El juez que investiga al fiscal general llama a declarar al novio de Ayuso por la filtración de su correo

El magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado, instructor de la causa abierta al fiscal general del Estado y a la fiscal provincial de Madrid por un delito de revelación de secretos, ha acordado este miércoles citar a declarar como testigo a Alberto González Amador el próximo 23 de mayo. Además, ha acordado abrir una pieza separada secreta en el procedimiento para incluir la respuesta de las autoridades irlandesas y estadounidenses a las comisiones rogatorias cursadas por el instructor para recuperar correos o mensajes borrados del jefe del Ministerio Público, Álvaro García Ortiz. Una diligencia que, deslizaba el magistrado, parece haber sido “exitosa”.

A finales de enero, el instructor del caso, Ángel Hurtado, rechazó la petición de las defensas de citar al empresario como testigo previamente a la declaración del fiscal general del Estado y la fiscal jefa de Madrid. Lo hizo señalando que la posición del querellante ya venía prefijada en la querella y en la actividad de su representación a lo largo de lo actuado, por lo que entendía que una diligencia como la solicitada suponía "una dilación para la declaración de los investigados".

Una decisión que hace un par de semanas corrigió la Sala de Apelación. "Siendo la propia defensa quien solicita la declaración del querellante, no vemos motivo para su denegación, pues será el afectado por la presunta divulgación quien ofrecerá los contornos de su actuación.Tan a disposición de la instrucción se encuentra el querellado como el querellante, por lo que accederemos a su toma de declaración, en los términos expuestos, es decir, para averiguar todos los contornos de la supuesta difusión de datos", recogía la resolución.

A lo largo de la instrucción, se ha conocido que el abogado de González Amador también hizo llegar en su día el correo con la confesión y la propuesta de un acuerdo para cerrar el caso de fraude fiscal que persigue al empresario a la Abogacía del Estado. Del mismo modo, también se ha conocido que fue la pareja de Ayuso quien envió a Rodríguez el correo electrónico que horas después el jefe de Gabinete utilizó mediáticamente para trasladar la idea de que era el Ministerio Público quien buscaba un pacto con el empresario, un bulo que se derrumbó con la filtración de los mails previos que ahora se investiga en el Supremo.

La resolución de la Sala de Apelación recordaba al instructor que el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “determina que el sumario lo constituyen las actuaciones encaminadas a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir en su calificación y la culpabilidad de los delincuentes". "Desde este plano interpretativo, la declaración del querellante puede, sin duda, servir para constatar tales circunstancias, particularmente su incidencia en el plano personal, que es uno de los elementos del art. 417.2 del Código Penal, si fuera ésta la calificación delictiva final", completa.

En la misma providencia por la que llama a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el instructor cita también a los peritos que firmaron el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el resultado del material intervenido en los registros realizados en el despacho de la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez.

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Por otro lado, el magistrado ha dictado auto en el que abre pieza separada, que declara secreta por plazo de un mes, para incorporar la respuesta de las autoridades irlandesas a la petición de información que hizo sobre los datos que pudiera tener Google en su poder respecto de García Ortiz. La documentación fue remitida el martes en una carpeta. Y el magistrado cree que puede contener datos interesantes. Así lo plasma, de hecho, en su auto: “Con fecha de ayer era recibida de la delegación irlandesa, a través de la delegación española en Eurojust, documentación relativa a la ejecución de la comisión rogatoria en su día remitida a Irlanda, lo que, en principio, apunta a haber obtenido la información que se interesaba”.

Hurtado también pidió en su día información a Whatsapp. Pero, en este caso, las autoridades irlandesas respondieron que Meta Platforms Ireland Limited está gestionada desde Estados Unidos. El magistrado cursó entonces una rogatoria a este otro país. La respuesta llegó este miércoles. Y el instructor, del mismo modo que ha hecho con la información remitida desde Irlanda, la ha volcado en otra pieza separada más.

Tanto en un caso como en el otro, el magistrado del Supremo ha encargado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un "análisis pericial de inteligencia" sobre la información recibida. Eso sí, limitada a los hechos objeto de la investigación y al periodo comprendido entre el 8 y el 14 de marzo.