El Gobierno incluirá en el Plan Normativo –recoge las iniciativas legislativas que se prevé aprobar cada año– de 2021 la trasposición de la directiva de la Unión Europea que protegerá a los alertadores o informantes de corrupción, los conocidos en inglés como whistleblowers, para que sea aprobada antes de que acabe el año. La directiva 2019/1937, ratificada por el Parlamento Europeo en octubre de 2019, permitirá a cualquier ciudadano revelar o informar sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que amenacen el interés general sin temor a represalias. Ya se trate de irregularidades en una empresa o en una administración pública, deberá haber canales que le garanticen la seguridad, el anonimato y la confidencialidad.
De esta forma quedarán protegidos quienes imiten a Hervé Falciani, Rui Pinto Rui Pintoo Edward SnowdenEdward Snowden, que proporcionaron información fundamental sobre evasión fiscal, corrupción en el fútbol o malas prácticas gubernamentales, pero también a Ana Garrido o Azahara Peralta, que en España abrieron los casos Gürtel o Acuamed.
Los plazos marcados por la propia directiva europea obligan a los estados miembros a incorporar esta norma a sus respectivas legislaciones antes del 17 de diciembre de este año.
Según responde el Gobierno a una pregunta formulada por el diputado del PSOE Odón Elorza, entre el 7 y el 27 del pasado mes de enero el anteproyecto de ley ha sido sometido a consulta pública en la página web del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo asegura que ha recibido más de 40 documentos de particulares y organizaciones interesados en la materia.
Como la directiva ofrece a los Estados margen de maniobra en la trasposición, el Gobierno ha sometido a la opinión de las partes interesadas diferentes aspectos de la norma. Por ejemplo, si conviene extender la protección prevista en la directiva, qué entidades del sector público y privado deben quedar obligadas a establecer los canales de denuncia o si deben admitirse las denuncias anónimas. También cómo deben gestionarse los canales internos, si se pueden dejar en manos de un tercero o no, y si debe crearse una autoridad administrativa independiente, que será la encargada de recibir y responder a las denuncias.
El Gobierno también ha preguntado por el tipo de sanciones que deban aplicarse a quienes infrinjan la ley y si pueden darse premios o recompensas a los alertadores.
Las proposiciones de la izquierda y de Ciudadanos
Algunos grupos parlamentarios ya expresaron el año pasado su opinión sobre estas cuestiones. En diciembre de 2019 ERC, Compromís, BNG y Más País registraron la primera proposición de ley de la actual legislatura, para trasponer la directiva europea. En ella se establecía que la protección se extendiera también a los medios de comunicación, ONG y plataformas ciudadanas que difunden las irregularidades desveladas por los filtradores.
De acuerdo con ese texto, las universidades, la Casa del Rey, el Consejo de Estado, el Banco de España, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, o el Congreso y el Senado, estarían obligados a crear canales internos donde denunciar abusos, irregularidades o casos de corrupción. Lo mismo sería obligatorio para los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, así como para las entidades privadas cuyos ingresos anuales tengan procedencia pública al menos en un 50%, las fundaciones y para las empresas que operen en servicios financieros o en materias con riesgo de blanqueo de capitales. Por el contrario, las empresas privadas no estarían obligadas: les bastaría con crear canales “externos” de alerta.
Las informaciones que se podrían desvelar a través de esos canales incluyen desde malas prácticas o mala gestión hasta fraude o amenazas, se hayan consumado o estén en fase de tentativa, y se hayan producido en España o en el extranjero. También los secretos empresariales, relativos a la propiedad intelectual o industrial, oficiales o militares, y las informaciones relacionadas con el secreto profesional y de las comunicaciones. Así, no sería delito acceder o copiar correos electrónicos “de un departamento laboral a los que normalmente no se tiene acceso”, explica el texto.
Organizaciones piden participar en la elaboración de una ley que proteja a los denunciantes de corrupción
La proposición de ley establece igualmente que al alertador deberá prestársele asistencia jurídica gratuita, bien a través de los colegios de abogados bien a través de una Autoridad Independiente de Protección de los Alertadores y Facilitadores. Y prevé sanciones de hasta 300.000 euros o tres años de inhabilitación por obstaculizar las alertas, represaliar a los filtradores o vulnerar la confidencialidad o el anonimato del denunciante.
También Ciudadanos presentó, en enero de 2020, su propuestasu propuesta para crear sistema de protección de los alertadores, pero lo hizo como parte de una proposición de ley de medidas de lucha contra la corrupción. En su caso, limitaban los hechos que podían denunciarse a aquellos que son constitutivos de delito o infracción administrativa y restringía la aplicación de la ley en el sector privado a los hechos que “lesionen o menoscaben el interés público”.
Según la proposición de ley de ERC, Compromís, BNG y Más País, el 40% de los casos de fraude en todo el mundo son descubiertos por alertadores.
El Gobierno incluirá en el Plan Normativo –recoge las iniciativas legislativas que se prevé aprobar cada año– de 2021 la trasposición de la directiva de la Unión Europea que protegerá a los alertadores o informantes de corrupción, los conocidos en inglés como whistleblowers, para que sea aprobada antes de que acabe el año. La directiva 2019/1937, ratificada por el Parlamento Europeo en octubre de 2019, permitirá a cualquier ciudadano revelar o informar sobre posibles infracciones, irregularidades o actuaciones que amenacen el interés general sin temor a represalias. Ya se trate de irregularidades en una empresa o en una administración pública, deberá haber canales que le garanticen la seguridad, el anonimato y la confidencialidad.