La Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) de Estados Unidos está a punto de publicar su informe anual sobre el programa de ayudas públicas diseñado por el Gobierno de George W. Bush para rescatar al sistema financiero de la peor crisis de la historia, justo cuando se cumplen 10 años de su aprobación, en octubre de 2008, apenas 18 días después de la caída de Lehman Brothers.
El Troubled Asset Relief Program (TARP) o Programa de Rescate de Activos Problemáticos estaba dotado de 700.000 millones de dólares –560.000 millones de euros–, con los que el Tesoro de Estados Unidos compró y garantizó todo tipo de activos tóxicos, tanto hipotecas como cualquier instrumento financiero basado en ellas. Pretendía así sacar de los balances de los bancos todos esos activos ligados a las hipotecas basura. Un Gobierno republicano ponía en marcha la mayor intervención económica de la historia de Estados Unidos.
De esa cantidad se han desembolsado finalmente casi 438.000 millones de dólares y otros 8.000 millones más se encuentran pendientes de gasto, según consta en el último informe de la CBO, enviado al Congreso en junio de 2017 y que utiliza datos hasta el 31 de mayo. A esa fecha, el coste para las arcas públicas del rescate a los bancos estadounidenses ha sido de sólo 33.000 millones de dólares, el 7,4% del total de 445.000 millones que ha costado el programa.
Así, los bancos y empresas rescatadas han devuelto 377.000 millones de dólares –el 86% de lo desembolsado–, mientras que 61.000 millones han sido cancelados. Más de la mitad de esa cifra, 33.000 millones, corresponde al plan de compra de hipotecas para evitar desahucios, unas cantidades no sometidas a devolución. También perdió dinero el Tesoro con las ayudas destinadas a la aseguradora AIG, que recibió un total de 182.000 millones de dólares. A cambio, el Tesoro se convirtió en propietario del 92% de la firma, la mayor del mundo en su sector, atrapada por el estallido de las hipotecas subprime, a las que daba cobertura. Según el último informe de la CBO, el erario público de EEUU ha perdido 15.000 millones ayudando a AIG, pese a que vendió paulatinamente las acciones de la aseguradora hasta deshacerse de todas ellas en diciembre de 2012. También ha perdido dinero con el rescate a General Motors y Chrysler, otros 14.000 millones de dólares. El Tesoro inyectó en ambas empresas 61.000 millones, de los que recuperó 47.000 vendiendo los bonos y acciones que había comprado. Además, a sus respectivas financieras les concedió ayudas por importe de 19.000 millones.
Pero el Gobierno de Washington también ha ganado dinero con otros programas del rescate. En concreto, 16.000 millones de dólares en el de compra de acciones preferentes de 707 instituciones financieras y 8.000 millones más en los planes de ayuda adicional a Bank of America y Citigroup, que recibieron cada uno un total de 45.000 millones de dólares de dinero público. Con el respaldo a las financieras de Chrysler y General Motors, obtuvo un beneficio de 1.000 millones.
Por último, el TARP incluyó programas público-privados, que reportaron a la Administración 3.000 millones de ganancias. Uno de ellos, por ejemplo, cubrió las pérdidas en que habían incurrido los valores respaldados con préstamos garantizados de la Agencia Federal para el Desarrollo de las Pymes. En total, el beneficio público suma 27.000 millones de dólares.
Así que el saldo final, teniendo en cuenta los beneficios y pérdidas generados por los distintos programas, es que en Estados Unidos sólo se han perdido los 33.000 millones de dólares ligados a las hipotecas basura.
Sólo se ha recuperado el 6,8% del rescate español
A lado de estas cifras, las del rescate español a las cajas de ahorros pueden catalogarse de decepcionantes. Sólo se han recuperado hasta el momento 3.873 millones de euros de los 56.865 millones inyectados, según los datos del último informe del Banco de España, referidos a julio de 2017. Esa cantidad equivale al 6,8% de lo aportado entre 2008 y 2014. Y lo que es peor, el supervisor no espera recuperar más que 14.275 millones, el 25% del dinero invertido en sostener el sistema financiero nacional.
Acababa de conceder Bruselas a España el crédito de 100.000 millones para hacer frente al rescate, en junio de 2012, cuando tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como su ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguraron que la operación no iba a costar “ni un euro” a los contribuyentes. “Es un crédito a la banca, que va a pagar la propia banca”, fue la explicación de Rajoy en el Congreso. Un año después, no obstante, De Guindos ya empezaba a matizar: “No tenga usted la más mínima duda de que se van a recuperar la mayor parte de esas inversiones”. Y en 2014 ya sólo se refería el ministro a un “ahorro en los intereses de la deuda pública”, consecuencia de la restructuración bancaria, de 14.000 millones de euros.
El mismo mensaje lanzó en su día el presidente Barack Obama, que continuó con el programa de rescate elaborado por su antecesor: “Mi compromiso es recuperar cada centavo que se les debe a los ciudadanos”, resaltó en enero de 2010, “mi determinación de alcanzar esta meta aumenta cuando veo los informes sobre las enormes ganancias y las primas obscenas en entidades financieras que siguen existiendo gracias a los ciudadanos de este país, que todavía se enfrentan a dificultades reales en esta recesión”. Cuatro meses más tarde, cuando defendía en el Senado su propuesta para aplicar un impuesto a los grandes bancos que ayudara a pagar el rescate, el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, abundaba en la misma idea: “Aprobar esta tasa dejará claro a los ciudadanos estadounidenses que no tendrán que correr con los costes directos de proteger la economía de futuras quiebras financieras”. Y lo cumplieron. Si se exceptúan los 33.000 millones en hipotecas compradas con dinero público para evitar desahucios, una partida a fondo perdido, el coste del rescate ha sido cero: los beneficios de los programas de compra de activos han compensado las pérdidas ocasionadas por la ayuda a AIG, Chrysler y General Motors.
Además de en los resultados, las diferencias entre los rescates lanzados a ambos lados del Atlántico son sustanciales, por las características de los sistemas financieros y por el modelo de operación utilizado.
“En Estados Unidos se rescataron bancos rentables que tenían problemas de liquidez, mientras que en España eran cajas de ahorro quebradas, negocios poco rentables con problemas de solvencia”, destaca Javier Santacruz, economista de la Universidad de Essex. Allí recibieron ayudas públicas JP Morgan (25.000 millones), Bank of America (45.000 millones), Citigroup (45.000 millones), Wells Fargo (25.000 millones), Goldman Sachs (10.000 millones) y Morgan Stanley (10.000 millones), las seis mayores entidades financieras del país por sus activos. En todos ellos tenía un gran peso el negocio inmobiliario, sufrían con sus activos tóxicos y padecían problemas de crédito, explica Santacruz, pero también poseían participaciones industriales “importantes y diversificadas en todo el mundo”.
En cambio, la mitad del negocio de las cajas de ahorro españolas estaba concentrado en el ladrillo y su ámbito era únicamente nacional. Por tanto, el dinero público de EEUU se invirtió en bancos que iban a poder devolverlo; en España, en cajas de ahorro al borde del desguace. De hecho, las entidades estadounidenses lo reintegraron “gracias a los beneficios que obtuvieron de sus negocios de banca de inversión y fuera de Estados Unidos”, de sus operaciones en mercados financieros y de sus participaciones industriales, subraya el economista. “En España debería haberse dicho desde el primer momento que se iba a perder dinero con el rescate”, reprocha Javier Santacruz al Gobierno.
Inmediato y rápido
Otro factor fundamental fueron los tiempos. En Estados Unidos, el rescate fue inmediato. Lehman Brothers quebró el 15 de septiembre de 2008 y Bush firmó la ley que creaba el TARP el 3 de octubre de ese mismo año. “Fueron muy rápidos, pusieron encima de la mesa todo lo que hacía falta y en ocho meses habían acabado con la crisis”, apunta Santiago Carbó, director de Estudios Financieros de Funcas, la fundación de las cajas de ahorro.
Por el contrario, en España el rescate se retrasó hasta 2012. Julio Rodríguez, expresidente del Banco Hipotecario y miembro de Economistas frente a la Crisis, culpa de la demora a las comunidades autónomas, recelosas de que la ayuda y las fusiones significarán la desaparición de la caja de ahorros en su territorio o el traslado de su sede a otro. También le reprocha al Gobierno del PSOE el retraso por su “horror” a que se le tachara de “partido nacionalizador”. “Luego De Guindos fue mucho menos escrupuloso”, critica. En definitiva, “el rescate debió hacerse cuatro años antes”.
Pero no sólo fue tardío, sino también más lento. En Estados Unidos, los grandes bancos competían por ser los primeros en devolver las ayudas públicas. En cuanto fueron autorizados por el Gobierno, una vez practicados los correspondientes tests de estrés, en junio de 2009, 10 bancos comenzaron a reembolsar los fondos inyectados. No había transcurrido pues ni un año desde que se aprobó el programa. Entre esa decena se encontraban los grandes: Goldman Sachs, JP Morgan y American Express. Todos ellos ansiosos por anunciar que ya no eran propiedad del Estado y por escapar de las restricciones que éste les impuso para recibir la lluvia de millones que sanaría sus balances: limitaciones en los salarios de sus altos ejecutivos y en el reparto de dividendos, así como la anulación de los blindajes en caso de despido. Además, el Tesoro multó a JP Morgan con 13.000 millones de dólares por las hipotecas basura que habían vendido Bearn Stearns y Washington Mutual antes de ser adquiridas por el primer banco estadounidense.
“En Europa, las ayudas públicas no son tan anatema como en Estados Unidos, allí son más vigilantes y comenzaron a devolverse las ayudas cuando aún ni siquiera se había resuelto el tema judicial”, razona Santiago Carbó. A su juicio, el rescate en Estados Unidos fue “muy claro, muy transparente y muy exigente”, pues se obligó a tomar capital incluso a las entidades que estaban “menos mal” para evitar problemas de confianza.
En España, sin embargo, la lenta reacción de los gobiernos agravó el problema y convirtió en “irrecuperables activos que eran dudosos” y se deterioraron con el tiempo. Porque en España, a diferencia de Estados Unidos, más que de las hipotecas la toxicidad provenía del préstamo promotor, advierte el economista de Funcas. “Una promoción inacabada supone una pérdida del 100%, una vivienda hipotecada no tanto”, resume.
489 bancos quebraron en Estados Unidos
Julio Rodríguez recuerda que, pese al rescate, muchos bancos quebraron en Estados Unidos. Según la FDCI, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, un total de 489 entidades desaparecieron entre 2008 y 2013 arrastrados por la crisis financiera. Mientras, en España, se operaba un cambio fundamental en la naturaleza del sistema financiero nacional: desaparecieron las cajas de ahorro, fusionadas primero y transformadas después en bancos. Los bancos rescatados en Estados Unidos podían acudir a los mercados, como de hecho hicieron, ampliando capital, para devolver las ayudas públicas. Las cajas, en cambio, no pueden emitir acciones para obtener capital, lo que encareció el saneamiento español. Por eso el apoyo financiero del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB) se realizó suscribiendo participaciones preferentes, convertibles en acciones y promoviendo la fusión de las cajas, primero con las llamadas SIP (Sistema Institucional de Protección) o fusiones frías, y luego su conversión o adquisición por los bancos.
En algunos casos, el precio de venta fue simbólico –un euro pagó BBVA por Unnim– o muy bajo –1.003 millones de euros pagó el venezolano Banesco por Novagalicia–. Pero venía arropado por las ayudas del FROB y por Esquemas de Protección de Activos (EPA), garantías que cubren potenciales pérdidas en la cartera de créditos de la caja adquirida. “Sin EPA, los bancos no las habrían comprado”, asegura Santiago Carbó.
Para Javier Santacruz, a los bancos no les ha salido barato quedarse con las cajas quebradas, por mucho que se les subvencionara la compra. “Ahora se están dando cuenta”, sostiene. A su juicio, el motivo estriba en que la banca comercial ya no es negocio y en los costes que les ha supuesto la integración de grandes redes de sucursales y el despido de miles de trabajadores.
Santacruz cree que habría sido más eficiente inyectar dinero en el Fondo de Garantía de Depósitos –que se nutre de las aportaciones de los bancos– en lugar de en las cajas de ahorro y provocar después la quiebra controlada de éstas. “En lugar de fusionar cajas malas con las buenas, fusionar todas las malas”, resume, “se debería haber creado primero la Sareb [el banco malo] y después haber rescatado a las cajas”. Así, asegura, se habrían evitado los casos Rato o Narcís Serra, consecuencia, según dice, de haber puesto el dinero en las manos de los mismos gestores responsables de la mala gestión.
Privatización de Bankia
El Banco de España fía la devolución de 9.260 millones de euros de los 10.402 millones cuya recuperación aún considera factible a la privatización de Bankia. El FROB posee aún un 60,63% del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri, tras haber vendido un 7% el pasado mes de diciembre –colocó otro paquete en 2014–. Y tiene el mandato de desprenderse del total de su participación antes del 31 de diciembre de 2019. “Ahora la única esperanza para recuperar el máximo posible del dinero inyectado es que la cotización de Bankia en bolsa suba como la espuma”, apunta el economista de la Universidad de Essex. Pero no es muy probable. El presidente del FROB, Jaime Ponce, dejó caer hace sólo unos días que no puede descartarse un retraso para evitar malvender la participación pública y “maximizar la recuperación” de lo invertido.
Una historia salvaje del capitalismo
Julio Rodríguez no duda de que lo mejor sería “esperar tiempos mejores”. Los bajos tipos de interés dañan los márgenes de los bancos y Bankia sigue teniendo pendientes en los tribunales asuntos que perjudican su reputación, como el caso Rato y la salida a Bolsa de la entidad en 2011.
Javier Santacruz recuerda que el presidente del británico Lloyd’s, Antonio Horta-Osório, pidió al ex primer ministro David Cameron cuando el banco fue rescatado con 20.300 millones de libras –22.930 millones de euros– “un plan creíble y determinado de las desinversiones del Estado”. “Cameron se lo dio”, añade, “en cambio, Luis de Guindos dijo expresamente que no tenía un plan establecido”. La Ley de Cajas de Ahorro y Fundaciones, aprobada en 2013, no incluye ni plazos ni fechas.
Lloyd’s terminó de devolver el importe íntegro con que fue rescatado por el Estado británico en abril de 2017. Mientras, en España, el último informe del supervisor bancario rebajaba en 1.389 millones la cuantía de las ayudas que espera recobrar, debido a la devaluación sufrida por la participación del FROB en Bankia y en Banco Mare Nostrum (BMN), que acaban de fusionarse. “Con el modelo de rescate elegido aquí”, lamenta Santacruz, “no se puede recuperar más”.
La Oficina de Presupuestos del Congreso (CBO) de Estados Unidos está a punto de publicar su informe anual sobre el programa de ayudas públicas diseñado por el Gobierno de George W. Bush para rescatar al sistema financiero de la peor crisis de la historia, justo cuando se cumplen 10 años de su aprobación, en octubre de 2008, apenas 18 días después de la caída de Lehman Brothers.