El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), fruto de la entrada en vigor en 2007 de la ley de dependencia, es una "estupenda idea", pero "pésimamente implantada", con unos servicios y prestaciones "infrafinanciados", que, tras los decretos de recortes de 2012 y 2013, podría calificarse como un sistema "low cost", según un informe publicado este martes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), recogido por Europa Press.
Esta es una de las principales conclusiones del segundo estudio Observatorio de dependenciaObservatorio de dependencia, realizado por el profesor de la Universidad Pompeu Fabra e investigador asociado en esta entidad Sergi Jiménez-Martín junto con la analista de Fedea Analía Viola y en el que colabora el economista Guillém López. En el documento analizan la implantación de la ley tras una década en vigor, la financiación de la misma, el grado de atención a los dependientes, así como las distintas velocidades de las comunidades autónomas.
"A pesar de todo (de los gobernantes) el sistema ha alcanzado un tamaño (que no calidad) razonable, aunque persisten puntos débiles como la infrafinanciación de los servicios y prestaciones, además de la gran variabilidad entre regiones sin vectores explicativos razonables. En definitiva, lo que por ahora tenemos, especialmente después de los recortes (no solo monetarios) introducidos en 2012-2013 se podría calificar como dependencia low costlow cost", sostienen.
Los expertos señalan que la lista de espera de los dependientes para recibir las prestaciones o servicios a los que tienen derecho por ley, pero que siguen sin recibirlo —el llamado limbo de la dependencia—, se ha reducido en los dos últimos años, tras el aumento en 2015 hasta los 384.326, con la entrada en el sistema de los dependientes moderados. En 2017, esta lista ha bajado un 20% hasta los 316.112 ciudadanos, pero sigue lejos de los valores previos a 2015.
En cuanto al nivel presupuestario, el texto señala que el gasto del Estado ha recuperado "algo" lo recortado en 2012 y 2013, pero que aún no ha llegado a los niveles previos a esos años. No obstante, los autores indican que el nivel de gasto es comparable al de los países europeos con un sistema de dependencia similar, como es el caso de Portugal, Italia, Reino Unido y Suecia.
Asimismo, sostienen que el gasto público del SAAD en las comunidades autónomas, que había disminuido en 2014 respecto a 2012 —sobre todo en Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón y La Rioja con caídas del 14 al 21%— repuntó en los años siguientes.
La inversión en servicios sociales vuelve a niveles precrisis aunque se mantiene la disparidad territorial
Los analistas advierten de que "desafortundamente", no existe hasta el momento evidencia directa que explique las disparidades entre regiones, lo que implica, a su juicio, que "cada comunidad actúa con un importante grado de discrecionalidad". Para saber si esto es bueno o malo, apuntan a la necesidad de realizar una evaluación rigurosa.
En cuanto al empleo del sector sociosanitario, tomando como base los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), el informe subraya que se encuentra en un "buen momento" después de un periodo de estancamiento. Así, en el primer trimestre de 2017, la variación anual ha sido del 9% y el segundo trimestre del 5,3%, aunque el nuevo sobre todo es temporal (32%). "Sin duda este dato añade un contrapunto de preocupación, ya que la estabilidad del empleo puede incidir en la calidad de los servicios prestados", apostillan.
Los autores instan en este documento, al igual que en el anterior, a evitar la "indefinición" del sistema con reglas "más claras y transparentes" —prestaciones, criterios de coordinación, tiempos de espera, copagos— y promover una financiación estable.
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), fruto de la entrada en vigor en 2007 de la ley de dependencia, es una "estupenda idea", pero "pésimamente implantada", con unos servicios y prestaciones "infrafinanciados", que, tras los decretos de recortes de 2012 y 2013, podría calificarse como un sistema "low cost", según un informe publicado este martes por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), recogido por Europa Press.