El Ministerio de Empleo ha pedido al de Hacienda 900 millones de euros para eliminar la bolsa de expedientes atrasados del Fondo de Garantía Social (Fogasa). En diciembre las solicitudes atascadas superarán los 120.000, según los cálculos de CCOO y UGT. Los 1.368 millones de euros presupuestados este año para abonar indemnizaciones y salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores se han vuelto a quedar cortos.
En junio de 2013 el Consejo de Ministros ya tuvo que aprobar otro suplemento, de 530 millones, para hacer frente a los pagos de ese año. Porque el presupuesto inicial era sólo de 868,39 millones, que enseguida se agotaron: en 2012 el Fogasa había terminado gastándose 1.530 millones de euros, 255 millones por encima de lo presupuestado. El gasto final en 2013 fue de 1.373 millones, una cantidad similar a la que se consignó en los Presupuestos Generales de este ejercicio.
Sin embargo, esa experiencia previa no ha servido para aumentar la partida que recibirá en 2015, porque el presupuesto del Fogasa se reducirá un 23%, según han denunciado CCOO y UGT tras reunirse el Consejo Rector del organismo el pasado miércoles. Es decir, volverá a faltar dinero antes de que termine el ejercicio, temen los sindicatos.
El triple de expedientes para la misma plantilla
La crisis, que disparó el número de despidos y las quiebras empresariales, desbordó al Fogasa y a su plantilla. Sus 400 trabajadores tramitaron en 2004 un total de 44.000 expedientes. En 2013 tuvieron que pelearse con 154.000, más del triple. Los sindicatos calculaban que hacían falta 200 trabajadores más durante 18 meses para desatascar los expedientes. Sin embargo, el Ministerio de Empleo se limitó a parchear: contrató sólo a 48 interinos por un plazo de seis meses y encomendó en septiembre a Tragsatec, la filial del grupo público Tragsa, la tramitación de una bolsa de 150.000 expedientes.
Además, recurrió a letrados de la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo o la Agencia Tributaria, para que asistieran a los juicios a los que no puedan acudir los 190 abogados del Fogasa. Éstos no pueden asistir más que al 31% de los 90.000 procedimientos laborales o mercantiles a los que es convocado cada año este organismo de garantía salarial.
Según los términos de la encomienda que Empleo firmó con Tragsatec, a 31 de octubre la empresa debía haber cerrado esos 150.000 expedientes. Y, según fuentes de CCOO, casi va a cumplir en esa fecha. Los expedientes fueron enviados en camiones desde las delegaciones del Fogasa de toda España hasta las oficinas de Tragsatec en Madrid. Los sindicatos se han quejado de los errores “materiales” que se han detectado en muchos de ellos: al calcularse mal la antigüedad u otros parámetros, la prestación subsiguiente resulta inferior a la que debería recibir el trabajador. La respuesta que ha dado Empleo, explican fuentes de CCOO, es que estos errores son “mínimos”, sólo del 1,4%. Por el contrario, hace escasos días, los responsables de CCOO en Salamanca denunciaban que las equivocaciones en los expedientes de la provincia enviados a Tragsatec llegaban al 60%.
¿La mitad en sólo dos meses?
Empleo contrata a Tragsa para gestionar incidencias en la tramitación de las bajas laborales
El Ministerio ya solicitó en marzo pasado dinero para contratar a otros 50 interinos, una petición que le fue denegada, explican las mismas fuentes. En su lugar, se han ampliado a 18 meses los seis para los que habían sido contratados como refuerzo los 48 interinos el año pasado. Así, y con la ayuda de Tragsatec, Empleo dice haber pagado hasta el 31 de agosto pasado un total de 115.155 expedientes. De ellos, casi la mitad, 55.162, fueron cerrados sólo en dos meses: en julio y agosto, de acuerdo con las cifras que facilitaron los responsables de Empleo a CCOO y UGT.
El Fogasa terminó 2013 con un bloqueo de 208.854 expedientes. Hasta agosto entraron 106.000 nuevos. Por tanto, la carga de trabajo con la que sus trabajadores y los de Tragsatec tenían que lidiar este año era de unos 315.000 expedientes. La han reducido casi a la mitad.
El atasco en el Fogasa obliga a los trabajadores a esperar más de un año para cobrar indemnizaciones y salarios adeudadosa, cuando por ley el fondo está obligado a resolver los expedientes en menos de tres meses.
El Ministerio de Empleo ha pedido al de Hacienda 900 millones de euros para eliminar la bolsa de expedientes atrasados del Fondo de Garantía Social (Fogasa). En diciembre las solicitudes atascadas superarán los 120.000, según los cálculos de CCOO y UGT. Los 1.368 millones de euros presupuestados este año para abonar indemnizaciones y salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores se han vuelto a quedar cortos.