ECONOMÍA DE GUERRA
“No queremos que nos subvencionen el gasóleo, sino que no se nos contrate por debajo de costes”
“No queremos que nos subvencionen el gasóleo; nuestra principal reivindicación es que no se nos pueda contratar por debajo de costes”, resume a infoLibre un portavoz de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, convocante de los paros de camioneros que están poniendo en jaque a fábricas, explotaciones agrícolas y supermercados de todo el país. José, así dice llamarse el portavoz, explica a continuación que el precio disparado del combustible sólo ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero que el problema ese “estructural”. Y no van a desconvocar los paros hasta que les reciba la ministra, anuncie lo que anuncie el Gobierno el próximo viernes tras la reunión del Consejo Europeo.
Para la plataforma, los 500 millones de euros de bonificación que el Ejecutivo esgrimió este lunes como ayuda para que los transportistas hagan frente a la escalada de precios de los carburantes no son más que un “paripé” del que ha formado parte el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el único órgano que el Gobierno reconoce como representativo del sector. La plataforma no forma parte del CNTC ni quiere hacerlo. En él están sentadas patronales como la CETM –las grandes empresas–, Astic –transporte internacional– y Fenadismer, integrada por autónomos y pymes. Pero la plataforma no le reconoce autoridad alguna. “Son nuestros jefes, y no me va a solucionar el problema quien me lo ha creado”, argumenta José. Su problema, que le paguen por debajo de costes, “llevan ocultándolo durante años” los grandes “cargadores y operadores del transporte”, subraya, que son “comisionistas”.
El secretario general de Fenadismer, Juan José Gil, corrobora que, en efecto, los grandes transportistas “viven a costa de la rentabilidad de los autónomos” y que es una cuestión para solventar a medio plazo mediante la aprobación de una Ley de Cadena similar a la que el Congreso ratificó para los agricultores el pasado mes de diciembre, pese al no de PP y Vox. Para la plataforma, en cambio, es un problema inmediato. “Queremos una solución ya”, apremia José, “porque entre el 60% y el 65% del sector se encuentra en quiebra técnica. No tenemos para arrancar”.
Por su parte, un portavoz de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), niega que ésta represente únicamente a las grandes empresas del sector. “Reunimos a más de 40 asociaciones provinciales y también a autónomos, tenemos socios con sólo dos o tres camiones y otros con 200; lo que dicen no se ajusta a la realidad: trabajamos para defender a todos los tipos de empresas”. CETM, añade, también defiende la Ley de Cadena para evitar que se pague por debajo de costes.
CETM no se ha sumado a los paros, sino que quiere esperar a la reunión que el Gobierno ha convocado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera para el viernes, una vez concluida la cumbre europea, para conocer el detalle de las medidas anunciadas este lunes. “Claro que nos habría gustado conocer ya el desglose de los 500 millones, pero vamos a mantener el diálogo con el Gobierno”, indica el portavoz.
“La cuenta no nos sale”
No obstante, las patronales se está viendo arrastradas por el éxito de una convocatoria que en principio se preveía minoritaria. En un comunicado, CETM dice “entender” que muchas empresas y autónomos “no tengan otra opción que la de parar”. Mientras que Fenadismer finalmente se ha sumado a los paros, después de una asamblea en la que la mayoría de sus socios decidió dejar el camión en la calle. “Por simpatía se han unido muchos y es entendible, en el momento de convulsión en que nos encontramos, es fácil prender la mecha”, razona Juan José Gil.
Desde enero de 2021, el gasóleo ha aumentado un 34% su precio en España. Según los informes mensuales que publica el Ministerio de Transición Ecológica, un litro de gasóleo costaba en febrero 147,1 céntimos. Con los cálculos de la plataforma que ha convocado los paros, los 500 millones de euros de bonificación no les subvencionarían más que dos céntimos el litro, cuando los camioneros están pagando ahora “de 45 a 50 céntimos más de lo que deberían”, apunta José. La ayuda comprometida por el Gobierno francés asciende a 15 céntimos el litro y a 30 la anunciada por el Ejecutivo portugués.
Las cuentas que hace Juan José Gil dan como resultado una ayuda de 1.282 euros por camión, si se dividen los 500 millones entre los 390.000 vehículos de transporte público que hay en España. Y tampoco resuelven el problema, asegura, cuando el sobrecoste que soportan los transportistas desde enero asciende a 2.000 euros. “La cuenta no nos sale, a no ser que sea otra la fórmula magistral que tenga el Gobierno”, advierte.
Para CETM, por su parte, las cifras no están tan claras, porque las ayudas serían sólo para unos meses –las francesas están pensadas para cuatro meses–, no para todo un año.
En lo que sí coinciden CETM y Fenadismer es en que bajar los impuestos, el IVA y el Especial de Hidrocarburos, no es la solución idónea. Para bajar el IVA hace falta la aprobación de la Unión Europea y para el Impuesto Especial Bruselas también impone un límite mínimo que no se puede sobrepasar. En cualquier caso, Fenadismer exige que se imponga un premio máximo al gasóleo, para que los 500 millones de subvención “no terminen absorbiéndolos las petroleras”.
CETM defiende los acuerdos “históricos” alcanzados con el Gobierno el pasado diciembre, cristalizados en un real decreto-ley del 1 de marzo y que, a su juicio, proporcionan a los transportistas “herramientas” para repercutir el precio del combustible. Se trata de la cláusula de revisión de la variación del precio del gasóleo, que es obligatoria y se actualizará semanalmente. Esa medida, no obstante, está diseñada para “situaciones normales de mercado”. “Ahora es imposible aplicarlas”, reconoce Juan José Gil. Habrá que esperar, apunta CEMT, a que se estabilicen los precios de los carburantes.
“Un problema de Estado”
Mientras, desde la siderurgia hasta la construcción pasando por los supermercados, las grandes superficies y las cooperativas agroalimentarias han dado la señal de alarma: algunas empresas han tenido que cerrar y otras amenazan con hacerlo la próxima semana si continúan los paros de los transportistas, que ya suman 10 días. Las patronales del gran consumo exigen al Gobierno una “intervención urgente” en un conflicto que, dicen, “se ha convertido en un problema de Estado”. Y a los convocantes del paro les piden que “dejen de someter” a la sociedad a la “coacción”. La conservera Calvo, Azucarera Española y Cuétara son algunas de las empresas que ya han suspendido la fabricación. Danone, Heineken y Estrella Galicia han anunciado que deberán hacerlo la semana que viene si no se restablecen los suministros y la distribución.
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La patronal Unesid advierte de que ninguna empresa siderúrgica opera con normalidad en estos momentos: o han reducido o han paralizado su producción, por falta de materias primas o porque no pueden servir pedidos a sus clientes. Lo mismo ocurre con los suministros de cemento, hormigón y cerámica para la construcción. En Galicia, algunas explotaciones lácteas han empezado a tirar la leche que no les recogen las industrias, aunque este martes se han abierto corredores seguros para permitir el tranporte desde las granjas. Un total de 25 municipios gallegos, gobernados por alcaldes de distintos partidos, pero todos ellos con elevada producción láctea, y cinco organizaciones agrarias han firmado una carta en la que instan a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a dialogar con los transportistas y establezca corredores seguros, ante el “riesgo claro de colapso” que corre “todo el sector primario gallego”.
La plataforma que ha convocado los paros se proclama “apolítica”, “ni de izquierdas ni de derechas”. “Sólo defendemos reivindicaciones de trabajo”, explica José a este periódico. Rechaza, por tanto, cualquier vínculo con la extrema derecha. Aunque sí admite que “partidos de todo signo” les han llamado y algunos “están apuntándose” y “haciéndose la foto”. “Pero nosotros no queremos entrar con nadie”, zanja.
Al secretario general de Fenadismer le preocupan las “intromisiones políticas” que se han producido en el conflicto. Por ejemplo, critica que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haya pedido al Gobierno que reciba al responsable de la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías: “Cualquier intervención política en el sector es negativa”.