El pasado día 1 de enero la Imprenta Nacional paró definitivamente sus planchas tras 231 años de historia. Así lo decidió el Gobierno, con la idea de ahorrar 1,5 millones de euros en sueldos. Los primeros 35 trabajadores, de un número inicial de 74, ya han sido trasladados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), tal como se acordó en un protocolo de integración que acordaron ambos organismos. Es la primera vez que se lleva a cabo un movimiento de personal de este volumen entre dos entidades públicas: una agencia estatal –el BOE, del que depende la imprenta– y una empresa pública –la FNMT–. Y ha resultado un fiasco. Los 35 trabajadores llevan allí desde el día 15, pero no trabajan. Deambulan por la fábrica o pasan las ocho horas de su jornada en el comedor de las instalaciones. Y así seguirán mientras no se les imparta la formación que precisan para adaptarse a la maquinaria de la Casa de la Moneda.
Sus nóminas las sigue pagando el BOE, continúan adscritos al convenio colectivo del BOE y sus salarios no han cambiado. Pero la FNMT no quiere pagar a sus trabajadores por la formación que deben dar a sus nuevos compañeros del BOE y, sin ella, éstos no pueden tocar las máquinas. “Estamos en el limbo”, se quejan a infoLibre. La plantilla de la FNMT lleva un año reclamando que se le pague el adiestramiento específico que imparten a todos los nuevos trabajadores cuando se incorporan, explica Pablo Rodríguez, representante de CCOO en el comité de empresa. Pero las negociaciones no prosperaron y ni siquiera la llegada prevista a fecha fija del numeroso grupo de trabajadores del BOE presionó a favor del acuerdo.
La plantilla de la Casa de la Moneda pide que se le retribuya por el “sobreesfuerzo” de “formar y producir a la vez”. “Tenemos que formar a máquina parada, lo que también supone un impacto en los costes”, expone Pablo Rodríguez. “Con el personal eventual, el adiestramiento no era muy prolongado, pero el que requieren los empleados del BOE, dependiendo de la categoría, puede extenderse desde seis hasta 11 meses”, apunta Fernando Pérez Ruiz, presidente del comité de empresa del BOE.
En ambos lados sindicales no dudan en atribuir el embrollo a la “mala planificación”. Aunque el protocolo de integración se firmó en octubre, sus detalles técnicos no se han elaborado aún, advierte Pablo Rodríguez. Tampoco el plan de formación. En noviembre Hacienda y Presidencia aprobaron un “desarrollo técnico del protocolo”, de sólo tres páginas, en el que establecían las vacaciones, turnos de trabajo y garantías retributivas, pero nada se precisaba sobre el programa de formación y las categorías profesionales, los dos puntos conflictivos del traslado.
Rebaja de categoría profesional
Por su parte, el presidente del comité de empresa del BOE acusa a ambos organismos de incumplir tanto el protocolo de integración como la Disposición Adicional Trigésima Séptima de los Presupuestos Generales del Estado, que garantiza el mantenimiento de los salarios de los trabajadores del BOE y su categoría “de origen”. Como las categorías profesionales en el BOE y en la FNMT son distintas, es necesario hacer un ajuste que rebajará las de los trasladados: los jefes de equipo serán oficiales de segunda y los oficiales de tercera, peones. Continuarán cobrando lo mismo, pero temen terminar realizando funciones que no sean las suyas, según han comentado a este periódico. “Están practicando un espigueo de condiciones laborales”, reprocha Pérez Ruiz, aplicando las condiciones que les convienen y desechando las que les resultan onerosas.
También cree que los trabajadores del BOE están pagando la novatada”, ya que ésta es la primera vez que se traspasa un grupo, en este caso personal laboral fijo, entre dos organismos de la Administración. “Antes sólo se ha hecho con personal sometido al convenio único”, aclara Pérez Ruiz. Curiosamente, los ministerios de Presidencia y de Hacienda, firmantes del protocolo de integración, proponen como ejemplo para el resto de las administraciones el traspaso de plantilla entre el BOE y la Casa de la Moneda. El documento, al que ha tenido acceso este periódico, recomienda la “movilidad de personal” como un mecanismo que “debería afectar a todo el ámbito de la Administración General del Estado y a todo el sector público estatal”. “Habría que normalizarla y potenciarla”, destaca, “creando mecanismos permanentes de entrada y salida en los distintos organismos”.
Al cierre de esta edición, el Ministerio de Presidencia no ha contestado a las preguntas que le formuló infoLibre sobre las incidencias del traspaso del personal del BOE.
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Una solución antes de 15 días
Pablo Rodríguez achaca a las “complejidades de la Administración” los desajustes del traslado. Según dice, la FNMT y los sindicatos difieren en la interpretación de las cláusulas del protocolo sobre el mantenimiento de las categorías profesionales. Además, critica que la dirección de la Casa de la Moneda no haya convocado a los representantes de los trabajadores, pese a que éstos lo han solicitado. Marcelino Blázquez, de la sección sindical de CCOO en el BOE, apunta también que la Dirección de la Función Pública debe aún aprobar el cambio de categorías. Pérez Ruiz asegura que están pendientes de que el director del BOE, Manuel Tuero Secades, y el presidente de la FNMT, Jaime Sánchez Revenga, firmen un acuerdo de aplicación del protocolo. Este mismo lunes iban a reunirse los dos con motivo del consejo de administración de la Casa de la Moneda, del que es miembro Manuel Tuero. Marcelino Blázquez pone de plazo los próximos 15 días para que se encuentre una salida al limbo en que se ha metido a los trabajadores del BOE. Si la situación se prolonga, los sindicatos amenazan con acudir a los tribunales por el incumplimiento del protocolo de integración.
El representante de CCOO, no obstante, descarta que la extraña situación en que se encuentran los 35 antiguos oficiales de la Imprenta Nacional sea una cesión ilegal de trabajadores. Durante el periodo de formación, que según el protocolo se prolongará como máximo hasta el 31 de diciembre de este año, los 35 empleados del BOE siguen siendo trabajadores de esta agencia estatal, que les paga sus nóminas y les organiza las vacaciones y permisos. No tienen, detalla el protocolo, “relación laboral alguna con la FNMT”. La cesión ilegal se produce cuando una empresa que no es una ETT pone a disposición de otra uno o más trabajadores. Éstos prestan sus servicios en la segunda empresa como si fuesen sus empleados –les organiza tareas y horarios, por ejemplo–, pero la que les paga y les ha contratado es la primera.
El pasado día 1 de enero la Imprenta Nacional paró definitivamente sus planchas tras 231 años de historia. Así lo decidió el Gobierno, con la idea de ahorrar 1,5 millones de euros en sueldos. Los primeros 35 trabajadores, de un número inicial de 74, ya han sido trasladados a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), tal como se acordó en un protocolo de integración que acordaron ambos organismos. Es la primera vez que se lleva a cabo un movimiento de personal de este volumen entre dos entidades públicas: una agencia estatal –el BOE, del que depende la imprenta– y una empresa pública –la FNMT–. Y ha resultado un fiasco. Los 35 trabajadores llevan allí desde el día 15, pero no trabajan. Deambulan por la fábrica o pasan las ocho horas de su jornada en el comedor de las instalaciones. Y así seguirán mientras no se les imparta la formación que precisan para adaptarse a la maquinaria de la Casa de la Moneda.