Las empresas eléctricas no se fían. Aunque han alcanzado un principio de acuerdo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cobrar el próximo año 3.600 millones de déficit que se les reconoce como deuda porque las tarifas reguladas no cubrieron los costes de generar electricidad, no las tienen todas consigo. Por ello, mantendrán el pulso con el Gobierno hasta que la letra pequeña del acuerdo esté clara hasta la última coma.
El soporte del pulso, por el lado de las empresas, son las decenas de recursos planteados en los tribunales por las compañías y por la asociación patronal Unesa a las órdenes ministeriales y a las liquidaciones de ingresos en el sector. "Ni se han retirado los recursos, ni se prevé que la retirada sea inminente", precisa el portavoz de una de las grandes compañías.
Documentos de las empresas a los que ha tenido acceso infoLibre y que han servido de base a la negociación con Hacienda imponen dos condiciones al pacto para admitir el déficit de 2013 que, en principio hubiera tenido que ser cubierto con los Presupuestos Generales del Estado. Las dos condiciones son: poder titulizar (colocar en el mercado en forma de deuda) esos derechos de cobro de miles de millones sin coste alguno para las empresas y con garantía del Estado y reconocer un coste financiero que esté en línea con los intereses de mercado, calculado desde el inicio de su financiación.
Subidas a partir de enero
La letra gruesa del pacto se ha cerrado a días de que se sepa cuánto subirá el recibo de la luz a partir del 1 de enero. Con los precios del viernes, la subasta CESUR que debe celebrarse el día 19 se cerraría con incrementos de precios del 15% en la energía y del 7% en el recibo. A ese porcentaje habría que añadir el coste (para los usuarios) del acuerdo cerrado por Montoro con el sector eléctrico.
Pero lo importante es la letra pequeña. Empresas, Hacienda, Industria y los bancos tienen que decidir cómo se coloca esa deuda. El Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE)Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE), que gestiona la colocación de la ingente deuda eléctrica (26.000 millones de euros), cesa su actividad este año. Ahora, hay que decidir si se prorroga o se diseña otro vehículo de colocación.
Con este panorama, el lobby eléctrico no tiene prisa para retirar los recursos que ha planteado a las decisiones de Industrialobby y que se cuentan por decenas. Sabe que son un instrumento de presión poderoso. En Industria todavía escuece la decisión del Tribunal Supremo de diciembre de 2011 que tumbó la congelación del recibo en enero de 2012 (pactada por PSOE y PP) y que obligó a refacturar el recibo con efectos retroactivos y con importantes subidas en la factura.
Recursos por sistema
Las eléctricas impugnan por sistema las decisiones de Industria. Entre otros recursos, mantienen en el Tribunal Supremo la denuncia contra la orden de tarifas de agosto y otro que pone en cuestión la financiación de los planes de eficiencia energética por parte de las compañías, que asciende a 600 millones.
Como justificación para mantener en pie los recursos, las eléctricas aducen la posible petición de responsabilidades a los administradores por los accionistas si esa retirada se considerara un perjuicio para la compañía.
La pelea desatada en el sector eléctrico, en cualquier caso, ha puesto de manifiesto lo difícil que es limar el poder del sector. El ministro de Industria, José Manuel Soria, que hace cinco meses puso en marcha la tramitación de la nueva ley eléctrica (a punto de salir del Senado para ser votada en el Congreso), ha quedado al margen de la negociación con las eléctricas y en una posición muy desairada.
Ley irreconocible
La gran industria presiona a Soria para que frene la especulación en el sector eléctrico
Además, la ley para reformar el sector y acabar con la pesadilla del déficit puede quedar irreconocible. ley para reformar el sector Solo el PP ha presentado más de 100 enmiendas. Nacerá tocada. En teoría, la norma permitiría ajustar de forma automática (sin intervención del Gobierno) cualquier desfase entre ingresos y gastos en el sistema eléctrico. Pero las acciones y los acuerdos de las últimas semanas, adoptados para el año 2014, cuando debería entrar en vigor el nuevo marco legal, lo dejan todo en papel mojado.
La prueba son las declaraciones del titular de Industia, José Manuel Soria, realizadas este pasada semana en Bruselas tras reunirse con el comisario de Energía, Günther Oettinger, en las que advirtió a las empresas de que el Gobierno sólo avalará el déficit de tarifa generado este año (2013) si renuncian a reclamar incrementos de peajes que provoquen subidas de precios de la luz del 12%. Un ejemplo de mercado teóricamente liberalizado.
La inquietud en el sector eléctrico se traduce inmediatamente en los precios. En estos momentos, hay comportamientos de precios poco habituales tanto en el mercado diario, donde se marcan máximos (86 euros MGWh para el sábado) como en el mercado de futuros, que también nota las fuertes subidas.
Las empresas eléctricas no se fían. Aunque han alcanzado un principio de acuerdo con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para cobrar el próximo año 3.600 millones de déficit que se les reconoce como deuda porque las tarifas reguladas no cubrieron los costes de generar electricidad, no las tienen todas consigo. Por ello, mantendrán el pulso con el Gobierno hasta que la letra pequeña del acuerdo esté clara hasta la última coma.