Seguridad Integral Canaria, el hasta ahora buque insignia del rey de las empresas low cost de seguridad privada, Miguel Ángel Ramírez, está sufriendo una agonía convulsa. En agosto anunció que abandonaba su actividad principal, la vigilancia, y que tenía previsto liquidar, vender o ceder todos sus contratos con empresas privadas antes del 1 de septiembre y los firmados con las administraciones públicas antes del 1 de octubre. Mientras se desmonta la empresa, sus trabajadores, tanto en Canarias como en Madrid, llevan dos meses sin cobrar. El fin de semana estaban convocados a la huelga en el Metro madrileño, y la semana pasada y este mismo lunes los juzgados de Tenerife amanecieron cerrados a cal y canto porque todos sus vigilantes se dieron de baja por enfermedad.
A día de hoy, Seguridad Integral Canaria ha cedido el 99% de sus contratos privados a una sola empresa: Sinergias de Vigilancia y Seguridad, que junto a Marsegur es una de las firmas denunciada como “pirata” por los sindicatos. Sus respectivos convenios de empresa han sido anulados por la Audiencia Nacional. Ambas pagan salarios hasta un 40% por debajo del convenio estatal del sector.
Por lo que respecta a sus contratos con las administraciones públicas, Miguel Ángel Ramírez pretende que también sean cedidos a Sinergias de Vigilancia y Seguridad hasta que vuelvan a salir a concurso. Para ello no ha dudado en agitar ante la plantilla el fantasma del paro. En un comunicado difundido el pasado viernes, Ramírez advertía a sus 1.500 vigilantes en Canarias que, en caso de que los sindicatos no acepten la cesión a Sinergias, a Seguridad Integral “no le quedará otro remedio que solicitar un concurso de acreedores” antes de fin de año, lo que “abocaría al impago indefinido de salarios […] y a la remisión de los trabajadores al desempleo”.
Los sindicatos se oponen frontalmente a esa cesión. Y no sólo por los bajos salarios de Sinergias, sino también porque llevan años denunciando que tanto esa empresa como Marsegur están vinculadas con Miguel Ángel Ramírez. Él lo niega. Seguridad Integral Canaria, Sinergias y Marsegur pertenecen a la misma patronal, Acosepri, integrada únicamente por cuatro mercantiles relacionadas con Ramírez: las citadas y Power SIC, una de las empresas de Ralons, el grupo de cabecera del empresario canario. En Sinergias figuró hasta agosto de 2016 como apoderado el padre del empresario, Francisco Segundo Ramírez Méndez, y aparece como administradora Alicia Rosa Pérez Sánchez, quien a su vez es apoderada de Marsegur. Además, Gladys Jesús Acosta García, otra apoderada de Marsegur, es la administradora única de MAR Asesores y Consultores, de la que también fue administrador único Miguel Ángel Ramírez. Todas ellas están domiciliadas en Las Palmas. El pasado 27 de septiembre, el Boletín del Registro Mercantil publicó el cambio de denominación de Marsegur, que ha pasado a llamarse Novo Segur Seguridad Privada.
Un portavoz de Seguridad Integral Canaria no niega a infoLibre la presencia del padre de Ramírez en Sinergias, pero asegura que éste ni es accionista ni posee cargo alguno en la citada empresa: “Su única relación es que pertenecen a la misma patronal”. También recalca que el interés de Miguel Ángel Ramírez por ceder a Sinergias todos sus contratos, tanto públicos como privados, se debe únicamente al hecho de que es “la única empresa que se ha ofrecido”.
Presión antes de reunirse los sindicatos con el presidente
El comunicado de Seguridad Integral Canaria tuvo como detonante la reunión que el presidente canario, Fernando Clavijo, había convocado para el sábado con representantes de CCOO, UGT, USO e Intersindical Canaria para tratar la cesión de los contratos de vigilancia. Clavijo la anuló después de que los sindicatos rechazaran la inclusión en la mesa, a última hora y por iniciativa de la presidencia, del sindicato CSI-F. “Carece de representación en el sector”, alegaron. Según explican, las administraciones públicas no apoyan la cesión de los contratos a Sinergias. “El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas, entre otros, han dicho que no van a fomentar más precariedad permitiendo que pasen a otra empresa de su marca”, advierten en su airada reacción al comunicado de Seguridad Integral, donde acusan a Ramírez de “chantajearlos”. También de “mentir” cuando amenaza a la plantilla con el paro y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). Por el contrario, precisan, el convenio sectorial obliga a la empresa a subrogar a los vigilantes tras cada nueva adjudicación del servicio. Fuentes de la empresa, en cambio, ponen el foco en el “factor cronológico”, asegurando que pasarán hasta seis meses antes de que vuelvan a salir a concurso los contratos, un tiempo que los vigilantes pueden pasar “cobrando menos” en Sinergias o “cobrando el paro”. “La situación de Seguridad Integral es insostenible, no aguanta más, y a fin de año tendrá que terminar su actividad”, alertan. “El concurso de acreedores será mucho más traumático”.
Por el contrario, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Césareo Rodríguez Santos, ha declarado al periódico eldia.es que el próximo concurso ya está en preparación, se anunciará “en los próximos días o semanas” y obligará al adjudicatario a aplicar los salarios del convenio estatal, a diferencia de lo que hace Sinergias.
El caso es que la ofensiva es total. Uno de los sindicatos minoritarios del sector, Alternativa Sindical, ha denunciado a Seguridad Integral Canaria ante la Junta Consultiva de Administraciones Públicas del Estado por ceder estos contratos a terceras empresas que “carecen de los requisitos y certificados necesarios de solvencia homologables” para ser adjudicatarios públicos. Y USO ha convocado una huelga indefinida en Tenerife a partir del próximo día 20 por el “reiterado impago de las nóminas”.
A Sinergias han pasado ya un millar de vigilantes de Seguridad Integral Canaria, según las cifras facilitadas por la propia empresa. Quedan otros 1.500 pendientes de lo que ocurra con los contratos públicos. El salario base de uno de estos vigilantes ha pasado ahora a ser de sólo 660 euros mensuales brutos. El plus de nocturnidad se queda en seis céntimos la hora, 18 veces menos que en las empresas acogidas al convenio estatal. En total, su salario bruto se sitúa entre 9.660 y 11.299 euros brutos al año.
El grupo Ralons como aval ante los juzgados
Las condiciones salariales en Seguridad Integral Canaria son mejores, pero sólo desde que el Tribunal Supremo anuló en diciembre de 2015 el descuelgue del convenio estatal que aplicó Miguel Ángel Ramírez en 2012. La sentencia obligaba al empresario a devolver a sus trabajadores las cantidades que éstos habían dejado de cobrar esos años cuando les redujo los salarios. Unos 450 vigilantes las han reclamado en el juzgado. En total, Ramírez adeudaba a su plantilla casi cinco millones de euros, según reconoce la propia empresa. Pero no ha pagado y los jueces le han embargado las cuentas. Los sindicatos dicen que incumplió las sentencias casi desde el principio. Un portavoz de Seguridad Integral precisa, no obstante, que se ha devuelto aproximadamente un 40% de los sueldos dejados de percibir, unos dos millones de euros. A cada vigilante Ramírez le debía unos 20.000 euros por año.
El empresario no ha dudado en culpar a esos embargos judiciales de sus “tensiones de tesorería”, por tanto también de los retrasos en el abono de nóminas. El portavoz de Seguridad Integral Canaria niega que se adeude “meses” a la plantilla, aunque sí reconoce los retrasos en el pago. En Canarias, indica, se estaban ingresando las nóminas entre el viernes pasado y este lunes. Y en el Metro de Madrid “se ha pagado ya el 70% de la nómina”, añade.
El pasado 30 de octubre la empresa llegó a un acuerdo con Intersindical Canaria y CCOO por el que, a cambio de levantar el embargo de las cuentas, Seguridad Integral Canaria se comprometía a readmitir a cinco miembros del comité de empresa que había despedido y a pagar las nóminas de septiembre y octubre, así como a abonar las siguientes antes del día 5 de cada mes. Además, Ramírez se obligaba a pagar a los vigilantes las cantidades reclamadas en el juzgado de 2012 a 2015. Para ello, según ha confirmado infoLibre, el empresario ha puesto como aval el grupo Ralons, al que no pertenece Seguridad Integral Canaria, pero que agrupa a 10 empresas de servicios, limpieza, mantenimiento, guarderías o formación y cuyos trabajadores también han tenido problemas para cobrar sus nóminas.
Deudas con la Seguridad Social y con Hacienda
Empleo sigue siendo el principal adjudicador de las empresas 'low cost' de seguridad en contra de pactos sectoriales y sentencias
Además de pagar a sus trabajadores los sueldos que les escatimó durante casi tres años, Miguel Ángel Ramírez también debe abonar a la Seguridad Social las cotizaciones que se ahorró en ese tiempo. El pasado septiembre el Consejo de Ministros acordó remitir a la Fiscalía el acta levantada por la Inspección de Trabajo sobre este asunto, por las posibles responsabilidades penales en que haya incurrido el empresario. También Sinergias de Vigilancia y Seguridad tiene abierto otro procedimiento penal por delito contra la Seguridad Social en la Fiscalía. Mientras, un juzgado de Canarias investiga a Ramírez por delito fiscal. Además, Seguridad Integral apareció en la última lista de morosos de Hacienda, con una deuda de 2,9 millones, que Miguel Ángel Ramírez, también dueño de la Unión Deportiva Las Palmas, asegura haber pagado ya.
Condenado por el Tribunal Supremo, luego indultado por el Gobierno, Ramírez apareció como donante del PP en la contabilidad del partido y, pese a su polémica política de personal, tiene en las adjudicaciones públicas su principal fuente de ingresos. Cuando anunció que Seguridad Integral Canaria abandonaba el área de vigilancia para centrarse en el transporte de fondos, culpó a los embargos judiciales y a las administraciones públicas de sus problemas económicos. También cifró su deuda en 7,2 millones de euros, tras revelar que los precios de los concursos públicos no permiten a la empresa cubrir los costes que le suponen las nóminas de los vigilantes. Las administraciones, se quejaba entonces el gerente, Héctor Jesús de Armas, “pagan tarde y mal”.
Los sindicatos ponen en duda los motivos de Ramírez. Dicen que el anunciado “cese de actividad” no es más que una “trampa” y que están acostumbrados a sus reiterados incumplimientos. En internet, Seguridad Integral Canaria acaba de colgar anuncios que solicitan vigilantes privados para la campaña de navidad en Madrid, sin especificar el servicio. Fuentes de la empresa responden que son para el Metro, cuyo contrato con Seguridad Integral finaliza el 31 de enero de 2018. Las ofertas, con contrato temporal, piden disponibilidad inmediata desde el próximo día 24 y proponen un sueldo de entre 1.000 y 1.200 euros al mes, sujeto al convenio estatal.
Seguridad Integral Canaria, el hasta ahora buque insignia del rey de las empresas low cost de seguridad privada, Miguel Ángel Ramírez, está sufriendo una agonía convulsa. En agosto anunció que abandonaba su actividad principal, la vigilancia, y que tenía previsto liquidar, vender o ceder todos sus contratos con empresas privadas antes del 1 de septiembre y los firmados con las administraciones públicas antes del 1 de octubre. Mientras se desmonta la empresa, sus trabajadores, tanto en Canarias como en Madrid, llevan dos meses sin cobrar. El fin de semana estaban convocados a la huelga en el Metro madrileño, y la semana pasada y este mismo lunes los juzgados de Tenerife amanecieron cerrados a cal y canto porque todos sus vigilantes se dieron de baja por enfermedad.