El año pasado perdieron su trabajo en despidos colectivos –los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)– 18.209 trabajadores, según la última estadística del Ministerio de Empleo, que no alcanza más que hasta el mes de noviembre. Lejos quedan las cifras de los peores años de la crisis, cuando fueron despedidos en este tipo de procedimientos 82.876 (2012) y 70.351 personas (2013). La reforma laboral, aprobada en febrero de 2012, facilitó y abarató los ERE, que se convirtieron en un instrumento habitual para que las empresas recortaran en gastos de personal cuando sus cuentas peligraban. Aun así, los colectivos no representaron entonces más del 15% de los despidos que se ejecutaban –más de 760.000 en 2012, según los datos de altas en las prestaciones de desempleo del ministerio– y en 2017 sólo fueron el 5%.
No obstante, sectores como la banca, las tecnológicas y las mayores constructoras siguen haciendo grandes recortes de plantilla. Banco Santander acaba de cerrar el ERE con el que ha reducido personal tras absorber el Banco Popular el año pasado: 1.100 trabajadores. Tras fusionarse con Banco Mare Nostrum (BMN), Bankia prevé desprenderse de 1.585 empleados. Se han inscrito muchos más, 2.180. En Madrid y Valencia, las sedes centrales de ambas entidades, quieren irse más del doble de los previstos por los responsables del ERE. El pasado diciembre Evo Banco ejecutó un despido colectivo para 239 personas, el 52% de la plantilla. Pero antes Ibercaja se libró de 500 trabajadores y Liberbank de otros 525 por el mismo procedimiento.
Además, Santander y Popular son reincidentes. En 2016 el banco de Ana Botín redujo su plantilla en 1.380 empleados y la entidad que presidía entonces Ángel Ron la recortó en 2.592 personas. Desde 2008, la banca ha sido una auténtica trituradora de empleo, por culpa de la crisis financiera y la reestructuración de las cajas de ahorro. Hasta 2016, último año del que las patronales AEB y CECA ofrecen datos, las entidades financieras han destruido 80.173 empleos, de los que 60.126 corresponden a las cajas de ahorro.
A cambio, en cualquier caso, las indemnizaciones y condiciones de prejubilación que tradicionalmente ofrecen los bancos suelen serla envidia del resto de los sectores. En sus ERE Santander ha pactado compensaciones de 40 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades. Pero la empresa más generosa con su plantilla ha sido Siemens Gamesa, el fabricante de aerogeneradores, que va a pagar 45 días por año con un tope de 24 mensualidades a los 197 empleados que se acogerán al plan de bajas voluntarias, y hasta el 80% del salario a los 45 mayores de 57 años que se prejubilarán.
Ambas cantidades más que doblan los 20 días por año de indemnización que la ley establece para los despidos por causas objetivas. Además de estas cantidades, las empresas pactan primas fijas con los representantes de los trabajadores. El Santander, por ejemplo, pagará una prima de 500 euros por cada año de antigüedad más otra de 2.000 euros por cada trienio. De todos modos, son compensaciones económicas muy inferiores a los 60 días por año que consiguieron en 2013 los 135 trabajadores de General Electric Power Controls, con un tope de 42 mensualidades y una paga lineal de entre 950 y 1.200 euros por cada año de antigüedad. Los empleados de más de 60 años consiguieron el 95% del salario neto hasta la jubilación. Se trató de un ERE de extinción, para cerrar la fábrica. Lo mismo hizo la firma de lujo Burberry en febrero de 2016. Clausuró la planta que tenía en Barcelona y despidió a toda su plantilla, 294 personas, a razón de 60 días por año con un máximo de 54 mensualidades. Para los mayores de 55 años, las prejubilaciones costearon el 95% del salario neto anual a quienes tenían entre 55 y 57 años, y el 100% si superaban esa edad.
En la banca, no obstante, el ERE de Bankia en 2013, uno de los mayores de la historia de España con un recorte de plantilla de 4.500 empleados, marcó un corte en la cuantía de las indemnizaciones por despido del sector financiero. Atadas con el corsé del rescate financiero, las compensaciones se quedaron en 30 días por año trabajado con un tope de 22 mensualidades. Es la misma cantidad que Bankia ha pactado para su último ERE tras fusionarse con BMN. Los trabajadores también conseguirán una prima de 2.000 euros por trienio y los prejubilados a partir de los 55 años cobrarán el 63% del salario bruto hasta la edad legal de retiro. Los empleados de Ibercaja y Liberbank obtuvieron indemnizaciones sólo un poco por encima: 33 días con un máximo de 30 y 22 mensualidades, respectivamente.
Constructoras y tecnológicas
En ese mismo rango se han movido las compensaciones pagadas por las grandes constructoras. En 2016 Sacyr pactó 30 días de salario por año con un tope de 24 mensualidades y una prima de 800 euros por cada año de antigüedad, además de prejubilaciones con el 75% del salario para 327 trabajadores. Ese mismo año FCC pagó 31 días con un máximo de 25 mensualidades, una prima lineal de 5.000 euros y otra de 500 euros por año de antigüedad para 610 empleados. OHL subió a 32 días por año para 457 personas en 2017. La práctica desaparición de la obra pública en España por culpa de los recortes está detrás de estos despidos colectivos. Víctima de una deuda impagable, Isolux Corsán, en concurso de acreedores desde el pasado mes de julio, ha ido directamente al ERE de extinción para despedir a 373 trabajadores este año, tras deshacerse de otros 356 en 2017. La indemnización será el mínimo legal, 20 días por año trabajado, y tendrá que abonarlas el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa).
También las compañías tecnológicas siguen reduciendo plantillas. Vodafone acaba de pactar con los sindicatos un plan de prejubilaciones voluntarias para mayores de 55 años con el 80% del salario. Antes ya ejecutó dos despidos colectivos, el primero en 2013, para 900 trabajadores, a razón de 45 días por añotrabajado hasta febrero de 2012 y de 33 días a partir de esa fecha. En 2015, tras fusionarse con Ono, acometió el segundo, para 1.059 trabajadores, que otorgó las mismas condiciones.
Telefónica e Iberia, a lo grande
Un caso aparte es Telefónica, que no ha dejado de recortar plantilla de forma continuada desde los años 90. En 1999 el Ministerio de Trabajo aprobó un ERE para 10.800 trabajadores. En 2003 puso en marcha otro que se tradujo en una reducción de personal de 13.900 empleados hasta 2008. En 2011 acometió la salida de 8.500 personas más en un plazo de cinco años. Y en 2016 abrió un Plan de Suspensión Individual que se alargará hasta el 31 de diciembre de este año y debe permitir un recorte de plantilla de casi 9.000 empleados. En todos ellos se ofrecía la prejubilación a quienes tuvieron más de 53 años, con el 70% del salario –en el de 2003– y el 68% –en 2011 y 2016–. Con el último plan –de suspensión, no de extinción–, los trabajadores pueden reincorporarse a sus puestos si así lo desean durante toda su vigencia.
El ERE de 2011, anunciado tras comunicar Telefónica los mayores beneficios registrados por una empresa española hasta ese momento, 10.167 millones de euros, fue motivo de polémica. Además de las prejubilaciones, se incentivaba la marcha de empleados con sólo 50 años, a los que se pagaron indemnizaciones equivalentes a 45 días de salario por año trabajado, con un máximo de 42 mensualidades, así como una prima de entre 12.000 y 30.000 euros dependiendo de la antigüedad. Esos trabajadores pasaban dos años cobrando la prestación por desempleo hasta que alcanzaban la condición de prejubilados y la empresa empezaba a pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social hasta los 61 años. El Gobierno aprobó entonces la conocida como Enmienda Telefónica, de forma que las grandes empresas con beneficios abonaran al Tesoro Público una cantidad equivalente al coste que para el erario supusiera el despido de los trabajadores mayores de 50 años.
Cellnex Telecom, la antigua Abertis, ha cerrado este mismo mes de marzo un ERE en dos de sus filiales, Tradia y Retevisión. Se deshará de 180 empleados, con bajas incentivadas de 45 días hasta 2012 y 33 días a partir de ese año –cuando la reforma laboral bajó la indemnización por despido improcedente–, así como con prejubilaciones para mayores de 57 años con el 75% del salario neto.
El ERE de la finlandesa Nokia en España afectará a 99 trabajadores, el 10% de la plantilla y comenzará a ejecutarse en la segunda mitad de este año, por lo que se desconocen las condiciones.
Otra de las grandes compañías nacionales con voluminosos despidos colectivos es Iberia. En febrero de 2013 presentó uno de los mayores, que se había anunciado para 4.500 empleados y terminó con el despido de 3.147, el 19% de la plantilla, y una propuesta de recortes salariales para los que conservaran su puesto. Las casi dos semanas de huelga de los trabajadores acabaron con el nombramiento de un mediador. Su propuesta fue finalmente aceptada por los sindicatos y la empresa. El 27 de marzo dimitió el consejero delegado de Iberia, Rafael Sánchez Lozano.
En 2014 abandonaron la empresa 1.427 trabajadores, con 35 días por año con un máximo de 30 mensualidades y prejubilaciones a partir de los 58 años con el 80% del sueldo.El pasado mes de septiembre Iberia, ya en beneficios, firmó un nuevo ERE con los sindicatos. Esta vez para 955 trabajadores y por causas técnicas, organizativas y productivas. De nuevo se ofrecen 35 días por año y prejubilaciones para los mayores de 58 años con el 80% del salario.
Unipost y Deoleo, a la baja
El contrapunto lo pone Unipost, que como parte de su liquidación y cierre se deshace de toda su plantilla, 2.400 personas. En concurso de acreedores desde el pasado mes de julio, las indemnizaciones, 20 días por año en cumplimiento del mínimo legal, las pagará el Fogasa.
En situación económica delicada se encuentra también Duro Felguera, que presentará un ERE para unos 500 trabajadores, el 25% de la plantilla, con el que pretende evitar el concurso de acreedores. Abengoa, que salió de él en noviembre de 2016, ha comunicado sin embargo a los trabajadores de dos de sus filiales, Simosa y Simosa IT, que aplicará un ERE para 81 trabajadores. En los dos últimos años han sufrido la misma medida quirúrgica Abengoa EPC, Abengoa Engineering, Abengoa BD, Abengoa Research e Inabensa. En total, la empresa de ingeniería ha ejecutado 16 ERE de extinción y otros tantos temporales, con los que ha reducido su plantilla casi a la mitad. En ese tiempo, Abengoa ha retornado a beneficios: 4.277,8 millones de euros en 2017, frente a unas pérdidas de 7.629 millones el ejercicio anterior.
Las empresas del sector servicios tampoco se han librado de las medidas expeditivas. La cadena textil C&A dio 37 días por año trabajado de indemnización y prejubilaciones a partir de los 56 años a 300 empleados, el 30% de la plantilla. Tras ser adquirida por la alemana Douglas, la cadena de perfumerías Bodybell se quedó en 34 días de salario como compensación para 255 trabajadores. En 2016 ya se había deshecho de otras 315 personas.
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Otro grande, Deoleo, fabricante del aceite Carbonell, fue mucho más modesto en sus indemnizaciones: de 22 a 33 días según el salario del trabajador. Las prejubilaciones, para mayores de 58 años, garantizaban el 90% del sueldo hasta la jubilación.
En los dos meses que han transcurrido del año ya han comunicado despidos colectivos un buen número de empresas. La segunda cervecera mundial, Heineken, con unos beneficios de 1.935 millones en 2017, quiere desprenderse de 220 empleados en España. La dueña de Cruzcampo y Amstel ya aplicó otros dos ERE en 2004 y 2008. También con beneficios –2.035 millones de euros–, la aseguradora holandesa Aegón recortará la plantilla de su filial española en 500 empleados. Y la multinacional Airbus ya ha anunciado que de los 3.700 trabajadores que despedirá en todo el mundo, 850 serán españoles, de sus plantas de Getafe (Madrid), Puerto Real (Cádiz), Sevilla e Illescas (Toledo).
Después de cerrar Interviú y Tiempo el pasado enero, el grupo Zeta despedirá al 46% de la plantilla de El Periódico, 177 personas. Los trabajadores han convocado una huelga para los últimos días del periodo de consultas.
El año pasado perdieron su trabajo en despidos colectivos –los antiguos Expedientes de Regulación de Empleo (ERE)– 18.209 trabajadores, según la última estadística del Ministerio de Empleo, que no alcanza más que hasta el mes de noviembre. Lejos quedan las cifras de los peores años de la crisis, cuando fueron despedidos en este tipo de procedimientos 82.876 (2012) y 70.351 personas (2013). La reforma laboral, aprobada en febrero de 2012, facilitó y abarató los ERE, que se convirtieron en un instrumento habitual para que las empresas recortaran en gastos de personal cuando sus cuentas peligraban. Aun así, los colectivos no representaron entonces más del 15% de los despidos que se ejecutaban –más de 760.000 en 2012, según los datos de altas en las prestaciones de desempleo del ministerio– y en 2017 sólo fueron el 5%.