La patronal madrileña ha aprovechado el mes de agosto para presentar a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, su plan para crear 400.000 empleos en los próximos tres años. El paquete de 215 medidas incluye algunas de las reivindicaciones clásicas de los empresarios, pero también otras iniciativas sectoriales y más atrevidas. Entre las primeras, las relativas a la mayor “flexibilidad” laboral y las rebajas generalizadas de impuestosrebajas generalizadas de impuestos. Entre las segundas, el paso a manos privadas de los autobuses municipales, el Metro y las Cercanías de Renfe, la restricción del uso del espacio público para manifestaciones y mendigos o que las reducciones de jornada por maternidad dejen de ser obligatorias para el empresario. Tras conocer la batería de propuestas, Cifuentes declaró su total “coincidencia” con los planteamientos empresariales.
La Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), que preside Juan Pablo Lázaro desde el pasado diciembre –tras suceder en el cargo a Arturo Fernández– abre su catálogo de propuestas abogando por una política “de austeridad” y la revisión del Estado del Bienestar y sus “políticas asociadas” para hacerlo “sostenible, razonable y eficiente”. De ahí que comience reclamando la supresión de empresas públicas no rentables y el estímulo a las fórmulas de colaboración público-privada.
En coherencia con esa línea de actuación, la patronal madrileña propone “externalizar la gestión” de todas las empresas públicas de transporte de viajeros: la Empresa Municipal de Transportes (autobuses urbanos), el Metro y los trenes de cercanías de Renfe. A su juicio, “los costes de operación privada del transporte son muy inferiores a los de la gestión pública”, y la prestación del servicio, “de igual o mejor calidad”. También reclama la liberalización “real” de los sectores ferroviario y la postal (Correos). La primera ya se ha ejecutado en el transporte de mercancías y se halla en vías de ponerse en marcha la del transporte de viajeros –antes de fin de año saldrá a concurso la línea Madrid-Levante de alta velocidad–. Finalmente, la patronal madrileña cree que el Metro Ligero –del que existen tres líneas– está “infrautilizado” y que debe aprovecharse mejor.
Los empresarios se manifiestan “frontalmente en contra” de cualquier subida de impuestos, al tiempo que exigen rebajas en el IVA, el IRPF y el Impuesto de Sociedades, además de la eliminación del Impuesto de Actividades Económicas y la supresión “definitiva” del Impuesto sobre el Patrimonio, que Esperanza Aguirre hizo desaparecer en 2008 y que Ciudadanos, en quien se apoya el PP para gobernar Madrid, quiere recuperar.
En concreto, CEIM plantea reducir el IVA del 10% al 7% para el turismo y del 21% al 7% para el ocio nocturno, la restauración y los espectáculos. También pide un “tratamiento fiscal especial” para las pymes en el Impuesto sobre Sociedades y para los autónomos en el IRPF.
Conciliación familiar a cargo del Estado, no de la empresa
Al tiempo, los empresarios proponen que se les rebajen en un punto las cotizaciones a la Seguridad Social a aquéllos que aumenten en un 1% su plantilla. Es una de las medidas que sugieren para recortar los costes laborales de las empresas. Por eso quieren que sea la Seguridad Social, y no las empresas como ahora, la que pague las bajas entre el cuarto y el decimoquinto día, o limitar a seis meses la incapacidad temporal antes de decidir la declaración de invalidez. Además, pretenden que las prestaciones por paternidad o por atención a familiares con enfermedades graves deje de financiarlas la Seguridad Social. E insisten en que las mutuas puedan dar el alta a los trabajadores, una reclamación clásica de la CEOE que el Gobierno ha obviado en la Ley de Mutuas aprobada el pasado diciembre.
Igualmente consideran un “sobrecoste” la reducción de jornada para el cuidado de los hijos que la ley obliga a conceder a las empresas hasta que éstos cumplen los 12 años. La patronal pide que se revise ese carácter obligatorio, puesto que, a su juicio, la reducción de jornada “ocasiona problemas de gestión”, es “discriminatoria” respecto al resto de la plantilla, y no sólo “lastra la contratación”, sino además “la carrera profesional de las mujeres”. En su lugar, CEIM propone una Ley de Protección Integral de la Maternidad, financiada con dinero público. De esta forma, apuntan, dejarán de correr a cargo de las empresas las medidas que favorecen la conciliación familiar. De hecho, la patronal madrileña se declara en contra de la ampliación desde los ocho hasta los 12 años de la edad de los hijos que permite acogerse a la reducción de jornada. Fue aprobada por el Gobierno en diciembre de 2013. En su lugar, plantea “ayudas económicas” a las madres.
Del despido a la huelga
No es la única “barrera para el empleo” que los empresarios detectan en las leyes laborales. También la indemnización por despido disciplinario la consideran “un obstáculo a la contratación”. De ahí que reclamen que se reduzca a 20 días por año trabajado, la misma que para los despidos por causas económicas, en lugar de los 33 o 45 días por año con que ahora se compensa el despido disciplinario cuando el juez lo considera improcedente. En el caso de ser procedente, el empresario no tiene que indemnizar al trabajador.
La patronal madrileña repite en su catálogo de medidas para crear empleo otra reclamación de la CEOE: limitar el control de los jueces en caso de despidos y Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Los tribunales, insiste CEIM, deben verificar únicamente si existe causa para los despidos, pero no “sustituir el criterio del empresario” dilucidando la conveniencia o no de la medida.
Igualmente reiteran los empresarios madrileños las ya tradicionales peticiones patronales de “mayor flexibilidad” laboral: que sea más fácil cambiar las condiciones de trabajo de la plantilla en materia de jornada o de traslados y que se amplíen tanto el número de jóvenes con quienes se puedan firmar contratos de formación o prácticas como de los supuestos que en se pueda contratar a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT).
Además, incluyen en su paquete de medidas para crear empleo en la Comunidad de Madrid la reducción del número de delegados sindicales en las empresas a la mitad: cinco en las de hasta 250 empleados –ahora son nueve–, nueve en las de hasta 1.000 trabajadores, y sólo las de más del millar deberían tener comités de 13 miembros. También proponen recortar las horas sindicales de cada delegado a un máximo de 15 mensuales –ahora pueden llegar a 40 horas al mes en empresas de más de 650 empleados–.
Y no olvidan limitar el derecho de huelga. “Los piquetes informativos ya no tienen sentido en el marco actual de comunicaciones”, asegura el documento. En caso de que no se respeten los servicios mínimos en servicios esenciales –transporte, policía, bomberos, hospitales–, quieren que sea posible contratar a otros trabajadores de forma inmediata para sustituir a los huelguistas.
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Farmacias, terrazas, planes urbanísticos
La batería de medidas empresariales incluye propuestas para crear empleo en la industria, el comercio, el transporte o la sanidad, también iniciativas en materia de urbanismo, infraestructuras e I+D. Así, la patronal madrileña plantea flexibilizar los horarios de apertura de las farmacias o ampliar los de terrazas y veladores a las ocho de la mañana –en lugar de las 10 como ocurre ahora–. También eliminar las restricciones de aforo para los establecimientos de hostelería. E incluso pide que se restrinja el uso del espacio público para “manifestaciones, mendicidad, venta ambulante ilegal, prostitución u otras actividades ilegales”.
Convertir Madrid en un plató de cine, fomentar el turismo de compras en la capital y crear un clúster especializado en la industria farmacéutica completan el catálogo. Además, reclaman el desbloqueo de los planes de urbanismo de los ayuntamientos, “especialmente de Madrid”. El Ayuntamiento de la capital tiene pendiente una decisión sobre la Operación Chamartín, una inversión de 5.900 millones de euros para remodelar más de tres millones de metros cuadrados en el norte de Madrid.
La patronal madrileña ha aprovechado el mes de agosto para presentar a la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, su plan para crear 400.000 empleos en los próximos tres años. El paquete de 215 medidas incluye algunas de las reivindicaciones clásicas de los empresarios, pero también otras iniciativas sectoriales y más atrevidas. Entre las primeras, las relativas a la mayor “flexibilidad” laboral y las rebajas generalizadas de impuestosrebajas generalizadas de impuestos. Entre las segundas, el paso a manos privadas de los autobuses municipales, el Metro y las Cercanías de Renfe, la restricción del uso del espacio público para manifestaciones y mendigos o que las reducciones de jornada por maternidad dejen de ser obligatorias para el empresario. Tras conocer la batería de propuestas, Cifuentes declaró su total “coincidencia” con los planteamientos empresariales.