La hipoteca es a menudo lo último que una familia deja de pagar, aunque chupe hasta la médula de su economía. Con el fin de aligerar la carga entre los más vulnerables, el anterior Gobierno de coalición aprobó a finales de 2022 un “Código de Buenas Prácticas para la reestructuración viable de las deudas con garantía hipotecaria sobre la vivienda habitual", al que se han adherido de forma voluntaria 83 entidades bancarias, según un listado publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 3 de noviembre. Desde entonces los préstamos hipotecarios han seguido encareciéndose, al calor de las alzas de tipos de interés que ha ejecutado el Banco Central Europeo (BCE), entre ellos el euríbor, el indicador más común que emplea la banca en relación a las hipotecas y que se ha colocado por encima del 4% durante varios meses consecutivos. Esto ha mermado el bolsillo, sobre todo, de quienes cuentan con una hipoteca a tipo variable.
Ahora la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Comercio y Empresa, Nadia Calviño, ha anunciado que antes de final de año se elevará el umbral de acceso a las medidas de alivio hipotecario para que las familias con rentas de hasta 38.000 euros anuales puedan acogerse a ellas para compensar “la rápida subida de los tipos de interés”, como ya adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En la actualidad son los hogares con rentas de hasta 29.400 euros los que pueden aspirar al respiro. El Ejecutivo busca que unas 100.000 unidades familiares más con hipotecas variables tengan la opción de congelar su cuota durante un año, la extensión del plazo de amortización hasta siete y el que los hogares con rentas inferior a los 25.200 euros aproximadamente, puedan tener dos años de carencia en el pago.
La escalada del umbral de renta para acogerse a las medidas del Código de Buenas Prácticas es una decisión que ni las entidades bancarias ni el Banco de España ven necesaria, pero que sí reclamaban organizaciones como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), junto a que se permitiera que el cambio de una hipoteca de tipo variable a otra de tipo mixto fuera gratuito para que “no tengan que asumirlo las familias”, algo a lo que el Gobierno también dará luz verde. De cara a 2024, en definitiva, la amortización de hipotecas variables seguirá siendo gratis, al igual que la conversión de préstamos variables a tipo fijo y ahora a tipo mixto.
Tras una reunión mantenida en el Ministerio de Economía con las patronales bancarias y asociaciones de consumidores, la vicepresidenta primera ha explicado que la intención es crear una red de seguridad para las familias, aunque la mejor noticia sería que no la necesitaran. Más allá de lo que vendrá, de lo actuado hasta ahora poco se sabe. De hecho, fuentes sindicales critican que, pese a que se ha demandado en reuniones información del funcionamiento de esa reforma para poder “comprobar hasta dónde ha llegado la mejora, si es que la ha habido” esta “nunca ha llegado”. Es más, exigen más “transparencia” y que los datos en esta materia circulen como la savia para que “se pueda evaluar lo hecho”.
En ese sentido, tras el encuentro de trabajo de la ministra se ha aseverado que los bancos han recibido 55.000 solicitudes de clientes hasta octubre, pero no se ha detallado cuántas han sido aprobadas o rechazadas o cuántas están en proceso de análisis aún. En el Informe de estabilidad financiera otoño 2023 del Banco de España sí que hay un abanico de cifras relativas a los siete primeros meses del año. De acuerdo a lo que se recoge en el mismo, el agregado del Código de Buenas Prácticas de 2012 reformado y del nuevo de 2022 “asciende a 5.367 millones de euros” y supone “cerca de 42.800 operaciones”. Este último representa en concreto el 46% de las peticiones, 2.458 millones de euros y cerca de 19.700 operaciones. Para el Banco de España, se aprecia “un notable impulso en el recurso a esta facilidad por parte de los deudores hipotecarios, tanto por la ampliación del perímetro de hogares vulnerables –el código reformado tiene en el periodo analizado más peticiones que el anterior en todo 2022 y queda cerca de los datos anuales observados para este durante los años posteriores a la crisis financiera global, cuando se instauró–, como por el nuevo acceso de los hogares en riesgo de vulnerabilidad que ofrece por vez primera” el cambio de 2022.
Si bien, pese a que el volumen de solicitudes “ha sido relativamente elevado”, si se compara con la experiencia anterior, el porcentaje de operaciones realizadas “es todavía bajo”. De hecho, en el mencionado informe consta que, “en lo que respecta a las tasas de realización, estas son similares” para el Código reformado y el nuevo y son de en torno al 9% en los siete primeros meses de 2023, lo que equivaldría a 3.852 operaciones del global. “Ambas son inferiores a las observadas” para el antiguo código, “en los últimos años de su aplicación”. Por lo que respecta a las tasas de denegación, son de alrededor del 40%, “inferiores a las registradas en los últimos años” para el antiguo código, en el entorno del 60%. Cerca del 90% de las negativas están ligadas a que no se cumplen “los requisitos objetivos para su elegibilidad”, a la luz del análisis del regulador estatal, y se habría dicho no a 17.120 clientes.
Falta de tiempo de aplicación y de información
Desde el Banco de España se apunta al “escaso tiempo transcurrido” desde la entrada en vigor del marco reformado a la hora de concluir sobre la información expuesta y se estima que “su efectividad a medio plazo podría ser superior”. Entiende que habrá que “continuar con la monitorización durante los próximos trimestres para determinar de forma más clara el alcance de las medidas sobre la evolución de la cartera hipotecaria”.
Fuentes sindicales asocian esa efectividad "mejorable" a, de nuevo, la falta de información, en este caso la que "tienen las familias" sobre "lo que estas reformas podrían suponerles" y "los trámites que hay que hacer". Señalan incluso que hay quienes, "para no perder su vivienda, han llegado a recurrir a una tarjeta VISA para para pagar las cuotas hipotecarias, lo que es una barbaridad financiera nada recomendable”, avisan.
El Gobierno impulsará un cambio legal para prohibir que los bancos puedan cobrar comisiones por la retirada de efectivo en ventanilla, aunque ya no es una práctica habitual, con la vista puesta sobre todo en las personas mayores y en las que tienen alguna discapacidad. Se relanzará, además, el proyecto de ley de Creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, para que pueda empezar a funcionar el próximo ejercicio. Junto a lo expuesto, la vicepresidenta Nadia Calviño ha trasladado a la banca la necesidad de mejorar la remuneración de los depósitos, aunque ha reconocido que en los últimos meses lo ha hecho. Y ha destacado el que las entidades bancarias hayan desplegado fórmulas para lograr que cerca de 200 municipios, el 93% de los de más de 500 habitantes que no tenían una prestación o un servicio financiero personalizado físico, cuenten con él. Esto supone que este año ha aumentado esa cobertura para 200.000 personas en el ámbito rural. El objetivo sigue siendo el 100%, según Calviño.