Una ola de euforia sindical recorre Estados Unidos, un país tradicionalmente reacio a la reclamación colectiva de los derechos laborales. Allí, que se sindicalicen los trabajadores de Starbucks, Amazon o Apple, aunque sea sólo en una cafetería de Buffalo (Nueva York), un almacén de Staten Island (también en Nueva York) o una tienda de Towson (Maryland), es carne de telediario. Porque primero hace falta que la mitad más uno de los trabajadores vote a favor de organizarse y porque es legal que la empresa se oponga a que su plantilla cree un comité. Y lo hacen, hasta el punto de que existen despachos de abogados especializados en el trabajo antisindical y de que los demócratas han llamado Ley de Protección del Derecho a Organizarse (Proact) a su iniciativa para mejorar los derechos laborales. La Proact pretende prohibir el despido de los trabajadores que se afilien a un sindicato y la contratación de esquiroles para sustituir a los huelguistas, además de imponer sanciones a las empresas que violen las leyes laborales, hasta con 100.000 dólares si son reincidentes. De esta manera se actualizaría la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que data de 1935. La Proact ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero los republicanos la bloquean en el Senado.
En Estados Unidos, la tarea sindical se desarrolla empresa a empresa; no existen los convenios sectoriales como en España. Los afiliados representan sólo el 10,3% de los ocupados y son sobre todo trabajadores públicos, profesores o trabajadores industriales. Pero la Gran Dimisión tras la pandemia, una tasa de paro en mínimos históricos –3,5%, una cifra desconocida desde 1969– y un presidente que pide a las empresas mayores sueldos –“Pay them more” – ha devuelto el poder a los trabajadores, que se hacen valer gracias a las dificultades que están sufriendo las empresas para encontrar mano de obra.
En comparación, España tiene un Estatuto de los Trabajadores más moderno –de 1980–, pero una tasa de afiliación sólo un poco superior, el 12,5%, según las últimas estadísticas de la OCDE, referidas a 2019. Sin embargo, la cobertura de la negociación colectiva alcanza al 80% de los asalariados, mientras que en Estados Unidos sólo tienen amparados sus derechos laborales por un convenio colectivo el 12% de los trabajadores. Lo que no quiere decir que no haya empresas españolas que imitan a las estadounidenses en su rechazo sindical. Grandes compañías sin comités de empresa. “En España se celebran elecciones sindicales en la mitad de las empresas donde es posible convocarlas”, explica el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, José María Martínez: la ley sólo las permite en empresas de más de seis trabajadores. Y el 90% de las españolas están por debajo de ese umbral, lo que deja a sólo un tercio de la población activa en situación de elegir a delegados de personal o comités de empresa, 7,8 millones de trabajadores. Por el contrario, cuanto mayor es el tamaño de la compañía, más probabilidades tiene su plantilla de contar con representantes sindicales. Aun así, una empresa como Mango, por ejemplo, con unos 4.500 empleados en España –y 12.000 en todo el mundo– carece de comité de empresa. La firma de Isak Andik acaba de sumarse a la nueva patronal Arte, que pretende unificar el heterogéneo mapa de convenios –y salarios– del sector.
Uno de sus promotores es Inditex, donde sí hay comités de empresa y cuyas empleadas en A Coruña acaban de protagonizar unas exitosas protestas que les han reportado un aumento de sueldo de 322 euros al mes para nóminas que no superan los 1.100. También consiguieron mejoras laborales las dependientas de Bershka en Pontevedra, tras llevar a cabo una huelga en 2017. Un año antes, curiosamente, habían conseguido votos suficientes para sindicalizarse sus compañeras de Zara en Nueva York. Entonces eran un millar, repartidas en ocho tiendas. La primera de ellas abrió en 1989, por lo que la plantilla tardó 27 años en organizarse. Su sindicato, RWDSU (Retail Wholesale and Department Store Union), representa también a las dependientas de Macy’s, Bloomingdale’s, Saks Fifth Avenue o H&M, así como a trabajadores de supermercados y hasta farmacias o autolavados.
En Nueva York, Inditex incluso convocó con el sindicato una presentación conjunta ante la plantilla para explicarle las ventajas de organizarse. Pero no es lo habitual. Wal-Mart, la mayor cadena de supermercados descuento de EEUU y del mundo, es famosa no sólo por sus bajos salarios, sino también por sus prácticas antisindicales. Sobre los primeros, sus trabajadores reciben 6.200 millones de dólares al año en ayudas públicas, según el cálculo de la organización Americans for Tax Fairness, porque sus sueldos no alcanzan ni para el seguro médico –que en EEUU pagan las propias empresas–. Sobre las segundas, un juez condenó en 2015 a la compañía por haber clausurado con un falso pretexto –problemas de fontanería– cinco de sus tiendas en California, Texas, Oklahoma y Florida y haber despedido a 2.200 empleados. En realidad, dictaminó la sentencia, las cerró en represalia por el intento de la plantilla por sindicarse.
Tecnológicas y consultoras
En España, algunas empresas estadounidenses tan notorias como Twitter, Facebook o Google carecen de comités. El dato fue conocido hace dos meses cuando Elon Musk y Mark Zuckerberg despidieron a cientos de trabajadores en todo el mundo, unos centenares de ellos en España. Otro tanto ocurre en NTT Data, la antigua Everis, una multinacional japonesa de tecnologías de la información con 15.000 empleados en España, donde sólo hay representación sindical en uno de sus centros de trabajo, el de Sevilla. Y su vida no ha sido fácil. La primera tentativa de convocar elecciones sindicales data de 2011, concurrieron CCOO y una Candidatura Indepediente, al tiempo que fueron despedidos cinco trabajadores. En 2015, los independientes se transformaron en la plataforma Actúa, “una candidatura creada por la propia empresa”, denuncia Guillermo Ramos, responsable de la sección de Alternativa Sindical de Clase (ASC), que desde 2019 tiene siete miembros en el comité. Los acompañan cinco de CCOO y otros cinco de Actúa. La empresa, cuyo presidente en España es el exministro Eduardo Serra, fue condenada en 2021 por la Audiencia Nacional por impedir la extensión del sindicato a otros centros de trabajo. Fueron despedidos dos delegados de ASC en Salamanca y Murcia. La sentencia ha sido recurrida por NTT Data en el Tribunal Supremo, que aún no ha dictaminado. Sí lo hizo antes, en 2019, cuando ratificó el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que declaraba improcedente el despido de un delegado del sindicato que se encontraba de baja médica. Los jueces encontraron una “evidente relación causa efecto entre la actividad sindical del recurrente [el delegado] y la decisión del despido”.
Ramos explica que parte de la actividad de la empresa es el desarrollo de aplicaciones informáticas, que lleva a cabo en régimen de subcontrata sobre todo para las administraciones públicas. Consigue los contratos, sostiene el responsable sindical, ofertando a sus clientes tarifas casi por debajo de coste gracias a los bajos salarios que paga. Es una de las llamadas “cárnicas” del sector tecnológico. Como ocurre en muchas de estas empresas, resulta difícil organizar a unos trabajadores más inclinados a “buscar salidas individuales”, lamenta, y ahora también dispersos porque han seguido teletrabajando tras la pandemia. Y ello pese a que desde 2019, denuncia el representante de ASC, NTT Data ha despedido en Sevilla a 68 trabajadores por motivos disciplinarios –la empresa alega bajo rendimiento–, pero reconociendo al mismo tiempo la improcedencia de la medida en un documento que concede al afectado una indemnización. Ramos también se queja de que deben luchar en un doble frente: la empresa y los sindicatos UGT y CCOO que, según dice, no defienden a los trabajadores tanto como declaran hacerlo.
Las Big Four
Es precisamente en el sector de consultoría y de tecnologías de la información donde se encuentran algunas de las mayores compañías sin organización sindical. Es el caso de KPMG, PwC, Deloitte y EY, las conocidas como Big Four, las principales auditoras y consultoras del mundo.
Lo mismo ocurre con Accenture, la heredera de otra de las grandes, la desaparecida Arthur Andersen. “Afiliación sí tenemos”, apunta Raúl de la Torre, responsable del sector TIC y consultorías de CCOO, “porque, aunque estas empresas no son precisamente nuestro ‘granero de votos’, sí hemos notado un aumento de afiliados, sobre todo porque cada vez las condiciones laborales son peores para los recién licenciados”. Desde 2008, protesta, los salarios de entrada no hacen más que bajar y son ahora un 25% inferiores a los de entonces. De hecho, el convenio sectorial de consultorías, el que se aplica a estas empresas, aún cuenta con 10 categorías profesionales con sueldos por debajo del SMI –1.000 euros–. De la Torre asegura que España es el segundo país de la UE que peor paga en consultoría, sólo por detrás de Grecia.
En 2021 saltaron a los periódicos las quejas de los jóvenes empleados de EY, Deloitte y el banco de inversión Goldman Sachs por las jornadas laborales de 12 horas y las presiones que sufren, todo a cambio de salarios muy bajos. En el caso de EY en Barcelona, los trabajadores descontentos enviaron un correo electrónico a sus superiores que luego se hizo público. “Es la cultura de la empresa”, concede el representante de CCOO, “se trata de perfiles de alta cualificación, con idiomas, estudios de máster, dos carreras universitarias… son muy individualistas y piensan que el trabajo en estas empresas es sólo un trampolín para dar el salto a otras con mejores condiciones”. Para ellos, la batalla colectiva ante la empresa les resulta extraña. Pero lo cierto, añade De la Torre, es que estas consultoras cada vez encuentran más dificultades para contratar. Tras convocar una huelga en junio, UGT y CCOO acaban de firmar un preacuerdo con la patronal del sector, AEC, que les reconoce subidas salariales del 10,75% para 2022. Pero el nuevo convenio colectivo, caducado desde 2019, no lo empezarán a negociar hasta este mes. De la Torre dice que han conseguido mejoras, pero las considera insuficientes. Por lo menos, han eliminado la pretensión de las empresas de fijar jornadas diarias de 12 horas y de convertir el sábado en día laborable. Las coonsultoras también querían suprimir el complemento por antigüedad. En un sector, resalta De la Torre, con beneficios millonarios.
En otras grandes empresas, la organización de las plantillas es un fenómeno relativamente reciente. En Mapfre, hasta el año 2000 la defensa de los trabajadores estaba al cargo de sindicatos supuestamente independientes, recuerda José María Martínez, hasta que las relaciones con Caja Madrid permitieron el contagio con los sindicatos de clase. Otro tanto ocurría en Mutua Madrileña, donde UGT sólo logró entrar en las últimas elecciones después de una historia “muy difícil”, indica Álvaro Vicioso, secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios de UGT.
En Mercadona, CCOO, UGT y CGT llegaron hace no más de 15 años, recuerda José María Martínez, mientras que en los supermercados Aldi, donde UGT es ahora mayoritario, hasta hace cuatro años no había representantes sindicales. Pero Bauhaus, una gran superficie de decoración y bricolaje alemana con una docena de tiendas en España, carece de comité de empresa, al igual que los supermercados de bajo coste españoles Primaprix, detalla Vicioso. En la empresa de recursos humanos Manpower, UGT acaba de conseguir un delegado. “Aquí cualquier trabajador puede hablar con el CEO’, es lo que nos dicen los responsables de la compañía para explicar que la plantilla no necesita representantes sindicales, todo muy a la americana”, apunta el responsable ugetista.
Coren y Leche Pascual, a golpe de cheque
En Leche Pascual, con 2.300 empleados, el comité está compuesto por representantes del llamado Grupo Independiente desde hace más de una década. CCOO y UGT han intentado presentar candidaturas en el centro de producción de Aranda de Duero (Buegos), pero “se han caído antes” y nunca han llegado a la votación, lamenta Sebastián Serena, secretario del sector agrario de FICA-UGT. “La empresa dice que no cree en las condiciones laborales colectivas, sino en las individuales, e incluso presume de su paternalismo”, apunta el responsable sindical. En 2008, Leche Pascual fue condenada por conducta antisindical en una sentencia que fue ratificada por el Tribunal Supremo. CCOO había demandado a la empresa láctea porque, en menos de un año a partir de la convocatoria de elecciones sindicales, despidió a la mayor parte de la candidatura presentada por el sindicato. A todos ellos les dio indemnizaciones de 39 y 40 días por año de trabajo, por encima de los límites legales. Ganó la lista independiente.
En el centro de procesado avícola de Coren en Ourense, todos los delegados, desde siempre, pertenecen al Sindicato Independiente de Trabajadores, integrado por encargados, dice Rubén Requeixo, secretario comarcal de la Federación de Alimentación de la CIG. Pese a que lo han intentado, ningún sindicato de clase ha conseguido poner un pie en el grupo orensano, la principal cooperativa agroalimentaria española. La CIG estuvo “a punto” de presentar una candidatura en 2019, pero los miembros de la lista para cubrir los 21 delegados que correspondían se fueron dando de baja uno a uno: fueron despedidos… con indemnizaciones que en algunos casos rozaron los 200.000 euros, tras reconocer la empresa su improcedencia en el Servicio de Mediación y Arbitraje, cuenta Requeixo.
Coren es una de las empresas que ha tenido que dar de alta como asalariados del Régimen General a sus falsos autónomos. Ya no hay ninguno desde el 31 de agosto de 2018 en la cooperativa orensana, que cuenta con un matadero en Lugo y otro en Porriño (Pontevedra). En total, unos 300 autónomos consiguieron un contrato laboral tras las denuncias de la Inspección de Trabajo. Pero Coren ha disputado en los tribunales gallegos el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social de estos trabajadores y, al menos de momento, ha ganado, protesta Rubén Requeixo, “a diferencia de lo que están sentenciando los jueces en el resto de España en casos similares”.
El lado oscuro del ‘outsourcing’: cómo las grandes empresas explotan a los informáticos
También fueron despedidos los tres periodistas del diario online Vozpopuli que en 2016 acababan de presentar el preaviso para celebrar elecciones. El Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM) demandó a la empresa y el juez consideró nulos los despidos. A día de hoy el diario sigue sin comité de empresa. El Confidencial, que cuenta con más de 150 trabajadores, se creó en 2001, pero no contó con representantes de los trabajadores hasta 2020.
Mirando a EEUU
Fue en ese mismo año de la pandemia cuando CCOO demandó a Amazon por haber contratado a una agencia de detectives para espiar a los trabajadores en huelga de la planta de la multinacional en El Prat (Barcelona), la mayor que tiene en España. En realidad, a la agencia española la había contratado otra estadounidense, la mítica Pinkerton. Por entonces Amazon ya había sido denunciada por emplear estas tácticas ilegales en Francia, Reino Unido, Italia, Alemania y otros países europeos, según publicó eldiario.es.
Y es que, pese al auge sindical, las espadas siguen en alto en EEUU. Un tribunal federal acaba de sentenciar que las empresas pueden pedir indemnizaciones por daños y perjuicios a los trabajadores que se declaren en huelga. “Si esa sentencia llega al Tribunal Supremo, el riesgo para el trabajo de los sindicatos puede ser brutal”, advierte José María Martínez. El responsable de CCOO reconoce que el sindicato mira hacia EEUU y observa con atención su despertar sindical: “Nos hace reflexionar sobre la manera de trabajar y sobre cómo activar a la gente, diseñando campañas menos clásicas”. Allí han sido los inmigrantes latinos la avanzadilla de la sindicación en la hostelería, el comercio y otros trabajos precarios, igual que antes fueron los trabajadores de color quienes la impulsaron en la industria. Los sindicatos, además, han jugado la baza de ofrecerles coberturas más allá de la simplemente laboral, como la ayuda en temas de extranjería, señala el representante de CCOO, quien también destaca el apoyo del Gobierno de Joe Biden. No en vano, añade, los inmigrantes latinos han sido fundamentales en las campañas para conseguir que sus conciudadanos se inscribieran para votar en Nevada, Arizona o Georgia, estados clave de la victoria demócrata.
Una ola de euforia sindical recorre Estados Unidos, un país tradicionalmente reacio a la reclamación colectiva de los derechos laborales. Allí, que se sindicalicen los trabajadores de Starbucks, Amazon o Apple, aunque sea sólo en una cafetería de Buffalo (Nueva York), un almacén de Staten Island (también en Nueva York) o una tienda de Towson (Maryland), es carne de telediario. Porque primero hace falta que la mitad más uno de los trabajadores vote a favor de organizarse y porque es legal que la empresa se oponga a que su plantilla cree un comité. Y lo hacen, hasta el punto de que existen despachos de abogados especializados en el trabajo antisindical y de que los demócratas han llamado Ley de Protección del Derecho a Organizarse (Proact) a su iniciativa para mejorar los derechos laborales. La Proact pretende prohibir el despido de los trabajadores que se afilien a un sindicato y la contratación de esquiroles para sustituir a los huelguistas, además de imponer sanciones a las empresas que violen las leyes laborales, hasta con 100.000 dólares si son reincidentes. De esta manera se actualizaría la Ley Nacional de Relaciones Laborales, que data de 1935. La Proact ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, pero los republicanos la bloquean en el Senado.