El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el último director general de Marsans, Iván Losada, presentaron sendos escritos en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la apropiación de 4,4 millones de euros de clientes que nunca llegaron a disfrutar los viajes que tenían contratados con el grupo turístico, en los que reconocen "parte" de los hechos, algo que ha motivado que la Fiscalía haya rebajado su petición de pena de cuatro a dos años de cárcel, según recoge Europa Press.
Así lo dio a conocer su defensa en la vista que este jueves se reanudó ante el tribunal, presidido por la magistrada Teresa Palacios, en el procedimiento en el que el Ministerio Público acusa al ex jefe de la patronal y al antiguo director general de la compañía de un delito continuado de apropiación indebida y solicita el pago de sendas multas de 12.000 euros, a razón de una cuota diaria de 50 euros durante ocho meses.
En la primera sesión del juicio, Díaz Ferrán culpó a la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) de provocar el hundimiento de Viajes Marsans, de la que era propietario junto al ya fallecido Gonzalo Pascual, al retirarle la licencia para vender billetes de avión en abril de 2010 por los impagos que presentaba la compañía. "Ustedes se cargaron Viajes Marsans", dijo.
En su escrito provisional de acusación, el fiscal Daniel Campos defiende que ambos se apropiaron indebidamente de las cantidades entregadas por los clientes para la adquisición de billetes y que los usuarios de Viajes Marsans y sus filiales Tiempo Libre, Rural Tours y Viajes Crisol perdieron las cantidades depositadas por sus reservas de viajes cancelados.
Operativa de Marsans
Según el fiscal, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2010, el grupo Marsans formalizó reservas que dieron lugar a 7.560 depósitos de clientes, de los que 4.706 no fueron devueltos y se destinaron a fines ajenos a la actividad del grupo. Los consumidores pagaron cantidades que oscilan entre los 130 y los 5.834 euros.
A finales de 2009, los proveedores turísticos del grupo Marsans comenzaron a exigirles el pago anticipado de los productos comercializados, por ejemplo Pullmantur pidió el dinero durante los 30 días anteriores al inicio de los viajes.
"Los responsables del Grupo Marsans, lejos de destinar los fondos depositados por los clientes al pago de los servicios contratados, los destinaron a otros fines ajenos a la actividad del grupo". La "desviación" de fondos condujo a que los clientes perdieran el dinero entregado al hacer la reserva o el precio total del servicio contratado.
Díaz Ferrán pide el archivo porque su gasto de casi 100.000 euros con tarjeta ‘black’ ha prescrito
El 20 de abril de 2010, la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) les retiró la licencia para vender billetes de avión por impagos. Un día antes , el 19 de abril, los directivos de la empresa turística pidieron por correo electrónico a sus oficinas que depositaran el dinero de las reservas en una cuenta de la sociedad Marsans Shooping. Esta cuenta acumuló 2,46 millones de euros, de los que 1,07 fueron traspasados a otras sociedades y 1,14 se retiraron mediante cheques al portador.
Entre el 9 de junio de 2010 –el día antes de la presentación del concurso de acreedores– y el 30 de junio se libraron 13 cheques por valor de 1,14 millones de euros desde esa cuenta, de los que 344.481 euros fueron entregados a Naviera Grimaldi para que retiraran la solicitud de concurso, 100.000 a preparar el aval de IATA de Viajes Atenea, 300.000 retornaron a Viajes Marsans y 500.000 fueron cobraros por empresas ajenas al grupo.
El 25 de junio de 2010, el Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid decretó el concurso de acreedores del Grupo Marsans. La compañía quebró dejando un déficit patrimonial de 271 millones de euros (373 millones si se tienen en cuenta sus filiales), ya que contaba con un pasivo de 552 millones, frente a un activo de 281 millones de euros y con 11.409 acreedores.
El expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán y el último director general de Marsans, Iván Losada, presentaron sendos escritos en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por la apropiación de 4,4 millones de euros de clientes que nunca llegaron a disfrutar los viajes que tenían contratados con el grupo turístico, en los que reconocen "parte" de los hechos, algo que ha motivado que la Fiscalía haya rebajado su petición de pena de cuatro a dos años de cárcel, según recoge Europa Press.