El Instituto Social de la Marina (ISM) decidió en 2015 nombrar un inspector de flota, un puesto de nueva creación que debía encargarse de planificar y supervisar tanto los suministros como el mantenimiento de los dos barcos hospital que posee el organismo: el Esperanza del Mar y el Juan de la Cosa. Ambos asisten en alta mar a las tripulaciones de pesqueros, mercantes y barcos de recreo en caso de enfermedad o accidente. Desde entonces hasta su jubilación, en febrero de 2021, el cargo fue ocupado por José Ramón de la Fuente Arteagabeitia, quien entre 2018 y 2019 lo había compaginado con el de director provincial del ISM en Las Palmas.
Sólo unos días antes de ser efectiva su jubilación, el ISM publicó un concurso público para contratar un “servicio técnico de asesoramiento técnico como Inspección de Flota”. Es decir, decidió externalizar las tareas con un contrato de 816.000 euros sin IVA y hasta un máximo de cinco años de duración, con prórrogas incluidas. Para ello adujo que carecía de “medios personales cualificados propios necesarios” para la realización de esa tarea. “En el momento actual”, argumentaba, “de entre la plantilla propia del Instituto Social de la Marina no se dispone de personal con el perfil adecuado para estas funciones, ni figura entre la RPT [Relación de Puestos de Trabajo] del organismo ningún puesto reservado para la Inspección de Flota”.
Sólo se presentó una oferta, la firmada por De la Fuente Arteagabeitia. La mesa de contratación advirtió de que podía producirse un conflicto de interés. “El licitador ha prestado sus servicios a este organismo [el ISM] como inspector de flota en los últimos años y participado directamente en la elaboración de pliegos de contrataciones precedentes, lo cual le hace perfecto conocedor de las necesidades y exigencias administrativas, y puede suponer que parta de una posición de ventaja respecto de otros licitadores”, explica la mesa en el acta de resolución del 23 de marzo de 2021. José Ramón de la Fuente fue excluido y el concurso quedó desierto, según puede comprobarse en los documentos publicados en la Plataforma de Contratación del Estado.
De la Fuente, que se jubiló a los 70 años, tras haber sido director provincial del ISM en Vizcaya de 2004 a 2009 y presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao entre 2009 y 2013, recurrió la decisión de la mesa ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC). En julio, este tribunal administrativo, dependiente del Ministerio de Hacienda, ratificó el conflicto de interés y la exclusión del ex inspector de flota del concurso. El TARC no sólo consideró que la “objetividad e imparcialidad” del órgano de contratación podía verse “seriamente comprometida” por la participación de un funcionario jubilado que prestó antes las mismas funciones que demandaba el contrato, sino que, además, dictaminaba que esa situación ya había “afectado de manera significativa” a la redacción de los pliegos de condiciones del concurso.
Estos, explica la resolución del tribunal, establecían unas cláusulas que ya habían “tenido en cuenta que dicha persona iba a presentar una oferta en el procedimiento”. En concreto alude al requisito de que la persona encargada del contrato tenga entre sus titulaciones la de capitán de la Marina Mercante y haya prestado labores como inspector de flota “durante al menos 10 años”, y las haya realizado durante “cinco años, en los últimos siete concluidos”. También se exige que tenga experiencia en inspección de buques y en tramitar expedientes para la contratación administrativa y redactar pliegos técnicos de contratos de mantenimiento de buques. De la Fuente, además de funcionario del Cuerpo Técnico Superior del Ministerio de Fomento, es capitán de la Marina Mercante y trabajó durante los siete años inmediatamente anteriores como inspector de flota.
Tres contratos por 28.500 euros
El ISM no volvió a sacar a concurso la Inspección de Flota. Por esas mismas fechas, se producía un cambio en la cúpula del organismo: a finales de marzo, la subdirectora, Elena Martínez Carqués, fue nombrada directora, en sustitución de Luis Casqueiro, que había fallecido en febrero por el covid. Antes de que acabara 2021, el ISM licitó tres contratos menores, que son aquellos por debajo de 15.000 euros si son de servicios –40.000 si son de obra–, y se los adjudicó a una empresa, Ship’s & Ports Management, de la que figura como apoderado José Ramón de la Fuente. Antes había sido también su administrador, al igual que su esposa y su hija.
Para estos contratos no hace falta convocar un concurso, se conceden a dedo. A dos de ellos sólo se presentó Ship’s & Ports Management. Al tercero se presentaron tres ofertas, pero sólo la de esta empresa era inferior a 15.000 euros, el límite legal: 14.999 euros. Se trata de tres servicios de “responsable de contrato”, una figura creada en la Ley de Contratos del Sector Público, que desde 2017 es obligatorio crear para controlar el cumplimiento de los contratos y solucionar las posibles incidencias que surjan durante su ejecución. Esa es precisamente una de las tareas incluidas en las competencias del inspector de flota. En los pliegos del contrato que fue suspendido se enumeran cuáles son esas labores y entre ellas se citan el “seguimiento del desarrollo y ejecución de la contratación administrativa”, así como “proponer la conformidad de la ejecución de los contratos, certificando su realización satisfactoria y conforme”. La supervisión del resto de los contratos de ambos buques hospital fueron asumidos por el propio ISM: cuatro por la propia Dirección del organismo, cuatro más por la Dirección Provincial de Las Palmas –donde tiene su base el Esperanza del Mar– y otros cuatro por la Dirección Provincial de Cantabria –el Juan de la Cosa tiene su base en el puerto de Santander–.
El importe total de los tres contratos asciende a 28.500 euros sin IVA.
“Asesoría técnica puntual” no retribuida
“Vendí la empresa hace algunos años y ya no tengo nada que ver con ella”, responde el ex inspector de flota a preguntas de infoLibre. Aun así, admite también que presta “servicios profesionales” a Ship’s & Ports Management. “Me requieren esporádicamente por mis conocimientos sobre el sector”, asegura. Cuando hay una avería grande o hace falta alguna relación con el extranjero, precisa: “Es difícil encontrar a gente capaz de hacer este tipo de trabajos, el ISM carece de personal cualificado para verificar los contratos”.
La empresa tiene su dirección en las oficinas de una asesoría de empresas de Bilbao, Asesoría Lorda de los Ríos. Su actual administrador es Francisco Lorda de los Ríos, quien corrobora que compró a De la Fuente la empresa hace años y que éste ahora realiza alguna “asesoría técnica puntual” no retribuida para él. Ship’s & Ports Management tiene como objeto social el “alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia” y carece de trabajadores. Lorda de los Ríos dice que él es su única plantilla y que es él mismo quien lleva a cabo las tareas de control de los contratos de mantenimiento de grúas y pescantes, motores principales y auxiliares del Juan de la Cosa, sustitución de un panel de control de la aleta estabilizadora del mismo buque, y de los suministros de motores auxiliares, pintura, ingeniería naval y mantenimiento de los equipos del puente de los dos barcos del ISM.
“Revisamos la documentación y damos los conformes”, detalla Francisco Javier Lorda. De la Fuente añade que a veces tienen que llamar por teléfono a algún profesional específico para ciertas tareas. “Se les paga y punto”, zanja. El ex inspector de flota aclara que la empresa “no puede tener plantilla porque no tiene tanto negocio”. Lorda de los Ríos indica, de hecho, que sus únicos contratos son los tres que le ha adjudicado el ISM. Dos de ellos tienen fecha de finalización en noviembre de este año.
Lorda de los Ríos también dice que los poderes otorgados a De la Fuente fueron revocados. También que el objeto social de la empresa fue ampliado. Pero ninguna de esas dos decisiones han sido inscritas en el Registro Mercantil, al contrario que el otorgamiento de poderes al ex inspector y antiguo propietario, que fue publicado en el BORME en enero de este mismo año.
“Medidas de control”
'Guerra covid' en los buques hospital del ISM: la justicia anula despidos y sanciones a tres médicos y un capitán
Ver más
José Ramón de la Fuente menciona un informe que el ISM pidió a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, pero que ésta no emitió a tiempo para que fuera incluido en el procedimiento seguido en el TARC, según explica éste en su resolución. “Con ese informe habría ganado [el recurso]”, asegura el ex inspector de flota. No obstante, la Junta Consultiva de Contratación aclara que no puede emitir informes sobre “expedientes concretos”, sólo señala “el criterio jurídico de carácter general” que debe aplicarse “sin entrar a valorar, en ningún momento, el supuesto de hecho concreto que se plantea”.
La Junta Consultiva sostiene que “el mero hecho de que un licitador haya prestado en el órgano de contratación, en algún momento anterior, servicios similares a aquellos que son objeto del contrato […] no justifica, sin más, su exclusión del procedimiento”, pero que, en casos como éste, el poder adjudicador –el ISM— debe “arbitrar cuantos medios considere pertinentes para comprobar la existencia real de eventuales conflictos de interés y adoptar medidas proporcionadas para ponerles remedio”. En concreto, “cuantas medidas de control se consideren procedentes”. El motivo de esta precaución no es otro que “evitar que puedan permanecer ocultas circunstancias que comprometan la transparencia” de los concursos públicos. También recuerda el informe que el ISM debe tener en cuenta si el posible adjudicador fue “alto cargo” mientras trabajó para el organismo. Este sostuvo ante el TARC que De la Fuente no fue “alto cargo”, pese a haber ejercido como director provincial en Las Palmas hasta 2019.
infoLibre ha intentado de forma reiterada recabar información del ISM sobre estos contratos, pero el organismo se ha negado a contestar a las preguntas de este periódico, que se detallan a continuación.
infoLibre envió al Instituto Social de la Marina (ISM) una serie de preguntas sobre el concurso público que quedó desierto y los tres contratos menores otorgados al ex inspector de flota. El organismo, dependiente del Ministerio de Seguridad Social, no ha respondido. Las cuestiones planteadas fueron las siguientes:
1. ¿Por qué se externalizaron las labores del inspector de flota al jubilarse José Ramón de la Fuente, en lugar de seguir utilizando un funcionario para esas tareas?
2. ¿Por qué, tras declararse desierto el concurso, no se volvió a convocar otro, una vez corregidos los errores señalados por el TARC?
3. ¿Por qué se optó un año después por dividir esa tarea en contratos menores? ¿No es un “fraccionamiento de contratos”, una práctica que puede llegar a ser considerada fraudulenta?
4. Si la participación de De la Fuente en el primer concurso era constitutiva de un conflicto de intereses, ¿no lo es también otorgarle tres contratos menores para que realice parte del trabajo que hacía antes cuando estaba en activo?
5. ¿Por qué se concedieron esos tres contratos a una empresa cuyo objeto social es el “alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia”, nada relacionado con la asesoría técnica naval, y que no cuenta con ningún empleado, excepto su administrador, que es el responsable de una asesoría de Bilbao?
6. ¿Se han ejecutado esos tres contratos o todavía siguen pendientes de finalización? ¿Se han ejecutado correctamente, ha visitado el personal de Ships & Ports Management los barcos para verificar la ejecución de los contratos de mantenimiento?
7. ¿Cómo se va a llevar a cabo la Inspección de Flota en los próximos años: se va a encargar a un funcionario, se va a externalizar contratando a una empresa o se van a seguir fraccionando las tareas y concediendo contratos menores?