Este martes comenzó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Getafe la primera sesión del juicio contra los ocho sindicalistas de Airbus acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de atentado, cuatro delitos de lesiones y siete faltas de lesiones. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2010 durante la huelga general contra la reforma laboral impulsada por el entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ministerio fiscal solicita para los acusados un total de 66 años de prisión, ocho años y tres meses para cada uno de ellos.
La sesión dio comienzo, entre una gran expectación, con una hora de retraso. Así, un poco antes de las 10.00 horas, los ocho acusados –José Alcázar, Tomás García, Enrique Gil, Rodolfo Malo, Jerónimo Martín, Raúl Fernández, Edgar Martín y Armando Barco– entraron en la sala mientras se escuchaban aplausos y gritos de ánimo. Media hora después, se abrieron las puertas al público y los periodistas. A pesar de que la sala habilitada para la celebración del primero de los días de juicio era grande, con la vista puesta en la enorme expectación mediática que ha levantado el caso, todos los asientos fueron ocupados y decenas de personas tuvieron que quedarse fuera.
El primer día estuvo dedicado por completo a los ocho acusados, que prestaron individualmente declaración ante el juez, Abel Téllez, y respondieron a las preguntas de la Fiscalía y los abogados. Todos ellos insistieron en que no agredieron a los agentes de policía aquella mañana, negaron que las lesiones que registraron aquel día fueran fruto de un enfrentamiento con los agentes y rechazaron que desde los dos sindicatos, UGT y CCOO, se diesen directrices sobre cómo actuar en caso de una intervención policial o del intento de los trabajadores de acceder a sus puestos de trabajo. "No, en absoluto. Sólo se llama a la presencia activa y pacífica", aseguró José Alcázar en este sentido, que en aquel momento era presidente del Comité Intercentros de la empresa. "Había un ambiente prácticamente festivo ese día", completó Enrique Gil, otro de los imputados.
El primero de los citados a declarar respondió que el día de los hechos no llevaba ningún maletín, una pregunta recurrente durante toda la primera sesión, y que, por tanto, no lo había utilizado para agredir a ningún agente: "No, porque en el maletín se suele llevar dinero y yo no utilizó maletines para eso", contestó entre risas de los asistentes. Preguntado por la versión de los policías, el sindicalista lo tuvo claro: "Eso es mentira. Es una calumnia que yo haya agredido. Yo ejercía mi derecho a huelga. Lo hacía y lo volvería a hacer", aseveró, añadiendo a renglón seguido que "hay que buscar un responsable y es fácil encontrarlo en el máximo responsable sindical".
Los ocho acusados rechazaron que impidiesen la entrada a trabajadores a la factoría de Getafe. “En ningún momento vi a empleados que se refugiasen en la policía para poder acceder a su puesto de trabajo”, señaló al respecto Tomás García, en aquel momento miembro del comité de empresa. Alcázar, por su parte, aseguró que incluso facilitó la entrada a uno de ellos que, según la acusación, "recibió puñetazos, patadas, golpes en la cabeza y en la espalda" hasta que "pudo ser rescatado por agentes del Cuerpo Nacional de Policía". "Estaba muy nervioso", explicó el miembro del comité intercentros, que aseguró que la persona "no estaba herida". El escrito de acusación recoge que los acusados "de común acuerdo" intimidaron "a los trabajadores que pretendían acceder al recinto mediante todo tipo de insultos, tirándoles petarlos a los coches, escupiéndoles, dándoles collejas, lanzándoles bebidas por encima". Hechos que negaron, en diferentes preguntas, los ocho de Airbus.
La Fiscalía, además, también se interesó por el pago de las indemnizaciones. "¿Por qué han consignado ese dinero a los agentes agredidos si todavía no hay una sentencia condenatoria?", preguntó a todos ellos. Los acusados explicaron que era lo más "sensato" y que así se lo habían recomendado sus respectivos abogados. "¿Y ese dinero salió de usted o salió del sindicato?", dejó caer seguidamente. Todos aseguraron que la cantidad que les reclamaban había sido pagada por ellos mismos. En concreto, los ocho sindicalistas de Airbus han desembolsado en indemnizaciones, "conjunta y solidariamente", que fueron entregadas a nueve agentes y un trabajador de la compañía, un total de 11.774 euros.
Actuación de la Policía
Los acusados también hablaron de la actuación de los agentes de la Policía Nacional desplegados aquel día en la puerta sur de la factoría. Todos coincidieron que, en un primer momento, estaban "en posición pasiva", pero cuando comenzaron los altercados, "después del tumulto y los disparos [al aire que realizó uno de los agente con arma real]", comenzaron a estar "muy inquietos".
Tras las cargas, hubo varios heridos. Algunos de ellos acudieron al botiquín de la empresa para curarse las heridas, un listado que posteriormente solicitaría el juez durante la investigación. "Me pegaron un palazo en la cabeza que me dejaron…", explicó durante la sesión Jerónimo Martín, un trabajador que no tenía ninguna responsabilidad sindical, que añade que acabó "sangrando como un gorrino". Edgar Martín, otro de los empleados imputados, afirmó que le "golpearon por detrás", según los médicos de la compañía con una porra, lo que le ocasionó "lesiones en el hombro y en la espalda".
"Me sorprendió que aquel día hubiera antidisturbios", remachó Alcaraz, que recordó que Airbus se caracteriza por "no ser una empresa conflictiva". "Empezaron a pegar a diestro y siniestro, como en una dictadura", dijo, añadiendo en esta parte de su relato que "hay que recibir palos injustificadamente para que luego te calles".
Muestras de apoyo
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La jornada comenzó temprano, a las 8.30 horas, con una manifestación que salió desde la puerta donde sucedieron los hechos y que recorrió todo Getafe hasta llegar a los juzgados. Sin embargo, los acusados sólo pudieron estar presentes en la marcha durante poco más de media hora. Ya en la entrada de la sala, los imputados recibieron el respaldo de representantes políticos y líderes sindicales. Allí estuvieron el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias; su homólogo en IU, Cayo Lara; los líderes de CCOO y UGT, Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo, respectivamente; la secretaria de Empleo del PSOE, Luz Rodríguez; y los diputados de Podemos Rafa Mayoral, Alberto Rodríguez e Irene Montero. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, expresó también su apoyo a los ocho sindicalistas. "Los ocho de Airbus tienen mi apoyo y mi solidaridad. La huelga es un derecho y el 315.3 debe derogarse cuanto antes", escribió en un mensaje en su cuenta de Twitter, junto con la etiqueta "#HuelgaNoEsDelito".
La marcha, que recorrió las principales calles de Getafe y encabezaban los secretario de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, respectivamente, la integraron varios miles de personas. Cuando terminó la sesión del juicio, los acusados recibieron un cálido recibimiento de cientos de personas en la calle, donde los organizadores de la marcha habían instalado un pequeño escenario. "¡Este juicio lo vamos a ganar!", "¡Compañeros, no estáis solos!" o "¡Que viva la lucha de la clase obrera" fueron algunos de los lemas más coreados.
"Sin derecho de huelga no hay un equilibrio posible en las relaciones de trabajo", afirmó, a través de un micrófono y entre apluasos, Fernández Toxo, que aseguró que están pretendiendo "ilegalizar o impedir, por un atajo judicial, en la práctica el ejercicio del derecho de huelga". "Estamos asistiendo, si finalmente hubiera una sentencia condenatoria, a un retroceso brutal y radical en la calidad y en la democracia española", sentenció. Además, señaló que estamos en una situación política en la que "es posible un cambio" y pidió a los dirigentes de los partidos "que se pongan de acuerdo". Tras estos breves discursos, la gente comenzó a dispersarse a sabiendas de que mañana habrá una nueva jornada con las declaraciones de los agentes. Sin embargo, en una parcela frente al juzgado de instrucción siguen instaladas unas tiendas de campaña. A la entrada, una frase: "No son ocho, somos miles".
Este martes comenzó en el Juzgado de Instrucción número 1 de Getafe la primera sesión del juicio contra los ocho sindicalistas de Airbus acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, otro de atentado, cuatro delitos de lesiones y siete faltas de lesiones. Los hechos ocurrieron en septiembre de 2010 durante la huelga general contra la reforma laboral impulsada por el entonces Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. El Ministerio fiscal solicita para los acusados un total de 66 años de prisión, ocho años y tres meses para cada uno de ellos.