“Salven la Fundación Cáritas”, se leía el pasado jueves en un cartel colgado en el exterior del palacio Gran Ducal, donde el papa Francisco era recibido por la familia real luxemburguesa como parte de su visita oficial. Mientras, las fiscalías de dos países investigan el desfalco de 61 millones de euros sufrido por Cáritas Luxemburgo, la organización católica que depende de los obispos. El ministerio público del Gran Ducado indaga si los bancos luxembugueses BGL-BNP y Spuerkeess infringieron las leyes contra el blanqueo de dinero con las 120 transferencias que vaciaron las cuentas de Cáritas entre febrero y julio de este año. Y la Fiscalía de Marbella cumple con la Orden Europea de Investigación (OEI) recibida desde el Gran Ducado: los 61 millones llegaron a 14 cuentas del BBVA en España y de allí partieron a rumbo desconocido.
Además, investigan el caso la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), el supervisor financiero luxemburgués, y el Banco Central Europeo (BCE).
Según ha informado el medio luxemburgués Reporter.lu, la fiscalía luxemburguesa investiga las condiciones en las que los bancos permitieron la salida de los fondos hacia España. Se trata de una investigación preliminar, la primera etapa antes de que se abra una investigación judicial y se remita el caso a un juez de instrucción.
“El objetivo principal es determinar si ha habido infracciones del artículo 9 de la ley de 2004 [incumplimiento de las obligaciones profesionales”, indicaron fuentes judiciales a Reporter.lu. Aunque las autoridades judiciales no los mencionan por sus nombres, las entidades investigadas son el BGL BNP Paribas y el Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (BCEE) o Spuerkeess: el primero es propiedad del Estado luxemburgués en un 34% y el segundo, al 100%.
Además, según Reporter.lu, ambos bancos fueron registrados por la policía luxemburguesa el pasado mes de agosto. El Código Penal del Gran Ducado autoriza al fiscal a pedir al juez de instrucción que “ordene un registro, una incautación, la audiencia de un testigo o un peritaje sin que se haya abierto una investigación preparatoria”.
Al tiempo, la justicia luxemburguesa ha emitido una Orden Europea de Investigación dirigida a la Fiscalía de Málaga que, a su vez, la ha remitido a la Fiscalía de Marbella, según ha podido saber infoLibre.
Una Orden Europea de Investigación es un instrumento legal, creado por una directiva de la UE de 2014 y que fue transpuesta al ordenamiento jurídico nacional en 2019. Con esa resolución judicial, la justicia luxemburguesa pide a la española que lleve a cabo medidas de investigación que permitan obtener pruebas. Esas medidas pueden incluir desde la declaración de testigos hasta la identificación de los titulares de un número de teléfono, la dirección IP de un ordenador o una cuenta bancaria. De hecho, la mayoría de las OEI que recibe la justicia española se refieren a fraudes. Y la petición más habitual es precisamente la información bancaria.
Las transferencias sospechosas
El pasado julio, Cáritas Luxemburgo denunció haber sido víctima del conocido como “fraude del CEO”: su directora financiera dijo haber recibido correos, supuestamente del director gerente de la institución, Marc Crochet, en los que éste le ordenaba que hiciera las transferencias urgentemente, en teoría para financiar una misteriosa inversión. Sin embargo, son muchas las sospechas que se ciernen sobre esa versión, mientras los medios luxemburgueses apuntan hacia un posible golpe desde dentro.
Según la información a la que ha tenido acceso Reporter.lu, la institución diocesana desembolsó 9,049 millones de euros desde BGL hasta tres cuentas de una falsa Caritas Internationalis en el BBVA. Las transferencias se hicieron en poco más de un mes, entre el 9 de febrero y el 12 de marzo.
Los días 5, 7 y 12 de marzo se efectuaron tres pagos diarios de casi 500.000 euros sin que el BGL se alarmara. Spuerkeess transfirió 52,15 millones de euros a la ONG turca ASAM, muy por encima de su capacidad de pago: el 27 de junio se firmaron cinco transferencias por importe de 2,49 millones de euros, cinco días después otras siete por 3,49 millones de euros y el 4 de julio seis transferencias más por 2,99 millones de euros.
Ni Caritas Internationalis, la matriz de la institución diocesana, ni ASAM tenían cuentas en España, sólo en El Vaticano y en Turquía, respectivamente. Las cantidades abonadas y el elevado ritmo al que se realizaron deberían haber activado los mecanismos de alerta con los que cuentan los bancos, tanto en España como en Luxemburgo, y haberles llevado a preguntar a sus clientes sobre la naturaleza de las operaciones. El BBVA alega que “con anterioridad a ser informado” del fraude, ya “había adoptado medidas restrictivas sobre las cuentas afectadas”, en el marco de sus protocolos de seguridad y cumplimiento. Pero, amparándose en su política de protección de datos, rechaza precisar cuándo fue informado de los problemas con las transferencias –que, como queda dicho, se realizaron a lo largo de cinco meses– y qué tipo de “medidas restrictivas” adoptó sobre las cuentas implicadas.
Sí que explica que “se activaron los procedimientos” establecidos en sus protocolos de seguridad porque descubrieron “anomalías” en las transferencias. Aunque, de nuevo, el banco evitar precisar qué tipo de discrepancia o irregularidad hizo saltar las alarmas.
En cualquier caso, el BBVA aclara que no está obligado a verificar el nombre del beneficiario de una transferencia. Basta con que el IBAN –el código numérico que identifica el país, la entidad, la oficina bancaria y la cuenta– sea correcto para que la operación se lleve a cabo.
Préstamos y un acuerdo de descubierto de 10 millones
El papel de los dos bancos luxemburgueses es doblemente complicado. No sólo hicieron las transferencias, sino que también concedieron préstamos y líneas de crédito a Cáritas por importe de 33 millones de euros. Spuerkeess aceptó un acuerdo para cubrir descubiertos por importe de 10 millones de euros con fecha de 25 de junio de 2024 y a un tipo de interés del 4% a tres meses, reembolsable el 25 de septiembre.
El documento consultado por Reporter.lu está redactado en nombre de la institución diocesana. Por parte de Cáritas figuran su presidenta, Marie-Josée Jacobs, que fue ministra de Familia, y Alphonse Wagner, uno de sus directores. Sin embargo, el acuerdo fue rubricado y firmado por la directora financiera y el director de Operaciones. Ese mismo día, Spuerkeess redactó un contrato de cesión de crédito en el que aparecen de nuevo los nombres de Marie-Josée Jacobs y Alphonse Wagner como representantes de Cáritas, pero esta vez firman la directora financiera y la directora de recursos humanos.
Catorce cuentas del BBVA recibieron los 61 millones del desfalco que ha hundido a Cáritas en Luxemburgo
El contrato garantizaba el reembolso del préstamo mediante la devolución de las subvenciones que el Estado luxemburgués paga a Cáritas por los servicios asistenciales que le presta.
Según Reporter.lu, los dos bancos luxemburgueses aún no han recurrido a los tribunales para obligar a institución católica a devolverles los préstamos.
Al término de la visita del papa al Gran Ducado, el cardenal Jean-Claude Hollerich anunció que, tras una colecta en la diócesis, los fieles habían reunido 176.000 euros para donarlos a la organización benéfica internacional. Francisco decidió entonces donar esta suma a Cáritas Luxemburgo, quizá en un gesto para paliar la quiebra en que está sumida la institución desde este verano.
“Salven la Fundación Cáritas”, se leía el pasado jueves en un cartel colgado en el exterior del palacio Gran Ducal, donde el papa Francisco era recibido por la familia real luxemburguesa como parte de su visita oficial. Mientras, las fiscalías de dos países investigan el desfalco de 61 millones de euros sufrido por Cáritas Luxemburgo, la organización católica que depende de los obispos. El ministerio público del Gran Ducado indaga si los bancos luxembugueses BGL-BNP y Spuerkeess infringieron las leyes contra el blanqueo de dinero con las 120 transferencias que vaciaron las cuentas de Cáritas entre febrero y julio de este año. Y la Fiscalía de Marbella cumple con la Orden Europea de Investigación (OEI) recibida desde el Gran Ducado: los 61 millones llegaron a 14 cuentas del BBVA en España y de allí partieron a rumbo desconocido.