El diálogo social se demostró la pasada legislatura una herramienta poderosa, con la que se logró forjar casi una veintena de acuerdos como la Reforma Laboral, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ley de revalorización de las pensiones, los ERTE, o sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pero, ya a finales del pasado año, los sindicatos comenzaron a advertir al nuevo Gobierno de coalición de que se equivocaría si minusvaloraba ese espacio que tanto rédito social dio en la etapa anterior. Esto es, si optaba por trabajar ahora con ellos fuera del foco, como hizo, por ejemplo, en la reedición del denominado escudo social o en la norma que reformó el subsidio de desempleo.
Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, explica que no es una amenaza fantasma, sino que hay realidad ya detrás de ese aviso. “Nos incomodó que una norma tan importante como puede ser la prevalencia de convenios apareciera en un Real decreto ley sin comentarlo ni hablarlo previamente con nosotros, con independencia de la facultad que tiene el legislativo de regular leyes”, admite, y completa: “Ya nos pareció absolutamente inoportuno cuando apareció en el acuerdo entre el PNV y el PSOE y así lo manifestamos”. Luján no rechaza “los acuerdos a los que puedan llegar las diferentes fuerzas políticas”, pero cree que “el papel que también tenemos reservado los interlocutores sociales en la Constitución española obliga a que todo este tipo de normas, con carácter previo, pasen por el diálogo social”. “Nos pasó también -cose- con el tema del subsidio por desempleo, donde nos convocaron a una única reunión y apareció la norma ya de una manera bastante precipitada en otro Real decreto”, confirma.
Compara lo sucedido con la pasada legislatura para aseverar que entonces esto “no fue lo habitual”. “Tuvimos un papel protagonista que además ha servido para mejorar la situación económica, social y laboral de nuestro país, con lo que pensamos que tenemos más que reconocido y ganado el respeto institucional que nos debe tener el Gobierno y hasta el poder legislativo o cualquier otro de los poderes del Estado”.
Luján aboga por que se “reconduzca” la situación y apunta directamente al presidente del Ejecutivo, el socialista Pedro Sánchez. “Esperamos que nos cite, sobre todo para saber cuál es el papel que se reserva a los interlocutores sociales”, lanza. Insiste en que a UGT le “incomodó sobre manera el hecho de ver en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la articulación de la negociación colectiva de determinada forma, el hecho de la prevalencia de convenios autonómicos”, sin entrar a valorar siquiera si ésta es o no adecuada. Aunque, penetrando en el fondo, "no estamos en contra, pero sí nos parece que la regulación no se ha hecho con una técnica jurídica muy adecuada y opinamos que va a dar lugar a muchísima conflictividad laboral, social y judicial”, anuncia.
Más allá de ese punto, se muestra convencido de que, “cualquier norma que afecte al Estatuto de los Trabajadores, a la Seguridad Social o que tenga unos efectos laborales, debería pasar previamente por el diálogo social por respeto institucional o a la propia Constitución, ya sea al artículo 7, que habla del papel fundamental que tenemos los interlocutores sociales en la arquitectura básica del Estado social y democrático de derecho; o al 37, que recoge el valor de la negociación colectiva”, defiende. Ello, “respetando, obviamente, las facultades legislativas que la propia Constitución también reserva al Parlamento y en situaciones de extrema y urgente necesidad al Gobierno en un Real decreto ley, para, con posterioridad, ser convalidado por el legislativo”, matiza.
A su entender, la negociación colectiva “parece un tema tan obvio, que no necesitaría ningún tipo de explicación”, ya que han demostrado su utilidad. “Las normas que han salido del diálogo social están mejorando de manera absolutamente clara la vida de las personas y la marcha económica de nuestro país”, sostiene, para apuntalar: “Se están celebrando los niveles de empleo a los que se está llegando, a pesar de una crisis internacional, y que, por primera vez, ésta no está suponiendo grandes pérdidas de puestos de trabajo, sino todo lo contrario”. Es decir, lo hecho ha sido “muy útil y muy eficaz”, repite cual pájaro carpintero.
¿Cuáles son los principales obstáculos para recuperar la intensidad de esas negociaciones a varias bandas? La secretaria de Acción Sindical de CCOO, Mari Cruz Vicente, aporta algunas respuestas a ese interrogante. “El Gobierno está en una tesitura un poco complicada porque en su programa plantea el diálogo social como el eje central para resolver, negociar y decidir sobre las cuestiones sociolaborales, pero, por otra parte, los partidos que lo conforman han conseguido acuerdos con otros partidos políticos para la investidura, que tienen que ver con aspectos puramente laborales y eso conlleva una contradicción importante y viene a dificultar el desarrollo del diálogo social en los términos en los que se hizo durante los cuatro años atrás, donde primero las cosas pasaban por la mesa del diálogo social y después por el ámbito político”, expone.
Coincide con Luján en una crítica: “Ahora, en algunas cuestiones como el tema de la estructura de la negociación colectiva, que implica directamente a las partes negociadoras y ahí empresarios y sindicatos tenemos la potestad y la capacidad para decidir, no han contado con ninguna de las organizaciones ni sindicales ni patronales, aunque es cierto que es un cambio legislativo. Esto puede dificultar el desarrollo del diálogo social a posteriori”, previene.
Preguntada sobre si estima que las discrepancias sobre algunos asuntos entre ministerios de PSOE y de Sumar han podido influir en que no se haya retomado el diálogo social con fuerza, responde que “todo influye”, pero agrega que “eso no es del todo novedoso”. “En la legislatura anterior ya lo vivimos, cuestiones que se atascaban porque en el Gobierno no se llegaba a un acuerdo y cosas que se podían haber resuelto en menos tiempo, que nos costó mucho”, condensa. Es más, anota que hay algún punto "pendiente", que "no se ha legislado, como el Estatuto del Becario y seguramente tenga que ver con ciertas discrepancias” en el seno del Ejecutivo “por el contenido del texto”. Vicente quiere dejar claro, que, “negocie quien negocie, al final los acuerdos tienen que ser de gobierno y tenemos que tener en cuenta que tenemos un Parlamento complicado y a todos nos costará hacer pedagogía con los grupos políticos para que lo que se pacte en el ámbito del diálogo social tenga una materialización en el político”. Persiste en la certeza indisimulada ya de que la fluidez será más complicada que en los años previos, pero reitera que, “con voluntad política, sindical y patronal las cosas se pueden sacar adelante. Lo hemos demostrado en la legislatura anterior, que no han sido temas baladís los que hemos tratado, sino de mucha enjundia”, afirma.
Nueva cita con el departamento de Díaz
El Ministerio de Trabajo y Economía Social que encabeza Yolanda Díaz ha movido ficha y los ha citado el 8 de enero, a las 11:00 horas, para “decidir sobre el Salario Mínimo Interprofesional”. Vicente avanza que, “a raíz de ahí”, trasladarán al Ejecutivo sus “planteamientos sobre cómo se debe estructurar el diálogo social y qué aspectos” entienden que se tienen que concertar en ese plano. “Están relacionados todos ellos en el ámbito laboral con el Estatuto del Trabajo del siglo XXI, un compromiso que está dentro del acuerdo de los partidos que configuran el Gobierno”, adelanta. Alerta de que se trata de “una negociación que no se empieza en un mes y se acaba ese mismo mes, será larga”, por lo que “es importante que cuanto antes se abran las mesas de negociación, se determinen los temas a tratar y se comience a hablar de los aspectos que consideramos que hay que modificar, mejor". Apuesta, asimismo, por ampliar el estatuto "para recoger derechos que vienen condicionados de alguna manera por las transformaciones que se están produciendo en el mercado de trabajo, la digital y la ecológica. Nuestro estatuto, que es del año 82, no las recoge”.
La pura espera no les vale, aunque es consciente de que esta legislatura “va a haber más dificultades para desarrollar el diálogo social que en el mandato anterior”. “Pero -hilvana- ateniéndonos al acuerdo de gobierno, consideramos que el Ejecutivo está obligado a cumplir sus pactos y que abrirán la mesa no sólo en lo laboral, también en lo relacionado con la Seguridad Social, los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica), o las ayudas sociales europeas. Hay tres frentes importantes ahí que, hay que abordar de inmediato”, anima.
Para la representante de CCOO, una vez que el diálogo social deshaga el nudo sobre el SMI, se debe “acordar un calendario de temas a tratar en el ámbito social, en relación a todo lo que tiene que ver con los cuidados, en el de la Seguridad Social, el desarrollo del acuerdo que está pendiente; en el de Trabajo, lo relacionado con la negociación del Estatuto del siglo XXI; y en el de la Economía, lo vinculado con las transformaciones digitales, las ecológicas, los PERTE y las ayudas europeas”. “Cuanto antes empecemos, mejor”, remarca. Pide “altura de miras” y “voluntad política” para que “se fomente” el que los aspectos “que tengan que ver con lo social y lo laboral provengan del ámbito del diálogo social”. “Lo político es importante y tiene que jugar su papel, pero, si hay voluntad, seremos capaces una vez más nosotros de llegar a grandes acuerdos, como ya hicimos”, concluye.
"Extirpar" la concertación, un "grave error"
No buscan incomodar, pero otras fuentes sindicales hacen hincapié en que el Gobierno de Sánchez "cometería un grave error" si deja que "el miedo a la aritmética del Congreso condicione toda la legislatura" que acaba de arrancar. "Han de hacer compatibles los pactos con los partidos con la vía de la concertación social y no un trabajo de extirpación de ésta", abotonan. Reconocen no haber entendido "algunas prisas por zanjar determinados asuntos" ni "peleas sin sentido por ver quién manda más". "Lo que hay que hacer es un buen trabajo que nadie pueda poner en tela de juicio, porque enfrente ya se sabe lo que hay", finalizan, no sin antes dejar constancia de que el propio Sánchez, en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, participó en la Cumbre Social Tripartita y subrayó la relevancia del diálogo social "como motor de progreso para el proyecto europeo". A la patronal, como parte implicada, se le ha invitado a aportar su visión sobre lo expuesto, pero la contestación nunca ha llegado.
El diálogo social se demostró la pasada legislatura una herramienta poderosa, con la que se logró forjar casi una veintena de acuerdos como la Reforma Laboral, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ley de revalorización de las pensiones, los ERTE, o sucesivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Pero, ya a finales del pasado año, los sindicatos comenzaron a advertir al nuevo Gobierno de coalición de que se equivocaría si minusvaloraba ese espacio que tanto rédito social dio en la etapa anterior. Esto es, si optaba por trabajar ahora con ellos fuera del foco, como hizo, por ejemplo, en la reedición del denominado escudo social o en la norma que reformó el subsidio de desempleo.