Fomento adjudicará un tramo de autovía al Grupo San José pese a que su oferta económica era la número 13 del concurso

Constructora San José va a hacerse con un contrato de 86,3 millones de euros para construir seis kilómetros de la autovía A-57 en Pontevedra, pese a que su oferta económica quedó en el puesto decimotercero de un total de 18 en el concurso convocado por el Ministerio de Fomento. El malestar ha cundido entre sus competidoras al saberse que la constructora gallega pasó a tener la máxima puntuación tras abrirse las ofertas técnicas. Según las normas del concurso, el precio pesa un 60% en la valoración final, por un 40% la propuesta técnica.

Aunque la adjudicación no ha sido formalizada aún, Constructora San José ha obtenido la máxima puntuación, 97,73, tras recibir 38,94 puntos por su oferta técnica. La económica ascendió a 59,46 millones de euros, un 31,11% por debajo del precio de licitación, según los documentos a los que ha tenido acceso infoLibre. La propuesta más barata de todas fue la de Sacyr, que ofertó 55,96 millones. La más alta, 77,41 millones, llevaba la firma de Puentes y Calzadas Infraestructuras SLU, la misma empresa que junto a ACS ampliará el puente de Rande, sobre la Ría de Vigo.

Al sumar las dos ofertas, las segundas clasificadas fueron Ferrovial y Copasa, a poco más de un punto de distancia de San José (96,69). La tercera, Dragados, del grupo ACS, la constructora de Florentino Pérez (96,42).

Donación al PP

Fuentes del sector consultadas por este periódico han expresado su sorpresa por el “salto” que dio el Grupo San José en la clasificación del concurso, pero descartan recurrir. “No tienes acceso a la propuesta técnica de los demás, así que no puedes comprobar si la del ganador ha sido realmente tan buena como para recibir la máxima puntuación”, explican. Al tiempo recuerdan que San José tiene escasa experiencia en la construcción de carreteras. Ha sido la encargada del segundo cinturón de circunvalación de Vigo y de un tramo de la AG-53 Santiago-Ourense de 12,5 kilómetros.

Por su parte , el Ministerio de Fomento explica que la oferta técnica resulta decisiva y gana peso cuando las ofertas económicas están muy próximas unas a otras. Ése fue el caso del concurso de la A-57, aseguran, para descartar después cualquier tipo de irregularidad o de trato de favor con la constructora gallega.

Grupo San José ha aparecido entre los supuestos donantes ilegales al PP gallegosupuestos donantes ilegales al PP gallego para la campaña de las elecciones autonómicas de 2001. Así figura en uno de los documentos manuscritos aportados por el extesorero del PP Luis Bárcenas al juez Pablo Ruz. En el listado de empresas San José se une a los nombres de Pescanova y las constructoras Copasa, OHL y FCC. En total, pagaron al PP gallego 662 millones de pesetas –400.000 euros–.

Al borde del concurso de acreedores

El grupo de Jacinto Rey cerró el pasado mes de diciembre un acuerdo con sus acreedores que le libró de declarar el concurso. El Banco Popular y el fondo de inversión estadounidense Värde Partners eran dueños del 80% de la deuda de la constructora, que superaba los 1.000 millones de euros. Un total de 743 millones fueron capitalizados en la división inmobiliaria de San José, que ha pasado a manos de Popular y Värde Partners. Jacinto Rey, su fundador, ha mantenido la presidencia.

Pese a su delicada situación económica, la resurrección de la Operación Chamartín puede suponer un alivio para las cuentas de San José. Distrito Castellana Norte, la promotora del megaproyecto, pertenece en un 75,5% al BBVA y en un 24,5% al Grupo San José. Entre ambos, deberían invertir hasta 4.245 millones de euros; las administraciones –Fomento, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid–, otros 2.000 millones. El plan consiste en extender el Paseo de la Castellana 3,7 kilómetros, construir 17.700 viviendas y un área financiera con rascacielos, así como habilitar 56 hectáreas de zonas verdes.

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Con el rechazo de los vecinos

Para construir los 6,48 kilómetros del tramo Vilaboa-A Ermida, en la provincia de Pontevedra, San José tendrá que lidiar con una dificultad añadida a los cuatro viaductos que incluye tan escaso recorrido. Se trata de la oposición vecinal. Lo que está pensado como la futura circunvalación de Pontevedra capital afectará a un monte, la fauna y la flora locales y a unos cuantos acuíferos, así como a un castro –poblados prerromanos abundantes en Galicia–, una mámoa –túmulo funerario del Neolítico– y al Camino de Santiago portugués, según recogen los pliegos de condiciones técnicas del concurso. Las obras se prolongarán hasta 2018.

Una plataforma vecinal –Salvemos A Fracha, bautizada con el nombre de la sierra que atravesará la autovía– ha presentado un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional y ha llevado sus protestas hasta el Parlamento Europeo. Advierte de que la autovía sustituirá bosques y ríos por una “mole de cemento” que practicará un corte en la sierra de 60 metros de profundidad y 100 metros de ancho. Según los vecinos, la A-57 es un “despilfarro de dinero público en época de recortes”, además de “un capricho político” de la ministra de Fomento, Ana Pastor, antes vecina de Pontevedra.