Seguridad Integral Canaria despidió el año pasado a siete miembros del comité de empresa y a otros dos del comité de huelga. Pero, en sentencias sucesivas, los jueces ya le han ordenado la readmisión de cuatro de ellos, por vulnerar dos derechos fundamentales: los derechos a la libertad sindical y a la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores. Seguridad Integral Canaria es una de las empresas de Miguel Ángel Ramírez, empresario canario, donante del PP y con buenas relaciones con el ministro de Industria, José Manuel Soria, que fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que el Tribunal Supremo lo condenara a tres años de cárcel por un delito urbanístico.
Además, Ramírez está siendo investigado por un fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, que puede ascender a 13 millones de euros desde 2008 hasta 2013 sólo en lo referido a las cotizaciones. El sindicato USO eleva la cifra hasta los 40 millones. El supuesto fraude lo comete pagando a sus vigilantes jurados las horas extraordinarias como si fueran dietas, que están exentas de tributación fiscal y de cotización social. Y son deducibles en el impuesto de sociedades.
Por este delito, Ramírez fue investigado en principio por la exjueza Victoria Rosell, en excedencia desde el pasado octubre y ahora diputada en las listas de Podemos. El creador del grupo Ralons, del que forma parte Seguridad Integral Canaria, firmó un contrato de 300.000 euros con el marido de la jueza, Carlos Sosa, para alquilar una frecuencia de radio de Clan de Medios, empresa propiedad de este periodista. Con ella pretendía que siguiera en el aire UD Radio, la emisora de la Unión Deportiva Las Palmas, que preside desde 2005. Por ese motivo Victoria Rosell fue también sometida a investigación por retardo malicioso en su instrucción y por si debió haberse abstenido de instruir la causa contra Miguel Ángel Ramírez dado que su esposo estaba negociando un contrato con el empresario. Finalmente, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) archivó el pasado 12 de febrero las diligencias abiertas contra ella.
Ramírez es conocido también por otras dos de sus empresas de seguridad, Marsegur y Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que han sido denunciadas por los sindicatos en repetidas ocasiones debido a que pagan salarios hasta un 40% inferiores a los establecidos en el convenio estatal del sector de la seguridad privada. Gracias a sus condiciones laborales low cost, se han hecho con un buen número de adjudicaciones públicas. Al menos hasta ahora. Porque sus prácticas laborales han empezado a recibir el reproche de los tribunales.
Comités a la medida
El Supremo ha condenado condenadoal empresario canario por pactar con un comité ilegal, constituido por un sindicato independiente que integraban sólo jefes y mandos intermedios, un descuelgue salarial en Seguridad Integral Canaria. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado 10 artículos del convenio colectivo ad hoc que firmó en otra de sus empresas, Marsegur. Son los artículos donde se fijan las retribuciones salariales de la plantilla. Para firmar ese convenio utilizó el mismo método que para aprobar el descuelgue en Seguridad Integral Canaria. También para elaborar el de Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que ya ha sido igualmente denunciado por los sindicatos.
Finalmente, ahora han sido los jueces de lo Social quienes han anulado los despidos de los miembros del comité de empresa de Seguridad Integral Canaria en Las Palmas. Trece de sus 21 miembros pertenecen al llamado Grupo Independiente, constituido por jefes y mandos intermedios de la empresa. Otros cinco son miembros de Intersindical Canaria –cuatro de ellos fueron despedidos– y otros tres más se integran en el Sindicato Unificado de Seguridad Privada (SUSP). Fueron elegidos en abril de 2014, pero el proceso se encuentra impugnado en los tribunales.
Desde entonces existe un “manifiesto clima de enfrentamiento laboral” en la empresa, según reconoce una de las condenas judiciales a Ramírez, a la que ha tenido acceso infoLibre. “Es la primera vez en que entraron en el comité representantes de los trabajadores, no de los mandos nombrados por el empresario”, explica Armide Ortega Afonso, uno de los miembros de Intersindical Canaria despedidos.
Protesta en el Ayuntamiento y una rueda de prensa
Los delegados sindicales fueron primero sancionados y después despedidos por causa disciplinaria en 2015, después de que un grupo de trabajadores de Seguridad Integral Canaria escenificaran una protesta durante un pleno del Ayuntamiento de Las Palmas. La empresa de Miguel Ángel Ramírez es la adjudicataria desde hace años de los servicios de vigilancia de ese consistorio. Los trabajadores llevaban caretas de El pequeño Nicolás, amigo del empresario canario y seguidor de la Unión Deportiva Las Palmas, club también propiedad de Ramírez. También vestían camisetas con un rótulo: “Donde hay un corrupto, hay un corruptor, tanto o más importante que el nombre del político corrupto es conocer el de la empresa de seguridad corruptora”.
La empresa los acusaba de atentar contra su imagen pública y profesional, además de contra la dignidad y el honor de la dirección y de su propietario, al haber vertido “insultos y expresiones injuriosas y calumniosas”. A su juicio, los miembros del comité urdieron “una conspiración” contra Seguridad Integral Canaria, para perjudicar su “reputación y buen nombre” y, por tanto, conseguir que “deje de ser una empresa competitiva en el sector”.
En esa campaña incluye la firma de Ramírez una rueda de prensa que dieron CCOO, UGT, USO, Intersindical Canaria y SUSP para anunciar la convocatoria de una huelga. En ella, los representantes de estos sindicatos hicieron comentarios “insultantes y vejatorios” contra la empresa y contra Ramírez. Además, reprochaba a los miembros de Intersindical Canaria algunos posts de sus miembros en perfiles de Facebook y en algún confidencial de internet.
Buena fe sí, deber de lealtad omnicomprensivo no
Los jueces aseguran que, aunque el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los trabajadores, en su relación con el empresario, debe desarrollarse conforme a la exigencias de la buena fe, ésta no debe confundirse con “un genérico deber de lealtad que fuera omnicomprensivo de una situación de sujeción al interés empresarial”. También enmarcan las manifestaciones de los sindicalistas en el “conflicto social” existente en la empresa y destacan que, pese a calificarlas de injuriosas y calumniosas, la empresa no ha presentado querella alguna contra ellos.
Las expresiones de los delegados sindicales, entienden los jueces, “son groseras, soeces y denotan una manifiesta mala educación, pero no justifican el despido”. No traspasan los límites del derecho a la intimidad y la vida privada de los responsables de Seguridad Integral Canaria y se circunscriben al “estricto ámbito de las relaciones laborales”, precisan. Remitiéndose a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los jueces destacan que el despido de los miembros del comité “constituye un ataque directo a la razón de ser de un sindicato”.
Pese a que Intersindical Canaria da por seguro que la empresa recurrirá la anulación de los cuatro despidos, la ley le obliga a readmitirlos y devolverles su condición de representantes de los trabajadores.
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48 demandas para reclamar el pago de salarios
Mientras, el comité ha presentado ya las primeras 48 demandas individuales de trabajadores para que Seguridad Integral Canaria les pague las cantidades que dejaron de percibir durante el año que duró el descuelgue salarial anulado por el Tribunal Supremo. Según el sindicato, unos 5.000 euros de media por trabajador. Casi 200 vigilantes están en condición de reclamarlos.
El problema, denuncia Intersindical Canaria, es que la empresa amenaza con represalias a quien pide a Recursos Humanos las cifras sobre horas trabajadas para presentar luego la reclamación. De hecho, a quien ya lo ha hecho se le cambiado de servicio o quitado las horas extras, asegura el sindicato. Por eso es el comité el que pide los datos de cuadrantes y nóminas, y luego interpone las denuncias. infoLibre se ha puesto en contacto con Seguridad Integral Canaria para obtener su punto de visto sobre el asunto, pero no ha conseguido una respuesta.
Seguridad Integral Canaria despidió el año pasado a siete miembros del comité de empresa y a otros dos del comité de huelga. Pero, en sentencias sucesivas, los jueces ya le han ordenado la readmisión de cuatro de ellos, por vulnerar dos derechos fundamentales: los derechos a la libertad sindical y a la libertad de expresión de los representantes de los trabajadores. Seguridad Integral Canaria es una de las empresas de Miguel Ángel Ramírez, empresario canario, donante del PP y con buenas relaciones con el ministro de Industria, José Manuel Soria, que fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy después de que el Tribunal Supremo lo condenara a tres años de cárcel por un delito urbanístico.