Seguridad Integral Canaria ha planteado un cese de actividad como solución a los 7,2 millones de euros en números rojos que dice sufrir. La empresa de Miguel Ángel Ramírez, conocido por su política salarial low cost y por sus múltiples problemas judiciales, ha sido una de las principales adjudicatarias de contratos públicos en los últimos años. Unos servicios que ahora pretende ceder a otras empresas, con la promesa de que sus trabajadores serán subrogados por los nuevos concesionarios y no perderán sus empleos. Sólo en lo que va de año, ha conseguido contratos por importe de 4,37 millones de euros, con un considerable aumento respecto a 2016 pero muy por debajo de la que sumó en 2015: 15,65 millones, según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.
Entre sus principales adjudicadores figuran los ministerios de Defensa y Empleo, pero también grandes corporaciones públicas como ADIF –2,04 millones– y RTVE o el Metro de Madrid. Además de las innumerables adjudicaciones del Gobierno canario –1,1 millones de la Consejería de Empleo– y otras entidades de las islas.
Ahora, esos departamentos públicos deberán autorizar el cambio de empresa y firmar un contrato de urgencia con otra para cubrir el servicio mientras convoca un nuevo concurso y formaliza la adjudicación, explican fuentes sindicales.
Según explicó a los sindicatos este martes el administrador de Seguridad Integral Canaria, los pagos de las administraciones por esos servicios no permiten a la empresa cubrir los costes de personal, los salarios de los vigilantes, por lo que ha decidido prescindir de esa área de trabajo. No sólo porque con la crisis y los recortes presupuestarios han caído los precios de licitación de estos contratos, sino porque, además, las administraciones “pagan tarde y mal”. Cuando Seguridad Integral Canaria apareció en la lista de morosos de Hacienda el pasado junio, con una deuda de 2,9 millones de euros, la empresa se apresuró a replicar que las administraciones le debían a ella 16 millones.
Ramírez se queja de los elevados costes de personal pese a que él ha sido el adalid de los salarios low cost en el sector. El Tribunal Supremo anuló en 2015 el descuelgue del convenio sectorial que Ramírez intentó aplicar a los trabajadores de Seguridad Integral, un recorte salarial de hasta 400 euros mensuales. Hasta ese momento, la empresa se había ahorrado seis millones de euros gracias a esa rebaja de sueldos. Así que desde la decisión judicial, Seguridad Integral Canaria debe pagar a su plantilla los salarios establecidos en ese convenio estatal.
Al empresario canario, también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, se encuentran vinculadas otras dos empresas, Sinergias de Vigilancia y Seguridad y Marsegur, ambas tildadas de piratas por los sindicatos. En la primera figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y su administradora hasta 2015, Alicia Rosa Pérez Sánchez, es apoderada de Marsegur. Ambas empresas están domiciliadas en Las Palmas. Las dos pagan sueldos inferiores al convenio del sector hasta en un 40% en virtud de unos convenios que han sido anulados por los tribunales –fueron negociados con el mismo sistema ilegal con que se firmó el descuelgue salarial de Seguridad Integral–. Pese a ello, los ha seguido aplicando a los trabajadores que prestan sus servicios a las administraciones públicas, sin que éstas hayan reaccionado. Sólo la huelga de los vigilantes de Eulen –que sí aplica el convenio sectorial– en el aeropuerto de El Prat ha activado una respuesta oficial, y tardía. Desde el principio, AENA se desentendió de las condiciones laborales de estos trabajadores –es una plantilla ajena– y los ministerios responsables sólo han intervenido después alarmados por el daño al turismo que infligían las largas colas de viajeros ante los controles de seguridad.
Marsegur y Sinergias de Vigilancia
Pues bien, mientras Seguridad Integral Canaria iba reduciendo su volumen de adjudicaciones, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad sumaban, sólo en 2016, un total de 22,12 millones de euros en contratos públicos, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. En esa cifra no se incluyen los otorgados por los gobiernos autonómicos, principalmente de Madrid y Canarias. De los 22,12 millones de euros citados, 16 millones corresponden al macrocontrato para vigilar las instalaciones del Ministerio de Defensa en toda España, que fue adjudicado el pasado 30 de diciembre. Curiosamente, este mismo servicio lo prestaba hasta ahora la empresa de bandera de Miguel Ángel Ramírez, Seguridad Integral Canaria.
Descontado ese concurso, la mitad de las adjudicaciones conseguidas por estas dos empresas llevan la firma del Ministerio de Empleo. Casi tres millones de euros. Los vigilantes de seguridad del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y de los Centros de Acogida a Refugiados (CAR) de Alcobendas y Vallecas (Madrid), Mislata (Valencia) y Sevilla son de Sinergias, mientras que los del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) en Madrid, la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Tenerife los pone Marsegur.
Para cerrar estas adjudicaciones a ambas compañías no ha sido óbice que el propio Ministerio de Empleo fuera quien demandara a Marsegur ante la Audiencia Nacional pidiendo la anulación de su convenio colectivo. O que esta empresa pague a sus vigilantes un sueldo base de sólo 726 euros mensuales con un tope bruto anual de 10.768 euros, un 32% por debajo del convenio sectorial. O un plus de nocturnidad de 10 céntimos la hora, 11 veces inferior al fijado en el convenio estatal.
El favorito de Defensa
Cuando el macrocontrato con Seguridad Integral Canaria para vigilar las instalaciones de Defensa en toda España llegaba a su fin, el ministerio volvió a sacar a concurso el servicio. Pero la adjudicación a Marsegur fue recurrida por otra de las empresas concursantes. Mientras se resolvía la impugnación, Defensa necesitaba que se siguiera cubriendo la vigilancia, por lo que adjudicó a dedo 100 contratos menores –por importe inferior a 18.000 euros– a Seguridad Integral Canaria. En total, el departamento que encabeza María Dolores de Cospedal le pagó a Miguel Ángel Ramírez 1,32 millones de euros por estos contratos en sólo cuatro meses.
Los vigilantes de la 'low cost' Marsegur vuelven a convocar huelgas por impago de nóminas
Para que los contratos no superaran los 18.000 euros que marca la ley, Defensa los fraccionó por quincenas o incluso por semanas, también por servicios dentro de una misma instalación –un hospital militar, por ejemplo–. La mayoría de ellos tiene un importe de 17.458 euros. Incluso en algún servicio el contrato se valoró exactamente en 17.999,99 euros.
El caso es que, una vez concluido el macrocontrato, Seguridad Integral Canaria se demoró en el pago de la última nómina a los 500 vigilantes que tenía destinados a Defensa y no ha pagado sus finiquitos. Una práctica, el retraso en el abono de los sueldos, que se extiende al resto de los servicios que presta la empresa. Los trabajadores asignados al Metro de Madrid, los de Adif en Andalucía o los que asignados a distintos organismos públicos de Canarias han convocado huelgas para pedir el pago de sus nóminas de julio, que aún no les han sido ingresadas en sus cuentas.
Pero a partir de ahora los empleados de Seguridad Integral deberán estar pendientes, además, de si son subrogados o no. La empresa se comprometió este martes a pagarles los sueldos adeudados, pero nada ha garantizado sobre el futuro de sus puestos de trabajo. Los contratos que Seguridad Integral tiene con otras empresas privadas puede cederlos a sus otras dos empresas, Marsegur y Sinergias, explican fuentes sindicales, o bien venderlos a otras firmas del sector interesadas. Los contratos públicos, en cambio, pueden incluir cláusulas que prohíban la subrogación, añaden. Si tanto unos como otros son liquidados, los vigilantes afectados se quedarán en la calle. En cualquier caso, las administraciones públicas que concedieron a Seguridad Integral Canaria contratos tan suculentos tendrán ahora que abrir nuevas licitaciones para cubrir los servicios que Miguel Ángel Ramírez dice no ser capaz de atender.
Seguridad Integral Canaria ha planteado un cese de actividad como solución a los 7,2 millones de euros en números rojos que dice sufrir. La empresa de Miguel Ángel Ramírez, conocido por su política salarial low cost y por sus múltiples problemas judiciales, ha sido una de las principales adjudicatarias de contratos públicos en los últimos años. Unos servicios que ahora pretende ceder a otras empresas, con la promesa de que sus trabajadores serán subrogados por los nuevos concesionarios y no perderán sus empleos. Sólo en lo que va de año, ha conseguido contratos por importe de 4,37 millones de euros, con un considerable aumento respecto a 2016 pero muy por debajo de la que sumó en 2015: 15,65 millones, según los datos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.