Terminó 2018 y son ya dos los años que llevan revisando los grupos parlamentarios la veintena de recomendaciones del Pacto de Toledo sin vislumbrar el acuerdo. Una tarea, la actualización de las pautas generales que deben gobernar el sistema público de pensiones, que tienen encomendado acometer cada lustro desde 1995. Pese a que enero es un mes inhábil en el Congreso, los diputados de la citada comisión permanente reanudarán sus debates después de Reyes en un intento de acercarse al consenso. Los más optimistas creen que es posible cerrarlo este mismo mes o en febrero. Otros no se atreven a apresurarlo tanto y sólo son capaces de asegurar que antes de junio estará listo el texto definitivo. Ése es el plazo que se ha dado el Gobierno para diseñar un mecanismo para actualizar las pensiones que sustituya al Índice de Revaloración (IRP) creado en la reforma de 2013 y suspendido desde el año pasado.
Desde que en septiembre los grupos pactaron la recomendación segunda, volver al IPC como mecanismo para actualizar las pensiones, “se ha avanzado mucho, pero el pacto aún no está maduro”, apunta Mercé Perea, portavoz del PSOE en la comisión. Como ya habían adelantado algunos diputados entonces, el cierre de la segunda recomendación supuso la reapertura de la primera, la relativa a las fuentes de financiación de las pensiones. “También está bastante adelantada”, subrayan varios de los diputados consultados por infoLibre, “pero falta la clave para cerrar todo el texto”, resume Perea. Carles Campuzano, el portavoz de PDeCAT, en cambio, considera que el debate está “bien orientado” y sólo quedan “detalles y matices”.
El Pacto de Toledo se firmó para intentar sacar las pensiones del debate político, pero lo cierto es que ha resultado una tarea poco menos que imposible. Las manifestaciones de los jubilados que han jalonado 2018, por un lado, y el hecho de que 2019 es año electoral, por otro, han puesto –y seguirán poniendo– las pensiones en un lugar privilegiado de la batalla entre los partidos. De modo que todos los diputados consultados coinciden en que la redacción de las recomendaciones deberá ser “muy abierta” para permitir que el mayor número posible de grupos las apoyen. Fue la fórmula que la comisión ensayó para conseguir el aprobado de la recomendación segunda. En efecto, la redacción es tan genérica que cada grupo la interpretó como una victoria de sus postulados frente al resto: mientras PP y Ciudadanos defendían que las pensiones se actualizarían no sólo con el IPC sino que también se matizarían utilizando otros indicadores como el PIB y los salarios, los partidos de la izquierda mantenían que el alza de acuerdo con la inflación había quedado blindada. Tampoco ha dejado claro el Gobierno si al IPC le acompañarán otros parámetros que suavicen las subidas. Lo único que parece unánime es que se garantizará siempre el poder adquisitivo de los pensionistas.
Esa ambigüedad premeditada, sin embargo, no impedirá que el texto definitivo del Pacto de Toledo incluya un buen número de votos particulares. Las recomendaciones sobre contributividad –la relación entre las cantidades cotizadas y la prestación que se recibe–, la edad de jubilación y la financiación del sistema público son algunos de los puntos que, según los diputados, se cerrarán sin acuerdo unánime. El PDeCAT no tiene previsto incluir en estos momentos ningún voto particular, según explica su portavoz, Carles Campuzano.
Ya ocurrió en 2010, con la revisión sobre la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero redactó su reforma de las pensiones del año siguiente. Entonces fueron 27 los votos particulares, entre ellos uno a la totalidad del texto firmado por IU, ERC, BNG y Nafarroa Bai. La diputada de UPyD Rosa Díez presentó 21 votos particulares. En la anterior revisión de las recomendaciones, en 2003, el número de votos particulares se quedó en 11.
Además, el texto final seguirá aumentando. De las 15 recomendaciones iniciales se pasó a 21 en 2010 y este año tendrá alguna más. Por ejemplo, se debate añadir una nueva recomendación sobre los efectos en el sistema de pensiones futuro de la digitalización del trabajo y las nuevas tecnologías.
Ópticas enfrentadas
Para cerrar la revisión completa habrá que conjugar ópticas del sistema y su gestión tan enfrentadas como las que defienden el PP y Podemos. “Hay voluntad de acuerdo”, matiza no obstante Ignasi Candela, portavoz de Compromís, quien sostiene que ya están “más limados los extremos”. Aun así, mientras Podemos es partidario de fijar de nuevo en 65 años la edad de jubilación –en 2019 será de 65 años y ocho meses–, Ciudadanos defiende que se incentive a los trabajadores para que sigan activos más allá de la edad legal, e incluso que se adelanten los plazos establecidos en la reforma de 2011 –llegar a los 67 años en 2027–, tal y como explica su portavoz, Sergio del Campo.
En la comisión se ha discutido la conveniencia de hacer nuevos cambios paramétricos –los que modificarían no sólo la edad legal de jubilación, sino también los años necesarios para acceder a la pensión completa o los años que se escogen para calcular la cuantía de la prestación, que ya han pasado de 15 a 25–. Pero el acuerdo en ese punto resulta impensable. Aina Vidal, de En Comú Podem, rechaza tanto que se aumente la edad de jubilación –“No hay ninguna justificación con el paro juvenil tan alto”– como que se amplíe a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión: “Los jóvenes cada vez se incorporan más tarde al mercado laboral, mientras que el paro de larga duración es aún elevadísimo”, explica, “por lo que sus cotizaciones se ven perjudicadas”.
De lo que no se ha discutido es del factor de sostenibilidad, el coeficiente que reduce la cuantía de la pensión en función de la esperanza de vida de cada generación. La reforma de 2013 preveía su entrada en vigor este año, pero el Gobierno de Mariano Rajoy lo aplazó hasta 2023. El PSOE ha hecho de la derogación de esa última reforma su caballo de batalla en el Pacto de Toledo. En cualquier caso, la esperanza de vida sólo aparece como una reflexión en el capítulo sobre demografía y envejecimiento, asegura Aina Vidal, quien rechaza que se aplique el factor de sostenibilidad a la cuantía inicial de la pensión, tal y como figura en la reforma de 2013, o a cualquier otro parámetro, como se utiliza en otros países. Por el contrario, Sergio del Campo defiende que la esperanza de vida debe integrarse en el sistema, ya sea en una o en otra variable.
Con otro punto caliente, la financiación de las pensiones públicas, el consenso se limita a lo básico: el sistema necesita más ingresos. El problema es de dónde deben proceder. Ciudadanos quiere un “sistema sostenible por sí mismo a medio y largo plazo”, por lo que se opone a pagar con impuestos el aumento del gasto en pensiones que, dice Sergio del Campo, implicarán las soluciones ofrecidas por Podemos, ERC o el PSOE. Por el contrario, Aina Vidal defiende que los impuestos deben pagar lo que no se cubra con las cotizaciones a la Seguridad Social. “Debemos decidir qué nivel de protección queremos dar a nuestros mayores y eso se responde con una cifra”, argumenta, “en la que debe participar el Estado”.
Ya en 2015 el entonces secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, propuso que las pensiones de viudedad se pagarán con impuestos en lugar de cotizaciones. Una factura de 22.000 millones de euros anuales. Pero la medida no ha conseguido desde entonces un apoyo unánime, porque hay quien ve peligra el carácter contributivo de esta prestación. En cambio, los llamados complementos a mínimos, que perciben quienes no llegan a la pensión mínima pese a reunir todos los requisitos para cobrarla, se pagan con cargo a los Presupuestos del Estado –con impuestos– desde 2013, precisamente en cumplimiento de una recomendación del Pacto de Toledo. Para este año la partida asciende a 7.329,11 millones de euros.
Mujeres, empresas
PSOE, PDeCAT, PNV y Compromís piden convocar de urgencia el Pacto de Toledo para votar las medidas antes de la disolución de las Cortes
Más diferencias. Unidos Podemos presentó sus propuestas en defensa de un “contrato social y generacional” en torno a las pensiones, que debería eliminar “la contributividad como pilar básico” del sistema, asegura Aina Vidal, a cambio de conseguir otro sistema “más justo”. La diputada de En Comú Podem se refiere a las lagunas de cotización que muchas mujeres tienen a lo largo de su vida laboral, y que se traducen en pensiones un 38% inferiores a las de los hombres. “Si reforzamos la contributividad nos cargamos el equilibrio de género”, destaca. Al otro lado se sitúa Ciudadanos, que critica el aumento de las bases de cotización recién aprobada por el Gobierno porque rompe la contributividad al no haber subido al mismo tiempo también la pensión máxima, indica Sergio del Campo.
La batalla del partido naranja ha ido en otra dirección. Propuso crear un nuevo subsistema de pensiones individuales financiadas con dinero público y gestionadas por la Seguridad Social, en lugar de por aseguradoras o bancos como las ya existentes. La iniciativa fue rechazada de plano por el resto de los grupos. Mayor recorrido pueden tener las medidas para incentivar los planes de pensiones a cargo de las empresas o planes de empleo. Están más desarrollados en otros países –en algunos incluso son obligatorios, como en el Reino Unido–, mientras que en España están limitados a las grandes compañías. A Unidos Podemos no le gustan demasiado: el 90% del tejido empresarial español está formado por pymes para las que es complicado poner en marcha este tipo de productos financieros. Al PSOE, en cambio, no le suenan del todo mal: “Así pones en valor la negociación colectiva”, sostiene Mercé Perea, cuando estos planes se incluyen en los convenios.
Pero, además de las visiones contrapuestas del sistema, la negociación que se reanuda la semana próxima se verá influida por lo que Mercé Perea llama la “realidad parlamentaria”: la necesaria búsqueda de apoyos en un Congreso más fragmentado que nunca.
Terminó 2018 y son ya dos los años que llevan revisando los grupos parlamentarios la veintena de recomendaciones del Pacto de Toledo sin vislumbrar el acuerdo. Una tarea, la actualización de las pautas generales que deben gobernar el sistema público de pensiones, que tienen encomendado acometer cada lustro desde 1995. Pese a que enero es un mes inhábil en el Congreso, los diputados de la citada comisión permanente reanudarán sus debates después de Reyes en un intento de acercarse al consenso. Los más optimistas creen que es posible cerrarlo este mismo mes o en febrero. Otros no se atreven a apresurarlo tanto y sólo son capaces de asegurar que antes de junio estará listo el texto definitivo. Ése es el plazo que se ha dado el Gobierno para diseñar un mecanismo para actualizar las pensiones que sustituya al Índice de Revaloración (IRP) creado en la reforma de 2013 y suspendido desde el año pasado.