Resucitan las reformas estructurales como receta 'única' contra los desequilibrios y la crisis del covid

“Una agenda de reformas estructurales ambiciosa” pidió el pasado martes en el Congreso el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. La necesidad de poner en marcha reformas estructurales fue un lugar común durante toda la crisis anterior en las declaraciones de economistas, políticos, empresarios, así como la receta de las instituciones internacionales para solucionar las anomalías del mercado laboral, los fallos de los sistemas sanitario y educativo, las ineficiencias del sistema fiscal, los problemas de competencia en algunos sectores económicos, la falta de innovación tecnológica, el retraso en la digitalización... lastres básicos que frenan la productividad de la economía española, hasta ahora basada en el éxito, polémico y frágil, del ladrillo y el turismo.

La penúltima recesión se vendió como una oportunidad para hacer los cambios esenciales destinados a corregir los desequilibrios que empujaron a España a la burbuja inmobiliaria, el paro estructural o una economía sumergida de récord, entre otros muchos males. Con el estallido del coronavirus y la irrupción de otra crisis de proporciones históricas, resurgen las apelaciones a las reformas estructurales. No en el corto plazo, dada la urgencia de tomar medidas excepcionales para amortiguar el tremendo golpe que ha asestado la pandemia sobre la economía mundial, pero sí en cuanto pase lo peor. Y la mayoría van en la misma y única posible dirección, según sus defensores: la de flexibilizar y liberalizar regulaciones, instituciones y mercados.

Hernández de Cos repitió ante los diputados una lista ya conocida de reformas que el Banco de España insta a adoptar a todos los gobiernos desde hace años. Y que no se diferencian mucho de las que reclaman la OCDE, el FMI, la Unión Europea y ciertos servicios de estudios. Primero, la reforma del mercado laboral, introduciendo el contrato único que lleva años rondando en algunos programas políticos y que era la enseña sobre todo los economistas de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea). Aunque él no le dio ese nombre y se refirió a un contrato con indemnización creciente.

Esa medida y la llamada mochila austriaca –una cuenta individual nutrida de las aportaciones de la empresa y el trabajador que éste puede cobrar si cambia de empleo o quiere formarse o puede guardarlo para su jubilación– ayudarían, a su juicio, a reducir uno de los males permanentes y más dañinos del mercado laboral español: el abuso de la contratación temporal. España es el segundo país de la UE con mayor tasa de empleo eventual, superior al 26%, sólo superada por Polonia. Cada año, en una proporción que apenas ha resultado alterada ni por la bonanza económica ni por las crisis, tampoco por las sucesivas reformas laborales, se firman un 90% de contratos temporales y sólo un 10% de indefinidos. Esa segmentación es una de las causas de la precariedad de demasiados trabajadores, a los que se escatima no sólo la seguridad laboral, sino también la formación, los salarios y las condiciones laborales de las que sí gozan los asalariados indefinidos.

Ambas medidas se encuentran en la base de los programas electorales de Ciudadanos e incluso se colaron en el acuerdo que ese partido suscribió con el PSOE en 2016. Los sindicatos se oponen tanto al contrato único, que consideran una equiparación a la baja de temporales e indefinidos, como a la mochila austriaca, que en su día tacharon de “ocurrencia”. Tampoco son del agrado de la CEOE, que cree necesaria la existencia de los contratos temporales y no quiere cargar a las empresas con aportaciones extra para llenar esa cuenta individual del trabajador. La OCDE y el FMI, en cambio, defienden la implantación de ambas herramientas para combatir la brecha entre temporales e indefinidos.

Hernández de Cos también volvió a pedir una reforma de las pensiones, o al menos que no se deroguen los elementos fundamentales de las dos últimos aprobadas, en 2011 y 2013. En concreto, abogó por la aplicación de “mecanismos automáticos de ajuste”, como el factor de sostenibilidad, que recorta la cuantía de la pensión inicial según la esperanza de vida de cada generación y que permanece en suspenso hasta 2023. Además, pidió medidas para acercar la edad efectiva de jubilación, que está en 64 años y siete meses, a la legal, 65 años y 10 meses.

En ese punto coincide con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que quiere desincentivar las jubilaciones anticipadas. Por el contrario, Escrivá desecha por poco efectivo el factor de sostenibilidad. Según explicó en la Comisión del Pacto de Toledo, el ahorro que permitiría ese mecanismo de ajuste “no llegaría ni a medio punto del PIB a largo plazo”. Por el contrario, el FMI y la OCDE recomiendan este tipo de herramientas e instan a ampliar la edad legal de jubilación, que en España irá aumentando de forma gradual hasta que alcance los 67 años en 2027. También aconsejan estimular los planes de pensiones privadas. El ministro Escrivá sólo ha expresado su intención de fomentar los planes de pensiones de empresa, poco desarrollados en España.

La Comisión Europea también ha hecho su lista de reformas esenciales para España. Y evalúa su grado de aplicación. En el informe que emitió el pasado febrero, aprecia que sólo en el 24% de sus “recomendaciones” España ha hecho avances sustanciales desde 2011, en el 40% sólo ve “algunos avances” y en el 23% “avances limitados”. En el 1%, ningún avance. Únicamente ha aplicado “plenamente” el 12% de las reformas propuestas.

Reforma fiscal

Una de ellas no es la fiscal, aunque Bruselas no deja de señalar en su informe que la ratio entre impuestos y PIB española –34,7%– está por debajo de la media comunitaria –39,2% de la zona euro y 40,6% de la UE al completo–. Así que considera que el país tiene margen para aumentar los ingresos por el IVA, los bienes inmuebles y el medio ambiente. Y tacha de ineficaces las bonificaciones fiscales a las empresas por el I+D. Sobre el impuesto sobre sociedades y el IRPF no precisa nada, pero también destaca que la recaudación del primero aún no ha recuperado las cifras anteriores a la crisis financiera.

La receta es básicamente la misma que ofrecen el FMI, la OCDE y el Banco de España: subir el IVA y los impuestos verdes. La OCDE, además, invita a eliminar las exenciones en el IRPF y Hernández de Cos reclamó una revisión de los beneficios fiscales, las deducciones y bonificaciones en múltiples impuestos, desde sociedades hasta el IVA, que está previsto recorten la recaudación en 2019 en 37.237 millones de euros.

En un giro inesperado para esta institución, el portavoz del FMI, Gerry Rice, instó la semana pasada al Gobierno español a poner en marcha “un mayor reparto de la carga” que supondrá la pandemia y la recuperación económica posterior. “Los contribuyentes, empresas y particulares, que se han beneficiado de las tendencias globales del pasado o que se han visto menos afectados por los recientes acontecimientos adversos deberían contribuir más a superar la crisis y a hacer frente a las necesidades futuras de la sociedad”, explicó Rice sin precisar cómo debería llevarse a cabo ese cambio en la tributación. Poco después, se cayó del documento conjunto que PSOE y Unidas Podemos presentaron a la Comisión de Reconstrucción del Congreso el impuesto a las grandes fortunas.

Fedea ha creado junto con miembros de los servicios de estudios de BBVA, la fundación de las cajas de ahorro (Funcas), Repsol, Banco Sabadell y Equipo Económico, la consultora que fundó el exministro Cristóbal Montoro, un grupo de trabajo para desarrollar un plan para salir de la crisis del covid-19 “lo antes posible” y reconstruir la economía. Entre las medidas propuestas por los 120 expertos del grupo, figura un plan de ajuste fiscal a partir de 2022 que incluya “reformas para aumentar el crecimiento potencial y los ingresos públicos, racionalizar el gasto público y mejorar la estructura fiscal. Y, sólo en último término, “subir los impuestos de forma que perjudique lo menos posible el crecimiento económico, la inversión, la innovación y el empleo”.

Precisamente, la causa principal de que el crecimiento potencial de la economía española sea “modesto”, en palabras de Hernández de Cos, es la anémica productividad nacional. Según las cifras aportadas por el Banco de España, ha crecido sólo un 0,2% en los últimos 20 años, mucho menos que la alemana, un 0,8%, o la de Estados Unidos, un 0,9%. El gobernador presentó las ganancias de productividad como “el ingrediente fundamental para conseguir un aumento sostenible del bienestar económico de un país”. “Cuanto mayores sean estas ganancias, mayores serán las posibilidades de incrementar los niveles salariales y la calidad de los empleos creados, así como los recursos para la financiación de las políticas públicas”, sostuvo.

Para alcanzar ese objetivo, también existe un catálogo completo de medidas, muchas de ellas menos publicitadas que las anteriores. Y apenas acometidas. Por ejemplo, eliminar las regulaciones que frenan el aumento del tamaño de las empresas –en España el 95% son pymes de menos de 10 trabajadores–, reducir las cargas administrativas de las empresas, aumentar la transparencia y la eficiencia de las adjudicaciones públicas, elevar la competencia en determinados sectores –reformar el mercado eléctrico–, mejorar la unidad de mercado y reforzar la independencia de los organismos reguladores –CNMV, CNMC–, o evaluar las políticas públicas.

Capital humano y tecnológico

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Pero también crece la productividad si se mejora el capital humano. Y para ello hace falta aumentar el nivel educativo de los españoles, que aún hoy sigue muy por debajo de la media europea. La tasa de abandono escolar en España –el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 años que sólo han cursado la ESO– es la más alta de la UE, un 17,3%, pese a la reducción experimentada en los últimos años: en 2006 era del 30,3%. La media europea es del 10%. Bruselas le había marcado a España un 15% para este año, por lo que ha incumplido el objetivo. Si, además, los índices de calidad de la educación dejan que desear –basta recordar la polémica que acompaña cada año a la publicación del informe PISA–, se entiende la repercusión económica inmediata. Reforzada si cabe por el escaso desarrollo de la formación profesional y la formación permanente de los trabajadores. La FP dual es una promesa eterna que se mira en el modelo alemán pero no termina de despegar. Y mientras el paro de larga duración –quienes llevan más de un año sin trabajar– se disparaba en la anterior crisis, las políticas activas de empleo, que deberían servir para recualificar a estos trabajadores y devolverlos al mercado laboral, se han visto perjudicadas por el recorte de su presupuesto y por las batallas con sindicatos y patronal para su reforma.

Otro tanto puede decirse de las universidades, la investigación y la innovación, que adolecen de una crónica insuficiencia financiera. Es la “brecha del capital tecnológico” a la que aludió Hernández de Cos en su intervención en el Congreso. A su juicio, el problema va más allá de la falta de fondos. Por eso reclama “una reestructuración del conjunto de las organizaciones públicas que realizan innovación en España”, de forma que reflejen más que ahora “criterios de excelencia académica”. La OCDE recomienda que parte de los préstamos que se dedican a la I+D se conviertan en subvenciones basadas en los resultados y que se incentive la especialización de las universidades, además de proporcionar más oportunidades profesionales a los investigadores de mayor cualificación.

En cualquier caso, a la lista habría que añadirle ya nuevas reformas, para ir adaptando a la sociedad y a la economía a los cambios que la pandemia está acelerando a un ritmo vertiginoso. Si la herida social infligida ha hecho realidad en pocas semanas una medida como el Ingreso Mínimo Vital –reclamado también desde hace años por todos los organismos citados y largamente discutido hasta ahora–, otro tanto puede ocurrir con las políticas necesarias para abordar el cambio climático. O la digitalización de la economía. Más allá de los fondos ligados a ambos desafíos que prometen llegar desde Bruselas en los próximos años.