Los trabajadores del Boletín Oficial del Estado (BOE) comenzaron la pasada semana a protestar a las puertas de la agencia estatal en la avenida de Manoteras de Madrid contra el cierre de la Imprenta Nacional, que se producirá el 31 de diciembre de 2017, después de 231 años de historia. El BOE, nacido como diario oficial impreso por el Estado, se remonta a la Gazeta, cuya publicación pasó a depender de la Corona en 1762. La Imprenta Real comenzó a mover sus planchas un poco más tarde, en 1787. Aunque el boletín dejó de aparecer en papel en 2008, la imprenta ha seguido en activo. De sus planchas salen –o salían– desde los libros de familia hasta los manuales para hacer la declaración de la renta, todos los documentos del Ministerio de Justicia, los formularios de la Seguridad Social, los manuales de la Dirección General de Tráfico para recuperar puntos del carné… También imprime publicaciones para el Tribunal de Cuentas, el Instituto Cervantes y la UNED o los mapas del Instituto Geográfico Nacional.
Con el cierre, un total de 82 trabajadores, todos ellos personal laboral fijo, oficiales de primera y segunda, serán trasladados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). La medida figura en una disposición adicional de los Presupuestos del Estado, que aún no están aprobados. Pero la plantilla se opone. Es más, teme que al cierre de la imprenta le acompañe la contratación con imprentas privadas de los trabajos que hasta ahora venían realizando.
El caso es que la clausura de la histórica imprenta supone un brusco golpe de timón respecto a los planes que el Gobierno reservaba, en principio, a este servicio. El informe CORA, la guía que el Gobierno elaboró en 2012 para reformar y racionalizar las administraciones públicas, pretendía designar a la Agencia Estatal del BOE como “única imprenta” de la Administración General del Estado, “potenciándola con el fin de que pueda ofrecer servicios integrados que resulten competitivos en cuanto a calidad, precios y tiempos de ejecución”. El plan incluía el desmantelamiento simultáneo de las imprentas con “maquinaria obsoleta” de la Administración. Según el informe, existen un total de 69 imprentas o servicios de reprografía repartidas por todos los ministerios y organismos públicos, que emplean a 618 personas. “Una red de imprentas poco modernizadas y gestionadas de manera atomizada”, describe el CORA. De ellas, sólo cinco pueden dar soporte al programa editorial de la Administración del Estado: además de la del BOE, la de Hacienda, del Centro Geográfico del Ejército de Tierra, del Ministerio de Defensa y del Instituto Geográfico Nacional.
Así que el informe optó por centralizar en la imprenta del BOE todos los trabajos de edición e impresión del resto de las administraciones, así como “redistribuir” el personal de las imprentas obsoletas y reasignarlo a nuevos destinos en la del boletín, “incluso con el establecimiento de varios turnos”. También se pretendía “potenciar las ediciones electrónicas, de manera que sustituyan plenamente a las ediciones en papel e introduciendo la impresión bajo demanda”. El conjunto de estas actuaciones debía suponer un ahorro de 5,14 millones de euros anuales.“Los gobiernos cambian de ideas”
“Los gobiernos cambian de ideas”
Sin embargo, poco o nada de ese plan de racionalización se ha llevado a cabo. De otras imprentas han sido trasladados sólo una decena de trabajadores desde 2012, asegura el presidente del comité de empresa del BOE, Fernando Pérez Ruiz. Y los encargos procedentes de otros servicios “no han llegado a cinco”. Ahora, cinco años más tarde, la que debía ser imprenta de referencia de la Administración detiene sus planchas con el objetivo de ahorrar 1,5 millones de euros en sueldos. “Los gobiernos cambian de ideas”, fue la única explicación que los responsables de la agencia dieron a los sindicatos cuando les preguntaron por los planes de la CORA, explica Pérez Ruiz.
El Ministerio de la Presidencia, del que depende el BOE, no ha querido contestar a los repetidos intentos de infoLibre de obtener su explicación sobre los cambios que tiene previstos para la Imprenta Nacional.
Los sindicatos enmarcan su paralización definitiva en el proyecto de convertir la Agencia Estatal en un organismo autónomo, en cumplimiento de la Ley 40/2015. Los organismos autónomos se rigen por el Derecho administrativo y no pueden facturar a otras administraciones. Así que el siguiente paso es el recurso a las imprentas privadas, aseguran los representantes de los trabajadores. También los vientos de la digitalización empujan en contra de la imprenta. La Administración sin papeles debería haber quedado implantada el pasado 2 de octubre, fecha de la entrada vigor de la Ley 39/2015. Desde entonces, en teoría, todos los procedimientos, desde las comunicaciones de los ciudadanos y las empresas con la Administración hasta los expedientes, trámites y certificados, debían ser electrónicos. Aún está lejos, pero no demasiado, el día en que cualquier procedimiento administrativo será nulo de pleno derecho si figura en un soporte hecho de pulpa de celulosa.
Pero ya antes de desaparecer la Imprenta Nacional ha comenzado el traslado de parte de sus encargos a empresas privadas. En concreto, los manuales prácticos de la Renta, del Impuesto de Sociedades y del IVA llevan dos años siendo adjudicados en concurso público a Einsa Print, una empresa con sede en San Sebastián de los Reyes y plantas de impresión en Pontedeume y As Pontes (A Coruña). En 2007 fue nombrado vicepresidente de su consejo de administración José María Castellano, el ex consejero delegado de Inditex. Al mismo tiempo, lamentan fuentes de los trabajadores, han reducido sus encargos tanto la Dirección General de Tráfico como el Instituto Cervantes, para el que, por ejemplo, imprimían los exámenes para los solicitantes de la nacionalidad española.
Más funcionarios, cada vez menos laborales
La Imprenta Nacional facturó 2,41 millones de euros en 2015, último año del que el BOE publica sus cuentas anuales. Ese mismo ejercicio, la agencia estatal cerró con unas pérdidas de 17,7 millones. Sus fuentes de financiación son bastante rígidas, puesto que el 88% de los ingresos –un total de 41,3 millones en 2015– procede de las tasas que cobra por publicar los actos empresariales inscritos en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) y los anuncios tanto del BOE como del BORME. Un 10% más corresponde a las publicaciones oficiales que edita, imprime, distribuye y vende.
A la espera de que se aprueben los Presupuestos del Estado al filo del verano, los responsables del BOE confían en empezar a negociar en septiembre el protocolo para integrar la plantilla de la imprenta en la FNMT. La disposición adicional garantiza a los 82 trabajadores trasladados el mantenimiento de sus condiciones de trabajo y de su convenio colectivo. Eso sí, necesitarán formación para adaptarse a sus nuevas tareas. Han quedado excluidos del traslado los jefes de sección, los trabajadores próximos a la jubilación y los delegados sindicales.
La plantilla del BOE la componen 416 personas, de las que 85 son funcionarios y 312, personal laboral fijo. El resto lo integran trabajadores en prácticas. Pues bien, mientras la plantilla total se ha recortado en 126 personas desde 2004 hasta ahora, un 23,2%, el número de funcionarios ha crecido de 62 a 85, un 37%, según denuncia la Federación de Servicios Públicos de UGT. Según el comité de empresa, el aumento del personal funcionario se ha producido, además, sólo en los niveles superiores –niveles 28, 29 y 30–, al tiempo que el personal laboral se ha reducido en 168 personas desde 2004. El resultado es que, pese al recorte de plantilla, el gasto de personal en el BOE se mantuvo en 2015 casi al mismo nivel que hace una década, 19,3 millones de euros. Como queda dicho, la salida de los 82 empleados de la imprenta reducirá en 1,5 millones esa partida.
“Hay sitio para ellos” en la FNMT
Mientras los trabajadores de la Imprenta Nacional protestan en la calle contra el cierre, sus representantes han empezado a reunirse con los de la Fábrica Nacional de Moneda. “Hay sitio para ellos”, explica el representante de CCOO, Pablo Rodríguez, “tenemos una plantilla envejecida y hemos perdido personal en talleres, que es donde nos hacen falta trabajadores”. Las categorías en ambas instituciones son similares y “el oficio de impresión es básicamente el mismo, sólo necesitarán unos cursos de adaptación”, añade.
La FNMT, antigua Casa de la Moneda, imprime títulos universitarios, sellos, pasaportes, los carnés de identidad, registros notariales, billetes de lotería y del bingo… Para España y para países de Latinoamérica como la República Dominicana. Los pasaportes de Venezuela, por ejemplo, se imprimen en Madrid. “Son productos de mucha calidad, algunos con patentes que tienen mucho recorrido”, presume Pablo Rodríguez, quien por tanto no teme en el corto plazo la amenaza digital. Lo que no quiere decir que la desdeñe más adelante. “Como el resto de las artes gráficas”, se resigna.
La FNMT dejó de imprimir billetes de euro en 2015, cuando pasó a manos de la empresa Imbisa, una sociedad propiedad en un 80% del Banco de España. Para 2018, el 20% que ahora posee la FNMT lo comprará el organismo supervisor. La Fábrica Nacional de Moneda ganó 18,5 millones de euros en 2015, último año del que publica sus resultados. Entonces contaba con una plantilla de 1.212 empleados. El 6% de ellos eran temporales, el doble que dos años antes. A Imbisa, que fabrica 700 millones de billetes al año, han sido trasladados 250 trabajadores de la FNMT. Es lo que Fernando Pérez Ruiz llama la “tormenta perfecta”: la reconversión tecnológica, la transformación en organismo autónomo del BOE y el hueco dejado por Imbisa en la Casa de la Moneda han condenado a pieza de museo a la histórica Imprenta Nacional.
EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA NO RESPONDE
infoLibre envió a Presidencia un correo electrónico con las siguientes preguntas, que no ha contestado, después de intentar en repetidas ocasiones a lo largo de un mes obtener su versión para incluirla en esta información:
El personal de la imprenta del BOE, unos 80 trabajadores, va a ser trasladado a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), según consta en una disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado. Los trabajadores afectados y los sindicatos que los representan se oponen.
1.- ¿Cuál es el motivo del traslado?
2.- ¿Qué va a ocurrir con la imprenta del BOE y con los trabajos que en ella se realizan ahora?
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3.- ¿Qué tareas van a desempeñar en la FNMT estos trabajadores del BOE?
4.- ¿Ha sido redactado ya el protocolo según el cual se va a efectuar ese traslado?
5.- ¿En qué va a consistir la transformación digital que va a acometer el BOE?
Los trabajadores del Boletín Oficial del Estado (BOE) comenzaron la pasada semana a protestar a las puertas de la agencia estatal en la avenida de Manoteras de Madrid contra el cierre de la Imprenta Nacional, que se producirá el 31 de diciembre de 2017, después de 231 años de historia. El BOE, nacido como diario oficial impreso por el Estado, se remonta a la Gazeta, cuya publicación pasó a depender de la Corona en 1762. La Imprenta Real comenzó a mover sus planchas un poco más tarde, en 1787. Aunque el boletín dejó de aparecer en papel en 2008, la imprenta ha seguido en activo. De sus planchas salen –o salían– desde los libros de familia hasta los manuales para hacer la declaración de la renta, todos los documentos del Ministerio de Justicia, los formularios de la Seguridad Social, los manuales de la Dirección General de Tráfico para recuperar puntos del carné… También imprime publicaciones para el Tribunal de Cuentas, el Instituto Cervantes y la UNED o los mapas del Instituto Geográfico Nacional.