Empleo tendrá que inyectar de nuevo dinero al Fogasa para pagar despidos

Las penurias del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) no menguan pese a los intentos de parcheo del Gobierno. Ni el recurso a Tragsatec para agilizar la tramitación de las decenas de miles de expedientes atrasados ni el ahorro de 300 millones de euros que supondrá para las cuentas del fondo la supresión del pago de indemnizaciones por despido en empresas de menos de 25 trabajadores van a evitar que este año el Ministerio de Empleo deba recurrir, de nuevo, a un crédito adicional para atender sus obligaciones.

El presupuesto del Fogasa para este año es de 1.375 millones de euros. Pero esa cantidad será necesaria para abonar los salarios impagados y las indemnizaciones de los 150.000 expedientes que se acumulan en la lista de espera del fondo. Y que los responsables de Empleo se han comprometido a poner a cero en octubre. Gracias, en buena parte, al trabajo de los administrativos contratados ad hoc por la filial de Tragsa.

Para pagar a los trabajadores que acudan al Fogasa desde ahora, hará falta más dinero. En la última reunión del Consejo Rector del organismo, Empleo se ha comprometido a pedir ese suplemento de crédito, según las fuentes sindicales consultadas.

En junio de 2013 el Consejo de Ministros tuvo que aprobar otro suplemento, de 530 millones, para hacer frente a los pagos ese año. Porque el presupuesto inicial era sólo de 868,39 millones, que enseguida se quedaron cortos: en 2012 el Fogasa había terminado gastándose 1.530 millones de euros, 255 millones por encima de lo presupuestado. El gasto final en 2013 fue de 1.373 millones, una cantidad similar a la que se ha consignado en los Presupuestos de este ejercicio.

Los parches

La culpa de estos desfases es de la crisis, que ha cuadriplicado el gasto del Fogasa desde los 380,5 millones de 2007. Ese año los funcionarios del organismo resolvieron 39.032 expedientes. En 2013 se habían disparado hasta los 154.357. Según los datos del Ministerio de Empleo, un total de 234.685 trabajadores recibieron prestaciones del Fogasa en 2013, un 7,9% menos que en 2012, cuando los beneficiarios ascendieron a 254.931 personas. Pero para afrontar la avalancha de la crisis, la respuesta de los dos últimos gobiernos ha sido casi nula. En estos seis años, la plantilla del fondo ha quedado congelada en 400 funcionarios para toda España. Como refuerzo, Empleo contrató en 2013 a 130 interinos, cuyos contratos acabaron el pasado 31 de diciembre. También firmó una encomienda de gestión con Tragsatec que, a cambio de tres millones de euros, está tramitando en sus oficinas de Madrid los expedientes atrasados que le envían de toda España las oficinas del Fogasa.

Además, se ha echado mano de letrados de la Tesorería de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo o la Agencia Tributaria, para que asistan a los juicios a los que no puedan acudir los 190 abogados del Fogasa. Éstos no pueden asistir más que al 31% de los 90.000 procedimientos laborales o mercantiles a los que es convocado cada año este organismo de garantía salarial.

El Fogasa abona los salarios impagados de las empresas que se declaran insolventes o en concurso de acreedores. También las indemnizaciones por despido en estas empresas con problemas. Y, hasta el pasado día 1 de enero, pagaba en aquéllas con menos de 25 trabajadores hasta ocho de los 20 días por año trabajado que fija la ley para los despidos objetivos. Esta subvención del despido la hizo desaparecer el Gobierno en la última Ley de Presupuestos. Sólo por este concepto el Fogasa pagó en 2013 unos 315 millones de euros.

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Continúan los retrasos

A pesar de estas medidas, los trabajadores tardan un año o más en cobrar sus prestaciones, cuando por ley el Fogasa está obligado a resolver los expedientes en menos de tres meses. De forma que mientras algunos afectados han comenzado a acudir a los juzgados para reclamar sus salarios e indemnizaciones, otros han denunciado los retrasos al Defensor del Pueblo y muchos más se han organizado en internet en torno a blogs y plataformas para intercambiar una información que el Fogasa les niega o suministra con cuentagotas. En enero CCOO y UGT exigieron a la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, una solución urgente para el organismo, en una carta donde advertían de que emprenderían “acciones legales” si no tomaba medidas.

El retraso en los pagos no es una cuestión menor cuando en 2013 se han declarado en concurso de acreedores un total de 7.965 empresas, un 11,90% más que en los 12 meses anteriores, de acuerdo con la estadística mercantil del Colegio de Registradores de España. La Defensora del Pueblo lo subraya: las prestaciones que paga el Fogasa “pueden incluso ser el apoyo económico que evite que [los afectados] lleguen al umbral de la pobreza y al riesgo de exclusión social”.