El Congreso ha aprobado la reforma de las pensiones con el rechazo en pleno de la oposición, que ha dado al traste con el último intento del Gobierno por ganarse algún apoyo. El PP ha tumbado las 88 enmiendas de la oposición, quien a su vez no ha aceptado ninguna de las transaccionales de los populares, entre ellas aumentar del 0,25% al 0,50% el porcentaje que se sumará al IPC en los años de bonanza económica para revalorizar las pensiones. “Son una burla”, “provocadoras” y “dejan herido de muerte el Pacto de Toledo”, le han replicado los grupos parlamentarios.
De esta forma, el Gobierno no ha conseguido atraer ni a los partidos políticos, ni a los sindicatos y ni siquiera a la CEOElos sindicatos CEOE –que votó contra la reforma en el Consejo Económico y Social– pese a ofrecer a última hora una batería de propuestas en sus enmiendas transaccionales.
Es más, los grupos, han insistido en defender sus propias enmiendas al texto, que proponían nuevas vías de ingresos para el sistema –cambios en las cotizaciones, unificación de regímenes de la Seguridad Social– o directamente exigían al Ejecutivo que retirara su reforma para empezar a negociar de cero, informa Europa Press.
Por su parte, el Gobierno planteaba aumentar del 0,25% al 0,50% el porcentaje que se sumará al IPC en los años de bonanza económica para revalorizar las pensiones. El resto de los ejercicios, mientras la Seguridad Social, como ocurre ahora, tenga déficit, sólo crecerán un 0,25%, independientemente de lo que suban los precios. Ese índice entrará en vigor en 2014. Además, el llamado factor de sostenibilidad, que comenzará a aplicarse en 2019, también supondrá un recorte en la cuantía inicial de la prestación de los recién jubilados ese año.
Todos los grupos, menos el popular, habían mostrado ya su rechazo al texto porque, destacan, hará perder poder adquisitivo a los pensionistasperder poder adquisitivo al desligar sus prestaciones de la inflación. Según los cálculos de los sindicatos, esa pérdida puede alcanzar el 28% en 15 años.
Informe cada cinco años
Además, el PP ofreció que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal “informe” sobre los valores calculados por la Seguridad Social con los que se alimentará la fórmula del índice de revalorización de las pensiones. Esos valores y ese índice cambiarán en cada ejercicio dependiendo del número de cotizantes y de los ingresos y gastos de la Seguridad Social.
Otra de las propuestas del PP en su intento por ganarse algún apoyo parlamentario era elaborar cada cinco años un informe sobre los efectos de la ley en la “suficiencia” de las pensiones. Ésa ha sido otra de las críticas recurrentes de la oposición y los sindicatos al proyecto: la Constitución obliga al Estado en su artículo 50 a garantizar, “mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Y, a su juicio, desvinculando estas prestaciones del IPC, se amenaza el nivel de vida de los jubilados.
También se mostraba dispuesto el Gobierno a “estudiar” con los sindicatos, la patronal y los partidos políticos, que el Estado, y no la Seguridad Social como hasta ahora, financie las prestaciones derivadas de muerte y las de supervivencia –viudedad y orfandad–. Una última propuesta intentaba cambiar la tributación fiscal de las pensiones.
"De broma"
Sin embargo, la oposición no se ha dejado convencer por unas enmiendas que ha tachado de “retóricas” y “ridículas”. La socialista Magdalena Valerio ha acusado al PP de “abusar de su mayoría absoluta” para aprobar una reforma “sin apoyo” social, “en contra de los intereses de los pensionistas y pasando olímpicamente" del Pacto de Toledo”.
El portavoz de la Izquierda Plural, Joan Coscubiela, ha recordado que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ofreció un diálogo sobre la reforma para luego "ningunear" a todos los interlocutores de esta reforma. “Nos hemos sentido burlados”, ha asegurado, acusando al Ejecutivo de ofrecer acuerdos “de broma” que suponen incluso “una provocación”. A su juicio, la reforma es “ideológica”, favorece a las aseguradoras privadas, y tiene “poco que ver con las causas” de los retos demográficos y de la ineficiencia del sistema productivo, “agravada por la austeridad y la reforma laboral”.
El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, se opuso al texto porque “no ha sido consensuado” y porque dejará a los pensionistas “condenados a una pérdida continuada de poder adquisitivo en los años venideros”. Además, ha reprochado al PP que presente transaccionales “a última hora” sobre temas de poco contenido para “aparentar un consenso y cercanía que no existen”.
Adiós a 20 años de consenso
Para Carles Campuzano, de CiU, la “pereza mental” de la mayoría absoluta del PP ha llevado a una “tramitación inaudita” de un asunto que en los últimos 20 años siempre había contado con el acuerdo de los interlocutores sociales y se había aprobado con un consenso político amplio. “Espero”, ha dicho, “que un próximo Gobierno de otro color rectifique esta ley”.
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Por el PNV, Emilio Olabarria, resaltó que el procedimiento de aprobación de la reforma “raya la atrofia democrática” por sus “déficit reglamentarios y de legitimidad”. Incluso acusó a los populares de “cobardes” por perjudicar a un colectivo “vulnerable, cautivo del presupuesto público e invertebrado” con una reforma que vulnera la Constitución.
La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha lamentado que se “desligue la reforma del consenso que ha regulado siempre el Pacto de Toledo” y ha acusado al PP de “romper su compromiso electoral” de no tocar las pensiones, que “hoy certifican su defunción”. Sabino Cuadra, de Amaiur, puso el foco en “el buitrerío” de los seguros privados, que ya está “revoloteando” en torno al “importante botín” de la “privatización” de parte del sistema.
El proyecto de reforma de las pensiones continúa su trámite en el Senado donde será aprobado de forma definitiva si no se presentan enmiendas. En caso contrario, tendría que regresar al Congreso y sería debatido en el Pleno.
El Congreso ha aprobado la reforma de las pensiones con el rechazo en pleno de la oposición, que ha dado al traste con el último intento del Gobierno por ganarse algún apoyo. El PP ha tumbado las 88 enmiendas de la oposición, quien a su vez no ha aceptado ninguna de las transaccionales de los populares, entre ellas aumentar del 0,25% al 0,50% el porcentaje que se sumará al IPC en los años de bonanza económica para revalorizar las pensiones. “Son una burla”, “provocadoras” y “dejan herido de muerte el Pacto de Toledo”, le han replicado los grupos parlamentarios.