar el eslogan de su campaña para el próximo año, El poder de cambiar las cosas.
UGT aún no la tiene preparada, según explican fuentes del sindicato a infoLibre. Pero, de acuerdo con las cuentas que publica en su página web, para 2021 contaba con un presupuesto de casi 30 millones de euros. De las cuotas de sus afiliados esperaba ingresar 20,72 millones de euros. Y consignaba recibir 2,37 millones de euros para programas finalistas –4,63 millones el año anterior–. En 2020 se apuntó unos beneficios de 61.835 euros. Según las cuentas, pagó 3.992 euros en impuestos sobre beneficios en 2020. Menos de lo que consigna la CEOE en las suyas, 19.000 euros en 2021 y 21.000 euros en 2020.
CEOE, CCOO y UGT dan su apoyo al principio de acuerdo que revierte la reforma laboral de 2012
El ejercicio pasado la patronal se apuntó unos ingresos de 12,85 millones de euros, de los cuales 6,77 millones proceden de las cuotas de sus asociados –233 organizaciones– y 6,08 millones de aportaciones que hace las empresas y patrocinios. También consignó 2,1 millones en subvenciones. Con una plantilla de 103 personas, paga en sueldos y cotizaciones a la Seguridad Social un total de 8,33 millones de euros al año. De ellos 601.000 los cobraron en sueldos y dietas los miembros de su junta y otros directivos, que además recibieron como aportación a sus planes de pensiones 35.000 euros. La CEOE terminó 2021 con unos beneficios de 822.000 euros, un 42,6% más que el año precedente.
Transparencia para superar la crisis de crédito
Patronal y sindicatos están empeñados en subrayar su transparencia para intentar recuperarse del batacazo de credibilidad que se dieron en la última década. La CEOE tuvo que sacudirse el escándalo que terminó con la presidencia de Gerardo Díaz-Ferrán: la quiebra de su empresa, el grupo Marsans, y su condena a 10 años de prisión, de donde salió en 2018. También comparte con los sindicatos la sospecha sobre cómo todos ellos gestionaban las subvenciones para cursos de formación en el empleo.
CCOO y UGT, por su parte, deben hacer frente a una crisis de confianza que, en el caso del segundo, se tradujo en una pérdida de 280.805 afiliados entre 2010 y 2015, cuando llegó a su mínimo, 928.846. Desde entonces ha recuperado 54.675, de acuerdo con las cifras que facilita el propio sindicato. La misma evolución sufrió CCOO, que llegó a 2017 con 920.870 afiliados y los ha aumentado hasta superar los 970.000 en la actualidad. “Nuestro objetivo [en las elecciones de 2023] es mejorar la densidad democrática y fortalecer el sindicalismo de clase”, adelantó Sordo en la presentación de la campaña.
CCOO y UGT reprochan al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, que rechace subidas salariales para no dañar sus posibilidades de ser reelegido al frente de la CEOE. El 23 de noviembre se reunirá la asamblea electoral que decidirá quién dirige a los empresarios los próximos cuatro años. De momento, sólo se ha presentado un candidato, el propio Garamendi, pero el plazo para que se presenten rivales se extiende hasta el 8 de noviembre. Y durante todo el año las conjeturas sobre posibles movimientos internos para armar una candidatura alternativa han sido múltiples. La patronal de los empresarios jóvenes Ceaje, la de concesionarios Ganvam, los autónomos de ATA, Confemetal y Cepyme no han tardado en hacer público su apoyo a Garamendi. Entre las territoriales, la patronal de Castilla y León también respalda al vasco, que antes fue presidente de los jóvenes empresarios, tesorero de Confemetal y presidente de Cepyme, la asociación que agrupa a las pequeñas y medianas empresas.