El Ministerio de Justicia ha renovado un año más la encomienda de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para desatascar las solicitudes de nacionalidad española por residencia. Ya es el cuarto acuerdo que el Gobierno firma con los registradores desde 2012, cuando Alberto Ruiz-Gallardón suscribió el primero. Entonces la tarea encomendada consistió en desbloquear una lista de espera de 400.000 expedientes acumulados. Pero si bien en los dos primeros años los registradores cumplieron su cometido sin contraprestación económica alguna, en 2015 cobraron cuatro millones de euros por despachar 150.000 expedientes y por los 75.000 del último encargo el ministerio les pagará este año dos millones más.
Ésta es la primera vez que la encomienda –una especie de adjudicación directa de una administración pública a otra, y el Colegio de Registradores es una corporación de derecho público– la firma la Dirección General de los Registros en lugar de la Subsecretaría de Justicia. Esta dirección general la encabeza un registrador de la propiedad, el último es Javier Gómez Gálligo. Una orden ministerial de abril de 2015 faculta a la Dirección General de los Registros para realizar encomiendas de gestión “en el ámbito de la modernización tecnológica del Registro Civil”. Precisamente el área que ha incendiado la controversia entre el ministerio y buena parte de los registradores desde que se acometió la digitalización de los registros públicos y salieron a concurso las plataformas informáticas necesarias.
Los motivos alegados por Justicia para repetir la encomienda con el Colegio de Registradores son idénticos a los de años anteriores: “La escasez de medios técnicos y humanos con los que cuenta el ministerio”. Además, “el número de solicitudes presentadas anualmente para adquirir la nacionalidad por residencia se mantiene”. Así que el retraso en la tramitación de los expedientes había provocado el “colapso” tanto en la Dirección General de los Registros y del Notariado como en el resto de los departamentos de la Administración afectados, admite el ministerio en la misma resolución del 14 de marzo pasado que publicó la encomienda a los registradores. Desde octubre de 2012 éstos han tramitado más de 700.000 expedientes.
En cualquier caso, el retraso en la gestión de estas solicitudes persiste, puesto que los 1.200 registradores que hay en España sólo se ocuparán de las presentadas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2015. Las que se cursaron partir de esa fecha quedarán en manos de la Dirección General de los Registros y el Notariado, que a partir de esa fecha debe asumir toda la instrucción de los expedientes, en virtud del decreto de noviembre de 2015 que regula el procedimiento para adquirir la nacionalidad. Para esa nueva tarea, el ministerio está “adaptando una aplicación utilizada en Extranjería”, según CCOO.
Los funcionarios del Registro Civil se reivindican
Al menos hasta el 30 de junio de este año, las solicitudes pueden seguir presentándose en papel en las 8.000 oficinas del Registro Civil repartidas por toda España. Pero desde esa fecha sólo podrá hacerse electrónicamente. CCOO ha remitido una carta al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la que le pide que suprima ese límite temporal del 30 de junio, cuando en principio está previsto que finalice la vacatio legis –periodo desde la publicación de una norma hasta su entrada en vigor– de tres años y prorrogada por otros tantos, de la Ley del Registro Civil de 2011.
También reclama para el Registro Civil la competencia exclusiva sobre la tramitación de los expedientes de nacionalidad. Los funcionarios del Registro temen que la entrada en vigor de la ley de 2011 signifique el cierre de sus oficinas y el fin de la gratuidad de las gestiones que hasta ahora se llevan a cabo en ellas. Además, CCOO exige a Catalá que aclare las “discrepancias” entre sus declaraciones públicas a favor del “carácter público y gratuito” del Registro Civil y el borrador del anteproyecto de ley que lo va a reformar y que establece la clausura gradual de las oficinas, de forma que sólo se mantenga una por comunidad autónoma.
Según explica el sindicato en su larga carta al ministro, son numerosas las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo por el retraso en la resolución de los expedientes –hay solicitudes de 2010 sin concluir en 2016, por ejemplo–. Otras muchas han llegado a los tribunales de lo contencioso en forma de demandas, puesto que el silencio administrativo, transcurrido un año desde la solicitud de la nacionalidad, implica la denegación de la solicitud. En muchos casos, asegura el sindicato, los expedientes se resuelven de forma defectuosa, por lo que ahora también se ha encargado a los registradores que los revisen. Una función ésta que realizaban hasta ahora los funcionarios del Registro Civil y que, a su juicio, “permite reducir el número de solicitudes incompletas que se remiten a la Dirección General de los Registros y el Notariado [que dicta resolución concediendo o denegando la nacionalidad]”.
En cumplimiento de las dos primeras encomiendas de gestión, los registradores mercantiles y de la propiedad digitalizaban los documentos necesarios para conseguir la nacionalidad, también pedían a las comisarías los certificados de antecedentes penales y a los ministerios de Interior y Presidencia –al CNI, el servicio de inteligencia– informes que acreditaran el tiempo de residencia del solicitante así como su “buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española”. Luego los remitían a la Dirección General de los Registros y el Notariado para que ésta elevara al ministro su propuesta de resolución.
Pero, desde 2014, con la tercera encomienda de gestión, los registradores dejaron de digitalizar los documentos, que hasta ese momento los funcionarios de los registros civiles de toda España debían remitir al número 540 de la calle de Alcalá, sede de los Registros de la Propiedad de Madrid. A partir de entonces, la Dirección General de los Registros se encargó de escanear e indexar los documentos, lo que ralentizó aún más la tramitación de las solicitudes. Los funcionarios del Registro Civil piden que se les deje a ellos hacer esa tarea. Pero en su lugar, protestan, el ministerio negocia con los colegios de abogados, procuradores, gestores administrativos y graduados sociales para que estos profesionales presenten directamente las solicitudes de forma telemática. A diferencia del servicio que ofrece el Registro Civil, abogados y gestores sí cobran por prestarlo, apunta CCOO. Y obtener la nacionalidad tampoco es gratis. Cuesta entre 185 y 306 euros: 100 euros por la tasa que cobra el ministerio, 85 euros por el examen sobre “valores históricos, constitucionales y socioculturales de España” y 124 euros por el examen de castellano en el Instituto Cervantes.
66.500 extranjeros adquirieron la nacionalidad en 2017, un 56% menos que en 2018
Vaciamento de competencias
Los funcionarios de los registros se oponen igualmente a que su trabajo lo lleven a cabo a partir de ahora los letrados de la Administración de Justicia –antes secretarios judiciales–. La intención del ministerio es que sean éstos quienes asuman las funciones en materia de matrimonios civiles, ahora en manosde los jueces de paz y jueces de primera instancia adscritos a los registros civiles . Además, a partir del próximo 30 de junio, los notarios también podrán tramitar actas previas a la celebración de los matrimonios civiles, otra de las competencias que deja de ser exclusiva de los registros civiles y los juzgados de paz.
El Ministerio de Justicia asegura que está negociando con los grupos políticos cambios en la Ley del Registro Civil para adaptarla a las exigencias de la era digital. “El Registro Civil debe ser digital, centrado en el ciudadano, y debe ofrecer nuevas prestaciones acordes con los servicios públicos del siglo XXI, con mayor accesibilidad –24 horas al día los siete días de la semana–, ahorrar desplazamientos y facilitar a las administraciones compartir información”, anunció Justicia tras su última reunión con los sindicatos. Los funcionarios del Registro Civil sospechan que, en el camino hacia el servicio digital, la pérdida de atribuciones sea sólo el principio de la privatización.
El Ministerio de Justicia ha renovado un año más la encomienda de gestión con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles para desatascar las solicitudes de nacionalidad española por residencia. Ya es el cuarto acuerdo que el Gobierno firma con los registradores desde 2012, cuando Alberto Ruiz-Gallardón suscribió el primero. Entonces la tarea encomendada consistió en desbloquear una lista de espera de 400.000 expedientes acumulados. Pero si bien en los dos primeros años los registradores cumplieron su cometido sin contraprestación económica alguna, en 2015 cobraron cuatro millones de euros por despachar 150.000 expedientes y por los 75.000 del último encargo el ministerio les pagará este año dos millones más.