Los grupos políticos han retrasado, una semana más –y ya van tres–, su decisión sobre cómo debe mantenerse el poder adquisitivo de las pensiones. Pese a que en los últimos días parecían haberse acercado sus postulados, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo los diputados suspendieron la reunión que iban a mantener y que no se celebrará hasta el próximo miércoles. Mientras, los jubilados reclamaban de nuevo a las puertas del Congreso que se garantice la subida de las pensiones según el IPC. Poco después, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones presentaba una queja a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por la “incapacidad” de la Comisión del Pacto de Toledo para alcanzar un acuerdo.
En una carta los pensionistas expresan su “malestar” y “alarma” por el hecho de que los debates se encuentren paralizados en la recomendación segunda del Pacto de Toledo, la que garantiza el mantenimiento del poder adquisitivo de las prestaciones. “Para qué se creó esta comisión si no es capaz de avanzar más allá de los tacticismos políticos y electorales de algunos”, se preguntan. “No aceptaremos”, recalcan, “un índice distinto [al IPC] que deteriore más nuestros ingresos y nuestras condiciones de vida”. Los jubilados volverán a manifestarse en Madrid el próximo sábado.
Pese al nuevo pinchazo del Pacto de Toledo, los portavoces consultados por infoLibre aseguran que ahora se encuentran un poco más cerca del acuerdo. Reconocen que hubo un cierto “nerviosismo” por la mañana cuando se pusieron sobre la mesa cuatro redacciones distintas de la recomendación segunda sin posibilidad alguna de cerrar un texto unánime. Sin embargo, ahora la base sobre la que intenta sustentarse un acuerdo es el regreso a la recomendación segunda tal y como fue aprobada en 2011, la última vez que los grupos sellaron un acuerdo para revisar las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo.
Pero en los cambios que debe sufrir esa redacción –en lo que hay que actualizar y en lo que hay que suprimir– vuelve a abrirse la disputa. En 2011 se acordó que el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas debe garantizarse por ley y asegurando el “equilibrio financiero” del sistema en el futuro. También se estableció que toda subida por encima del IPC se sufrague “con cargo a otros recursos financieros” distintos a los procedentes de la Seguridad Social. Para mantener las pensiones por encima del IPC real, se instó al Gobierno a proponer un “tratamiento específico”, que se consolide o no, total o parcialmente. Además, entonces se incluyó la “posibilidad” de utilizar “otros índices de revalorización” como el “crecimiento de los salarios, la evolución de la economía o el comportamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social. El uso de esos índices adicionales es precisamente el punto de fricción que ha impedido el acuerdo en el Pacto de Toledo estas tres últimas semanas.
No habrá ley sin consenso
El Pacto de Toledo apurará enero para alcanzar un acuerdo de pensiones “muy abierto” y con múltiples votos particulares
“La recomendación debe ser de todos y debe fijar una posición única”, recalca la portavoz socialista Mercé Perea, que apoya la redacción de 2011 como punto de partida “e incluso la de 2003, donde se estableció el IPC y punto”. En la recomendación segunda aprobada en 2011 el PSOE quiere que se elimine aquellos elementos “que generen incertidumbres”. “En aquel momento fue positivo incluir los salarios o la evolución de la economía”, apunta Perea, “el problema fue luego la reforma de 2013, que rompió la confianza en el Pacto de Toledo y eso pasa factura”.
Pero también hay otras propuestas a debate, de PP, Ciudadanos y PDeCAT que, a diferencia de lo que defienden PSOE, Unidos Podemos y ERC, quieren incorporar el PIB o los salarios en el mecanismo de cálculo de la subida anual según el IPC. También que sea en la mesa de Diálogo Social –Gobierno, patronal y sindicatos– donde se precise esa fórmula. Unidos Podemos se opone a que se modere la subida del IPC con ninguna otra variable. “No aceptamos recortar derechos en un tema tan sensible”, advierte la diputada de la formación morada Yolanda Díaz. Su grupo y el PSOE pactaron “limar” la redacción de 2011 de la recomendación segunda y “trabajar sobre ella”, señala Díaz, quien acusa a PP, Ciudadanos y PDeCAT de “no querer avanzar” ni llegar a un acuerdo. No obstante, la diputada de Unidos Podemos dice que su voluntad es alcanzar un pacto, aunque se demore, porque los votos particulares, como han llegado a sugerir algunos de los grupos para salir del bloqueo, “no sirven para nada”.
Yolanda Díaz pidió este miércoles en el Congreso a la titular de Trabajo, Magdalena Valerio, que garantice por ley la subida de las pensiones según el IPC. Valerio le ha respondido que no impulsará ninguna ley de manera “unilateral”. “Como sí hizo el anterior Gobierno [con la reforma de 2013]”, apuntó. “Se traerá una ley de acuerdo con las recomendaciones del Pacto de Toledo y del Diálogo Social”, prometió la ministra. Preguntado por los periodistas, el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, aseguró por la tarde en la misma Cámara que en el Pacto de Toledo existe “un consenso mayor de lo que parece”, informa Europa Press.
Los grupos políticos han retrasado, una semana más –y ya van tres–, su decisión sobre cómo debe mantenerse el poder adquisitivo de las pensiones. Pese a que en los últimos días parecían haberse acercado sus postulados, ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo los diputados suspendieron la reunión que iban a mantener y que no se celebrará hasta el próximo miércoles. Mientras, los jubilados reclamaban de nuevo a las puertas del Congreso que se garantice la subida de las pensiones según el IPC. Poco después, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones presentaba una queja a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, por la “incapacidad” de la Comisión del Pacto de Toledo para alcanzar un acuerdo.