“La doble crisis económica y sanitaria debe ser una oportunidad para preparar el futuro invirtiendo en salud, investigación e innovación, así como en tecnología digital, para apoyar la modernización de nuestra economía, en todas las regiones y en beneficio de todos”. Habrá pocos que se declaren en desacuerdo con esa apreciación. Podría suscribirla cualquier ciudadano de los 27 estados miembros de la UE aludiendo a los 750.000 millones de euros del Plan de Recuperación para Europa. La frase figura en el plan elaborado por el Gobierno francés, pero seguro que aparece con una redacción similar en cualquier otro de los documentos remitidos estos días a Bruselas para su aprobación. La primera inversión de futuro que se menciona es la salud. Un protagonismo lógico tras la mayor epidemia en un siglo.
Sin embargo, el Plan de Recuperación español, que junto con el italiano será el que más millones recibirá de Europa, ha dejado la sanidad en el vagón de cola de las inversiones. España destinará 1.069 millones de euros a “reforzar las capacidades del sistema nacional de salud”. Equivale a poco más de un 1,5% de los 69.528 millones que le lloverán hasta 2026. Muy poco si se compara con los 15.630 millones que ha apartado Italia para fortalecer su sistema sanitario, 15 veces más que España. El Gobierno de Mario Draghi recibirá casi las mismas subvenciones, 68.900 millones de euros, por lo que la sanidad italiana se beneficiará del 22,68% de los fondos. De hecho, Italia es el país de la UE que más fondos va a dedicar a fortalecer su sistema de salud en cifras absolutas; y Hungría la que porcentualmente va a invertir más en ese capítulo: el 33,5% de los 7.200 millones que recibirá.
Aun lejos de las cifras italianas, Francia también reserva una cantidad considerable de dinero para su sistema sanitario: 6.140 millones de euros, casi seis veces más que España, el 15% de los 39.400 millones asignados para el Gobierno de Emmanuel Macron, que suman poco más de la mitad de los fondos que le corresponden a España. Otro tanto puede decirse de Alemania, que empleará 4.563 millones de euros, el 17,8% del dinero europeo, en el “fortalecimiento digital y técnico del servicio público de salud”.
Pero es que países más pequeños, menos pudientes y menos favorecidos por las ayudas europeas van a dedicar más dinero a la sanidad que España. Portugal le ha reservado 1.383 millones, el 8,3% de los apenas 13.900 millones que le llegarán de Bruselas; es decir, proporcionalmente, cinco veces más que España. Grecia destinará 1.536 millones, el 8,4% de los 18.191 millones comprometidos con su gobierno. Rumanía, 2.455 millones, el 17,3% de los fondos.
Sólo Bélgica y Luxemburgo van a poner menos dinero, porcentualmente, que España: un 0,6% y un 1,24%. Suecia, Finlandia, Chequia, Bulgaria, Lituania, Chipre, Eslovenia, Dinamarca, Croacia y Austria tienen presupuestos por debajo de los 1.000 millones. Irlanda no ha revelado cuánto dinero destinará a reforzar su sistema de salud. Países Bajos, Letonia, Estonia y Malta aún no han remitido sus planes de recuperación.
Digitalización de la sanidad
No obstante, además de los 1.069 millones del componente 18 del Plan de Recuperación, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría General de Administración Digital, dedicará 170 millones de euros a la transformación digital de la administración sanitaria. Una partida para mejorar la interoperabilidad y la cartera de servicios mediante el desarrollo de aplicaciones, explica a infoLibre un portavoz del departamento. “Ése [la interoperabilidad] es el problema que sufre la sanidad pública española: cada comunidad autónoma tiene un sistema informático distinto y no se comunican entre sí”, aclara Marciano Sánchez Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Con el dinero europeo se pretende que tanto la administración central como las comunidades autónomas tengan plataformas que les permitan intercambiar datos de la seguridad social y de atención primaria, hospitalizaciones, profesionales sanitarios, y prescripciones farmacéuticas.
El Ministerio de Sanidad también tiene un presupuesto para salud digital, 15,2 millones de euros en 2020 que se convertirán en 300 millones este año, apunta el departamento dirigido por Carolina Darias.
En el resto de los estados miembros de la UE, la digitalización de la sanidad se ha llevado el grueso de los fondos. De hecho, Italia destinará 8.630 millones, más de la mitad del dinero reservado para el sistema público de salud, a la transformación digital del servicio sanitario nacional. Francia gastará 2.000 millones en actualizar sus estándares digitales en la sanidad pública: 270 millones se invertirán en infraestructuras digitales, 511 millones en interoperabilidad y seguridad, 619 millones en desplegar nuevo software y en fomentar su uso por parte de los profesionales sanitarios y 600 millones más en la puesta al día digital del sector sociosanitario –residencias de ancianos y hogares para discapacitados, menores, solicitantes de asilo–.
Alemania ha apartado casi 814 millones de euros para el fortalecimiento digital y técnico de su servicio público de salud. Su objetivo es crear una infraestructura interoperable para la conexión en red de todos centros de salud, hospitales y centros sociosanitarios; es decir, que estén totalmente equipados digitalmente. A esa cantidad hay que añadir parte de los 3.000 millones del programa de futuro para los hospitales, que se dirigirá a aumentar el nivel de digitalización y el equipamiento tecnológico de los hospitales, desde las salas de urgencia hasta la seguridad de la información.
Además, el componente 17 del Plan de Recuperación, dedicado a la ciencia, la tecnología y la innovación, dedica 878,326 millones de euros a fomentar la investigación en el sector sanitario. Ese dinero servirá para invertir en terapias avanzadas, medicamentos emergentes y medicina personalizada, así como para reforzar de las capacidades estratégicas y la internacionalización del Sistema Nacional de Salud –174 millones de euros–. El Instituto de Salud Carlos III, donde se encuentran el Centro Nacional de Microbiología, el Centro Nacional de Epidemiología, la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo y la Escuela Nacional de Sanidad, recibirá seis millones de euros en subvenciones.
Es decir, si se suman las cantidades dedicadas a la interoperabilidad y las reservadas para investigación a los 1.069 millones del capítulo estrictamente sanitario, el total comprometido para el Sistema Nacional de Salud se eleva a 2.432,5 millones de euros, un 3,5% del Plan de Recuperación. Aun así, la mitad que Alemania y casi la tercera parte que Francia.
Casi 800 millones para comprar aparatos de alta tecnología
“Debería haberse destinado, como mínimo, el 5% de los fondos a la sanidad”, contrapone Sánchez Bayle. Unos 3.500 millones de euros. Sólo a salud pública debería haberse comprometido un 2,5%, pero no se ha superado el 1%, lamenta.
A juicio de Juan Oliva Moreno, profesor de Economía de la Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha y expresidente de la Asociación de Economía de la Salud, las cantidades comprometidas en el Plan de Recuperación para la sanidad española son “claramente insuficientes” para las reformas que se proponen en la atención primaria, la salud pública y la regulación de los medicamentos. “Sobre todo si, además, resulta que el 75% del dinero no va a ir dirigido a esos ámbitos sino a la adquisición de equipos de alta tecnología”. Son 796,1 millones de euros que ya tienen propietario: aceleradores lineales, aparatos para TAC, resonancias magnéticas y tomografías por emisión de positrones (TEP), equipos de braquiterapia, angiografía vascular y neurorradiológica, salas hemodinámicas...
Otros 100 millones de euros se destinarán a crear un data lake sanitario, un sistema de procesamiento masivo de información para mejorar diagnósticos y tratamientos. A fin de aumentar la capacidad de respuesta del sistema a las crisis sanitarias –27,4 millones para el nuevo sistema de información de la red de vigilancia, 35,1 millones para terminar el hospital de Melilla– se han consignado 80,9 millones de euros, y para reforzar la prevención y promoción de la salud, 58 millones en campañas de concienciación pública sobre tabaquismo, consumo de alcohol o prevención del cáncer. Un plan para racionalizar el consumo de productos farmacéuticos se llevará 20,8 millones. A formar profesionales sanitarios –se menciona la cifra de 90.000– irán 13,1 millones de euros.
Reformas sin presupuesto
Pero además de las inversiones, también se harán reformas. La primera, ejecutar el Marco Estratégico para el Refuerzo de la Atención Primaria y Comunitaria aprobado en 2019 y que se financiará con los Presupuestos Generales y fondos del React-EU, otro programa de ayudas europeo, del que corresponden a España 12.436 millones de euros –10.000 millones repartidos entre las comunidades autónomas y 2.436 millones gestionados por Sanidad para comprar vacunas–. También la aprobación de la nueva Estrategia de Salud Pública y de una nueva ley que garantice la “equidad, universalidad y cohesión” del sistema nacional de salud. Además, se pretende ampliar la cartera de servicios sanitarios, incluyendo la atención bucodental, medicina genómica, prestación ortoprotésica y atención temprana.
La reforma del Estatuto Marco del Personal Sanitario entra igualmente en el ámbito de los cambios necesarios. Con ella se debería reducir la temporalidad, que en la sanidad pública alcanza el 41,9% de media nacional, pero se eleva al 50,4% en Madrid, el 53,5% en Navarra y el 56,4% en Canarias. El plan también menciona la creación de incentivos para “retener el talento”, no sólo económicos, sino también brindar posibilidades de empleo al personal sanitario en el ámbito de la enseñanza y la investigación. Finalmente, se prepara una nueva regulación de los medicamentos que racionalice el gasto farmacéutico.
Pero ninguna de estas reformas tiene un presupuesto asignado. Y eso hace sospechar a Marciano Sánchez Bayle. “Se incluyen, pero no se presupuestan, por lo que se pueden quedar en declaraciones de buenas intenciones”, advierte. El Ministerio de Sanidad explica a infoLibre que, con las diferentes herramientas de financiación europeas –Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, React-UE y EU4Health, otros 5.100 millones de euros para los 27– se destinarán al sistema sanitario “las cantidades necesarias en función de los costes estimados”.
Juan Oliva recuerda que el Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado mes de julio, establece que la inversión pública en sanidad deberá alcanzar, al menos, la media europea en porcentaje del PIB al final de esta legislatura. Lo que equivale a aumentarla en un punto de PIB, unos 10.000 millones de euros.
El gasto sanitario en España representa el 9% del PIB, por debajo de la media europea, que es del 9,8%. Así, el gasto por habitante es un 15% inferior a la media de la UE. El gasto público sanitario es aún menor: el 6,4% del PIB.
Problemas con las comunidades autónomas
“La Gran Recesión nos mostró la fragilidad del sistema nacional de salud, pero ya antes se había visto que, aunque el diagnóstico era bueno, el pronóstico no lo era tanto y, cuando llegó la crisis económica, saltaron las debilidades”, recuerda Juan Oliva. Los momentos de crisis no son los adecuados para hacer reformas, añade, pero ahora “que hay mucho dinero y una sensibilidad social hacia el sistema sanitario” debería aprovecharse para reforzarlo, corrobora Sánchez Bayle.
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La atención primaria, para empezar, necesita personal, sobre todo de enfermería, menciona el presidente de la FADSP y hacen falta 70.000 camas hospitalarias para igualar la media de la Unión Europea. En salud pública, ahora en el centro de todos los focos debido a la pandemia, Sánchez Bayle cree que sería preciso pasar del 1% que se le reservan en el Plan de Recuperación al 2,5% de los fondos.
Juan Oliva apunta hacia la gobernanza del sistema como la deficiencia fundamental que habría que atacar enseguida: transparencia, rendición de cuentas y participación de profesionales y ciudadanos. Coincide con Sánchez Bayle en destacar la precariedad de la atención primaria. “Está en todos los discursos, pero desaparece a la hora de asignar recursos”, protesta. Y cree que el foco debería ponerse en la atención de la cronicidad. También critica la “inexistente” política de recursos humanos de la sanidad española. Y subraya la importancia de la salud pública y de mejorar los servicios de vigilancia epidemiológica.
El problema estriba en si va a haber recursos suficientes para acometer tan ingente labor. Marciano Sánchez Bayle teme que esos 1.069 millones de euros que le saben a tan poco sean el reflejo de la “escasa fuerza política del Ministerio de Sanidad” en la batalla por el reparto de los fondos con otros departamentos. Aunque, al mismo tiempo, pueden ser el fruto de la falta de coordinación con las comunidades autónomas, que poseen las competencias en sanidad. El presidente de la FADSP habla de las “reticencias” del ministerio a “condicionar la actuación” de los territorios. “Prefiere no hacer antes que entrar en problemas”, resume. Una repetición de la dinámica que se ha desarrollado durante toda la gestión de la pandemia. “Las comunidades autónomas también tienen miedo a que un aumento de la inversión en sanidad signifique una invasión de sus competencias”.