Las empresas de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) han expresado su "total desacuerdo" con las medidas de la reforma energética anunciada por el Gobierno. Según Unesa, la nueva regulación les obliga "a una drástica reducción de empleo y a replantearse inversiones en España".
La patronal afirma que las empresas que integran Unesa tendrán que costear 1.000 millones de euros del "esfuerzo adicional" de unos 2.700 millones de euros que las medidas anunciadas este viernes suponen para el sector eléctrico en su conjunto. Para Unesa esto supone que las eléctricas "siguen asumiendo un coste desproporcionado"
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Así, según la asociación, el conjunto de medidas para gestionar el déficit de tarifa aprobado hasta ahora por los diferentes gobiernos supone un recorte de ingresos para el sector eléctrico del entorno de los 5.700 millones de euros en este ejercicio. Además, Unesa acusa a los diferentes gobiernos de no haber querido admitir "que la parte más importante de los sobrecostes del sector, que están asumiendo las compañías de UNESA, procede de decisiones de políticas energéticas".
Frente al "sacrificio que se exige a las eléctricas", Unesa considera "absolutamente ineficiente" la aportación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la resolución del déficit, al considerar que "ni siquiera se hace cargo de las partidas que estaría obligada a afrontar por ley".
El comunicado señala que las medidas conocidas este viernes "agravan aún más la situación económica de las empresas de Unesa", ya que suponen una merma de las retribuciones de sus actividades y la obligación de "seguir financiando déficits relevantes durante 2013". Los "recortes y la inseguridad regulatoria que generan obligarán a las compañías de la asociación a una drástica reducción del empleo y a replantearse sus inversiones en España", concluye.
Las empresas de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) han expresado su "total desacuerdo" con las medidas de la reforma energética anunciada por el Gobierno. Según Unesa, la nueva regulación les obliga "a una drástica reducción de empleo y a replantearse inversiones en España".