El comité de 17 expertos reunido durante casi un año para elaborar una propuesta de reforma fiscal dirigida al Gobierno presentó este jueves su Libro Blanco. Son 788 páginas que proporcionan los elementos sobre los que diseñar una “reforma tributaria estructural a medio y largo plazo”. El objetivo, aumentar la eficiencia del sistema fiscal español, de forma que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, financiando los gastos públicos y manteniendo el Estado de bienestar, al tiempo que contribuya a reducir el déficit. Durante la presentación, el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, recomendó al Gobierno que consolide la recuperación económica antes de empezar con las reformas que los expertos proponen, y subrayó varias veces el principio del “gradualismo”, la aplicación paulatina y razonada a lo largo del tiempo de los cambios fiscales. Lo que, no obstante, debería ser compatible con “un anuncio temprano de las medidas tributarias” que se vayan a adoptar.
La filosofía general sobre la que los expertos sustentan sus propuestas es la de aumentar el potencial recaudatorio del sistema tributario español, mejorando el diseño de los impuestos sobre la renta, el consumo y la riqueza. Para ello, prefieren ampliar las bases sujetas a tributación en cada impuesto antes que subir los tipos. También invitan al Gobierno a examinar los llamados beneficios fiscales, las deducciones y exenciones que rebajan la recaudación de muchos impuestos y que se conceden con el fin de estimular la inversión, por ejemplo. Los expertos piden que se evalúe si son realmente eficaces para decidir sobre su mantenimiento o supresión.
Además, plantean subir los impuestos a los consumos más contaminantes y aumentar el IVA, pues recomienda al Gobierno que suprima de forma gradual los tipos reducido y superreducido de este tributo indirecto. Para compensar el perjuicio que para los contribuyentes supondrá esa eliminación sobre el consumo de bienes y servicios esenciales, el comité de expertos propone, como condición sine qua non, aprobar un sistema de prestaciones directas a las personas con menos recursos o crear una deducción reembolsable en el IRPF o incluso compensaciones en los recibos de la luz, el agua, la calefacción o el transporte, en función de la renta.
Para ensanchar las bases imponibles del IRPF, el impuesto de mayor recaudación, los expertos plantean examinar las exenciones, reducciones, deducciones y regímenes especiales, y suprimir los “no justificados”. Así, pide que la reducción por tributación conjunta se convierta en un nuevo mínimo, se elimine la reducción por alquiler de vivienda, los rendimientos del capital inmobiliario se integren en la base del ahorro y se transforme la reducción por obtención de rendimientos del trabajo en una deducción reembolsable en la cuota. También piden la abolición del régimen de estimación objetiva de los autónomos.
Impuesto sobre Sociedades
Aumentar la recaudación del Impuesto sobre Sociedades es mucho más complejo. “Los 42.000 millones de recaudación anteriores a la crisis financiera nunca van a volver”, advirtió taxativa Violeta Ruiz Almendral, profesora de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Carlos III de Madrid. Según destacó, el de sociedades es un impuesto “en vías de desaparición” por la continua bajada de tipos y las “maniobras de erosión de algunos países”. De ahí que el comité de expertos defienda en todo momento los esfuerzos que en el G-20 y la OCDE se están llevando a cabo para aplicar una tributación mínima internacional, ese 15% que se aprobó el verano pasado para las multinacionales. “Una mayor profundización de la armonización, o coordinación, de la imposición societaria a escala internacional es la mejor manera de proteger la capacidad recaudatoria” de Sociedades, puede leerse en el Libro Blanco.
La propuesta del comité al Gobierno es que no suba el tipo del impuesto, porque perjudicaría “la inversión y la competitividad de la economía española”, pero tampoco que lo baje, porque su reducción generaría problemas de “equidad vertical” y erosionaría la capacidad recaudatoria de otros impuestos: crearía un incentivo para que los contribuyentes trasvasen sus rentas personales a una sociedad. En España, siguiendo la misma tendencia que en el resto de la UE, el tipo general de Sociedades se ha reducido en 10 puntos en menos de una década, resalta el Libro Blanco. De modo que, en 2021, el 25% español está por encima del promedio de la UE, pero por debajo del gravamen de las grandes economías europeas: aún es casi cinco puntos inferior al de Alemania, 3,4 puntos inferior al de Francia y 2,8 puntos menor que el de Italia.
En su lugar, los expertos proponen hacer una “evaluación permanente” de los beneficios fiscales e incorporarles una cláusula de condicionalidad; que su mantenimiento esté supeditado siempre a que aprueben un examen de eficacia. También instan al Gobierno a mantener los regímenes especiales de las sicavs y las socimis, pero examinándolos y “priorizando y reforzando el control tributario sobre este tipo de entidades”. La misma recomendación hace el comité sobre las sociedades pantalla, al tiempo que reclama mayor transparencia fiscal “obligatoria” de las entidades patrimoniales, aquellas en las que más de la mitad de su activo está constituido por valores o no está afecto a una actividad económica. De éstas, precisa el Libro Blanco, existían 15.714 en 2019, de las cuales 6.466 casi no tributan a Hacienda. Además, el 37,78% de las sociedades están participadas por entidades patrimoniales, con un volumen de operaciones de casi 16.500 millones de euros ese año. Según los expertos, buena parte de estas entidades pueden estar siendo utilizadas como sociedades instrumentales. El Libro Blanco advierte de que actualmente no existen “medidas suficientes y efectivas para neutralizar el uso de sociedades interpuestas con finalidad de abuso o elusión fiscal”. Por ese motivo, piden que se revise su regulación.
Reducir el número actual de los ajustes que se permiten realizar a las empresas para reducir la base imponible –la cantidad sobre la que se calcula el impuesto– y reformar el sistema de pago fraccionado sobre otras dos medidas recomendadas para mejorar la eficiencia de Sociedades. Al igual que suprimir el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), que recaudan los ayuntamientos y los expertos consideran “arcaico” y con una estructura “anacrónica”. “Genera distorsiones relevantes en las decisiones de localización y organización de la actividad económica”, asegura el Libro Blanco. Su recaudación equivale a dos puntos adicionales del Impuesto sobre Sociedades.
Mantener Patrimonio y Sucesiones
Una de las partes más controvertidas del análisis de los expertos es la relativa a los impuestos de Patrimonio y Sucesiones, como reconoce el propio comité. El Libro Blanco plantea que se conserven ambos, pese a las muchas voces que reclaman su desaparición. “Nuestro eje [en el análisis de estos impuestos] ha sido la necesidad de preservar la tributación sobre la riqueza como complemento a tributación sobre la renta”, explicó Jesús Ruiz-Huerta. “E independiente del vehículo normativo”, abundó Teresa Soler Roch, catedrática emérita de Derecho Financiero en la Universidad de Alicante. Es la misma dirección, añadió, a la que apuntan organismos internacionales como la OCDE.
Además, su propuesta intenta un “equilibrio”, destacaron los expertos, entre la autonomía financiera de las comunidades –ambos son impuestos de su competencia– y la aplicación de un impuesto sobre la riqueza “con criterios de eficiencia y equidad” como exige la Constitución. Así, el comité propone fijar un mínimo exento de un millón de euros de carácter estatal por debajo del cual no hay que pagar por el patrimonio. Según sus cifras, por debajo de esa cuantía se sitúan el 44,3% de los declarantes en la Comunitat Valenciana o el 44,7% en Andalucía. Sin embargo, la cuota a ingresar supone sólo el 3,4% y el 2,7% de lo recaudado en esas comunidades autónomas. Por el contrario, quienes más pagan por este impuesto son los dueños de patrimonios entre uno y tres millones de euros, casi el 40% de lo recaudado.
Con este límite común, los expertos pretenden acabar con la “competición a la baja” que se ha desatado en los últimos años entre los gobiernos autonómicos y que amenaza con “vaciar de contenido” estos impuestos, en palabras de Jesús Ruiz-Huerta. Sin embargo, plantean también que se aplique una tarifa progresiva, a partir del 0,5% y con un máximo del 1% en Patrimonio. Si se ensancha la base del impuesto, aseguran, se pueden reducir los tipos de gravamen y mantener la recaudación actual. Además, proponen mantener las exenciones sobre la vivienda habitual y el patrimonio empresarial y profesional.
El informe de los expertos propone al Gobierno subir el IVA y mantener los tributos de Patrimonio y Sucesiones
Sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el Libro Blanco plantea igualmente un mínimo exento común de entre 120.000 y 250.000 euros para los herederos de parentesco más próximo –hijos, nietos, padres, cónyuges–, y de 20.000 a 50.000 para el resto. Los expertos dejan claro que el diseño del impuesto se ha quedado obsoleto, pero rebaten con firmeza el argumento de que por una herencia recibida se tributa dos veces, tal y como sostienen los defensores de suprimir este impuesto. “Que las herencias no tributen en absoluto sería un factor importante de regresividad”, resaltó Teresa Soler.
Además, los expertos creen que en España no existe un único Impuesto de Sucesiones “sino hasta 20 distintos”, por lo que invitan al Gobierno a simplificarlo: plantean reducir el número de tramos y los tipos de gravamen, así como suprimir la reducción permitida por seguros de vida. El comité cree que la tarifa del impuesto es demasiado elevada y pide su reducción para evitar “situaciones de confiscatoriedad”. Pero considera que debe regularla el Estado, a modo de referencia para las comunidades autónomas. De todas maneras, parece que el debate al respecto no concitó la unanimidad. El Libro Blanco revela que “una parte del comité” consideró que la tarifa estatal de Sucesiones debería aproximarse a la de Francia o Alemania, con más tramos y tipos superiores, para aumentar la progresividad del impuesto.
“[El Libro Blanco] Es un documento de consenso, que incluye las propuestas más viables”, explicó Jesús Ruiz-Huerta en la presentación, “y éstas reflejan las preferencias de los expertos que fueron puestas en común”, tras centenares de reuniones y 21 sesiones en pleno del comité.
El comité de 17 expertos reunido durante casi un año para elaborar una propuesta de reforma fiscal dirigida al Gobierno presentó este jueves su Libro Blanco. Son 788 páginas que proporcionan los elementos sobre los que diseñar una “reforma tributaria estructural a medio y largo plazo”. El objetivo, aumentar la eficiencia del sistema fiscal español, de forma que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas, financiando los gastos públicos y manteniendo el Estado de bienestar, al tiempo que contribuya a reducir el déficit. Durante la presentación, el presidente del comité, Jesús Ruiz-Huerta Carbonell, catedrático emérito de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos, recomendó al Gobierno que consolide la recuperación económica antes de empezar con las reformas que los expertos proponen, y subrayó varias veces el principio del “gradualismo”, la aplicación paulatina y razonada a lo largo del tiempo de los cambios fiscales. Lo que, no obstante, debería ser compatible con “un anuncio temprano de las medidas tributarias” que se vayan a adoptar.