Las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Hacienda, María Jesús Montero, se reunieron el martes por la tarde con representantes de las principales empresas petroleras españolas. La convocatoria se había enviado la víspera, cuando el Gobierno acababa de anunciar una bonificación de 500 millones de euros para ayudar a los transportistas a hacer frente a la escalada de precios de los carburantes que, en parte, iba a ser sufragada por las petroleras. En la cita, las ministras expusieron a Repsol, Cepsa y BP España, así como a la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que el sector “tenía que colaborar” en la salida de la crisis que están provocando los costes energéticos disparados. Y les pidió que presentaran sus propuestas de colaboración en un plazo de 48 horas, que se cumplirá este jueves. También este jueves, a las 11:30, las ministras tienen previsto reunirse de nuevo con los transportistas para detallarles cómo se van a aplicar las ayudas. El Gobierno ha adelantado así una cita que en principio sólo estaba prevista para el viernes, una vez finalizada la cumbre europea.
“Nos marcaron un camino sin concretar”, resume a infoLibre María Ortiz, secretaria general de UPI, quien adelanta que la asociación está preparando “una respuesta constructiva”. “Vamos a explicar nuestros problemas y a proponer algo factible legal y económicamente”, precisa. Porque UPI representa a ocho empresas mayoristas, pero sin capacidad de refino, que también están resultando afectadas por los precios disparados del crudo. “Compramos más caro, hemos doblado el circulante y afrontamos el doble de riesgo para operar, porque vendemos menos y los márgenes son los que son”, lamenta María Ortiz. De la escalada del petróleo, asegura, sólo hay “dos ganadores”: el Estado, que ha disparado su recaudación, y los productores de crudo.
Fuentes de los grandes operadores reunidos en AOP, por su parte, reducen la reunión del martes a un “intercambio de opiniones”. Otras fuentes del sector hablan de “puesta en común”. El Ministerio de Transición Ecológica, por su parte, enmarca la cita en el “proceso de consultas con los sectores económicos” para elaborar el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra. A ella acudieron los consejeros delegados de Repsol, Josu Jon Imaz, y Cepsa, Maarten Wetselaar, así como el presidente de BP España, Andrés Guevara de la Vega, y los de AOP, José Antonio Carrillo, y UPI, José María Gordo.
Según María Ortiz, en cambio, la reunión fue una convocatoria urgente cuyo motivo –“Lo desconocíamos, tuvimos que preguntarlo”– se resumió en una palabra: “precios”. Fuentes del sector aseguraron a este periódico el mismo lunes, cuando se les preguntó por el anuncio del Gobierno de que las petroleras iban a costear parte de los 500 millones de bonificación, que acababan de enterarse al mismo tiempo que los medios de comunicación.
Dos opciones: un precio máximo o una tasa obligatoria
Las opciones que UPI considera viables son dos. La primera, fijar precios máximos, “porque no se puede forzar una concertación de precios que sería ilegal”, apunta María Ortiz. La segunda, “una carga parafiscal”, un pago obligatorio para construir un sistema similar al Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico con el que el Gobierno pretende costear las energías renovables –unos 7.000 millones de euros anuales– y, al tiempo, abaratar la luz un 13% en un plazo de cinco años. Pero a la secretaria general de UPI este segundo mecanismo no le convence porque la rebaja conseguida podría terminar siendo repercutida en el consumidor.
Por el mismo motivo, que es el cliente final quien lo paga, no el transportista, desecha Ortiz una bajada del IVA de los carburantes. Aunque sí cree que del aumento de la recaudación por este impuesto indirecto es posible obtener dinero para financiar las ayudas directas para los transportistas. Antes que de los distribuidores independientes de combustibles: “No hay de dónde sacar, al menos en nuestro sector, que está siendo doblemente afectado por la crisis; por el desajuste entre oferta y demanda y por la guerra en Ucrania”.
Forman parte de UPI empresas como Meroil, Axoil, Disa, Dyneff o Avía, que suman una cuota de mercado del 15%. En AOP, por contra, están integrados siete grandes operadores: Repsol, Cepsa, Eni, Galp, BP, Gunvor y Saras.
Las petroleras francesas e italianas contribuyen
En Francia, el Gobierno aplicará a partir del 1 de abril una rebaja de 15 céntimos el litro para el transporte profesional, que podrá llegar a 20 céntimos en el caso de que alguna petrolera acceda a descontar los cinco céntimos restantes. La principal petrolera francesa, TotalEnergies, anunció el pasado día 16 que, a petición del Gobierno, a partir del 1 de abril recortará 10 céntimos el precio del litro de combustible en el surtidor.
Para María Ortiz, el mecanismo francés es un poco “chapucero legalmente”. Y su problema para trasladarlo a España es que las empresas distribuidoras “ni siquiera controlan el 100% de sus gasolineras”, por lo que no podrían asegurar que aplicaran la bajada de precio al usuario final en todos los casos.
En Italia, se ha rebajado el equivalente al Impuesto Especial de Hidrocarburos español y el IVA de los carburantes, ya que en ambos casos superaban ampliamente los mínimos fijados por Bruselas. En total, la reducción suma 30 céntimos el litro. Además, las petroleras ya han rebajado los precios: Eni cinco céntimos la gasolina y siete el gasóleo, Tamoil siete céntimos en ambos combustibles, lo mismo que IP (Italiana Petroli). Q8 los reduce ocho céntimos.
En Portugal, se ha creado un bono para el consumidor de 20 céntimos el litro, con un límite de 50 litros o 20 euros al mes. Además, el Gobierno ha suspendido el impuesto sobre el carbono y revisa cada mes el precio del combustible: si sube, baja el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Tren, autobuses, taxis y VTC también piden ayudas
Mientras en España no terminan de concretarse las acciones para frenar la escalada de precios de la energía, otros sectores se suman a las voces de los transportistas de mercancías por carretera. Los de ferrocarril piden al Gobierno soluciones para el encarecimiento de la electricidad, que se ha traducido en una subida del 80% de la factura que estos operadores pagan a Adif. El Centro de Promoción del Transporte de Mercancías por Ferrocarril (CPTMF) lamenta que el Ministerio de Transporte no le haya contestado aún a la solicitud de reunión que le hizo el pasado mes de febrero.
El transporte de viajeros, desde los autobuses hasta los taxis y VTC, sí que consiguió una cita en la tarde de este miércoles con la ministra Raquel Sánchez. Este domingo tienen previsto manifestarse en Madrid, aunque los taxis ya protestaron este mismo miércoles tanto en Madrid como en Barcelona.
Que se dé prisa
“No queremos que nos subvencionen el gasóleo, sino que no se nos contrate por debajo de costes”
Otras instancias lo que piden al Gobierno, sobre todo, es que se dé prisa. La patronal logística UNO le exige una bajada “inmediata y contundente” del gasóleo sin esperar al 1 de abril, la fecha en que el Ejecutivo ha anunciado que entrarán en vigor las medidas aún en preparación. Los grandes operadores, desde Amazon y DHL hasta Seur y Logista, rechazan la bonificación “inconcreta” anunciada por el Gobierno y consideran “más operativo” un “importante recorte directo” del precio de los carburantes, no sólo para los camiones, sino también para las furgonetas.
Lo mismo han hecho CEOE y Cepyme, que instan “de forma taxativa” al Gobierno para que este jueves “detalle de una vez” cómo van a ser las ayudas directas prometidas. “No es una cuestión aplazable por más tiempo”, apremian las patronales, porque la situación es “insostenible” para una mayoría de los sectores empresariales y “amenaza con desbordarse ante la inacción política”.
Las patronales de supermercados, grandes superficies, alimentación y bebidas y hostelería cifran en 130 millones de euros las pérdidas diarias de las empresas del gran consumo por culpa del paro de los transportistas. Y auguran que muchas de ellas están abocadas a la ejecución de ERTE si no hay una “respuesta contundente” del Gobierno. Danone ha anunciado este miércoles que para la producción de dos de sus siete plantas en España por la falta de materias primas. Mientras, la flota de bajura del Cantábrico –Galicia, Asturias y País Vasco– ha ampliado su paro hasta el próximo lunes.
Las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Hacienda, María Jesús Montero, se reunieron el martes por la tarde con representantes de las principales empresas petroleras españolas. La convocatoria se había enviado la víspera, cuando el Gobierno acababa de anunciar una bonificación de 500 millones de euros para ayudar a los transportistas a hacer frente a la escalada de precios de los carburantes que, en parte, iba a ser sufragada por las petroleras. En la cita, las ministras expusieron a Repsol, Cepsa y BP España, así como a la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP) y la Unión de Petroleros Independientes (UPI), que el sector “tenía que colaborar” en la salida de la crisis que están provocando los costes energéticos disparados. Y les pidió que presentaran sus propuestas de colaboración en un plazo de 48 horas, que se cumplirá este jueves. También este jueves, a las 11:30, las ministras tienen previsto reunirse de nuevo con los transportistas para detallarles cómo se van a aplicar las ayudas. El Gobierno ha adelantado así una cita que en principio sólo estaba prevista para el viernes, una vez finalizada la cumbre europea.