Grandes empresas renunciaron a los beneficios de los ERTE en septiembre de 2020 para poder ejecutar despidos seis meses después

Los primeros meses de 2021 están siendo cada día más generosos en el anuncio de despidos colectivos. Como se temía, según iba alargándose la pandemia, los ERTE del confinamiento están dando paso a los ERE de una desescalada lenta y titubeante. Además, los protagonistas son grandes compañías con abultadas plantillas que van a destruir cientos o miles de puestos de trabajo. H&M negocia el despido de 1.100 empleados y el cierre de 30 tiendas, la cadena hotelera NH ya ha despedido a 187, el Hotel Palace de Madrid quiere deshacerse de 152 –el 43% de su plantilla–, las perfumerías Douglas ya han echado a 492 trabajadores y cierra 82 tiendas, El Corte Inglés tiene previsto recortar 3.500 empleos, la aerolínea Norwegian ha anunciado 1.190 despidos –el 85% del personal–. Nombres destacados de la hostelería y el comercio, los sectores más castigados por la pandemia. Pero no sólo: el grupo industrial vasco Tubacex ya ha prescindido de 128 empleados y la multinacional Ford se ha deshecho de 630 de los suyos.

Todas estas empresas se acogieron el año pasado a la protección pública que conceden los ERTE. Si tienen su justificación en los perjuicios ocasionados por la pandemia, las compañías disfrutan de cuantiosas exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, mientras que los trabajadores perciben la prestación por desempleo en lugar de su salario si tienen el contrato suspendido o recortan su sueldo en la misma proporción en que se les reduce la jornada. Es decir, suponen un poderoso ahorro en costes de personal para las empresas mientras dura la inactividad forzada. A cambio de esa generosa ayuda, las sucesivas prórrogas negociadas por el Gobierno con patronales y sindicatos incluyen un compromiso de mantenimiento del empleo: las empresas deberán pagar las cuotas ahorradas si despiden a trabajadores antes de que transcurran seis meses desde que reanudan la actividad.

Ese requisito ha sido materia de enconada discusión cada vez que los agentes sociales y el Ministerio de Trabajo se han sentado para negociar la continuidad de los ERTE. La CEOE quiere eliminar esa prohibición de despedir o al menos restringirla. Pero hasta el momento no lo ha conseguido. Tanto los sindicatos como el Gobierno se oponen tajantemente. “Nadie duda ni por un segundo que el apoyo público para financiar los ERTE no puede servir para procesos de despidos más adelante”, zanjó en su día la ministra de Economía, Nadia Calviño. “No tendría sentido”, detalló también la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, que se pueda despedir después de haber utilizado 14.000 millones de euros para mantener 550.000 empresas y 3,4 millones de trabajadores en el momento más grave de la crisis económica”.

Por el contrario, las patronales advierten de que muchas empresas están abocadas al cierre si tienen que mantener las plantillas en un regreso a la actividad mucho más lento de lo esperado. Quieren limitar el pago de cuotas a los trabajadores que sean despedidos, en lugar de tener que ingresar las de toda la plantilla, o restringirlo a los empleados de un centro de trabajo en lugar de a los de toda la empresa. La próxima prórroga de los ERTE, hasta el 30 de septiembre empezó a negociarse el pasado día 6.

El caso es que no existe un “procedimiento reglado” para “devolver” las exenciones de cuotas, según indican los despachos de abogados consultados que, no obstante, aseguran que “la Administración es consciente de ello y está intentando solucionarlo”. Algunas empresas lo intentaron para poder despedir antes de los seis meses en que se lo impide la cláusula de salvaguarda del empleo incluida en la normativa de los ERTE, según ha podido saber infoLibre, pero se les respondió que no podían. “El reintegro no está contemplado expresamente en los sucesivos reales decretos leyes [que han prorrogado los ERTE]”, explican fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social. En el supuesto de incumplimiento del compromiso de empleo, la Inspección de Trabajo emite un acta de liquidación donde se determina la cantidad que la empresa debe ingresar. “No se puede pedir a la Tesorería de la Seguridad Social la devolución”, señalan.

“En septiembre ya lo avisaron”

En cualquier caso, la mayor parte de las empresas antes citadas no van a tener que devolver los beneficios obtenidos en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Los disfrutaron durante los primeros meses de confinamiento, pero dejaron de acogerse a las exoneraciones permitidas en septiembre del año pasado, según ha recopilado este periódico preguntando a los respectivos comités de empresa. Y lo hicieron con la vista puesta en ejecutar despedidos seis meses después. Así se lo reconoció expresamente la vasca Tubacex a los representantes sindicales, revela el presidente del comité, Eduardo Ibernia, de ELA-STV: “En septiembre ya lo avisaron: iban a pagar las cuotas porque estaban pensando en despedir”. La empresa pasó por tres ERTE sucesivos durante la pandemia, el último de los cuales afecta aún al 80% de la plantilla. En 2019 las cuentas fueron positivas, pero en 2020 se tiñeron de rojo por culpa del coronavirus. En la memoria del ERE, apunta Ibernia, se planifica un futuro ahorro de costes mediante la subcontratación.

A su juicio, la pandemia ha sido la “excusa perfecta” para deshacerse de 128 trabajadores, de los que 34 se han ido de forma voluntaria con 33 días por año trabajado de indemnización y 94 han sido despidos forzosos con sólo 24 días. De forma que el comité ha impugnado el ERE en los tribunales acusando a la empresa de ejecutar medidas estructurales para solucionar un problema coyuntural, el covid-19. Al tiempo, las factorías de Tubacex se encuentran paralizadas desde hace 91 días, resultado de la huelga indefinida que mantienen sus trabajadores –en ERTE hasta el 10 de septiembre– en protesta por los despidos. La empresa dice que por el cierre ha perdido más de 16 millones de euros.

La cadena textil H&M, los hoteles NH o las perfumerías Douglas también prefirieron empezar a pagar las cotizaciones a la Seguridad Social desde el 30 de septiembre pasado. Así que no tendrán nada que devolver pese a haber presentado ERE en abril, febrero y enero, respectivamente. H&M, además, no ha sufrido pérdidas en 2020, pese al desplome del consumo, asegura Manuel Sánchez Montero, responsable de Políticas Sindicales de la Federación de Servicios de CCOO. H&M ha presentado un ERE por causas organizativas y de producción, no por causas económicas. Planea cerrar 30 tiendas, pese a que un tercio de ellas no pierden dinero; su problema, explica Sánchez Montero, es que los alquileres de los locales son muy altos. La cadena sueca quiere, además, rebajar las horas de contrato de quienes mantengan sus empleos, lo que se traducirá en recortes de un 40% sobre salarios que no superan los 1.200 euros al mes. “Despedir después de haberse ahorrado el 70% de los costes salariales gracias al dinero público debería tener un coste económico, social y reputacional”, sentencia el responsable de CCOO. De momento, a H&M le va a costar cuatro horas de paros este viernes y dos días de huelga la semana próxima.

“En NH el ERE fue preparado a conciencia desde septiembre”, asegura también  Manuel Sánchez, “de hecho, fue de las primeras cosas que nos dijeron cuando nos sentamos a negociar los despidos: que no se habían acogido a las exoneraciones del ERTE”. A diferencia de H&M, la cadena hotelera propiedad del grupo tailandés Minor terminó con pérdidas en 2020 y en el primer trimestre de 2021 ha duplicado los números rojos de hace un año, alcanzando los 121,4 millones de euros. La plantilla que trabaja en los hoteles continúa con los contratos suspendidos a la espera de que vuelvan los turistas, mientras que los empleados de los servicios centrales, que también estuvieron en ERTE, pero por causas objetivas y, por tanto, no tienen derecho a exoneraciones de cuotas, han sido ahora el objeto de los despidos: 187. La situación es similar en el Hotel Palace, epítome del lujo en Madrid y en manos del fondo de inversión Archer, que mantiene a sus 346 empleados en ERTE mientras pretende despedir a 152 de ellos, el 43%, sustituirlos por trabajadores subcontratados –“más baratos”, dice Manuel Sánchez– y rebajar los salarios al resto. CCOO ha convocado cuatro días de huelga en el hotel los días 15, 16, 20 y 21 de este mes.

Un ahorro de 10,5 millones de  euros en cuotas

Golpeada de lleno por el coronavirus también ha sido la aerolínea Norwegian. Con toda la plantilla en ERTE desde marzo de 2020, el sindicato USO ha hecho un cálculo del dinero que se ha ahorrado la compañía noruega en 14 meses; casi 30,5 millones de euros, de los que 10,5 corresponden a las cotizaciones que han dejado de pagar a la Seguridad Social sólo por el personal de vuelo, unos 1.300 pilotos y tripulantes. El resto corresponde a las prestaciones por desempleo de los trabajadores.

El pasado día 3 Norwegian anunció un ERE para 1.191 personas, nada menos que el 85% de la plantilla. Sólo quedarán unos 215 trabajadores, entre tripulantes de cabina y pilotos, que seguirán en ERTE y verán recortadas sus horas de trabajo, y sus sueldos. A pesar de que no registra pérdidas –de hecho, justifica los despidos en causas organizativas y de producción, no económicas–, la filial española, Norwegian Air Resources Spain, se encuentra en preconcurso de acreedores, una situación que le permite no tener que devolver los beneficios obtenidos en sus pagos a la Seguridad Social.

En todo caso, los despidos en la aerolínea pueden terminar dependiendo de lo que dictamine la Audiencia Nacional, que el 8 de junio verá el juicio por la demanda que USO ha interpuesto por cesión ilegal de trabajadores. El sindicato mantiene que los españoles son trabajadores de la matriz noruega y no de la filial española, una sociedad constituida con el capital mínimo legal, 3.000 euros, y cuyos únicos acreedores son sus trabajadores, explica Ernesto Iglesias, delegado de USO en la empresa. La misma estructura mantiene Norwegian en otros países como Francia, Italia, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido. Y en todos ellos el comportamiento de la compañía noruega ha sido idéntico. “Les han cortado el contrato de provisión, que es como lo llaman ellos, y los trabajadores de esas filiales se han visto en la calle mientras la matriz dice que no tiene ninguna responsabilidad con ellos”, critica Iglesias. De hecho, los españoles han pedido que se les recoloque en el extranjero y la empresa se ha negado.

Ikea aún no ha devuelto el dinero

La sueca Ikea pasó igualmente por el ERTE durante los meses del confinamiento total. El 90% de la plantilla tuvo el contrato suspendido y la empresa se benefició de las exenciones de cuotas a la Seguridad Social. Gradualmente fue sacando a sus trabajadores del esquema público de protección y tiene previsto abrir este mismo año dos nuevas tiendas en Madrid, en Las Rozas y en Torrejón de Ardoz. “Con la reapertura de las tiendas en la desescalada, las ventas se dispararon, también las del canal online”, apunta Ricardo Navarro Gil, secretario de la sección sindical de CCOO en Ikea.

Así que Tolga Oncu, director de Operaciones Minoristas de Ingka Group, el holding propietario de la mayor parte de las tiendas de Ikea, anunció en una entrevista concedida a Financial Times en junio del año pasado que la compañía sueca iba a devolver el dinero público recibido en nueve de los países donde se asienta. Según explicó, Ikea ya había abierto un “diálogo” con las autoridades de Bélgica, Croacia, Chequia, Irlanda, Portugal, Rumanía, Serbia, España y Estados Unidos para reembolsar las ayudas obtenidas gracias a los ERTE y otros mecanismos similares en esos países. “Ahora que sabemos más de lo que sabíamos en febrero y marzo, lo correcto es volver atrás para decir: ‘Hey, chicos, muchas gracias, nos ayudasteis durante este periodo difícil y ahora podemos encargarnos de devolverlo [el dinero] o invertirlo más adelante”, prometió.

Navarro Gil cuenta que ha preguntado dos veces en las reuniones formales que mantiene con la empresa si en España se han pagado las cuotas exoneradas, pero su respuesta ha sido “ambigua”. “Sólo dicen que están ‘a disposición del Gobierno’ para lo que haga falta”, lamenta, sin precisar nada más. infoLibre también ha preguntado a Ikea, que se ha limitado a responder que no hay ninguna “novedad” a este respecto en España. “Seguimos comprometidos a destinar recursos a la sociedad y a poner en marcha planes que contribuyan a la mejora social y económica, especialmente en colectivos y familias vulnerables, tras los fuertes efectos que está dejando la pandemia”, indica la empresa sueca, “seguimos explorando la mejor vía para responder a las necesidades de la sociedad española y contribuir a la recuperación económica del país”. El ministerio de Seguridad Social, por su parte, dice que no puede dar información sobre empresas concretas.

El Corte Inglés es otro de los grandes del comercio que ha pasado del ERTE al ERE nada más comenzar el año, tras renunciar a los beneficios ofrecidos en las cotizaciones sociales. “Hace uno o dos años nos habían presentado ya informes que revelaban duplicidades, plazas amortizables y exceso de personal en servicios centrales”, indican fuentes sindicales, por lo que no les cabe duda de que los despidos ya estaban “previstos”.

Tras suspender contratos al 29% de su plantilla, 25.900 trabajadores, desde la irrupción del virus hasta hace un mes, El Corte Inglés puso en marcha el 26 de febrero un ERE que debe terminar con un recorte de 3.500 empleos a final de año. Ya se han apuntado 4.200 voluntarios, detallan las mismas fuentes, a los que la empresa aceptará o rechazará antes del 23 de este mes. Se irán con una indemnización de 33 días más una prima de salida. En 2020, la compañía que preside Marta Álvarez terminó en números rojos, pese a que hasta agosto informó de unos beneficios brutos de 811 millones de euros.

Cuatro ERE en cuatro años

También era un ERE anunciado el que presentó en enero la cadena de perfumerías Douglas, que lleva un cuatrienio sufriendo uno por año, destaca Mario Useros, delegado de CCOO en la compañía. Así que, como las otras empresas citadas, Douglas volvió a pagar en septiembre de 2020 las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores en ERTE. “Pertenecemos a una multinacional alemana, estas decisiones son muy medidas”, sostiene Useros para descartar cualquier posibilidad de improvisación en la medida. Ahora ha despedido a 492 personas y cerrado 82 tiendas. Recibirán indemnizaciones de 31 días por año trabajado por un máximo de 20 meses. “Eso nos ha costado dos días de huelga”, añade el delegado de CCOO.

Useros culpa a la mala gestión de los equipos directivos que se han sucedido en los últimos cuatro años de los decepcionantes números de Douglas, una empresa “sobredimensionada” tras la adquisición de otras dos cadenas, Juteco y Bodybell, y endeudada con sus propios accionistas. La pandemia, dice, les ha servido para justificar los despidos.

Eurest, la firma de restauración que sirvió las comidas en el hospital de campaña de Ifema durante la pandemia, es otra de las empresas que dejó de beneficiarse de las exoneraciones de cuotas en septiembre el año pasado, según explica Omar Fernández, responsable de Hostelería y Turismo de UGT. En enero puso en marcha un despido colectivo que en principio estaba destinado para 832 trabajadores y ha terminado por afectar a 430. Eurest tiene pérdidas, pero Omar Fernández opone que los análisis del sindicato sobre las cuentas de la empresa concluyen que posee “capacidad para mantenerse”. El sindicato, de hecho, ha impugnado el ERE en la Audiencia Nacional, repitiendo el argumento de otras demandas sindicales: la caída de negocio provocada por el coronavirus es coyuntural, puede solucionarse, por tanto, con una medida también coyuntural, prorrogando el ERTE, y no debe afrontarse con una estructural, los despidos.

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El negro futuro de Ford

El futuro de Ford, en cambio, se antoja más sombrío. Al menos desde la perspectiva de Javier Galarza, secretario general de la Federación de Industria de CCOO en el País Valenciano. “Tiene muy mala pinta”, resume. La factoría de Almussafes lleva sufriendo ERTE sucesivos casi tres años, mucho antes de que apareciera el covid-19. Los últimos, además, han sido por causas objetivas, por lo que la multinacional no tiene derecho a beneficiarse de la exención de cuotas a la Seguridad Social. Y ya negocia otro hasta julio por los problemas de suministro de semiconductores en todas las factorías de la multinacional. El ERE que se cerró el pasado 26 de abril se ha llevado por delante 630 puestos de trabajo; eso sí, con indemnizaciones de las de antes, 45 y 33 días por año trabajado. En mayo de 2020 ya hubo otro ERE con 350 despidos. Es decir, un recorte de 980 trabajadores en un año para una plantilla de 7.400 personas.

A Galarza, más que las exoneraciones de cuotas le duelen los 125 millones de euros que la Generalitat Valenciana le ha concedido a Ford como ayudas públicas en los últimos cinco años. Y que, según teme, no van a impedir el lento declive de la factoría. El plan para Europa de la compañía estadounidense no parece halagüeño para Almussafes. “El vehículo eléctrico se lo adjudican a Turquía por sus bajos costes, en Polonia empiezan a fabricar baterías y a Valencia nos dejan con los motores que antes manufacturaban en Alemania, donde han cerrado, y que son motores muy potentes y fuera del mercado”, describe el dirigente de CCOO. “Nos hemos convertido en un depósito de cadáveres”, protesta.