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¿Es viable una empresa controlada total o parcialmente por el Estado en España, como en su momento lo fueran Endesa o Gas Natural? Los expertos consultados en España apuntan casi unánimemente a que, si de rebajar la factura de la electricidad se trata, la nacionalización o creación de una firma pública "desvía el tiro". La exclusividad de la petición corresponde a Unidas Podemos, que lo llevaba en su programa electoral y lo repite estos días con ocasión de la ola de frío que azota España y que ha disparado el precio de la calefacción hasta casi 95 euros por megavatio hora, el récord desde 2002.
Sin embargo, la coalición morada encuentra aliados globales en la defensa de su programa, como bien pueden serlo dos informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de abril y noviembre de 2018. Si bien es verdad que la OCDE no se centra en el precio de la energía —el debate totémico que aparece y desaparece en España casi a la vez que el frío, muy vinculado al modelo de subasta—, el organismo con sede en París celebra el compromiso de las empresas estatales con las energías renovables o en la descarbonización, además de constatar el peso de las empresas públicas en la producción total de electricidad en el mundo.
Y eso que los informes imputan a las empresas estatales una gran responsabilidad a la hora de emitir gases de efecto invernadero, “incluso más que las compañías privadas eléctricas según la capacidad de generación de combustibles fósiles”. “Pero si las SOE [State-Ownership Entrerprise, compañías estatales en inglés] son parte del problema, también son parte de la solución”, insiste uno de los documentos de la OCDE.
El organismo internacional considera el “papel importante que pueden desempeñar estas empresas en el objetivo de la descarbonización, por debajo de los dos grados”. Así, los informes entroncan directamente con debates actuales, como el revulsivo que está siendo el sector de las renovables en aras de rebajar la factura de la luz, como ocurrió en 2019 y 2020. Y dice que las compañías estatales son primordiales a la hora de impulsar esta energía.
“Hay noticias alentadoras”, celebra la OCDE. “De 2000 a 2014 las empresas estatales de los países de la OCDE y el G-20 aumentaron sobremanera su participación en el sector renovable, incrementando su capacidad eléctrica del 9% al 23%”.
Muchas de las antiguas empresas públicas fueron desmanteladas a finales de los ochenta, caso de España, Reino Unido o Alemania (E.On, que a su vez ha vivido varias fusiones posteriores). Pero otras no, y ahí están Vattenfall en Suecia, Eskom en Sudáfrica, CFE en México, EDF o Engie en Francia, Gazprom en Rusia, Enel en Italia (que a su vez controla Endesa, dándose la paradoja de que los beneficios de la filial privada española van a parar a una empresa pública italiana)... Muchos de los gigantes pertenecen a países exportadores de materias primas como el petróleo o el gas, caso de Arabia Saudí.
De Suecia a Rusia
"Una nueva evidencia empírica demuestra cómo las empresas estatales pueden marcar la diferencia en cuanto a inversiones en renovables. La propiedad estatal impulsa esas inversiones, que pueden influir en la matriz energética", señala la organización, fundada en 1961. Incluso hay críticas sutiles a las privatizaciones, siempre tirando del argumento climático: en un pasaje del informe de noviembre de 2018, la OCDE asegura haberse dado cuenta de los efectos del sector público sobre las renovables "tras haberse desenredado la concentración de mercado y la propiedad pública; y ambas suelen ir de la mano".
Hay críticas que incluso parecen formuladas a la medida de España, siempre, eso sí, relacionadas con las renovables. "El sector privado no está libre de responsabilidades. La evidencia de la OCDE muestra que, con o sin empresas estatales predominantes, muchos mercados de energía de la organización y del G-20 sufren altas concentraciones de mercado que limitan la inversión en renovables".
Las empresas públicas, pues, producen el 62% de la capacidad total de generación de electricidad instalada o en construcción a nivel mundial. Las firmas estatales son incluso "tendencia" en el mundo occidental o desarrollado, de acuerdo con la OCDE.
"Tendencia" en el mundo desarrollado
En España en cambio el debate está en otra latitud, como es el modelo de subasta del mercado eléctrico español. Expertos como Natalia Fabra, Jorge Morales de Labra o Miguel Sebastián coinciden en que la clave pasa por el mercado regulatorio. Enrique Palazuelos, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense madrileña y autor, entre otros, del libro El oligopolio que domina el sistema eléctrico (Akal) y uno de los más críticos con las eléctricas del Ibex, recelaba de la nacionalización hace justo un año en una entrevista con La Marea: "Además de considerar las dificultades políticas y económico-financieras que entrañaría la creación de esa empresa pública, en mi opinión tal objetivo no apunta en la buena dirección", decía Palazuelos. "No creo que con ello se favoreciese mejor el impulso de la energía renovable, ni se afrontase mejor el problema de la pobreza energética o los temas de empleo vinculados con los segmentos del sistema eléctrico".
En la misma línea se ha expresado el ex vocal de la Comisión Nacional de Energía, Jorge Fabra Utray —de Economistas Frente a la Crisis—, en su blog: "No comparto que tal cosa sea una solución ni el diagnóstico que subyace en tal propuesta. Desde luego que para algo serviría en un sector oligopolístico, fundamentalmente porque permitiría combatir la información asimétrica que intoxica a los reguladores", reconoce Fabra Utray, "pero eso es otra cuestión. Y desde luego, esa empresa pública de nada serviría si fuera una comercializadora".
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Comunidades ciudadanas de energía
Joan Herrera, ex diputado y ex líder de ICV en Cataluña y también durante un año (2018-2019) director del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), no entra tanto en la cuestión de una empresa pública, sino que pide explorar otra arista: "Hay que fomentar las comunidades ciudadanas de Energía. Y eso se logrará trasponiendo la directiva del Mercado Interior de Electricidad. Las comunidades ciudadanas pueden tener unos rendimientos energéticos impresionantes, como se ve en Alemania". Para Herrera, el Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera tiene claros y oscuros.
Entre los primeros, el ex diputado catalán celebra el nuevo mecanismo de subastas verdes o renovables para trasladar al precio de la luz el ahorro de la producción renovable (algo que permitirá abaratar la factura), aprobado en noviembre; y espera que llegue pronto el prometido Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, que permitirá separar del recibo de la luz las cargas que se hacen sobre las renovables. "Ambas medidas son fantásticas". Por el contrario, Joan Herrera denuncia que no se haya intervenido para acabar con los 'beneficios caídos del cielo', el sobreprecio que reciben las grandes como Endesa, Iberdrola o Naturgy y cuya cuantía reside en la diferencia entre el precio de producir energía a centrales nucleares e hidroeléctricas y el precio final al que se vende en el mercado de subastas.
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