Los organismos autónomos de la Administración o mejor, los responsables de los organismos autónomos de la Administración, también lloran. Lo hacen en forma de comunicados, pero no deja de ser llanto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un ejemplo. El organismo, creado en 2013, se ha quejado porque ha tenido que aplazar el informe preceptivo que está obligado a realizar antes del 15 de abril sobre los planes de control del Gobierno de la deuda y el gasto público (Programa de Estabilidad). La causa es que el Ejecutivo le ignora. Ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Hacienda han proporcionado al organismo la información necesaria para que dictamine sobre el Programa de Estabilidad actualizado antes de su envío a Bruselas el 30 de abril.
La ley por la que se creó el organismo (Ley Orgánica 6/2013) establece que antes del 15 de abril de cada año, AIRef debe informar del proyecto de Programa de Estabilidad y valorar los compromisos que garanticen el cumplimiento de los objetivos presupuestarios. El de 2015, según fuentes del organismo, iba a ser el primero realizado sobre un Programa de Estabilidad. No ha podido ser. Sencillamente, según el comunicado, no dispone de información completa.
Sólo borradores
"Tienen borradores [del Programa de Estabilidad]", sostienen fuentes del Ministerio de Economía, "pero no están cerrados". AIReF no los considera suficientes. Fuentes del organismo aseguran que esperan tener toda la información de los ministerios antes del 21 de abril para poder informar sobre el programa antes de que se envíe a la Comisión Europea a finales de mes.
Nadie lo da por seguro. El Gobierno tiene sus prioridades, sostienen fuentes ministeriales, y que AIReF cumpla su calendario no es una de ellas. Tanto la Autoridad Fiscal Independiente como los ministerios coinciden en que si los plazos son ajustados, habrá que cambiar la norma que los fija (artículo 16 de la Ley Orgánica). Según AIReF ya hay conversaciones al respecto, pero ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Hacienda las confirman.
La displicencia del Gobierno con la AIReF a la hora de someter a examen sus previsiones contrasta con los argumentos que empleó cuando anunció su creación en 2013. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó que AIReF gozaría de "plena autonomía e independencia" "plena autonomía y que tendría como principal objetivo garantizar el principio de estabilidad presupuestaria que marca el artículo 135 de la Constitución.
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Hijo del artículo 135
Porque ese fue su origen. Aunque fue aprobado hace dos años, AIReF es un organismo autónomo hijo de la reforma constitucional y del artículo 135 que dio prioridad al pago de la deuda pública sobre el resto de obligaciones del Estado en 2011. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, más vehemente en la palabra que Sáenz de Santamaría, calificó el organismo que preside José Luis Escrivá (exdirector del servicio de estudios del BBVA) como "uno de los más avanzados del mundo".
Los halagos públicos no han servido, sin embargo, ni para facilitar la labor fiscalizadora de AIReF ni para pasar por alto algunas de las decisiones del incómodo Escrivá. Una de esas decisiones, muy criticada, fue la reforma de la nueva sede del organismo, 1.275 metros cuadrados en la madrileña calle de José Abascal. El coste de la reforma previsto es de un 8,5% de los 4,484 millones que maneja el organismo como presupuesto para 2015.
Los organismos autónomos de la Administración o mejor, los responsables de los organismos autónomos de la Administración, también lloran. Lo hacen en forma de comunicados, pero no deja de ser llanto. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es un ejemplo. El organismo, creado en 2013, se ha quejado porque ha tenido que aplazar el informe preceptivo que está obligado a realizar antes del 15 de abril sobre los planes de control del Gobierno de la deuda y el gasto público (Programa de Estabilidad). La causa es que el Ejecutivo le ignora. Ni el Ministerio de Economía ni el Ministerio de Hacienda han proporcionado al organismo la información necesaria para que dictamine sobre el Programa de Estabilidad actualizado antes de su envío a Bruselas el 30 de abril.