Montero defiende los PGE de 2019 como un "cambio de rumbo" para reducir la "desafección" de los ciudadanos

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La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 al ser un "cambio de rumbo necesario" para reducir la "enorme desafección" de la ciudadanía, y al tratarse de unas cuentas "feministas" que favorecen "la cohesión, la justicia social, la distribución de la riqueza y la modernización de la economía".

Así lo ha señalado Montero en la rueda de prensa celebrada en el Congreso para presentar el proyecto de ley de Presupuestos para 2019, que ha entregado este mismo lunes a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, para iniciar su tramitación parlamentaria.

La ministra ha destacado que con estos PGE busca un triple objetivo: proteger el crecimiento económico redirigiéndolo a un desarrollo "más inteligente, sostenible e inclusivo"; fortalecer las políticas sociales tras una década de "retroceso en derechos y libertades y aumento de la desigualdad", y redistribuir la riqueza, especialmente en la clase media y los ciudadanos más vulnerables.

Montero también ha subrayado que con las cuentas de 2019, realizadas conforme al objetivo de déficit del 1,3% del PIB marcado por el Gobierno anterior de Mariano Rajoy, se continúa con la reducción del déficit y la deuda pública, cumpliendo con los socios europeos.

"Son las cuentas que nuestro país necesita, dan respuesta a los grandes retos y viene a solucionar los problemas cotidianos de la gran mayoría de los ciudadanos", ha asegurado Montero, quien ha resaltado que combinan "luces largas y cortas" para cambiar unas políticas económicas que "no han dado resultado", ya que no han permitido salir del procedimiento de déficit excesivo, ni reducir la deuda ni para mejorar la competitividad de los sectores económicos.

También ha defendido que la desaceleración actual no es "en ningún caso" una moderación del crecimiento imprevista ni única en España, sino que se viene produciendo desde 2015, por lo que ha aprovechado para lanzar un "mensaje de tranquilidad" frente a los "augurios catastróficas" que lanzan algunas formaciones políticas.

La titular de Hacienda ha defendido que son unos PGE "realistas" y "acordes con la evolución económica", frente a la "irresponsabilidad" del PP y Cs que han antepuesto intereses partidistas por delante de los intereses de los españoles la rechazar la relajación de la senda de déficit a una meta fiscal del 1,8% (margen de 6.000 millones).

No obstante, dado que ese margen solo afectaba en una décima al Estado, se mantiene el mismo techo de gasto para 2019, con un alza del 4,4%, hasta los 125.064 millones de euros.

Ha hecho hincapié en que las nuevas cuentas buscan mejorar el bienestar y sentar las bases para que las futuras generaciones puedan tener "un mundo mejor", y ha detallado que se focalizan especialmente en la clase media, los jóvenes, los mayores y las mujeres.

A partir de ahora, se abre el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad.

El paso siguiente será su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y, a continuación, se abrirá un plazo de uno o dos días para solicitar las comparecencias de los altos cargos del Gobierno con el fin de explicar las cuentas de los distintos departamentos.

Enmiendas a la totalidad, hasta el 8 de febrero

El plazo para la presentación de las enmiendas a la totalidad, según las previsiones que maneja la Mesa del Congreso, finalizará el viernes 8 de febrero al mediodía. El debate de las mismas, en el que la ministra de Hacienda defenderá su proyecto, se prevé para los días 12 y 13 de febrero.

Tras el debate con todos los grupos, presenten o no enmiendas de totalidad, todas ellas se votarán de una tacada, es decir, en una única votación, puesto que piden lo mismo: tumbar los Presupuestos y devolverlos al Gobierno.

A principios de marzo tendrá lugar el debate de enmiendas parciales en la Comisión de Presupuestos, donde previsiblemente se negociarán partidas dirigidas a los partidos que apoyaron la moción de censura, y a mediados o finales de marzo se producirá la votación final del dictamen en el Pleno de la Cámara Baja.

Concluido el trámite en el Congreso, las nuevas cuentas llegarán en abril al Senado, donde la mayoría del PP impedirá que superen el debate de vetos y las rechazará, siendo devueltos al Congreso, que sí tiene capacidad para levantar el veto de la Cámara Alta.

Sánchez necesita a ERC y PDeCAT para sus cuentas

Para superar los votos del PP, Ciudadanos, Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias y EH Bildu, que el pasado mes de diciembre rechazaron los objetivos de déficit de Sánchez, el Gobierno necesita sumar a Unidos Podemos, con quien ya ha firmado un acuerdo presupuestario, pero también a Compromís, PNV, Nueva Canarias, Esquerra Republicana y PDeCAT.

De repetirse los votos en contra que hubo a la senda de estabilidad, en el debate de totalidad de los Presupuestos al Gobierno no le bastaría con abstenciones del resto de partidos, sino que necesitaría que tanto ERC y PDeCAT rechazaran las enmiendas votando junto al bloque que busca tramitar las cuentas.

Una recaudación record: 227.356 millones

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Las nuevas cuentas contemplan una recaudación récord de 227.356 millones, un 9,5% más. En detalle, contemplan un incremento de los ingresos tributarios del 11,9%, hasta 128.930 millones. El total del presupuesto sumará 472.660 millones (+5,1%).

Las partidas presupuestarias destinadas a política social aumentan en 12.600 millones, con lo que el 57,3% del total de gasto público se destina a gasto social (209.510 millones).

Sube el gasto en pensiones (153.864 millones, 6,2% más); Sanidad (2.037 millones, 1,7% más); Educación (2.722 millones, 5,9% más); Cultura (953 millones, 9,7% más); desempleo (18.402 millones, 4% más), o fomento del empleo (5.985 millones, 4,7% más) e infraestructuras (7.572 millones, 40% más).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este lunes los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 al ser un "cambio de rumbo necesario" para reducir la "enorme desafección" de la ciudadanía, y al tratarse de unas cuentas "feministas" que favorecen "la cohesión, la justicia social, la distribución de la riqueza y la modernización de la economía".

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