2024, el año en que los jueces entraron de lleno en la batalla política

Fueron los protagonistas del primer Pleno del año en el Congreso de los Diputados: "El PP ha politizado la justicia hasta límites inaceptables en democracia". Y lo han seguido siendo en el último: "Estamos hablando de magistrados con instrucciones dudosas". Porque si algo ha tenido este 2024 es que ha sido eléctrico en los tribunales. Tanto, que los jueces, pieza clave en un Estado de Derecho, han terminado entrando de lleno en la batalla política de un país donde la mitad de la población califica como "mala" o "muy mala" la independencia de los tribunales.

Quizá por eso buena parte del primer discurso que Isabel Perelló hizo como nueva presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial –que tras más de cinco años de bloqueo conservador fue al fin renovado– girase en torno a la importancia de la independencia judicial. En este sentido, pidió a las fuerzas políticas y poderes del Estado que respetaran el trabajo de quienes imparten justicia: "Este llamamiento no significa que debamos ser inmunes a la crítica [...]; pero sí apela a la necesidad de evitar ataques injustificados". Algo en lo que insistió esta semana.

Que algo se estaba moviendo dentro de la judicatura ya lo anticiparon las concentraciones de togados a las puertas de algunas sedes judiciales de finales de 2023. "Fue algo sin precedentes", dice un magistrado en privado. Aquellas movilizaciones fueron concebidas para protestar contra las menciones al lawfare que habían sido incluidas en el acuerdo que PSOE y Junts firmaron para la investidura de Pedro Sánchez. Pero terminaron derivando, en algunos casos, en una crítica pública a una ley de amnistía con la que el legislativo buscaba poner punto y final al procés.

Porque lo que realmente soliviantaba a una parte de la judicatura, hasta el punto de acabar metida en la confrontación política, era la norma de olvido jurídico. Un texto cuya aprobación se demoró, precisamente, por los movimientos judiciales. Porque a pocas horas de la primera votación, los magistrados Joaquín Aguirre y Manuel García-Castellón insistieron en investigar a líderes independentistas por terrorismo y traición, dos delitos que quedaban fuera de la amnistía. Y eso provocó que Junts tumbara la ley para forzar la introducción de más salvaguardas.

Que la amnistía iba a encontrar obstáculos a nivel judicial era algo que se sabía desde antes de su aprobación y entrada en vigor. Jueces y fiscales elaboraron una guía para frenar la aplicación de la norma. Lo hicieron organizados en torno a la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, presidida por el exmiembro de Ciudadanos Francisco Sosa Wagner y a la que también ha estado vinculado el magistrado que llamó "psicópata sin límites éticos" al presidente del Gobierno. Un documento que se hizo llegar a todos los jueces de España a través del correo corporativo del CGPJ.

La ley de olvido jurídico sigue, a día de hoy, sin poder desplegar efectos. Está bloqueada por el Supremo. El Alto Tribunal rechazó que pueda aplicarse a la malversación que persigue a los líderes independentistas –no así a la que puede afectar a segundos y terceros niveles–, en contra de lo que defendía la Fiscalía –donde también se abrió una guerra respecto a la posición a mantener en este tema–. Y para el resto de delitos, promovió cuestiones de inconstitucionalidad. En algunos casos, calificando el 1-O como "golpe de Estado", algo que ni siquiera se hizo en la sentencia del procés.

Los ultras logran imponer la agenda judicial

Que la agenda de los tribunales ha terminado por marcar buena parte del debate político nacional de enero a diciembre es algo evidente. Una intensidad judicial que, salvando las distancias, algunos magistrados comparan con los últimos años de Felipe González al frente del Gobierno, cuando el caso Filesa, el caso Roldán o el terrorismo de Estado acorralaban al Ejecutivo. Y que la derecha ha sabido explotar, jugando a colocar en el imaginario colectivo la existencia de una supuesta trama de corrupción liderada por Pedro Sánchez de la que también formaría parte su entorno familiar.

"El que pueda hacer, que haga", lanzaba el expresidente José María Aznar a finales del año pasado. Una idea en la que insistía hace solo unas semanas el portavoz en el Grupo Parlamentario Popular, Miguel Tellado, tras la decisión de su formación política de interponer una querella por financiación ilegal contra el PSOE en base exclusivamente al que por entonces no era más que un testimonio anónimo publicado en un medio digital –de ahí que fuera archivada–: "Nuestra obligación en estos momentos es echar a Sánchez del Gobierno, acabar con este Gobierno lo antes posible, y lo vamos a hacer con todos los medios a nuestro alcance, y si los medios son judiciales también lo vamos a hacer".

Una ofensiva que ha logrado desplegar la ultraderecha con la complicidad de algunos jueces. "Tenemos un problema con el activismo político de ciertos sectores de la magistratura, que han aceptado la confrontación política en los procesos en que intervienen", deja caer un magistrado con décadas de experiencia a sus espaldas. el beneplácito de algunos jueces. Y eso preocupa por el impacto sobre la imagen y el normal funcionamiento de la justicia. En el último Eurobarómetro elaborado sobre la materia, casi la mitad de los españoles encuestados calificaba como "mala" o "muy mala" la independencia de los jueces.

Uno de los frentes abiertos que más munición ha dado a la oposición es el que tiene que ver con Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. El origen de la causa se encuentra en una querella con recortes de prensa –alguna de las informaciones falsa– presentada por el pseudosindicato ultra Manos Limpias y admitida a trámite, obviando la doctrina del Supremo, por el titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid, Juan Carlos Peinado. Un caso, avalado por la Audiencia de Madrid, que se ha alejado cada vez más del objeto inicial, con frentes que se multiplican –aunque ninguno de ellos atado– y hasta cuatro delitos bajo la lupa.

Esta investigación, que comenzó con unos contratos y se fue extendiendo al patrimonio o actividad profesional de Gómez, ejemplifica a la perfección cómo los jueces, en ocasiones, acaban metidos de lleno en la guerra política. Tanto es así que, en este caso, Peinado ha llegado a confrontar directamente a través de sus resoluciones con el presidente del Gobierno. "Este instructor no conoce precepto alguno [...] que impida continuar el impulso de cualquier instrucción en curso", apuntó en una providencia un par de días después de que Sánchez le reprochara en una de sus cartas a la ciudadanía que dictara resoluciones en periodo electoral.

Porque frente a la regla no escrita de que los tribunales no interfieran en campañas, lo cierto es que el primer impulso que el magistrado Juan Carlos Peinado dio al caso coincidió –casualidad o no– con las dos semanas previas a las elecciones europeas del 9J. El mismo día que se iniciaba el camino hacia las urnas, el magistrado ordenó el levantamiento del secreto de sumario, lo que marcó la agenda mediática de esos días. Y a menos de una semana para la apertura de los colegios electorales, fijó la declaración de Begoña Gómez como investigada e intentó tomar declaración a varios testigos –algo que al final no se pudo llevar a cabo–.

Este caso, cargado de decisiones sin precedentes –como la de acudir a Moncloa a tomar declaración al presidente, que derivó en una inédita querella del jefe de Gobierno contra el magistrado por prevaricación–, no es el único abierto por la ultraderecha que marca la agenda política. También está el que afecta en un juzgado al hermano de Pedro Sánchez. Un procedimiento en el que se investiga si hubo trato de favor en su fichaje para puestos de alta dirección de la Diputación Badajoz pero en el que se ha desmoronado la parte relativa al enriquecimiento. Porque tanto la Guardia Civil como el BBVA han rechazado, como publicó algún medio, que tuviera 1,4 millones en acciones de la entidad financiera.

El pa'lante

Un vistazo rápido a la cuenta oficial de Twitter de Miguel Ángel Rodríguez da buena cuenta del filón político que la derecha ha encontrado en todas estas causas judiciales. "Pa'lante", escribe una y otra vez en sus redes el jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Es su nuevo grito de guerra, el que ha venido a sustituir al "Me gusta la fruta" o el anterior "¡Que te vote Txapote!". Una expresión que en ocasiones va acompañada de predicciones judiciales que luego se cumplen. Por eso en el Gobierno consideran que el PP juega con las "cartas marcadas". Es decir, con ayuda de miembros de la judicatura.

Begoña Gómez cambia de estrategia en un caso con mil frentes abiertos que se van desinflando

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Ocurrió con el jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz. "El fiscal general del Estado va pa'lante", escribió Rodríguez a finales de septiembre. Y tres semanas después, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo decidió abrir causa contra él por la filtración a los medios de un correo electrónico enviado al Ministerio Público por el abogado de González Amador, pareja de la presidenta madrileña, que venía a desmontar el relato que el propio Rodríguez estaba intentando imponer desde la Puerta del Sol –el de que fue la Fiscalía la que le ofreció un acuerdo que luego retiró por órdenes "de arriba"– con la filtración interesada de otro mail del caso.

Nunca antes en democracia se había investigado penalmente a un fiscal general. Unas pesquisas que, por el momento, no han localizado la pistola humeante. El análisis de los dispositivos electrónicos no ha arrojado prueba alguna de que fuera García Ortiz quien filtrara el mail relativo a González Amador, quien tiene una causa judicial abierta por fraude fiscal y falsedad documental. En su móvil no se ha encontrado un solo mensaje. Y del análisis de su correo electrónico tampoco se ha extraído nada comprometedor. Mientras, otra sala del Supremo, la de lo Contencioso-Administrativo, se prepara para pronunciarse a finales de enero sobre un recurso contra su designación como fiscal general.

Algún magistrado ve en la causa contra García Ortiz la enésima vía de ataque contra el Gobierno. Y recuerda que sólo una vez en democracia se ha conseguido tumbar a un fiscal general del Estado. Ocurrió, precisamente, en aquellos agitados –a nivel judicial– años noventa. En junio de 1994, el Supremo tumbó la designación de Eligio Hernández por no cumplir con el requisito de quince años de ejercicio –solo había ejercido siete años de magistrado y el resto fue gobernador civil y delegado del Gobierno–. Un nombramiento que había sido recurrido por las dos principales asociaciones de jueces y fiscales: las conservadoras Asociación Profesional de la Magistratura y Asociación de Fiscales.