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La presión fiscal sobre el trabajo se disparó en España durante los peores años de la crisis

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El grueso de la recaudación tributaria en España descansa en los impuestos que gravan el trabajo, bien el IRPF –salarios–bien las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan empresas y empleados. El 22% de los 392.850 millones ingresados por el Estado en 2017 procedían del impuesto sobre la renta y el 34% de las cuotas a la Seguridad Social, según los datos publicados en las Estadísticas Tributarias de la OCDE el pasado diciembre. Sólo el 6,8% de lo que recauda el fisco grava los beneficios de las empresas y un 7,5% lo aportan los impuestos sobre la propiedad, desde el impuesto sobre el patrimonio, las sucesiones y donaciones, hasta el IBI, el impuesto sobre actos jurídicos documentados o la plusvalía municipal. El 29,3% restante procede del IVA.

La OCDE calcula la denominada cuña fiscal para medir la presión tributaria sobre el trabajo: divide el resultado de sumar el IRPF y las cotizaciones sociales que pagan tanto los trabajadores como las empresas y de restarles las prestaciones familiares entre los costes laborales totales, que a su vez se componen de los salarios brutos y las cotizaciones empresariales. En España, la presión fiscal sobre el trabajo es del 39,4%, por encima de la media de la OCDE que se queda en el 36,1%. Las cifras son de 2018, el último año del que proporciona estadísticas. España es el decimosexto país con mayor cuña fiscal de los 35 que integran el club de los más ricos. En la mitad de la clasificación, por tanto. Y queda muy lejos de Bélgica, el campeón de la presión fiscal sobre el trabajo, con un 52,7%, o de Alemania, con un 49,5%. Italia alcanza el 47,9% y Francia y Austria le siguen con un 47,6%. El país con menor cuña fiscal sobre el trabajo es Chile, con sólo un 7%.

La OCDE también analiza la evolución de la cuña fiscal desde que comenzó el siglo. Desde 2008 hasta ahora la española ha crecido 1,4 puntos porcentuales, mientras que la media de la OCDE sólo lo ha hecho una décima. Es más, cuando más aumentó fue durante los peores años de la crisis, de 2012 a 2014, cuando alcanzó el 40,7%, 2,7 puntos porcentuales más que en 2008. Pese a que se ha moderado desde entonces, aún sigue ocho décimas por encima de la que tenía en 2000. Por el contrario, la media de la OCDE ha menguado 1,3 puntos porcentuales en todo ese periodo.

Salarios más bajos e impuestos menos progresivos

Además, la organización calcula la tasa tributaria media neta de los asalariados, es decir, la presión fiscal que recae directamente sobre los trabajadores, excluyendo las cotizaciones pagadas por las empresas. La española era del 21,3% en 2018, por debajo de la media de la OCDE, el 25,5%. Es decir, un asalariado español soltero y sin hijos cobra de media, después de pagar impuestos y cotizaciones y descontadas posibles prestaciones, un 78,7% de su remuneración bruta, mientras que en la OCDE la media es más baja, el 74,5%. Si se trata de un trabajador casado con dos hijos, la presión es menor, un 14,1%, por lo que se lleva a casa el 85,9% del salario bruto, una décima más que el empleado medio de la OCDE. Bélgica es de nuevo el país con mayor tasa tributaria media neta, un 40%, junto con Alemania. Por tanto sus asalariados solteros perciben el 60% de su retribución bruta.

Claro que la diferencia está también en los salarios de partida: mientras la media de la retribución bruta se eleva a 48.455 euros anuales en Bélgica y a 50.546 euros en Alemania, en España no supera los 26.923. La OCDE revela incluso que, después de impuestos y cotizaciones, los salarios reales en España bajaron en 2018 respecto a 2017, a diferencia de lo que ocurrió en 26 de los 35 países de la organización. Se recortaron medio punto, el mismo porcentaje que en Reino Unido y más que en Japón, donde cayeron un 0,2%. El motivo de esa merma fue el mismo en España que en el país asiático: los salarios reales antes de impuestos se recortaron mientras se elevaba el tipo fiscal medio.

Y lo que es aún más preocupante, en contra de la tendencia de la OCDE, los impuestos que gravan los salarios españoles son menos progresivos ahora que en el año 2000. Sus analistas comparan los tipos que soportan quienes cobran menos del 67% del salario medio y quienes perciben el 167% de ese salario. De media, excluyendo México, los más pobres pagaban en 2000 el 55% de la carga fiscal soportada por los más ricos. En 2018, el 53%, dos puntos porcentuales menos.

Sin embargo, en España, quienes ganaban menos del 67% del salario medio pagaban en 2000 el 46,5% de la carga fiscal de los más ricos. En 2018, tributaban más: el 50,2%. También soportan ahora impuestos menos progresivos sobre sus salarios Austria, Dinamarca, Grecia, Islandia, Holanda, Polonia, Portugal, Eslovaquia y Estados Unidos.

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Donde no se paga ni IRPF ni a la Seguridad Social

Pero el caso más llamativo es el de Hungría, donde desde 2013 soportan el mismo tipo tanto los más pobres como los más ricos, una especie de tarifa plana del 15% para todos los trabajadores solteros independientemente de sus ingresos. Hungría también es el país de la OCDE con la mayor caída de tipos en su IRPF: en 2000 alcanzaba el 40% para los salarios más altos. Aunque también cabe destacar que en Chile ni trabajadores ni empresas pagan IRPF.

Un modelo distinto al español es el que han desarrollado también en Dinamarca, donde no abonan cotizaciones a la Seguridad Social ni los trabajadores ni las empresas, o en Australia y Nueva Zelanda, donde no pagan los trabajadores. En España, los asalariados cotizan un 4,9%, mientras que la cuota media a la Seguridad Social en la OCDE sube hasta el 8,2%. Por el contrario, las mayores cotizaciones recaen en Eslovenia, con un 19%, Alemania, con un 17,3%, y Austria, con el 14%. En Chile no cotizan las empresas. En España, un 23%; la media de la OCDE es inferior, el 14,4%. Donde las empresas deben ingresar mayores cotizaciones sociales es en Francia, un 26,5%; Estonia, un 25,3%, y Suecia, un 23,9%.

El grueso de la recaudación tributaria en España descansa en los impuestos que gravan el trabajo, bien el IRPF –salarios–bien las cotizaciones a la Seguridad Social que pagan empresas y empleados. El 22% de los 392.850 millones ingresados por el Estado en 2017 procedían del impuesto sobre la renta y el 34% de las cuotas a la Seguridad Social, según los datos publicados en las Estadísticas Tributarias de la OCDE el pasado diciembre. Sólo el 6,8% de lo que recauda el fisco grava los beneficios de las empresas y un 7,5% lo aportan los impuestos sobre la propiedad, desde el impuesto sobre el patrimonio, las sucesiones y donaciones, hasta el IBI, el impuesto sobre actos jurídicos documentados o la plusvalía municipal. El 29,3% restante procede del IVA.

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