La ministra de Empleo, Fátima Báñez, prometió el pasado noviembre en el Congreso aliviar el déficit de la Seguridad Social convirtiendo las reducciones de cuotas a la Seguridad Social, un tipo de incentivos a la contratación, en bonificaciones. Las primeras son cotizaciones que las empresas no pagan por cada nuevo trabajador que emplean y, por tanto, son ingresos que deja de percibir la Seguridad Socialingresos que deja de percibir la Seguridad Social. Las segundas, aunque tampoco las pagan los empresarios, son compensadas mediante transferencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por lo que no aumentan los números rojos del sistema. Según dijo entonces Báñez, la conversión permitiría aumentar los ingresos de la Seguridad Social en 1.900 millones de euros.
Sin embargo, en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año sólo se han transformado en bonificaciones compensadas por el SEPE 233 millones de euros en reducciones de cuotas, apenas el 7% de los 3.342,46 millones de euros en incentivos previstos. Corresponden únicamente a las exenciones concedidas a los contratos que se celebran al amparo del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en cumplimiento de un real decreto aprobado el pasado 23 de diciembre. El resto no se ha tocado. “Son sólo gestos”, aseguró el pasado lunes en rueda de prensa el secretario de Protección Social de CCOO, Carlos Bravo.
La eliminación de las reducciones de cuotas es una de las medidas sobre la mesa en la que sindicatos, patronal y ministerio negocian cómo mejorar el sistema público de pensiones, junto con otras como el destope de las bases máximas de cotización. En cualquier caso, el ritmo de discusión en ésta y en el resto de las mesas tripartitas de diálogo abiertas –calidad del empleo, Plan de Choque por el Empleo, formación, salud laboral– está siendo muy lento, lastrado por “los tiempos políticos”, lamentó Carlos Bravo. Con la pérdida de la mayoría absoluta en el Congreso, cualquier propuesta del Gobierno necesita recabar apoyos parlamentarios adicionales.
De hecho, el Gobierno ya ha perdido dos veces en el Congreso sendas votaciones sobre estos incentivos. La última, el pasado 21 de marzo, cuando propuso extender hasta 2021 la tarifa plana de 500 euros para los contratos indefinidos. Lo había intentado un año antes, con idéntico resultado.
Las subvenciones a los contratos son controvertidas por dos motivos. El primero, porque los expertos coinciden en su ineficacia cuando no se limitan a colectivos muy determinados con grandes dificultades para acceder al empleo: las empresas se ahorran las cotizaciones de unos trabajadores que habrían contratado igualmente aunque no existieran los incentivos. El segundo, porque reducen los ingresos de la Seguridad Social, ahondando su déficit, que en 2016 alcanzó la cifra récord de 18.600 millones de euros.
Empleo y la Airef, contra las reducciones
Curiosamente, el propio Ministerio de Empleo pidió acabar con las reducciones de cuota en el Informe sobre el desarrollo del Pacto de Toledo que envió a la citada comisión parlamentaria en 2016. Entonces aseguraba que estas exenciones “ponen en riesgo” el pago de prestaciones públicas –pensiones, subsidios y otro tipo de ayudas sociales– y “generan efectos negativos sobre el equilibrio presupuestario del sistema, alterando el balance económico-patrimonial entre el Estado y la Seguridad Social”.
Así, reclamaba que las “futuras medidas” para el fomento del empleo se instrumentaran “por la vía de las bonificaciones y no por la de las reducciones, para no afectar gravemente a la viabilidad del sistema”. En caso contrario, advertía, “se experimentaría una importante rebaja de los ingresos que aumentaría su déficit y reduciría la garantía de la cobertura para las prestaciones contributivas”. Empleo también se mostraba partidario de que tanto las bonificaciones como las reducciones de cuotas se sufraguen con cargo a la “fiscalidad general”, a los impuestos, en lugar de a los presupuestos de la Seguridad Social como ahora. Al tiempo, Mariano Rajoy prometía durante la campaña electoral ampliar las tarifas planas para los contratos indefinidos.
También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha advertido de los peligros de las exenciones de cuotas para incentivar la contratación. En su informe de septiembre de 2015 cifraba en un 0,14% del PIB en 2015 y un 0,19% en 2016 el impacto de las reducciones de cuotas en las cuentas de la Seguridad Social; es decir, casi en 3.700 millones de euros. Un año más tarde, la Airef volvió a analizar los números de la Seguridad Social y se felicitó por el crecimiento de la recaudación, que atribuyó “en parte al agotamiento de las reducciones y bonificaciones”: la exención de 500 euros en lasa cotizaciones dejó de estar vigente el pasado mes de agosto.
Cada vez más incentivos
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El Gobierno del PP eliminó la mayor parte de estas subvenciones a los contratos al poco de llegar al poder, de forma que en 2013 presupuestó sólo 1.603,3 millones de euros para la suma de bonificaciones y reducciones de cuota, la mitad que un año antes. Sin embargo, empezó a recuperarlas enseguida. Si en 2014 ascendieron ya a 2.006,5 millones de euros, en 2015 alcanzaron los 3.114,8 millones y el año pasado subieron a 3.735,8 millones de euros, según consta en el informe económico financiero que acompaña al presupuesto de la Seguridad Social de 2017. Este ejercicio, y pese a que las dos medidas estrella, las tarifas planas de 100 y 500 euros, ya no están vigentes, el Gobierno ha presupuestado un total de 3.342,46 millones de euros, apenas un 11,7% menos que en 2016. De esa cifra, 1.474,11 millones corresponden a reducciones de cuota que harán un nuevo descosido en los ingresos de la Seguridad Social, y los restantes 1.868,25 millones de euros serán bonificaciones que cubrirá el SEPE con sus transferencias.
Es más, el Gobierno de Mariano Rajoy no sólo ha multiplicado el importe de estos incentivos sino que, además, ha disparado el de los más dañinos para las cuentas públicas, las reducciones de cuotas. En 2012 estas exenciones ascendían a 441,6 millones de euros; en 2015 la cifra se cuadriplicó, hasta los 1.614,8 millones, y en 2016 alcanzó su máximo, 2.100,8 millones de euros. Desde 2015 su cuantía superó incluso a la destinada a bonificaciones compensadas por el SEPE. Para este ejercicio se han reducido en 626,7 millones y son inferiores a las bonificaciones, pero aún constituyen el doble de las presupuestadas en 2014.
Entre quienes más exenciones de cuotas han recibido desde 2012 se encuentran los autónomos. Como medio de estimular el autoempleo, los incentivos para los trabajadores por cuenta propia se han triplicado desde los 222,13 millones de euros de hace cinco años a los 666 millones que figuran en los presupuestos de la Seguridad Social para 2017.
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, prometió el pasado noviembre en el Congreso aliviar el déficit de la Seguridad Social convirtiendo las reducciones de cuotas a la Seguridad Social, un tipo de incentivos a la contratación, en bonificaciones. Las primeras son cotizaciones que las empresas no pagan por cada nuevo trabajador que emplean y, por tanto, son ingresos que deja de percibir la Seguridad Socialingresos que deja de percibir la Seguridad Social. Las segundas, aunque tampoco las pagan los empresarios, son compensadas mediante transferencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por lo que no aumentan los números rojos del sistema. Según dijo entonces Báñez, la conversión permitiría aumentar los ingresos de la Seguridad Social en 1.900 millones de euros.