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El acuerdo alcanzado este fin de semana por las siete potencias económicas del mundo, el llamado G7 –Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón– es “histórico”, tal y como han proclamado todos sus protagonistas, porque es la primera vez que se ha pactado un impuesto mínimo global para los beneficios corporativos. También porque desatasca casi una década de negociaciones en el seno de la OCDE para adaptar la fiscalidad al siglo XXI digital. Un paso que sólo ha sido posible tras el empujón que le ha propinado Joe Biden apoyando el tipo del 15% que deberán pagar a las arcas públicas mundiales las mayores compañías. Sin olvidar que también la pandemia, o más bien el descomunal aumento del gasto público al que se han visto obligados todos los Estados para preservar la salud de la población y mantener con vida la economía, ha hecho de la necesidad virtud.
Tanto Estados Unidos como la Unión Europea precisan ingentes recursos para financiar sus respectivos planes de recuperación. Biden ha presentado un presupuesto de seis billones de dólares, pero ya antes había puesto encima de la mesa un plan de dos billones para infraestructuras que llegó después de otro paquete de estímulos poscovid de dos billones más, mientras que Bruselas ha comprometido 750.000 millones de euros en su propio Plan de Recuperación.
Cifras mareantes que sólo se pueden sufragar subiendo los impuestos. A los estadounidenses más ricos –dos puntos y medio en el IRPF de quienes ganen más de 400.000 dólares al año y 19,6 puntos en los rendimientos de capital para quienes ingresen más de un millón de dólares vendiendo acciones o bonos, por ejemplo– y a las grandes empresas, aumentándoles el tipo de sociedades del 21% al 28% por lo que ganen dentro del país. La Unión Europea lleva ya tiempo poniendo en el punto de mira a las compañías digitales, a las que Francia y España ya gravan con la tasa Google.
De forma que a ambos lados del Atlántico se ha despertado una necesidad, incluso una urgencia, común. Que aún falta por detallar. Esta misma semana se reunirán los jefes de Estado y de Gobierno del G7, tras la foto de este fin de semana de sus ministros de Economía en Londres. Pero hasta que se vean los ministros y gobernadores de bancos centrales del G20 en Venecia el 9 de julio, el acuerdo no quedará completado.
De momento, sólo se ha hecho público el tipo mínimo del 15% y que se aplicará a las “mayores y más rentables multinacionales” cuyo margen de beneficio supere el 10%. Los países donde esas compañías generen sus ventas tendrán derecho a gravar el 20% de las ganancias que obtengan. Hasta ahora, se dedicaban a desplazar sus beneficios de los territorios donde se generan hasta aquellas jurisdicciones con el nivel de tributación más bajo. Aún se desconoce qué empresas serán ésas, si el 15% será un tope máximo o un mínimo aumentable o qué va a ocurrir con las tasas Google ya en vigor en Francia y España, aunque el comunicado del G7 avanza que se “coordinará adecuadamente” la aplicación de esta nueva fiscalidad internacional y la “supresión de todos los impuestos sobre servicios digitales y otras medidas similares pertinentes, en todas las empresas”. En otras palabras, puede tener los días contados.
Así que, pese a la importancia del avance, surgen las primeras sospechas y las primeras críticas. De hecho, los mensajes de decepción son la nota dominante entre las organizaciones defensoras de la justicia fiscal: el acuerdo apunta a reformas clave –impuesto de sociedades mínimo global y pago en los países en los que se opera–, pero es cicatero con los países ajenos a las grandes potencias, ambiguo y de dudosa aplicación.
Ganan los países ricos, no aporta nada a los pobres
“No es ambicioso, las medidas sugeridas no son justas y existe un alto riesgo de que conduzcan a un sistema fiscal más complejo e ineficaz”, resume Tove María Ryding, coordinadora de Impuestos de la Red Europea de Deuda y Desarrollo (Eurodad).
Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, rebaja el acuerdo a una “declaración de apoyo político”, pendiente del Marco Inclusivo de la OCDE, que busca el sí de 139 países, y del G20. Ruiz afirma que, si la OCDE mantiene la línea llevada hasta ahora, el mínimo global del 15% no será obligatorio. Lo previsto, señala, es que los países que sí lo cumplan, previsiblemente todos los del G20, obliguen a las compañías que tienen la matriz en su territorio, de forma que, si pagan menos de un 15% en alguna jurisdicción a la que trasladan sus beneficios, será el país donde se halla la matriz la que cobre la diferencia hasta el 15%. Es decir, ganarán los países con más multinacionales, dice.
La responsable de Oxfam no resta impacto a la medida, pero limita sus beneficiarios. “Si Estados Unidos firma el acuerdo, y pongamos que una multinacional estadounidense opera en Irlanda con un tipo efectivo del 5%, la administración tributaria de Estados Unidos le va a gravar la diferencia [hasta el 15%]”, explica. Con ello se debilita o desaparece el incentivo de la compañía a acudir a Irlanda, por lo que también Irlanda –incluso si no aplica el 15% de mínimo, ahora su tipo es del 12,5%, el menor de la UE– acabaría por verse previsiblemente afectada. “Se supone que Irlanda acabará cambiando su diseño tributario”, apunta Ruiz, aunque eso no quiere decir que sea “obligatorio”.
Ahora bien, mientras para Estados Unidos el acuerdo es bueno, ¿cómo será para terceros países? “Supongamos que Argentina pierde impuestos porque una compañía los traslada a Irlanda. Argentina no va a recuperar esa diferencia, sino que la recupera Estados Unidos”, precisa Ruiz, por ser el país donde tiene la matriz. A su juicio, el acuerdo es una “muy mala noticia para los paraísos fiscales del 0%, una muy buena noticia para Estados Unidos” paraísos fiscalesy una noticia que “no aporta nada” a los países pobres. Además, consagra las “prácticas monopolísticas” en las grandes empresas. “No hay voluntad de que cada país pueda retener los impuestos. Sólo protege los intereses de los países ricos”, advierte.
La segunda pata del acuerdo implica que las multinacionales paguen allí donde generan sus beneficios. Susana Ruiz pone como ejemplo una empresa de intermediación entre conductores y usuarios, que podría ser –Ruiz prefiere no dar ejemplos concretos– Uber. “Los países en los que opera la empresa podrán gravar el 20% de los beneficios. Es decir, a lo que se calcule que le toque a España de ese 20%, habrá que aplicarle el 25% que se aplica aquí al impuesto de sociedades. Se va cortando el queso en lonchitas tan pequeñas que la última es casi invisible”, critica. La medida hubiera tenido un impacto importante con un porcentaje mayor, pero el 20% es escaso, subraya.
A la responsable de Oxfam le preocupa también el filtro del 10% en el margen de beneficio. Un porcentaje que puede dejar fuera a compañías como Amazon, que no superó el 6,3% en 2020. Así lo consideran también expertos consultados por The Guardian. “Basándonos en el comunicado, Amazon no está dentro”, explica al diario británico Paul Monaghan, director ejecutivo de la Fair Tax Foundation. Hay un segundo filtro, sobre el que Ruiz llama la atención: los 750 millones de facturación exigidos como requisito para acogerse a las medidas. Esta cifra ha sido manejada por la OCDE durante las negociaciones [ver aquí, en el punto 35], pero no aparece en el documento del G7. ¿Se mantendrá? Susana Ruiz es escéptica sobre el listado final de empresas afectadas, si lo hay. En cualquier caso, la responsable de Oxfam advierte del limitado impacto para España, debido a los “listones bajos” colocados por el G7. España sí se beneficiará, recalca, de la actividad exterior de sus multinacionales. Ahora bien, a cambio es previsible que tenga que ceder la tasa Google, en vigor desde enero. Ruiz duda que a España le compense.
“Una cortina de humo”
Tax Justice Network ha recibido el acuerdo del G7 como un jarro de agua fría. Alex Cobham, director general de Tax Justice Network. hace este análisis: “El G7 ha decidido trasladar por fin el sistema fiscal internacional al siglo XXI, pero sólo lo suficiente para beneficiarse descaradamente sólo a ellos mismos”. “Pocas veces se presenta la oportunidad de mejorar la vida de miles de millones de personas de un solo golpe, pero cuando la historia ha llamado hoy a la puerta, los líderes de los países más ricos del mundo le han dado la espalda”, añade Cobham, para quien el 15% queda lejos del objetivo deseable, el 25%. El director de Tax Justice Network afirma que debe ser la ONU el organismo que lidere el cambio.
“Un tipo impositivo mínimo del 15% en todo el mundo sólo significará que, en lugar de correr hacia abajo, los tipos impositivos de las empresas del mundo correrán hacia el mínimo. [...] Además, todavía tenemos que ver si este tipo mínimo será realmente efectivo. Eso depende de cómo se diseñen las normas”, señala por su parte Tove María Ryding. Coincide con Ruiz y Cobham en que el acuerdo es negativo para los países pobres. “Sólo refleja los intereses de los países más grandes y ricos del mundo. El acuerdo del G7 sugiere un enfoque que daría lugar a ingresos fiscales para los países que albergan las sedes de las empresas multinacionales, así como grandes cantidades de consumidores. Esto sería profundamente problemático para los países más pobres del mundo, que no tienen muchas sedes de empresas o consumidores, pero en cambio, por ejemplo, tienen muchos empleados”, acusa la coordinadora de Eurodad, quien también pide una negociación liderada por la ONU. Lo que puede ocurrir con el nuevo esquema es que la recaudación se traslade de los paraísos fiscales… a los países ricos. “Seguiremos teniendo un gran problema: que las normas fiscales mundiales no garantizan que los países más pobres, los más necesitados de ingresos, puedan gravar efectivamente a las empresas multinacionales”, concluye.
A Ricardo García Zaldívar, miembro de la Plataforma por la Justicia Fiscal y presidente de Attac, la “reforma del sistema fiscal global” le recuerda a la “refundación del capitalismo” que algún líder europeo prometió tras la caída de Lehman Brothers. A su juicio, la nueva era fiscal no deja de ser “una cortina de humo”. García Zaldívar, curtido ya en muchos trienios de debate fiscal, afirma que lo más importante es la pedagogía. Antes de prohibir, sostiene, “hay que criminalizar socialmente”. Y este acuerdo, aunque va en la buena dirección, es “ambiguo” y no aporta gran cosa en esa línea, opina. García Zaldívar cree que ha habido pasos más significativos que el dado por el G7, pero han pasado más desapercibidos. Dos ejemplos: a escala europea, las nuevas obligaciones de transparencia impuestas por la UE a las multinacionales –los informes país por país recién aprobados por el Parlamento Europeo y el Consejo–; en España, el impuesto de transacciones financieras, o tasa Tobin, pese a que, a su juicio “se queda corto”.
“Improbable que aumente la recaudación en la UE a corto plazo”
Pero no hace falta salir de la Unión Europea para encontrar reparos. Apenas tres días antes del anuncio en Londres, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, presentaba en sociedad el Observatorio Fiscal de la UE, dirigido por Gabriel Zucman, economista experto en paraísos fiscales y profesor de la Universidad de Berkeley, en California. Su primer informe calcula cuántos impuestos recaudarían los Estados miembros si existiera un tipo mínimo mundial del 15%, del 21%, del 25% y del 30%. Y construye una simulación de cantidades en tres supuestos: si existiera un acuerdo global como el que parece que se está fraguando, si sólo la UE aplicara el tipo mínimo de sociedades o si no hubiera más que un país –o grupo de países– que se atreviera.
Las conclusiones de Zucman y los coautores, Mona Barake, Theresa Neef y Paul-Emmanuel Chouc, apuntan a un tipo del 25% como una “tasa relativamente modesta”, que permitiría a la UE aumentar en un 50% su recaudación, unos 167.800 millones de euros, o un 1,2% del PIB comunitario, en caso de que se aplicara un acuerdo global. Con un 21%, la UE ingresaría 98.000 millones más. Pero si aplicara el 15%, el tipo que ha anunciado el G7, el aumento de la recaudación sería de sólo 48.300 millones. Una tasa tan baja, resalta el informe, “es improbable que aumente de forma significativa la recaudación en la Unión Europea a corto plazo”. Aunque también puede “allanar el camino hacia un tipo más alto en el futuro”, concede.
Si el acuerdo para imponer un tipo mínimo del 25% lo aplicaran únicamente los Estados miembros de la UE, la mejora de la recaudación sería superior, 214.500 millones de euros: 167.800 millones procederían de la tributación de las multinacionales de matriz europea y los 46.700 millones restantes del 20% del déficit fiscal –la diferencia entre lo que paga la empresa y lo que debería pagar hasta el 25% del tipo mínimo– de las multinacionales de fuera de la UE. De esa cantidad, 12.300 millones procederían de compañías estadounidenses.
Por tanto, dice el informe de Zucman y sus colegas, la Unión Europea consigue un potencial recaudatorio mucho mayor subiendo los impuestos de sus propias multinacionales antes que de las estadounidenses, por ejemplo. A su juicio, es “esencial” que la UE “controle” sus propias multinacionales.
Según sus cálculos, España aumentaría su recaudación en 700 millones de euros con un tipo del 15%. Si se aplicara un 21%, el alza sería de 5.400 millones. Y, de llegar al 25% propuesto por los autores del informe, los ingresos fiscales llegarían a 12.400 millones de euros. España sería el quinto país de la UE más beneficiado en caso de imponer ese tipo mayor. Aumentaría un 43,7% su recaudación respecto de la actual. Esa cifra equivale al 11% del gasto público español en sanidad.
Para hacerse una idea del volumen de ingresos que supone gravar a las multinacionales con esos tipos mejorados, puede bastar la cifra que el Gobierno tiene previsto recaudar con la tasa Google: sólo 968 millones de euros. En todo caso, si finalmente esa tasa se suprimiera para cambiarla por sólo el 15% de tipo mínimo –700 millones, recuérdese–, España perdería 268 millones de ingresos fiscales.
Los países más beneficiados de una tasa del 25% serían Alemania –29.100 millones– y Francia –26.100 millones–. Aunque porcentualmente, los que más aumentarían su recaudación serían Luxemburgo –un 282,3%– e Irlanda –167,9%–, debido a los bajos tipos impositivos que aplican a las multinacionales.
Los déficit fiscales de ACS, Iberdrola, Teléfonica y Santander
El informe también calcula el déficit fiscal de algunas de las mayores multinacionales europeas. Y entre ellas hay algunas españolas. La que mayor déficit fiscal tiene es ACS, que debería pagar un 354% más de lo que tributa actualmente, 60,4 millones de euros. Con un tipo del 25% –ése es el tipo nominal del impuesto de sociedades en España, pero el efectivo es mucho menor–, debería pagar a Hacienda 217,8 millones de euros. Telefónica tendría que ingresar en Hacienda 409,7 millones más, un alza del 70,3%. Iberdrola tiene un déficit de 488,3 millones de euros, pero en términos relativos debería aumentar sus pagos al fisco un 59,7%. El de Repsol asciende a 133,2 millones, un 13,8%.
La multinacional europea con mayor déficit fiscal es la holandesa Shell, 2.894 millones de euros, seguida de la aseguradora alemana Allianz, con 894 millones.
Por lo que se refiere a los bancos, igualmente incluidos en el estudio, el Sabadell es el que mayor déficit fiscal tiene, un 45,2%. Sin embargo, en cifras absolutas, el Santander encabeza la lista, porque debería pagar 687,93 millones de euros más a Hacienda de lo que tributa ahora para alcanzar el tipo del 25%. El BBVA tendría que subir su tributación en 205,72 millones, un 11,2%. Por el contrario, la recién desaparecida Bankia no tiene déficit fiscal alguno. Los 502,1 millones de euros pagados en 2019 equivalen a un gravamen del 25%.
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Los gigantes digitales, a gusto con el acuerdo multilateral
También despierta recelos el hecho de que las multinacionales señaladas por este giro en la fiscalidad hayan aplaudido el anuncio de Londres. Facebook no ha dudado en dar la “bienvenida” a lo que ha calificado de “importante avance” en el G7. “Facebook quiere que el proceso de reforma fiscal internacional tenga éxito y reconoce que ello podría implicar que pague más impuestos en diferentes lugares”, ha adelantado Nick Clegg, vicepresidente para asuntos globales de la red social y ex viceprimer ministro británico.
Por su parte, Google ha expresado su “fuerte apoyo al trabajo que se está haciendo para actualizar las normas fiscales internacionales”. Amazon también ha respaldado en términos similares “el proceso dirigido por la OCDE”, porque cree que “una solución multilateral ayudará a dar estabilidad al sistema fiscal internacional”. “El acuerdo del G7 supone un paso adelante en el esfuerzo por alcanzar este objetivo. Esperamos que las discusiones sigan avanzando con el G20 y la alianza del Marco Inclusivo”. Quizá, si desaparecen las tasas Google aplicadas por algunos países y el tipo se queda en un 15%, los gigantes digitales se encontrarán cómodos en el nuevo sistema tributario mundial. En un primer momento, Joe Biden anunció un tipo mínimo del 21%, que luego ha rebajado. Francia, por el contrario, según ha manifestado su ministro de Economía, Bruno Le Maire, quiere seguir presionando para aumentar ese 15%. “Es un compromiso. Luchamos para que se añadiera en el comunicado final ‘al menos un 15%’ y en las próximas semanas vamos a seguir peleando, en particular con Alemania, para que la tasa sea lo más elevada posible”.
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