Nadie se hace responsable del impago de los préstamos Renta Universidad en los que se han entrampado hasta el momento un centenar de estudiantes de máster y doctorado. Ni el Ministerio de Educación, que creó y gestionaba la línea de ayudas, ni el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que canalizó los fondos, ni los bancos que firmaron los contratos con los universitarios asumen competencia alguna en el problema.
Desde 2007 hasta 2012 los préstamos Renta Universidad pusieron 400 millones de euros a disposición de estudiantes que quisieran cursar másters y doctorados oficiales. Se trataba de imitar mecanismos similares existentes en EEUU. Las condiciones eran muy ventajosas: no hacía falta presentar garantías –“se conciben como préstamos sobre el honor”–, el periodo de carencia era de dos años y sólo había que devolver el dinero al año siguiente de conseguir un sueldo anual superior a los 22.000 euros, el mínimo exento del IRPF. Si no se conseguía ese umbral durante los 15 años posteriores a la firma del préstamo, la deuda quedaba extinguida. El préstamo no podía ser inferior a 2.000 euros ni superar los 28.800 para dos cursos académicos.
Sin embargo, la crisis y las políticas de reducción del déficit forzaron un cambio en las condiciones en 2010. Quienes se acogieron a esa última convocatoria, 2.200 universitarios según el ICO, sí tienen que devolver el préstamo aunque no alcancen los 22.000 euros de renta anual. Y, en marzo de 2012, el Ministerio de Educación decidió suprimir la línea de ayudas. Adujo “la bajada constante y continua de peticionarios, de más del 60% entre la última [convocatoria] de 2010 y la precedente de 2009”, así como la “progresiva pérdida de eficiencia” de los préstamos. Además, alegaba la orden ministerial de derogación, “ya existen las becas generales”.
El caso es que el aumento exponencial del paro entre los jóvenes impide ahora a muchos de estos estudiantes devolver las ayudas recibidas. O no llegan a los 22.000 euros anuales con sus subempleos o, sencillamente, carecen de trabajo alguno. Ya se han organizado en una plataforma de afectados y han empezado a reclamar una solución.
"Esperamos una orden de Educación"
Sin embargo, un portavoz del ICO asegura que el instituto es un “mero gestor” de la línea de ayudas. “El riesgo es del Ministerio de Educación, ni del ICO ni del banco”, explica. Así que la entidad pública dice estar esperando “una orden ejecutiva” del departamento que dirige José Luis Wert. El mismo portavoz minimiza el problema: “La mayoría de los préstamos eran sólo de 50 a 60 euros al mes”.
A continuación, el Ministerio de Educación aduce que el préstamo es “un contrato privado entre un banco y el estudiante” y, por tanto, que no le “toca” a él buscar una solución. “Educación se limitó a encauzar con el ICO unas medidas ventajosas para que los bancos concedieran préstamos”, apuntan fuentes del ministerio. “Y luego”, señalan, “las suprimimos porque las condiciones eran horribles para los alumnos, con unos intereses más altos, y el número de solicitudes había caído”.
Educación también culpa a algunos de los estudiantes, que se “olvidaron” de pedir la prórroga del periodo de carencia que les ofrece el propio contrato. Así que el ministerio se va a limitar a ver “cómo se desarrollan los acontecimientos”, porque no sabe “si puede actuar de alguna manera”. “Se trata”, esquivan de nuevo las fuentes, “de un triángulo entre el ICO, el banco y el alumno”.
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Los bancos no saben si van a embargar
Fueron cinco las entidades financieras que firmaron los contratos con los estudiantes, entre ellas el BBVA y el Santander. “Somos meros intermediarios”, se escapan a su vez los bancos. Fuentes de uno de ellos, que pide no aparecer identificado, desvía el 100% de la responsabilidad a Educación. “Es el ministerio el que pone todas las condiciones: autoriza, hace el seguimiento y decide si condona o no los préstamos”, explica. “Todo está en el BOE”. Los bancos no pueden decir si van a proceder contra los estudiantes que no devuelvan los préstamos. “El ministerio debe dar todas las indicaciones”, concluye.
Hasta el momento, a David Martín, periodista en paro, uno de los afectados e impulsor de la plataforma que los agrupa, la única solución que le han ofrecido, y lo ha hecho el banco, es una refinanciación del préstamo, aunque con las condiciones del mercado y presentando un avalista que no tiene. Pero, si continúa la elusión de responsabilidades detrás de la que se escudan hasta ahora tanto el ICO, como el Ministerio de Educación y los bancos, puede que nadie ejecute ese embargo que tanto le agobia.
Nadie se hace responsable del impago de los préstamos Renta Universidad en los que se han entrampado hasta el momento un centenar de estudiantes de máster y doctorado. Ni el Ministerio de Educación, que creó y gestionaba la línea de ayudas, ni el Instituto de Crédito Oficial (ICO), que canalizó los fondos, ni los bancos que firmaron los contratos con los universitarios asumen competencia alguna en el problema.