Oxfam denuncia que cinco miembros de la UE deberían integrar la lista negra de paraísos fiscales elaborada por Bruselas

La UE revisará este mismo mes la lista de paraísos fiscales que creó en 2017. Tras pasar por cinco revisiones en su corto año de vida, la lista puede dejar fuera a nueve de los paraísos fiscales más agresivos del planeta, además de al paraíso más antiguo del mundo, Suiza, y a otros dos países que ni siquiera aparecieron en su primera redacción, Estados Unidos y Singapur. Es la advertencia que lanza Oxfam Intermón. La ONG ha hecho su propia revisión de la lista utilizando los mismos criterios con los que Bruselas la elaboró.

En realidad, son dos listas, una negra, integrada por los países que no cumplen los criterios de transparencia, fiscalidad justa y adopción de las medidas de la OCDE contra la erosión de las bases imponibles –conocidas como BESP–, y otra gris, que incluye a los territorios que se comprometen a hacer reformas para adaptarse a los requisitos anteriores. Tras las sucesivas revisiones acometidas durante el año pasado, en la lista negra sólo quedaron cinco pequeños países: Samoa, Samoa Americana, Guam, Trinidad y Tobago e Islas Vírgenes Estadounidenses. Oxfam concluye tras su análisis que ese registro deberían integrarlo 18 países más, entre ellos Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Omán. En la gris tendrían que estar países europeos como Albania, Serbia, Montenegro y Bosnia, además de Australia, Canadá, Sudáfrica y la citada Suiza. Los nueve que Oxfam avanza que se escaparán son Bahamas, Bermudas, Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Jersey, Guernsey, Hong Kong, Isla de MannIslas Vírgenes Británicas y Panamá.

La ONG critica los estándares y el funcionamiento de la lista de la Unión Europea, subrayando que tanto su legitimidad como su eficacia y credibilidad se encuentran en entredicho. “Pretendía ser un instrumento potente para poner fin a la evasión y la elusión fiscal fuera de la UE”, explica en el informe Vía libre. Cómo la UE está a punto de dar carta blanca a los paraísos fiscales más agresivos del mundo, “pero se ha convertido en un complejo proceso de evaluación centrado en la cooperación fiscal entre países”. Oxfam teme que la lista de la UE repita el fracaso de la que en 2000 elaboró la OCDE, que empezó con 35 paraísos fiscales y terminó con sólo cinco. “Tras la revisión de marzo, la lista negra de la UE será inconsistente, la lista gris será tibia y, debido a los endebles compromisos que exige y a sus criterios desajustados, muy probablemente se dará carta blanca a los paraísos fiscales más agresivos del mundo”, resume.

Además, el índice excluye a los países comunitarios, porque se asume de partida que cumplen los criterios. Sin embargo, Oxfam lo niega. De hecho, la ONG recuerda que incluso el comisario de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Mostovici, tachó en enero de 2018 de “agujeros negros fiscales” a “algunos países europeos”, que no dudó en citar. “Obviamente, en muchos países de la UE se produce una optimización fiscal agresiva… ustedes saben que los flujos fiscales se mueven hacia países como Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo, Malta y Chipre”.

El 80% de los beneficios europeos en paraísos fiscales comunitarios

De los 600.000 millones de dólares de beneficios que las empresas desviaron en 2015 a paraísos fiscales, el 30% acabaron en países europeos con normas tributarias laxas y opacas. Según el análisis de Oxfam, cinco socios comunitarios incumplen el criterio sobre fiscalidad justa de la UE –aplican, por tanto, prácticas fiscales nocivas, facilitan la creación de estructuras offshore y firman acuerdos para atraer beneficios que no corresponden a su actividad económica real–. Son Países Bajos, Luxemburgo, Irlanda, Chipre LuxemburgoIrlanday Malta.

Pero la ONG ha identificado hasta 18 países europeos con prácticas potencialmente nocivas, entre los que se encuentran España, Francia, Italia, Portugal y Reino Unido o Bélgica. También ha evaluado una serie de indicadores que revelan si los beneficios que atrae cada Estado se corresponden o no con la actividad económica real de ese territorio. Por ejemplo, el peso que tienen en la economía de un país los ingresos pasivos, como cánones o royalties y los intereses por préstamos entre filiales de un mismo grupo multinacional. También el volumen de inversión extranjera directa entrante, que se relaciona con la existencia de estructuras extraterritoriales.

Y resulta que Irlanda paga en royalties un 23% de su PIB y Luxemburgo un 8,4%. Oxfam considera que si se paga o recibe más de un 2,5% del PIB por este concepto, existe un “claro traslado artificial de beneficios”. Lo mismo ocurre con los intereses intra-grupo: Luxemburgo paga un 114% y recibe otro 86% de su PIB. En dividendos intra-grupo, Malta paga una cantidad equivalente al 76% de su PIB –Oxfam pone el umbral en el 5% del PIB–. En inversión extranjera directa, si se supera el 250% del PIB, el país puede considerarse un paraíso fiscal. Pues bien, Luxemburgo registra un volumen entrante que equivale al 8.275% de su PIB y un volumen saliente del 9.518%; Malta, del 1.639% y 669%, respectivamente; Chipre, del 1.018% y el 974%; Países Bajos, del 615% y el 748%, e Irlanda, del 436% y el 426%.

Los cálculos de Oxfam sitúan en 210.000 millones de dólares los beneficios trasladados en 2015 a Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos desde otros países europeos. El 80% de lo que ganaron las compañías con sede comunitaria ese año terminaron en paraísos fiscales dentro de la propia Unión. De forma que entre Francia, España, Italia y Alemania dejaron de recaudar ese año unos 35.100 millones de dólares. Sólo desde España se desviaron a paraísos fiscales 14.000 millones de dólares en 2015, lo que se tradujo en una pérdida de recaudación para las arcas públicas de 3.500 millones. Según destaca Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam, pese a que en los últimos años las empresas del ÍBEX 35 han reducido el número de sus filiales en paraísos fiscales, siguen siendo un volumen importante, unas 900, repartidas entre Delaware (Estados Unidos), Luxemburgo, Holanda e Irlanda.

Y no sólo Bruselas no está a la altura, censura el informe, sino que tampoco lo están los Estados miembros. Los gobiernos nacionales –Irlanda, Países Bajos– no aplican con la firmeza deseable las normas comunitarias sobre las empresas controladas por capital extranjero, mientras se estanca la presentación de los denominados informes país por país –donde las empresas detallan cuánto y dónde tributan–, que ha bloqueado Alemania.

Software, marcas y patentes, el nuevo oro fiscal

Es más, los países de la UE incluso están adoptando nuevas prácticas fiscales que Oxfam considera cuestionables. “No sólo se ha intensificado la competencia fiscal entre ellos, sino que su naturaleza ha cambiado”, subraya el informe. Para empezar, el tipo medio del impuesto de sociedades ha caído desde el 35,2% en 1997 hasta el 21,9% en 2018. Mientras, se ha desatado una auténtica “carrera a la baja” en la tributación de activos intangibles como el software, las marcas y las patentes. De tal modo que la UE puede terminar convirtiéndose en un nuevo paraíso fiscal para la propiedad intelectual.

A fin de promover la innovación, los países han aprobado incentivos a la I+D y la propiedad intelectual que, sin embargo, no han generado la innovación deseada, critica Oxfam. Estos incentivos incluyen créditos fiscales y superdeducciones a la I+D, así como las patent boxes, un régimen fiscal especial creado por Francia hace 18 años que rebaja el gravamen sobre los ingresos generados por patentes que otros ingresos comerciales. De este modo, 17 de los 28 Estados miembros ya cuenta con deducciones por patent box o similares. Uno de ellos, España.

Dos ejemplos. Si una multinacional adjudica su propiedad intelectual a una empresa holandesa, disfruta de un tipo impositivo efectivo casi nulo, resalta el informe. A Irlanda, entre 2014 y 2017 se transfirieron activos intangibles por importe de 300.000 millones de dólares, gracias a sus extraordinarias ventajas fiscales, con tipos de sólo el 2,5%. Según cifras de la propia autoridad fiscal irlandesa, Dublín dejó de ingresar 4.460 millones de euros sólo en 2016 por culpa de las exenciones de hasta el 100% sobre la propiedad intelectual.

Pero no sólo hay países de la UE que deben ser considerados auténticos paraísos fiscales, sino que, además, los tres mayores, Países Bajos, Luxemburgo e Irlanda son también “economías conducto” (pass-through economies), que en conjunto albergan más del 85% de las inversiones mundiales en sus empresas instrumentales sin actividad real. Junto a estas tres naciones europeas, Oxfam cita a Hong Kong, Islas Vírgenes Británicas, Bermudas, Islas Caimán y Singapur. “Y ninguna de ellas aparecerán en las listas negra o gris de la UE en 2019”, lamenta el informe.

Ni un buen diseño ni sanciones efectivas

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Oxfam también es muy crítica con la UE por cómo ha elaborado la lista, con una definición “anticuada” –de 1997– de lo que considera prácticas fiscales nocivas. Bruselas las circunscribe al trato preferente que los países conceden a los beneficios obtenidos en el extranjero frente a las conseguidas por sus empresas nacionales. Y reprocha a la Unión Europea que no considerara el tipo nulo o casi nulo en el impuesto de sociedades como un criterio para decidir qué país es un paraíso fiscal. Igualmente censura las reformas que exige a los territorios para salir de sus listas por “inapropiadas”, “mal encaminadas”, “muy débiles”, “ambiguas” e “insuficientes”.

Porque para responder a los requerimientos europeos, esos paraísos fiscales están extendiendo a las empresas locales las rebajas fiscales que hasta ahora sólo concedían a las compañías extranjeras. Lo han hecho, por ejemplo, Hong Kong y Barbados. Las consecuencias, teme Oxfam, serán una aceleración de la competencia fiscal internacional y, en esos países, recortes del gasto público o el traslado de la carga fiscal a los contribuyentes locales. Además, cree que no se debe presionar igual a países en vías de desarrollo como Namibia y Mongolia, que a otros ricos, sin al mismo tiempo ayudarles a movilizar sus recursos nacionales para fortalecer su capacidad tributaria.

Finalmente, la ONG advierte de que sin un sistema de sanciones no se conseguirá efecto disuasorio alguno. La UE, recuerda, estudia imponer tres tipos de penalizaciones: elevar las retenciones en fuente, aplicar nuevas normas a las empresas controladas por capital extranjero y eliminar los costes deducibles. Pero, de momento, la única sanción que se ha impuesto, aclara Susana Ruiz, es prohibir a las empresas que utilicen paraísos fiscales el acceso a fondos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).