La llegada de los millonarios fondos europeos para la recuperación era una buena noticia que escondía un gran temor. La tramitación de expedientes y ayudas constituye un auténtico órdago para la capacidad de gestión de las administraciones públicas. El volumen de dinero que debe repartirse triplica el presupuesto de los fondos estructurales. A España le corresponden 140.000 millones de euros, entre transferencias y créditos, casi tres veces más de lo que recibió como fondos estructurales del Presupuesto de la Unión entre 2014 y 2020. Además, tiene que gastarlos a toda prisa: los compromisos deben estar fijados antes de que termine 2023 y ejecutados antes de 2026. Es más, el 70% de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) –141.128 millones de euros para España– deben comprometerse antes de que acabe este año. El resto, antes de diciembre de 2024.
Uno de las principales dificultades para digerir la lluvia de millones es la falta de recursos humanos en las administraciones, infradotadas de personal técnico cualificado. De forma que el Gobierno ha tenido que recurrir, como en otras muchas ocasiones, a los conocidos como “medios propios”: empresas públicas a las que hace “encargos” o “encomiendas”, no contratos, para suplir la carencia de plantilla. Igual que ha ocurrido con la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), por ejemplo, los diferentes ministerios se están rascando los bolsillos para que Tragsa, Ineco o Isdefe se encarguen de la avalancha de expedientes, proyectos y contratos necesarios para convertir los fondos europeos en actividad económica real.
Sumando los encargos que aparecen publicados en la Plataforma de Contratación del Estado, sólo en tareas de apoyo y asistencia técnica el Gobierno se va a gastar al menos 133,12 millones de euros, de momento, en pagar a las tres empresas citadas. Aunque el monto total del dinero que recibirán de los fondos de recuperación será muy superior. Sólo Tragsa recibió en 2021 un total de 160 millones de euros gracias a 92 encomiendas de la Administración, el 7% de las que firmó ese año. La mayoría de las que corresponden a su filial Tragsatec –11 encargos por un importe de 16,9 millones de euros– son para apoyar la gestión burocrática de las ayudas europeas, de acuerdo con el registro que aparece en su propia página web, pero la matriz Tragsa recibirá 8,48 millones por ejecutar proyectos financiados con los fondos, desde la restauración del ecosistema en las Tablas de Daimiel y de la flora en Los Yébenes (Toledo) o el Monte Pinar de Valsaín hasta actuaciones en el Parque Nacional de Cabañeros.
Pero los que mayor número de encargos han recibido son Ineco, en principio una firma especializada en ingeniería y consultoría del transporte, e Isdefe, dedicada a la ingeniería de sistemas para la defensa. La primera ha firmado al menos 18 encomiendas por importe de 57,33 millones de euros, mientras que la segunda se ha hecho con otras 11 por valor de 50,4 millones. Todas para apoyar la gestión de las ayudas europeas.
De Adif al Museo del Prado
Todos los ministerios han recurrido a medios externos para dar salida al volumen extra de trabajo que están suponiendo los fondos de la UE. Transportes y Movilidad el que más, con 27,2 millones, pero también Trabajo y Seguridad Social o Cultura repiten encargos. Además, Adif suma 30,32 millones en encomiendas a Ineco para que le apoye en la gestión. IDEA, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, se ha gastado 4,6 millones en solicitar la ayuda de Isdefe. Y Cultura empleará 6,5 millones de su presupuesto en cuatro encargos para Tragsatec. El Museo del Prado ha destinado 2,64 millones de euros para pagar a Isdefe por su “apoyo en la “transformación digital” de la pinacoteca. También el Instituto Geológico y Minero y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) han tenido que recurrir a Tragsatec e Ineco, respetivamente, para que les den “soporte técnico” y les ayuden en la redacción de proyectos.
¿Los encargos más caros? Los 15,54 millones de euros que Adif pagará a Ineco por su asistencia técnica para gestionar proyectos de obras de conservación y mantenimiento. O los 11,96 millones en que está tasada la encomienda de la Dirección General de Digitalización e Inteligencia Artificial con Isdefe para que le apoye en la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones destina 10,06 millones para la asistencia que le proporciona también Isdefe en el Plan de Conectividad, el de Desarrollo del 5G y el Spain Audiovisual Hub. Al Ministerio de Transportes le costará 9,65 millones de euros que Ineco le ayude en la gestión de la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030 y de la Ley de Movilidad Sostenible. El ministerio justifica el encargo de los servicios de apoyo a Ineco “por el volumen de recursos humanos y materiales necesarios” para acometer la tarea.
Más empleo temporal
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Todos estas encomiendas supondrán la contratación de un buen número de empleados temporales por parte de las tres empresas públicas mencionadas, que ya de por sí tienen un enorme volumen de trabajadores eventuales. La reforma laboral recién aprobada permite a la Administración suscribir contratos temporales a fin de emplear al personal que sea necesario para ejecutar los programas que se financien con fondos europeos. Es una de las excepciones a la consideración del contrato indefinido como ordinario que ha consagrado ahora el Estatuto de los Trabajadores. infoLibre ha preguntado a Tragsa, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y el Ministerio de Hacienda y Función Pública, del que dependen las dos primeras, por el número de empleos temporales que implicarán las múltiples encomiendas para tramitar las ayudas europeas, pero no ha recibido contestación.
En estos momentos, las empresas de la SEPI se encuentran en plena fase de adaptación de sus plantillas a la reforma laboral. Para hacerlo, tienen un plazo de tres meses, que comenzó a correr el 1 de enero. Y no será una labor pequeña. El 61,37% de la plantilla del grupo Tragsa –16.408 trabajadores— es temporal; en la filial Tragsatec es incluso mayor, el 67,15%. Entre 2019 y 221, la plantilla del grupo ha crecido un 19,75%, pero sus temporales han aumentado mucho más, casi un 34%. En Tragsatec el alza ha sido de un 42,25% en dos años. La tasa temporalidad media en España es muy inferior, un 26%. Y la Ley de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, aprobada también el pasado diciembre, obliga a las administraciones y a las empresas estatales a rebajar su tasa de trabajadores eventuales hasta el 8%. Además, en el Plan de Recuperación el Gobierno se compromete a “estabilizar al menos 300.000 puestos de trabajo” antes del 31 de diciembre de 2024. En Ineco la tasa de temporalidad roza el 50%, según fuentes sindicales, pero en Isdefe es menor: un 20,6% según consta en su informe de información no financiera.
Las empresas públicas, tanto los medios propios como el resto de las sociedades mercantiles integradas en la SEPI, calculan estos días sus necesidades de plantilla para hacer frente al volumen ordinario de trabajo. Esas cifras deberán estar listas y ser aprobadas por el Ministerio de Hacienda para ofrecer un plan de estabilización antes del 1 de junio.
La llegada de los millonarios fondos europeos para la recuperación era una buena noticia que escondía un gran temor. La tramitación de expedientes y ayudas constituye un auténtico órdago para la capacidad de gestión de las administraciones públicas. El volumen de dinero que debe repartirse triplica el presupuesto de los fondos estructurales. A España le corresponden 140.000 millones de euros, entre transferencias y créditos, casi tres veces más de lo que recibió como fondos estructurales del Presupuesto de la Unión entre 2014 y 2020. Además, tiene que gastarlos a toda prisa: los compromisos deben estar fijados antes de que termine 2023 y ejecutados antes de 2026. Es más, el 70% de las subvenciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) –141.128 millones de euros para España– deben comprometerse antes de que acabe este año. El resto, antes de diciembre de 2024.