La fatiga pandémica se ha apoderado también del mercado de trabajo, que ha regresado en febrero a los cuatro millones de parados. Una cifra de la que España se olvidó en 2016. Pese a que la Seguridad Social aumentó este último mes en 20.632 personas su número de afiliados, el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) creció en 44.436 inscritos, la mayor alza en un febrero desde 2013, cuando las consecuencias de la crisis financiera azotaban de pleno la economía nacional. La tercera ola del virus y la prolongación de las restricciones a la actividad están dejando exhausto al empleo, lo que también se refleja en la caída del número de contratos: en febrero se han firmado un 24% menos que enero y, si se suman los registrados estos dos primeros meses del año, se han dejado de inscribir 844.887. Por si fuera poco, los indefinidos caen aún más, un 25,7%. Las incertidumbres respecto a la Semana Santa, que este año no se celebra hasta abril, superan a la expectativa y frenan la contratación.
También el aumento del número de trabajadores en ERTE es señal de la parálisis económica. Hay 160.414 más que en enero enero, lo que sitúa la cifra total en casi 900.000 –899.383–. Aun así, son un 75% de los 2,7 millones afectados por estos esquemas de protección laboral del pico de la pandemia, en abril.
Pese al aumento de la afiliación a la Seguridad Social en febrero, los cotizantes continúan por debajo de los 19 millones que se alcanzaron el pasado noviembre. En los registros hay 18,85 millones de afiliados, sólo ligeramente por encima de la que había en agosto de 2020. Del casi millón de cotizantes que el sistema perdió en lo peor del covid, entre marzo y mayo, aún faltan por recuperar más de la mitad, 503.337. Y ni siquiera el ligero crecimiento mensual invita al optimismo, porque ha sido el menor en un mes de febrero desde 2013. Si se mira la afiliación media interanual, la de febrero también ha sido la única que ha sufrido un descenso desde 2014.
Otro tanto ocurre con el número de empresas, que sigue en caída libre. En febrero ha descendido en 13.458. En el último año, han desaparecido 101.797 según los registros de la Seguridad Social, casi un 7% de las que había antes de la pandemia. Desde que se llegó a su cifra máxima del año, en julio, con 1,41 millones, han cerrado 37.717 empresas.
Sólo los autónomos parecen resistir el cansancio pandémico, porque después de perder 14.668 cotizantes en enero, han crecido en 5.155 el mes siguiente, un ligerísimo aumento del 0,17% que los deja en 3,26 millones.
La dilatación de la parálisis, además, está dejando sin aliento a los servicios; en concreto, a la hostelería, que ya ha superado el umbral del 20% de pérdida de empleo que llevaba rozando todo 2020. En febrero, la caída anual de la afiliación en este subsector se eleva al 23,26%, siete veces lo que ha perdido el comercio –3,37%–. El desplome se acerca peligrosamente a los 300.000 empleos: cuenta con 289.055 menos que hace un año. El comercio ha destruido 82.135. De todos los sectores, en el mes sólo han crecido en cotizantes la educación –19.459 en febrero respecto al mes anterior– y las administraciones públicas –11.035–. La sanidad ha crecido un 5,26% en cotizantes si se la compara con el febrero prepandemia.
Baleares y Canarias, a la cabeza
El daño que el alargamiento de la crisis del covid está infligiendo en la hostelería y el comercio se está cebando en Baleares y Canarias, cuya dependencia del turismo está resultando letal. El archipiélago mediterráneo ha perdido un 6,44% de su empleo en los últimos 12 meses y el atlántico, un 6,08%. Una caída de afiliación que casi triplica las de las siguientes comunidades más afectadas, Cataluña –2,37%–, País Vasco –2,2%– y Madrid –2,11%–. En todo caso, los cotizantes han subido ligeramente en Baleares durante febrero respecto a enero: 1.120 personas, un 0,27%.
Subcampeona de España en salarios y en aumento del paro
Así, el paro registrado en las oficinas de empleo se ha disparado en casi un 44% en Baleares durante los 12 últimos meses y un 36,4% en Canarias. En Aragón, un 30,1%, mientras que en Cataluña ha ascendido un 29,6% y en Madrid un 26,7%.
El mismo mapa surge de la distribución sectorial de los ERTE. Los hoteles tienen al 63% de sus empleados con los contratos suspendidos o las jornadas reducidas. Con 119.389 personas, es la actividad que mayor número de trabajadores mantiene acogidos a estos esquemas de protección. Las agencias de viajes cuentan con un 57% de empleados en ERTE. Las casas de apuestas, las aerolíneas y los bares y restaurantes, entre el 40% y el 50%.
En concreto, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife son las provincias con más trabajadores en ERTE, con un 16% y un 13% de sus afiliados, respectivamente. Baleares tiene al 12,4% de sus empleados en esta situación. Canarias cuenta con 89.559 de sus cotizantes en ERTE, casi el 10% de los 900.000 españoles. Con una población que es la tercera parte de la que posee la Comunidad de Madrid, sus trabajadores en ERTE son sólo un 32,6% más que los registrados en Madrid con 118.746 acogidos a estos esquemas. En total, el 6,26% de los cotizantes españoles, están suspendidos de contrato o con jornadas reducidas por la pandemia.
La fatiga pandémica se ha apoderado también del mercado de trabajo, que ha regresado en febrero a los cuatro millones de parados. Una cifra de la que España se olvidó en 2016. Pese a que la Seguridad Social aumentó este último mes en 20.632 personas su número de afiliados, el paro registrado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) creció en 44.436 inscritos, la mayor alza en un febrero desde 2013, cuando las consecuencias de la crisis financiera azotaban de pleno la economía nacional. La tercera ola del virus y la prolongación de las restricciones a la actividad están dejando exhausto al empleo, lo que también se refleja en la caída del número de contratos: en febrero se han firmado un 24% menos que enero y, si se suman los registrados estos dos primeros meses del año, se han dejado de inscribir 844.887. Por si fuera poco, los indefinidos caen aún más, un 25,7%. Las incertidumbres respecto a la Semana Santa, que este año no se celebra hasta abril, superan a la expectativa y frenan la contratación.