Una jueza de Palma imputa a Gabriel Mbega, hijo del dictador Obiang, por blanquear 10 millones en mordidas

La Agencia Tributaria, la Policía Judiciária portuguesa y Europol han desmantelado la trama societaria que uno de los hijos del dictador Teodoro Obiang había organizado en Mallorca para desviar 10 millones de euros procedentes de mordidas pagadas a cambio de contratos de obras públicas en Guinea Ecuatorial. Ocho personas han sido imputadas y dos de ellas detenidas, incluido el diseñador de todo el esquema societario para blanquear el dinero desviado desde el país africano, un holandés llamado Donald Frank van der Horn van den Bos, a quien los investigadores consideran el testaferro de Gabriel Mbega Obiang, que además de ser hijo del presidente ejerce de ministro de Planificación y Diversificación Económica. Uno de los investigados es el propio Gabriel Mbega Obiang, según han confirmado a infoLibre fuentes judiciales. 

Todos ellos están acusados de blanqueo de capitales y fraude fiscal en relación con actividades de corrupción en negocios internacionales. El caso, cuyo secreto de sumario se ha levantado tras más de dos años de instrucción, incluye una pieza separada.

La operación Run Out arrancó en 2021, cuando el diario portugués Expresso y el periódico guineano Diario Rombe, en una investigación coordinada por el consorcio OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) analizaron una serie de documentos –contratos, facturas y extractos bancarios– a los que también tuvo acceso infoLibre. Este periódico publicó entonces en exclusiva el resultado de esa investigación en España.

Parte de los documentos habían sido aportados en una querella presentada en Portugal contra el presidente y accionista de la constructora Armando Cunha SA –Filipe Rego– y contra Van der Horn. La policía portuguesa llevó a cabo entonces 21 registros domiciliarios y abrió una investigación penal contra cuatro personas físicas y una sociedad. Al tiempo, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares empezó a investigar al holandés, que residía en Palma. El Juzgado de Instrucción número 3 de la capital balear se ha encargado del caso desde entonces.

Fruto de esas investigaciones, la Policía detuvo a Van der Horn en marzo de 2022 y registró su domicilio. Allí se incautaron de más de 13.000 documentos, además de extraer información de 43 dispositivos electrónicos, que albergaban casi cuatro terabytes de datos. Según detalla la Agencia Tributaria, los agentes también intervinieron nueve cuentas bancarias con más de 200.000 euros, tres vehículos valorados en más de 100.000 euros e incluso unos derechos de uso vitalicio de un club de golf por otros 100.000 euros más. Además, se embargaron 11 inmuebles en Mallorca, registrados a nombre de las sociedades con las que se blanqueaban las mordidas guineanas, cuyo valor supera los cinco millones de euros.

“Elaborada estructura societaria internacional”

Los imputados crearon una “elaborada estructura societaria internacional” para desviar, y posteriormente blanquear, comisiones ilegales cuyo importe equivale al 10% de la obra pública ejecutada en Guinea Ecuatorial. En la documentación confiscada, asegura la Agencia Tributaria, se han encontrado facturas emitidas por sociedades instrumentales y contratos falsos de consultoría que prueban las mordidas y su canalización a través de fideicomisos y sociedades en paraísos fiscales como Cabo Verde, Liechtenstein, Chipre, Belice y Países Bajos.

Después, esas comisiones ilegales terminaban en inversiones controladas por el testaferro holandés tanto en España como en Países Bajos. El vértice de la trama para desviar y ocultar el origen de los fondos era un fideicomiso en Liechtenstein, del cual colgaba otro cuyo supervisor y beneficiario era el propio Van der Horn, explica la Agencia Tributaria.

Un porcentaje “relevante” del dinero ilegal guineano se ocultó en España mediante inversiones en una promotora inmobiliaria de Palma de Mallorca. Sus administradores habían cedido al testaferro holandés de Gabriel Mbega Obiang el control de los inmuebles de una urbanización que costaron 3,5 millones de euros. La parte de las mordidas invertida en Países Bajos, siete millones de euros, terminó en una marca de cosméticos a través de sociedades pantalla con las que se intentaba disfrazar el origen del dinero.

La investigación de OCCRP ya dio los detalles

La investigación de OCCRP destapó en su día buena parte de esa “elaborada estructura societaria internacional” que menciona la Agencia Tributaria y que va de Belice a Chipre pasando por Cabo Verde y Palma de Mallorca. Así, casi la mitad de los 10 millones de euros en comisiones ilegales pagados a la trama guineana por la portuguesa Armando Cunha SA entre 2009 y 2015 fueron ingresadas por dos sociedades con sede en España: Bellezzavecchio SL y Patapouf SL. Y ambas estaban vinculadas al intermediario holandés.

Pero el origen de la operación se sitúa en enero de 2010, cuando Armando Cunha SA consiguió el contrato público para construir un centro de formación del Instituto Tecnológico Nacional de Hidrocarburos de Guinea Ecuatorial (ITNHGE). El contrato, el primero para la constructora portuguesa en ese país, fue firmado por el propio ministro Gabriel Obiang, en su calidad de presidente del consejo de administración de ITNHGE. El presupuesto de la obra ascendió a 106,6 millones de euros. Una cantidad enorme para un país como Guinea Ecuatorial: su presupuesto para educación en 2020 apenas superó los 91 millones de euros.

Según la documentación a la que tuvo acceso OCCRP, el dinero del contrato fue ingresado en una cuenta de Armando Cunha SA abierta en una sucursal del Banco Espírito Santo en Cabo Verde. En los cinco años posteriores a la adjudicación, salieron de esa cuenta bancaria más de 10 millones de euros con destino a siete empresas relacionadas con Gabriel Obiang, bien a través de una sociedad registrada en Chipre y denominada Gabangare, o bien a través del presunto testaferro Frank van der Horn. La mayoría de los pagos se justificaron mediante vagos acuerdos de consultoría.

La chipriota Gabangare debe su nombre a las iniciales de los tres hijos de Gabriel Obiang: Gabriel, Angelita y Arelis. Es propiedad de una empresa con sede en Belice llamada Caruda Developement Inc.

Por lo que respecta a Bellezzavecchio SL, inició sus operaciones en octubre de 2012 y facturó 2.510.000 euros a Armando Cunha SA. Con sede inicial en Madrid, en 2015 trasladó su domicilio a Baleares. Ese fue también el último ejercicio en que depositó sus cuentas en el Registro Mercantil, una irregularidad ya que existe la obligación de hacerlo anualmente. En 2020 se inscribió su baja en el índice de entidades jurídicas. Su administrador único ha sido siempre Donald Frank van der Horn van den Bos, mientras que su accionista único es una compañía extranjera denominada Pinnacle SA.

La segunda sociedad española de la trama es Patapouf SL, constituida en septiembre de 2013 y que también tiene su sede en Palma de Mallorca. En los dos años siguientes facturó 2.144.000 euros a Armando Cunha SA. El intermediario holandés es su administrador y socio único.

Hay una tercera compañía relacionada con Donald Frank van der Horn van den Bos que igualmente recibió dinero de la constructora portuguesa: Flojust Holding BV y tiene su sede en los Países Bajos. La cantidad percibida fue menor: 409.000 euros. Como administrador figura uno de sus hijos.

En total, estas tres sociedades facturaron 5.063.000 euros a Armando Cunha SA.

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Gabriel Mbega Obiang no es el único hijo del dictador ecuatoguineano perseguido por la justicia europea. En 2021, su hermano Teodorín fue condenado en Francia a tres años de cárcel por blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, con los que había adquirido propiedades en ese país por valor de 150 millones de euros. También se le confiscaron todos sus bienes en Francia, entre ellos una mansión en París. Además, el pasado mes de febrero, la Audiencia Nacional emitió una orden internacional de detención contra Carmelo Ovono Obiang, que además de hijo de Obiang es secretario de Estado de la Presidencia, por el secuestro y torturas de cuatro opositores, uno de ellos fallecido en circunstancias nada claras.

Mientras tres de los vástagos del presidente se dan a conocer en Europa tanto por sus actividades ilegales como por su extravagante e indiscreta forma de gastar dinero, el 96,7% de sus 1,5 millones de compatriotas vive con menos de 5,15 euros al día, según la plataforma ISS African Futures.

Desde que en 1995 se descubrió petróleo en Guinea Ecuatorial, el oro negro ha multiplicado por 86 el PIB del país, pero los ingresos del crudo han enriquecido sólo a la familia del dictador y su jerarquía. Los Obiang han hecho de la cleptocracia una enseña nacional, protegida por un régimen de brutal represión política y violaciones de los derechos humanos.